Pedro Hernández Almanza

Expediente 116/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
116/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
10/03/2017

Partes del expediente

  • Pedro Hernández Almanza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    El diez de marzo de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que se tramitó incidente de suspensión en el que se negó la suspensión definitiva y no se exhibió billete de depósito. Existen pruebas por devolver a la autoridad responsable Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad (dos tomos). Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado con el folio 3364 y anexos que se adjuntan, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada por ese órgano jurisdiccional el dos de marzo de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión administrativo 208/2016, los autos del juicio de amparo indirecto 116/2016-6 y dos legajos de pruebas; acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes. Ahora, en atención a que la superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la resolución dictada por este juzgado en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y por otra, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En ese sentido, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos y de la ejecutoria correspondiente, tomando en consideración que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y por otra, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se negó la suspensión definitiva, en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá transferirse el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al citado Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad dos tomos de pruebas que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe con justificación, consistentes en el expediente original del procedimiento administrativo de nulidad de título 118/2003 y procedimiento administrativo de declaración de vacancia 23/2013. Notifíquese. Lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe. *María del Carmen*

  2. Principal

    En veinte de junio dos mil dieciséis, la Secretaria de Juzgado licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Juez con un escrito con registro 11499 con copias que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por el quejoso Pedro Hernández Almanza, por el que interpone recurso de revisión y formula los agravios que le causa la resolución recurrida; en tal virtud, como lo solicita, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e) 86, 88, 89, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, téngase por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, en la cual por una parte se sobreseyó el juicio y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, así como dos cuadernillos de pruebas, a fin de que sea substanciado el recurso interpuesto en contra de la referida sentencia. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Comuníquese la anterior circunstancia al Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, para su conocimiento y fines legales a que haya lugar. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida de la Secretaria que autoriza, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE. *María del Carmen*

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En veinte de junio dos mil dieciséis, la Secretaria de Juzgado licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Juez con un escrito con registro 11499 con copias que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por el quejoso Pedro Hernández Almanza, por el que interpone recurso de revisión y formula los agravios que le causa la resolución recurrida; en tal virtud, como lo solicita, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e) 86, 88, 89, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, téngase por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, en la cual por una parte se sobreseyó el juicio y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, así como dos cuadernillos de pruebas, a fin de que sea substanciado el recurso interpuesto en contra de la referida sentencia. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Comuníquese la anterior circunstancia al Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, para su conocimiento y fines legales a que haya lugar. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida de la Secretaria que autoriza, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE. *María del Carmen*

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO JUAN LIRA DE LARA, TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En treinta de mayo de dos mil dieciséis, la Secretaria del Juzgado licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio registrado con el número de folio 10301 con anexos que se acompañan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al que acompaña el juicio de amparo 116/2016-6, el cual quedó registrado en el Juzgado de su cargo como cuaderno de antecedentes 185/2016-I, en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por el Juzgado Auxiliar el veintitrés de mayo e dos mil dieciséis, en la que por una parte se sobreseyó el juicio de garantías y por otra se negó al quejoso Pedro Hernández Almanza el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados Asimismo, téngase por recibido el disco compacto que se adjunta y dos cuadernillos de pruebas. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes relativo. En atención a lo anterior, notifíquese personalmente a la parte quejosa, y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa, como se ordenó en el oficio STCCNO/1519/2015, emitido por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento del ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen" SENTENCIA DE 23 DE MAYO DE 2016. VISTOS los autos relativos al juicio de amparo 116/2016, promovido por Pedro Hernández Almanza contra actos del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Pedro Hernández Almanza solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La Secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil dieciséis radicó la demanda de amparo bajo el expediente 116/2016 de su índice; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló el pedimento 188/2016; tuvo como tercero interesado a Juan Lira de Lara, por lo que ordenó su emplazamiento y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con domicilio en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. La Juez Primera de Distrito en el Estado de Zacatecas en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 116/2016 de su estadística a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del indicado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 185/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, mediante el cual el Secretario Técnico de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que esa Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman actos emitidos por autoridades residentes en la jurisdicción del Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación de actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: Del Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas se reclama: * La resolución de veinte de noviembre de dos mil trece, dictada en el procedimiento administrativo de declaración de vacancia y adjudicación 23/2013. Del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas se impugna: * El fallo de diecisiete de noviembre de dos mil quince, relativo al recurso de revisión interpuesto por Pedro Hernández Almanza contra la determinación antes mencionada. Del Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas se combate: * La ejecución de la anterior resolución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Director de Fraccionamientos Rurales y al Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Zacatecas, ya que al rendir sus informes con justificación admitieron la certeza de los actos que se les atribuyen. Resulta aplicable a lo antes considerado, la jurisprudencia consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Tomo VI, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con los autos del procedimiento administrativo de declaración de vacancia y adjudicación 23/2013, del que se advierte la existencia de las resoluciones reclamadas; medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno al tenor de los numerales 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 226 consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, cuyos rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo mismo debe decirse del acto de ejecución que se atribuye al Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, ya que si bien al rendir su informe con justificación lo negó, esa manifestación se encuentra desvirtuada con el informe justificado rendido por la autoridad ordenadora Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, quien aceptó la existencia de la resolución de segunda instancia reclamada, por lo que es inconcuso que tendrá intervención en su ejecución. Por identidad se invoca la tesis visible en la página 56 del Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, materia común, de la Octava Época de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada se procede al estudio de las causales de improcedencia, por ser un tópico de orden público y de estudio preferente en el juicio de derechos fundamentales, tal como lo establece el precepto 62 de la legislación de la materia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En principio, se advierte que por lo que respecta al acto reclamado al Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, consistente en la resolución de veinte de noviembre de dos mil trece dictada en el procedimiento administrativo de declaración de vacancia y adjudicación 23/2013 se actualiza la hipótesis establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que de las constancias del citado procedimiento se advierte que han cesado los efectos de la determinación reclamada, por sustitución procesal. El ordinal y la fracción antes mencionados de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Ahora, respecto al tema de cesación de efectos por sustitución procesal existen diversos criterios de rubros y datos siguientes: Tesis visible en la página 2466 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que señala: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta". Tesis consultable en la página 1518 del Semanario Judicial de la Federación Tomo XCV, materia penal, de la Quinta Época, de rubro y textos siguientes: "SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LAS, CUANDO SE RECLAMA TAMBIÉN LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. Se da el caso de improcedencia establecido en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo; cuando se combaten en el juicio de garantías, simultáneamente, las sentencias de primera y segunda instancia, pues la de la primera cesa en sus efectos al pronunciarse la de la segunda; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con respecto a la sentencia de primera instancia". Tesis I.3o.C.769 C, consultable en la página 1492 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009, materia civil, de la Novena Época, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Bajo ese contexto, de la interpretación del normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y de las tesis citadas revelan que debe sobreseerse en el juicio de amparo cuando se reclama una determinación que fue recurrida y respecto de la cual recayó una nueva resolución, toda vez que se produce una sustitución procesal que hace cesar el acto primigenio, de modo que será la última decisión y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, siempre y cuando no se actualice una diversa causa de inejercitabilidad. En la especie de las constancias allegadas a este sumario constitucional se advierte que el inconforme reclama la resolución de veinte de noviembre de dos mil trece, emitida en el expediente 23/2013 del índice de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, en la cual se adjudicó a favor de Juan Lira De Lara el lote sesenta y nueve, ubicado en la colonia José Ma. Morelos y Pavón, terrenos expropiados a la Ex Hacienda de Vergara del municipio de Miguel Auza, Zacatecas. La anterior determinación fue impugnada por Pedro Hernández Almanza a través del recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas el diecisiete de noviembre de dos mil quince, en los términos siguientes: "[.] Expuesto lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º fracción I, 2º, 5, 41, 42, 74 fracción IV, 75, 134, 135, 137, 166, 167, de la Ley de Fraccionamientos Rurales en el Estado, 1939 del Código Civil para el Estado de Zacatecas, de aplicación supletoria a la Ley de Fraccionamientos Rurales y demás relativos y aplicables es de resolverse y se resuelve: PRIMERO.- La vía administrativa intentada por el ciudadano Pedro Hernández Almanza, fue la legalmente procedente, mas en ella no se acreditaron los extremos necesarios para la procedencia de su acción; en consecuencia: SEGUNDO.- Se confirma la resolución definitiva de fecha veinte de noviembre de dos mil trece, emitida por la Dirección de Fraccionamientos Rurales, dentro del expediente número 23/2013, promovido por Josué Lira de la Fuente, en su carácter de apoderado legal de Juan Lira de Lara, en la que se declara vacante el lote 69 con una superficie de 45-00-00 hectáreas laborales, ubicado en la colonia José María Morelos y Pavón, terrenos expropiados a la Ex Hacienda de Vergara del Municipio de Miguel Auza, Zacatecas, y se adjudica a favor del promovente el lote de referencia por haber acreditado su derecho preferente. [.]." Por lo tanto, es evidente que la resolución de veinte de noviembre de dos mil trece dictada en el procedimiento administrativo de declaración de vacancia y adjudicación 23/2013 no subsiste, dado que fue substituida procesalmente por la nueva determinación de diecisiete de noviembre de dos mil quince. Es decir, la resolución de diecisiete de noviembre del año próximo pasado emitida en el recurso de revisión interpuesto contra la determinación definitiva pronunciada en el procedimiento administrativo de origen sustituyó procesalmente a la diversa de veinte de noviembre de dos mil trece que ahora se impugna, lo que produce la cesación del acto primigenio y, por ende, debe sobreseerse en el presente juicio por lo que hace al indicado acto tildado de inconstitucional. En efecto, el ejercicio de los medios ordinarios de defensa incide en la vigencia y en la ejecutividad de la determinación recurrida, motivo por el que ésta tendrá ejecutividad y firmeza una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el Tribunal de alzada. Así, la decisión recaída al medio de defensa, como en el caso, sustituyó a la resolución impugnada, por virtud del análisis de legalidad que se hizo de ella, por lo que es la nueva determinación la que de manera extraordinaria puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio en lo que atañe a la resolución de veinte de noviembre de dos mil trece, emitida por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas en el procedimiento administrativo de declaración de vacancia y adjudicación 23/2013. Precisado lo anterior y al no advertirse alguna otra causa de improcedencia que impida el análisis del diverso acto reclamado se procede a su estudio de fondo. QUINTO. Justificación para no transcribir conceptos de violación. Resulta innecesario transcribir los conceptos de violación, en principio porque no existe disposición legal que obligue a ello pero, además, porque los principios de congruencia y de exhaustividad inherentes a toda resolución judicial se satisfacen cuando el Juzgador estudia y da respuesta al problema de constitucionalidad sometido a su decisión y no cuando hace una mera transcripción. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. De la lectura integral de la demanda de amparo se tiene como concepto de violación hecho valer contra la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil quince el siguiente: Asevera el inconforme que con la resolución impugnada se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia y de legalidad previstos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas se limitó a aceptar y ratificar los criterios del Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, deduciendo que la argumentación era correcta y que resultaban inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas, aunado a que la fundamentación utilizada en el acto reclamado era inaplicable al caso concreto. El concepto de violación antes sintetizado es inoperante. Lo anterior debido a que, por una parte, el inconforme se limita a señalar que la resolución reclamada vulneró los derechos antes precisados debido a que en ella la autoridad sólo aceptó lo determinado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, para concluir que los agravios fueron inoperantes; sin embargo, el quejoso omite precisar de qué manera fue que con tal resolución se violentaron esos derechos, así como evidenciar que contrario a lo determinado por la responsable, el agravio desestimado por no haber sido invocado en la demanda sí era operante para que con ello este Juzgador estuviera en aptitud de proceder a su análisis, lo cual en la especie no ocurrió. Por otra parte, el solicitante de amparo esgrime que la fundamentación utilizada en la resolución reclamada era inaplicable al caso concreto; empero, soslayó precisar el motivo por el cual lo considera de esa manera y, en todo caso, en su opinión cuál legislación debió haber sido aplicada. En ese sentido y debido a que el inconforme no señala los motivos por los cuales considera ilegal la resolución reclamada, al no controvertir las consideraciones que la sustentan es por tal razón que devienen inoperantes los conceptos de violación en estudio, ya que sólo constituyen meras afirmaciones sin sustento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Asimismo por su contenido se cita la jurisprudencia 1a./J. 85/2008, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, materia común, página 144, de la Novena Época, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del juez de distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido". Cabe precisar que si bien es cierto que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, también es verdad que ello obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental. No obstante lo anterior, de ninguna manera implica que los inconformes se puedan limitar a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde exponer razonadamente el porqué estiman ilegales los actos que reclaman. En las relatadas circunstancias, dado lo inoperante de los conceptos de violación expresados, ya que como se demostró no controvierten las consideraciones y fundamentos en los que la autoridad responsable se sustentó para desestimar los agravios hechos valer en el recurso de revisión y al no haber queja que suplir en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo solicitado por Pedro Hernández Almanza contra la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil quince dictada en el expediente 23/2013, atribuida al Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Negativa que se hace extensiva a la autoridad responsable señalada como ejecutora Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, dado que el acto que se le reclama no es combatido por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución impugnada como principal respecto a la cual se negó el amparo solicitado. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia II.1o. J/12, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, página 41, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios". Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pedro Hernández Almanza contra el acto atribuido al Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de veinte de noviembre de dos mil trece emitida en el procedimiento administrativo de declaración de vacancia y adjudicación 23/2013, por las razones asentadas en el cuarto considerando de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Pedro Hernández Almanza contra los actos del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas y del Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, relativos a la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil quince, dictada en el procedimiento administrativo de origen y su ejecución, por las razones vertidas en el sexto considerando de la presente sentencia. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 185/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, quien actúa con Silvana María D'Amico Toscano, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Doy fe. En esta misma fecha, mediante el oficio 571/2016 se devolvieron los autos al juzgado de origen. Conste. SMDT/jmar

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