Pedro Joaquin Pech Pech

Expediente 1469/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 30 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1469/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Pedro Joaquin Pech Pech

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión definitiva; en tal virtud, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos los acuses de recibo relativo los oficios por medio de los cuales se notificó la sentencia a las autoridades responsables foráneas, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrán interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se negó el amparo en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, por el principio que contiene, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese el oficio signado por el Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, con el que informa la fecha en que devolvió el despacho librado en autos con el fin emplazar a la tercera interesada al presente juicio de amparo. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto toda vez que el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la mencionada comunicación oficial y se acordó lo conducente. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; siete de febrero de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, se advierte que no obra constancia de que se hubiere llevado a cabo la notificación personal a la parte quejosa ******, de la sentencia firmada el treinta de enero de dos mil veintitrés. En consecuencia, a fin de subsanar tal omisión, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento, para lo cual, se comisiona a los actuarios adscritos a este Juzgado que notifiquen personalmente la sentencia de mérito al nombrado quejoso. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa la sentencia de treinta de enero de dos mil veintitrés, y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, la licenciada Jennifer Pérez González. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 14********************9/2022-VI-B, promovido por ********************, contra el acto que reclama del Juez Tercero Mixto Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el diez siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Tercero Mixto Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán. SEGUNDO. Mediante proveído de trece de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda de que se trata con el número 14********************9/2022-VI-B; y por los motivos ahí expuestos, se desechó parcialmente la misma respecto a los actos reclamados que la parte quejosa hizo consistir en: La notificación, traslado y prevención realizada por el actuario responsable el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en autos del juicio ********************; La falta de emplazamiento legal al procedimiento especial de divorcio sin causales ********************. Por otro lado, se admitió a trámite la demanda de que se trata por lo que hace al restante acto reclamado; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral ********************0 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página ********************5, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La resolución interlocutoria dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, relativa al incidente de nulidad de notificaciones que interpuso en autos del procedimiento especial de divorcio sin causales ********************, promovido en su contra por ********************. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 27********************, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo ********************1 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.5********************/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ********************30, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, motivo por el cual habrá de negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, es importante destacar que de las constancias remitidas por el Juez responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1.- Auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que el Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, admitió a trámite el procedimiento especial de divorcio sin causales, promovido por ********************, en contra de ********************(fojas 11-12 anexo). 2.- Diligencias actuariales de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en las que el actuario adscrito al Juzgado responsable, llevó a cabo el emplazamiento a juicio de la parte demandada ********************, aquí quejoso (fojas 13-17 anexo). 3. Proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, mediante el cual el Juez responsable, a petición de la parte actora, aquí tercero interesada, tuvo por perdidos los derechos que pudo haber ejercitado el demandado en el juicio de origen; asimismo, tuvo por recibido el escrito del citado accionado, aquí quejoso, con el que interpuso incidente de nulidad de notificaciones respecto del emplazamiento efectuado en autos, entre otras cosas (fojas ********************-29 anexo). 4.- Resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en la que el Juez responsable declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado, por lo que se tuvo por legalmente hecha y conservando todos sus efectos legales la notificación de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno (fojas 49-53 anexo). Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Ahora bien, con la finalidad de controvertir la determinación reclamada, aduce la parte quejosa: Que la resolución impugnada vulnera sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 1******************** de la Constitución Federal, porque el Juez responsable indebidamente consideró que la notificación realizada en autos cumple con los requisitos esenciales del procedimiento. Ello, pues el domicilio donde se practicó el emplazamiento es la casa donde habitan sus padres, siendo que él reside en el predio donde se estableció el hogar conyugal con la actora, aquí tercero interesada; de ahí que el actuario no tuvo el cercioramiento adecuado de que efectivamente el predio en el que se constituyó es el que habita. Continúa manifestando que el actuario adscrito al Juzgado responsable no se cercioró de que la persona con la que se entendió la primera notificación realmente exista; así como tampoco verificó que dicha persona, quien dijo ser su hermana, vive y habita en el predio de que se trata. Asimismo, refiere que la resolución impugnada trasgrede el principio de exhaustividad que debe regir a toda sentencia, pues de los autos del juicio de origen se desprende que la aquí tercero interesada señaló el domicilio que habitaban como hogar conyugal, por lo que resulta falso el diverso domicilio que señaló para que se le notificara. Sentado lo anterior, como se dijo, devienen infundados los motivos de disenso expuestos por el quejoso. En efecto, contrario a lo manifestado por el impetrante del amparo, de la lectura de la determinación impugnada, así como de las constancias que conforman el procedimiento de origen, se desprende que fue correcto el proceder del Juez responsable al declarar la improcedencia del incidente de nulidad de notificaciones planteado, toda vez que como lo expuso, la actuaria que llevó a cabo la encomienda ordenada, cumplió con los requisitos establecidos para tal acto. Lo anterior, porque efectivamente, de las razones levantadas por la fedataria judicial responsable, se advierte que se apersonó en el predio sin número, de la calle ********************(********************), por ********************(********************) y ********************(********************), de la colonia ********************, del Municipio de ********************, Yucatán, domicilio señalado por la parte actora para notificar al demandado, aquí quejoso, señalando que se cercioró de encontrarse en el domicilio correcto en virtud de la nomenclatura pública puesta en las esquinas por el Ayuntamiento de dicha ciudad, que le indicaron la calle y los cruzamientos. Siendo que si bien el domicilio aportado por la parte actora, aquí tercero interesada, carece de número exterior, lo cierto es que del escrito inicial de demanda se advierte que delimitó la ubicación del predio señalando: ".se ubica frente a un parque."; lo cual coincide con lo asentado por la fedataria judicial en la diligencia de mérito: ".se ubica enfrente del parque y cancha multiusos denominado ********************.". Aunado a que también se cercioró de ello por el dicho de los vecinos de los predios cercanos y porque así lo afirmó y aseguró una persona del género femenino que se encontraba presente en el interior del mismo, quien bajo protesta de decir verdad dijo llamarse ******************** y ser hermana del buscado, quien se identificó con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector PCPCAN********************00********************2331M200, cuya fotografía impresa en dicho documento coincidió con los rasgos físicos de la persona con quien realizó la diligencia, misma que corroboró que es el predio buscado, que es donde vive, habita y tiene su domicilio el demandado, pero que en ese momento no se encontraba por estar laborando; sin embargo, manifestó que podía entender la diligencia con ella. En ese sentido, la actuaria responsable procedió a dejarle el citatorio al demandado ********************, para que aguardara en su domicilio el día veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, a las trece horas con cincuenta minutos; con el apercibimiento que de no estar presente, dicha fedataria judicial procedería a actuar conforme a lo dispuesto en el inciso d), fracción III del artículo 212 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán; asimismo, hizo constar que el referido citatorio le fue entregado a la hermana del buscado, a quien se le hizo saber la obligación legal que tenía para hacérselo llegar oportunamente al destinatario. Posteriormente, en la fecha y hora señaladas en el citatorio de mérito -trece horas con cincuenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno-, la actuaria responsable acudió al domicilio establecido en autos para notificar al demandado, cerciorándose de nueva cuenta que se trataba del domicilio correcto, siendo atendida por ********************, ante quien se identificó y le requirió la presencia del ahora impetrante del amparo, a lo que ésta respondió que en ese momento no se encontraba presente, no obstante el citatorio previamente entregado. En consecuencia, la fedataria responsable efectuó la notificación, traslado, emplazamiento, fijación de término y prevención ordenados en el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, al demandado ********************, por conducto de su informante, entregándole en el acto la cédula de notificación que contenía preinserto el invocado auto, las respectivas copias de traslado y comprometiéndose su entrevistada a entregarlas oportunamente a su destinatario. Finalmente, se dio por concluida la diligencia, levantándose para constancia el acta relativa, misma que previa su lectura en alta voz y en forma íntegra firmó la actuaria, y no así la informante por no querer hacerlo. En tal contexto, adecuadamente manifestó el Juez responsable que la fedataria judicial dio debido cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 212 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado. Sin que en el caso, resulten válidas las alegaciones formuladas por el quejoso como conceptos de violación, en el sentido de que el predio en el que se constituyó la actuaria responsable es el domicilio de sus padres y no el suyo, pues tal como lo señaló el Juez responsable en la resolución reclamada, éste omitió aportar pruebas suficientes para desvirtuar la actuación realizada por dicha funcionaria. Pues únicamente exhibió un recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, el cual, como correctamente estableció el Juez responsable, no es el medio idóneo para acreditar el domicilio de una persona, pues para efectos de obtener el servicio de energía eléctrica, la empresa no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio, y basta la simple manifestación del interesado. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Primer Circuito, publicadas en las páginas 330 y 57, de los Tomos XV-II, Febrero de 1995 y I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 19****************************************, respectivamente, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su orden dicen: "EMPLAZAMIENTO, QUIEN CUESTIONA SU LEGALIDAD DEBE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Quien impugna la legalidad de un emplazamiento debe aportar los elementos de convicción que lo desvirtúen en forma fehaciente, por tratarse de actos emanados de autoridad judicial investida de fe pública, cuyas actuaciones tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario." "ACTUARIO, LA FE PUBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDONEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 139******************** del Código de Comercio, como de los diversos 11******************** y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia." Por otro lado, tampoco resulta válido lo argumentado por el quejoso en el sentido de que la autoridad responsable omitió aplicar la suplencia de la deficiencia de la queja a su favor, pues únicamente trascribió y defendió la actuación del actuario responsable. Ello, en virtud de que tal suplencia únicamente constriñe a la autoridad a realizar un análisis íntegro de la actuación impugnada, a fin de establecer si la misma se llevó a cabo conforme a derecho; tal como lo hizo el Juez responsable en el particular. De ahí que, contrario a la pretensión del quejoso, la aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja, en forma alguna puede traducirse en que la autoridad se encuentre obligada a dictar una resolución a favor de quien impugne el llamamiento a juicio. Se cita por el criterio que contiene, la tesis del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil novecientos setenta y cuatro, Libro ********************0, Noviembre de 2020, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 202244********************, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE NO NECESARIAMENTE CONLLEVA QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO, SI AQUELLA DILIGENCIA SATISFACE TODOS LOS REQUISITOS LEGALES PARA SU VALIDEZ Y, POR ENDE, EL DERECHO DE AUDIENCIA DE LA QUEJOSA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 149/2000, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.", estableció que procede la suplencia de la deficiencia de la queja cuando en el juicio de amparo se reclame el emplazamiento practicado en el juicio de origen, pues su falta o su práctica defectuosa constituye una violación manifiesta a la ley que impide al demandado defenderse, por lo que se considera, dada su trascendencia, la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave. En ese contexto, de la interpretación del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando la infracción manifiesta a la ley por parte de la responsable coloca al quejoso o al particular recurrente en una situación de seria afectación de sus derechos que, de no corregirse, equivaldría a dejarlo sin defensa. Sin embargo, esa suplencia sólo vincula al tribunal de amparo al análisis oficioso e íntegro respecto de la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado o resolución recurrida, pero la parte quejosa o recurrente sólo podrá obtener sentencia favorable a sus intereses cuando el tribunal de amparo encuentre que se ha cometido contra el quejoso o particular recurrente una violación evidente que lo ha dejado sin defensa, pues no es obligatorio para el juzgador dictar sentencia favorable, aun cuando por la naturaleza del acto reclamado procediera la suplencia de la queja. Por lo que, si de ese examen oficioso y amplio de la legalidad del emplazamiento reclamado, el juzgador de amparo llega a la conclusión de que la referida diligencia satisface todos los requisitos legales para su validez y que, por ende, cumple con el derecho de audiencia de la quejosa, es evidente que, en esos casos, no existirá razón alguna para conceder la protección de la Justicia Federal, aun cuando se supliera la queja deficiente en su favor. Así pues, por las razones expuestas es que, como lo consideró el Juez del conocimiento, la diligencia de emplazamiento a juicio del demandado, aquí quejoso, fue realizada con apego a las disposiciones legales vigentes en la materia de que se trata. Por tanto, no se trastocaron en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas consagradas en los artículos 14 y 1******************** de la Constitución Federal, pues tuvo pleno conocimiento del juicio instaurado en su contra y por consiguiente, la oportunidad para ocurrir en defensa de sus intereses, ofrecer pruebas y formular alegatos. En la relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por la quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la justicia federal solicitados. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo ********************º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1******************** de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y ********************º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 3******************** del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 21********************, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra del acto atribuido al Juez Tercero Mixto Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, por las razones señaladas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, el día de hoy treinta de enero de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante la Secretaria con quien actúa, Licenciada Jennifer Pérez González. Doy fe.

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