Pedro Ignacio Luna Gómez

Expediente 288/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 35 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
288/2023
Año
2023
Actuaciones
35
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Pedro Ignacio Luna Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y lo de cuenta que antecede, se acuerda: ténganse por recibido de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial, dependiente del Servicio Postal Mexicano en esta ciudad, el sobre devuelto que contiene el oficio 23419/2023, de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, dirigido al Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con residencia en la Ciudad de México; el cual fue devuelto por la razón expuesta en el mismo. En consecuencia, mediante oficio que se gire para tal efecto, al cual se deberá adjuntar la misiva de mérito, reenvíese al domicilio correcto de la autoridad responsable en cita; lo anterior, a fin de que se imponga del contenido del acuerdo que se notifica. En razón de lo expuesto, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia constitucional programada para este propio día, por lo que se impone su diferimiento y se señalan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese por lista de estrados. Así lo acordó y firmó el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional requirió al Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con residencia en la Ciudad de México, para que rinda su manifestación en cuanto a la existencia o no de los actos reclamados y, remitiera copia certificada, completa y legible de las constancias correspondientes que acrediten su dicho, sin que a la fecha lo haya realizado. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Directora General Adjunta de Procesos Contenciosos, en ausencia del Titular, quien representa al del Director General de Recursos Humanos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con residencia en Ciudad de México, y anexo que acompaña, mediante el cual devuelve el diverso 8972/2023, de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, con el que se le reenviaron diversos oficios, entre ellos el relativo a la solicitud de su informe justificado. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa señaló como actos reclamados los oficios 1217/2023 y 105/2023 de siete y dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, por los cuales se comunicó al quejoso que a partir del dieciséis de febrero actual, causaba baja en la Capitanía de Puerto Clase B de Yucalpetén, Yucatán, y alta en la Capitanía de Puerto Clase C de Chachalaca, Nayarit. Tomando en consideración lo anterior, se desprende del oficio de mérito, que la responsable en cita alega su imposibilidad para ser considerada como parte en el presente juicio, esto, sin que hiciera mención sobre la existencia o no de los actos que se le reclaman. Ahora bien, indíquese a la referida autoridad oficiante que, dado que fue señalada como responsable en el presente asunto, se encuentra obligada a rendir su informe con justificación respecto de los actos reclamados, no obstante las diversas manifestaciones que pueda discutir sobre su participación en los mismos; por lo que invariablemente deberá rendir su informe de ley en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, requiérase a la referida autoridad responsable, para que en el término de tres días, en alcance a su oficio de mérito, rinda su manifestación respecto de lo aquí precisado que fue omisa en atender, para lo cual, deberá remitir a este Juzgado de Distrito, copia certificada, completa y legible de las constancias correspondientes que acrediten su dicho, en su caso. Apercibida que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.

  4. Incidental

    Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************, promovido por ********************, en contra de los actos que reclama del Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclama a las autoridades siguientes: Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en la Ciudad de México. Jefe de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos de la Secretaría de Marina, con sede en la Ciudad de México. Comandante de la Décima Tercera Zona Naval, Indeco, Puerto de Abrigo Yucalpetén, con sede en Yucalpetén, Yucatán. Comandante de la Décima Zona Naval Puerto de San Blas, Nayarit. Capitanía de Puerto en Chacala, Nayarit. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el veinticinco de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir esencialmente en: Los oficios 1217/2023 y 105/2023 de siete y dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, por los cuales se comunicó al quejoso que a partir del dieciséis de febrero actual, causaba baja en la Capitanía de Puerto Clase B de Yucalpetén, Yucatán, y alta en la Capitanía de Puerto Clase C de Chacala, Nayarit. SEGUNDA. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables: Jefe de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos de la Secretaría de Marina, con sede en la Ciudad de México (registro 7673). Comandante de la Décima Tercera Zona Naval, Indeco, Puerto de Abrigo Yucalpetén, con sede en Yucalpetén, Yucatán (registro 4299). Comandante de la Décima Zona Naval Puerto de San Blas, Nayarit (registro 4500). Capitanía de Puerto en Chacala, Nayarit (registro 5194). Toda vez que así lo manifestaron expresamente, quienes rindieron los respectivos informes previos en su representación, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. En consecuencia, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada, con relación a las referidas autoridades responsables, resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en el se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERA. Son ciertos los actos reclamados del Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en la Ciudad de México, toda vez que a la fecha no se tiene conocimiento de que hubiere rendido su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificado, como se demuestra con el acuse postal correspondiente al oficio 8955/2023, de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, el cual obra agregado en autos, por lo que únicamente para efectos de la suspensión opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. CUARTA. En cuanto a la medida suspensoria solicitada respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, primeramente, debe atenderse a su naturaleza, pues deviene incuestionable que resulta necesario atender dicha característica, a efecto de determinar si pueden ser o no paralizados. En razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado. Hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada, en relación con los referidos actos reclamados, atendiendo a su naturaleza, debe estimarse, que se tratan de actos consumados con efectos positivos, por lo que contra la emisión del acto, es improcedente la suspensión, al ser dicha cuestión un aspecto que tendrá que analizarse al resolverse el fondo del asunto; sin embargo, al tener efectos positivos, es sobre éstos que deberá hacerse el pronunciamiento respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 12, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 223638, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el juicio de amparo se pronuncie." Por tanto, en cuanto a los efectos y consecuencias del referido acto reclamado, también resulta improcedente conceder la medida suspensiva solicitada, por no satisfacerse el requisito establecido por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el perjuicio del interés social y la contravención a disposiciones de orden público quedan acreditados, pues las funciones que realiza en el cargo que ostenta como profesional ejecutivo de la Secretaría de Marina, Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, tiene como destinataria a la sociedad y por ende, a ésta es a quien le importa que tales actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, sin que en el caso, se vea afectada la organización a la que pertenece, para su debido funcionamiento. Bajo tales premisas se estima que de conceder la medida cautelar solicitada se causaría perjuicio al ente social llamado Estado, quien sufriría, en este supuesto, daños irreparables, puesto que se le impediría o por lo menos se suspendería la facultad de la autoridad correspondiente para remover o cambiar la adscripción a los servidores públicos libremente, que tiene como principal función la administración de la justicia en la entidad, función que no es posible suspender. Además, con tal actitud se causa daño a la sociedad ya que ésta se encuentra interesada en que dichas funciones se realicen de la mejor manera, esto es, la administración de justicia, que, se repite, tiene como destinataria a la sociedad, y cualquier acto que tienda a suspender esa actividad, obstaculiza el derecho de los gobernados a que se les administre justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional. Sin que deba perderse de vista que los artículos 128 y 129 ambos de la Ley de Amparo, hacen referencia al principio según el cual el interés colectivo está por encima del particular; de ahí que la disposición legal atiende al interés del promovente del juicio de amparo para que no se ejecute el acto reclamado, pero si el interés aludido pugna con el de la sociedad o el Estado, debe relevarse el primero en beneficio del segundo. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 6/2007, publicada en la página 670, del Tomo XXV, Febrero de 2007, Novena Época, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 173404, del rubro y texto siguientes: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA GENERAL, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. Al tener el Agente del Ministerio Público de la Federación funciones que son de interés público conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tienden a promover la pronta y debida procuración e impartición de justicia, en particular en materia penal, e interviene en los juicios en que la Federación es parte, por ello la sociedad está interesada en que dichas funciones las realice de la mejor manera, y toda vez que su cambio de adscripción se hará conforme a las necesidades del servicio, en términos del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, se concluye que contra el cambio de adscripción previsto en el artículo 30, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, resulta improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional, por no satisfacerse el requisito establecido por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el perjuicio del interés social y la contravención a disposiciones de orden público quedan acreditados, pues las funciones que realiza tienen como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le importa que tales actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, sin que en el caso se vea afectada la organización de la representación social federal para su debido funcionamiento, ni que el mencionado cambio de adscripción constituya un acto de imposible reparación, atento a que de concederse el amparo, al quejoso se le restituirá en el goce de la garantía violada a través de su reincorporación en el lugar en que se encontraba adscrito." Con relación a lo expuesto, por analogía de razón, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 33/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 175 del Tomo XXVII, Marzo de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son: "SECRETARIOS DE ACUERDOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE, POR REGLA GENERAL, OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero y al Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia y de Paz de la citada entidad federativa, los secretarios de acuerdos de los juzgados de primera instancia son auxiliares de los órganos jurisdiccionales a los que están adscritos, y en el desempeño de sus funciones coadyuvan con sus titulares para que los procedimientos de los juicios que tramitan se ajusten a las leyes y se haga eficiente la administración de justicia, por lo que sus actividades están intrínsecamente relacionadas con la encomienda del Juez de impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que a su vez refleja que el ejercicio de su cargo tiene como destinataria a la sociedad y, por ende, es a ésta a quien le importa que sus actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables por ser una función propia y de índole prioritaria para el Estado. En ese sentido, contra la orden de cambio de adscripción de los servidores públicos de referencia, resulta improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional, al no colmarse los requisitos previstos por las fracciones II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo, en virtud de que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues cualquier acto que tienda a suspender su actividad en el lugar en el que se requiera su ayuda involucra un obstáculo a la garantía de tutela jurisdiccional que resentirá la sociedad al no poder gozar del derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla de manera pronta en los plazos y términos que fijen las leyes. Además, el cambio de adscripción no es un acto irreparable ni ocasiona al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, porque en caso de obtener resolución favorable se le restituiría en el goce de la garantía individual violada a través de su reincorporación al lugar en el que se encontraba adscrito. La conclusión anterior no varía para el supuesto de que el cambio de adscripción sea para una ciudad distinta, porque siendo de un juzgado a otro de la misma instancia, es en igualdad de funciones, términos y condiciones, y las molestias que pudiera sufrir por ello no están por encima de los intereses de la sociedad a quien le interesa que en el lugar que se requiera una mejor administración de justicia se destinen los recursos humanos para cumplir con esa función primordial del Estado". Sin que el cambio de adscripción de que se duele el quejoso se torne en un acto de imposible reparación, ya que, al margen de que dicho tópico constriñe un pronunciamiento propio del juicio principal, en el supuesto de obtener resolución favorable en el juicio constitucional, se restituiría al impetrante en el goce del derecho violado a través de su reincorporación en el lugar en que se encontraba adscrito. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se NIEGA a ********************, la suspensión definitiva contra los actos que atribuyó a las autoridades responsables señaladas en la segunda de las consideraciones, por los motivos expuestos en la misma. SEGUNDO. Se NIEGA a ********************, la suspensión definitiva de los actos que reclama del Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la presente resolución. Notifíquese.

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