Pedro Jair Ayala Jiménez

Expediente 469/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
469/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
03/06/2016

Partes del expediente

  • TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILlACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS.
  • Pedro Jair Ayala Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de junio de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 469/2016-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del diez de mayo de dos mil dieciséis, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, se ordena agregar los cuadernos incidentales previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal a la parte quejosa el auto y/o resolución del diez de mayo del dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: [...] Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la PRESIDENTE, TERCER ÁRBITRO Y SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILlAClÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual remite copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral 01/66/15; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos se observa que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 01/66/15. Señalado lo anterior, de las constancias que anexó la autoridad responsable, se aprecia que el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, emitió el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 01/66/15; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la peticionaria de amparo, ha cesado, ya que al haber emitido el laudo de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI , de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V , de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Sin que constituya un obstáculo para arribar a la anterior determinación, la circunstancia de que no obre agregada en autos la constancia con que se acredite que la responsable haya notificado a la quejosa la resolución de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, puesto que al rendir el informe de cuenta, acompañó copia certificada de dicha documental, con la cual se le da vista y corre traslado, y con dicha circunstancia la impetrante queda enterada de la determinación emitida en respuesta a su solicitud. En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador, que en el juicio laboral de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo, el análisis del acto reclamado se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del juicio laboral de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Como sustento a lo anterior se invoca la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma, no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo , establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo , o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 12, noviembre de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." (Lo resaltado es propio). NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos de los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegó la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el acuerdo de once de marzo del año en curso. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veintisiete de mayo de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a DULCE PATRICIA SALAZAR MORENO, para los siguientes efectos: ".LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a contra el contenido del artículo 77, fracción II de Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que dispone el cobro por derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico "Tierra y Libertad" del Estado, así como respecto al cobro de la cantidad de así como contra el contenido de los artículos 94 bis a 94 bis-12, que prevén el sistema legal del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y del 119 al 125, que determina el impuesto adicional municipal, todos de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y de los artículos 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal 2013, imputado a las autoridades legislativas antes descritas; también respecto de los actos de aplicación de dichas normas, traducidos en el cobro de los citados impuestos por las cantidades de y respectivamente, que se reclamaron a la autoridad Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, en términos de lo precisado en los considerandos octavo y noveno de esta sentencia.." Por auto dictado el nueve de julio de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Atento a lo anterior, por auto de once de agosto de dos mil quince, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo únicamente por cuanto a las autoridades responsables Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos dependiente de dicha secretaría, toda vez que restituyó a la parte quejosa el monto cobrado por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de compraventa ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, por la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por oficio acordado el once de abril de dos mil dieciséis, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0000360, el cual se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por la cantidad que hace un total de 34,450.00 (treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de reintegro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancia de la que se advierta que la parte quejosa a la fecha no se haya presentado a recoger el cheque correspondiente, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición el referido título de crédito, además con dicha situación se dio vista a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Sustenta lo anterior, el criterio que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 584/2015, derivado del juicio de amparo 2053/2014-IV del índice de juzgado, mediante proveído cinco de enero de dos mil dieciséis, estableció lo siguiente: "CUARTO. Con fundamento en el artículo 297, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la parte quejosa, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste ante el Juzgado de Distrito del conocimiento si cobró el cheque 0046346, por el monto de $13,041.94 (trece mil cuarenta y un pesos 94/100 M.N.), apercibida que de no hacerlo se determinará el cumplimiento de la sentencia de amparo respecto del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y del Tesorero de Xochitepec, Morelos, con las constancias que obren en autos." [Lo subrayado es propio de este juzgado]. Es decir, para el Máximo Tribunal la omisión del quejoso de pronunciarse sobre el cumplimiento, cuando se ha expedido el cheque respectivo a su favor y se puso a su disposición, sin que manifestara si lo recibió, motivo suficiente para que este Juzgado con base en las constancias de autos, como es el cheque 0000360, de fecha cinco de abril del dos mil dieciséis, expedido a nombre de la parte quejosa por la cantidad correcta a devolver de $34,450.00 (treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por el banco BBVA Bancomer, es suficiente para tenerla por cumplida; pues como se precisó, basta que la quejosa acuda a recogerlo en el horario que se le indicó para que la autoridad municipal haga entrega del mismo, y tomando en cuenta, por analogía, la ejecutoria de la Jurisprudencia P/J16/2012 (10a), de la Suprema Corte de Justicia del Nación: Tesis: P./J. 16/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001883 1 de 1 Pleno Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1 Pag. 10 Jurisprudencia(Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. MEDIOS IDONEOS PARA ACREDITARLO RESPECTO DE LAS QUE CONCEDAN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, Y DE SUS ACTOS DE APLICACIÓN. Se llega a la conclusión que la expedición del cheque por parte de la autoridad resulta un medio idóneo para tener por acreditado el cumplimiento del fallo, pues el hecho de que el quejoso no acuda a recogerlo no impide que se tenga por cumplido el fallo protector, ya que tal cuestión no es atribuible a la autoridad mencionada, sino al propio quejoso; aunado a la circunstancia de que este órgano jurisdiccional está imposibilitado legalmente para coaccionar al quejoso para que ejerza su derecho de cobro. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de abril de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual, informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo anexando copia certificada del cheque 0000388 de fecha siete de abril del año en curso, por la cantidad de $11,950.00 (once mil novecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); agréguese a los autos para que obre como legalmente, toda vez que por auto de seis de abril del año en curso, se requirió a la parte quejosa y Tesorera Municipal a efecto de realizar el trámite para la entrega del cheque, por lo que una vez transcurra el término concedido se procederá acordar lo conducente en el presente asunto. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano