Pedro Ignacio Salazar Lopez

Expediente 1608/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1608/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Pedro Ignacio Salazar Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de marzo de dos mil veintidós. Atendiendo el estado de los autos en el juicio de amparo 1608/2021, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de siete de enero de dos mil veintidós, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de enero de dos mil veintidós. VISTA JUSTIFICADO. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. En relación con las pruebas que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, adviértase que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al cual le reclamó esencialmente la omisión de turnar el juicio de origen 01/767/20, a la etapa de alegatos, solicitado mediante escrito de cinco de julio de dos mil veintiuno, con número de folio 6751. En ese contexto, del informe rendido por la responsable, se advierte que el cinco de agosto de dos mil veintiuno el tribunal responsable, entre otras cosas, acordó el escrito del quejoso y ordenó turnar los autos a la etapa de alegatos, otorgando a las partes el término de dos días para formularlos; el cual se ordenó notificar a las partes por boletín judicial el seis de agosto siguiente; sin que haya remitido la publicación de dicho medio de notificación. Además, de las constancias allegadas, se observa que por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, certificó que en el expediente de origen no existe prueba pendiente por desahogar ni que requiera diligencia especial para su desahogo, por tanto, ordenó dar vista las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que en derecho les corresponda respecto de dicha certificación, quedando notificadas las partes de dicho auto el cuatro de enero de dos mil veintidós. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2o. Cabe destacar que la existencia del acto impugnado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por ello, no obstante que a esa fecha ya se había emitido el aludido acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 01/767/20, por el cual, la autoridad responsable turnó los autos a la etapa de alegatos respectiva, lo cierto es que no se advierte de manera certera que éste haya sido notificado a la parte quejosa, pues si bien se ordenó realizar dicha notificación por boletín judicial, lo cierto es que la responsable no allegó copia certificada de la publicación respectiva de la que se desprenda ésta. En consecuencia, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, el Tribunal responsable ya había emitido el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro del citado juicio de origen, pero la parte quejosa no tenía conocimiento de éste; por lo que debe considerarse que a la fecha de la presentación de este amparo la omisión atribuida a la autoridad responsable, sí existía. Por las razones antedichas, se llega a la conclusión que la responsable hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que reclamó la parte quejosa; con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa. Dicho artículo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)". Lo anterior es así, ya que al reclamar un acto omisivo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera, en el caso concreto se traduce en la omisión de acordar la promoción presentada por la aquí quejosa el cinco de julio de dos mil veintiuno, registrada bajo el folio 6751, dentro del juicio laboral de origen 01/767/20; y por ende, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados a la peticionaria, para ello, impondría a la responsable, en este caso, la obligación de proveer sobre las solicitudes de la actora en el juicio laboral de origen, comunicándole su determinación a la parte respectiva. Condiciones que en el particular se satisfacen, pues la autoridad responsable ya se pronunció respecto a la promoción aludida y se le correrá traslado con dichas constancias; restituyéndose así, la garantía constitucional que inicialmente fue violada y, por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. Ahora bien, no constituye un obstáculo para arribar a la conclusión de que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, el hecho de que no obre agregada en autos la constancia fehaciente con que se acredite que la responsable haya notificado a la parte quejosa el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 01/767/20, por el que la autoridad responsable se pronunció respecto a la petición del impetrante, puesto que al oficio de cuenta acompañó copia certificada de dicha documental, con la cual se le corre traslado y, con tal circunstancia la parte quejosa queda enterada de la determinación emitida en respuesta a su solicitud. En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro se transcribe a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA". Máxime que como se advierte de las constancias allegadas, la quejosa ya tiene conocimiento pleno del diverso auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el que, una vez precluido el término otorgado para realizar los alegatos, la responsable realizó la certificación prevista en el artículo 885 de la Ley Federal de Trabajo, otorgando a las partes el plazo de tres días para que manifestaran lo que en derecho corresponda respecto de dicha certificación. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia. Apoya la anterior, conclusión la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, encuentra sustento la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/4784/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del siete de enero de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, siete de enero de dos mil veintidós. VISTA JUSTIFICADO. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. En relación con las pruebas que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, adviértase que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al cual le reclamó esencialmente la omisión de turnar el juicio de origen 01/767/20, a la etapa de alegatos, solicitado mediante escrito de cinco de julio de dos mil veintiuno, con número de folio 6751. En ese contexto, del informe rendido por la responsable, se advierte que el cinco de agosto de dos mil veintiuno el tribunal responsable, entre otras cosas, acordó el escrito del quejoso y ordenó turnar los autos a la etapa de alegatos, otorgando a las partes el término de dos días para formularlos; el cual se ordenó notificar a las partes por boletín judicial el seis de agosto siguiente; sin que haya remitido la publicación de dicho medio de notificación. Además, de las constancias allegadas, se observa que por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, certificó que en el expediente de origen no existe prueba pendiente por desahogar ni que requiera diligencia especial para su desahogo, por tanto, ordenó dar vista las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que en derecho les corresponda respecto de dicha certificación, quedando notificadas las partes de dicho auto el cuatro de enero de dos mil veintidós. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2o. Cabe destacar que la existencia del acto impugnado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por ello, no obstante que a esa fecha ya se había emitido el aludido acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 01/767/20, por el cual, la autoridad responsable turnó los autos a la etapa de alegatos respectiva, lo cierto es que no se advierte de manera certera que éste haya sido notificado a la parte quejosa, pues si bien se ordenó realizar dicha notificación por boletín judicial, lo cierto es que la responsable no allegó copia certificada de la publicación respectiva de la que se desprenda ésta. En consecuencia, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, el Tribunal responsable ya había emitido el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro del citado juicio de origen, pero la parte quejosa no tenía conocimiento de éste; por lo que debe considerarse que a la fecha de la presentación de este amparo la omisión atribuida a la autoridad responsable, sí existía. Por las razones antedichas, se llega a la conclusión que la responsable hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que reclamó la parte quejosa; con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa. Dicho artículo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)". Lo anterior es así, ya que al reclamar un acto omisivo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera, en el caso concreto se traduce en la omisión de acordar la promoción presentada por la aquí quejosa el cinco de julio de dos mil veintiuno, registrada bajo el folio 6751, dentro del juicio laboral de origen 01/767/20; y por ende, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados a la peticionaria, para ello, impondría a la responsable, en este caso, la obligación de proveer sobre las solicitudes de la actora en el juicio laboral de origen, comunicándole su determinación a la parte respectiva. Condiciones que en el particular se satisfacen, pues la autoridad responsable ya se pronunció respecto a la promoción aludida y se le correrá traslado con dichas constancias; restituyéndose así, la garantía constitucional que inicialmente fue violada y, por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. Ahora bien, no constituye un obstáculo para arribar a la conclusión de que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, el hecho de que no obre agregada en autos la constancia fehaciente con que se acredite que la responsable haya notificado a la parte quejosa el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 01/767/20, por el que la autoridad responsable se pronunció respecto a la petición del impetrante, puesto que al oficio de cuenta acompañó copia certificada de dicha documental, con la cual se le corre traslado y, con tal circunstancia la parte quejosa queda enterada de la determinación emitida en respuesta a su solicitud. En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro se transcribe a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA". Máxime que como se advierte de las constancias allegadas, la quejosa ya tiene conocimiento pleno del diverso auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el que, una vez precluido el término otorgado para realizar los alegatos, la responsable realizó la certificación prevista en el artículo 885 de la Ley Federal de Trabajo, otorgando a las partes el plazo de tres días para que manifestaran lo que en derecho corresponda respecto de dicha certificación. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia. Apoya la anterior, conclusión la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, encuentra sustento la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/4784/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de diciembre de dos mil veintiuno.Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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