Pedro Jaime Salgado

Expediente 1274/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1274/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2017

Partes del expediente

  • Pedro Jaime Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con cuatro minutos del día dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien legalmente actúa, procede a dar inicio la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1274/2017, promovido por PEDRO JAIME SALGADO, por conducto de su apoderado legal, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria procede a hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Se procede a abrir el periodo probatorio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que anexó a su informe justificado el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través de su Presidente y Secretaria General. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos, en el que se hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló los que a su representación convino, mediante la intervención ministerial MPF/426/2017, los cuales se tienen por legalmente reproducidos de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, acto seguido se procedió a cerrar el período de alegatos. Consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, levantándose la presente acta, y se procede al dictado de la sentencia de ley. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1274/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PEDRO JAIME SALGADO, por conducto de su apoderado legal, mediante escrito de demanda presentado en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Presidente Municipal de Ayala, Morelos (SIC). "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La omisión y hacer cumplir en tiempo y forma el laudo firme de fecha tres de septiembre de dos mil trece, en el expediente laboral número 01/404/2011, radicado ante el H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos". SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. La demanda de garantías fue recibida en este Juzgado de Distrito el cuatro de agosto de dos mil diecisiete; el cinco del mismo mes y año, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, se tuvo como tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de Amacuzac, Morelos; en el mismo proveído se consideró que no le asiste el carácter de autoridad responsable al Ayuntamiento en cita, en virtud de que se encuentra señalado como parte demandada y se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y que forma parte de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por razón de materia y territorio, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, así como los artículos 48, en relación con el 55, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, del Acuerdo General 3/2013 y 32/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y por tratarse de un juicio de amparo en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía consisten en: 1. La negativa de la autoridad responsable de desahogar el procedimiento de ejecución de laudo (actos subsecuentes), dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de manera conjunta con la Secretaria General, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados. Y a continuación realizan manifestaciones encaminadas a negar su existencia. Ahora, en relación al citado acto, se advierte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado, es inexistente, pues tanto en la doctrina como en la jurisprudencia sustentada por los tribunales federales se ha distinguido entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia del juicio de garantías. En el primer caso, es decir, tratándose de actos futuros inminentes su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente el juicio constitucional; en cambio, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), el amparo es improcedente ya que al no producir ningún efecto de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular. Así, la distinción entre un acto futuro inminente y un acto futuro probable y remoto, y por lo tanto la procedencia del juicio de garantías, en su caso, radicará, precisamente, en la certidumbre de su realización. Es por ello, que la presunción de certeza del acto reclamado establecida en el artículo 117 de la Ley de la materia, no puede operar tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que: en primer lugar, si se presume cierto el acto reclamado por falta de informe justificado, se desnaturalizaría dicho acto (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo precedente un juicio que dada la naturaleza del acto reclamado es improcedente; y, en segundo lugar, porque la propia naturaleza del acto actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza; y si de las afirmaciones realizadas por el quejoso en la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado es un acto futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces dichas manifestaciones actúan como prueba en contrario de la presunción de certeza del mismo. Por tanto, como se dijo, el acto reclamado consistente en la negativa de la autoridad responsable de desahogar el procedimiento de ejecución de laudo (actos subsecuentes), dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, es jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, en razón de que el Presidente Ejecutor, en la etapa de ejecución forzosa del laudo, no se encuentra constreñido para que de manera genérica provea lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y plazos legales, dicha ejecución, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil, por lo que es inconcuso, que se actualiza la causa de sobreseimiento señalada en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En abundamiento, cabe señalar que de las constancias que la autoridad responsable remitió en copia fotostática certificada derivadas del juicio laboral 01/404/2011, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se advierten los siguientes antecedentes: Escrito presentado ante la responsable el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual el apoderado legal de la parte actora, hoy quejosa, solicitó al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, dictara auto de requerimiento de pago actualizado a la fecha de pago, o en su caso embargo dentro del juicio laboral 01/404/2011. En atención a lo anterior, la autoridad responsable dictó el proveído de seis de junio de dos mil diecisiete que en lo que interesa se transcribe: "ACUERDO.- LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, SE DECRETA EL PRESENTE AUTO DE REQUERIMIENTO, POR LA CANTIDAD DE $1, 065,581.62 (UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M. N), MISMA QUE SALVO ERROR U OMISIÓN DE CARÁCTER ARITMÉTICO SE DESPRENDE DE LAS SIGUIENTES CUANTIFICACIONES: . . . POR LO QUE SE COMISIONA AL C. ACTUARIO ADSCRITO A ESTE TRIBUNAL PARA QUE ASOCIADO DE LA PARTE ACTORA, SE CONSTITUYAN EN EL DOMICILIO DE LA DEMANDADA, MISMO QUE YA OBRA EN AUTOS, Y LE REQUIERA AL TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC, MORELOS DE PAGO LA CANTIDAD DESCRITA EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, MISMA QUE DEBERÁ EXHIBIR EN EFECTIVO, CHEQUE O DEPÓSITO BANCARIO QUE GARANTICE EL CRÉDITO LABORAL A FAVOR DEL ACTOR, DEBIENDO LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TAL DILIGENCIA, Y PARA EL CASO DE EXISTIR NEGATIVA A EFECTUAR DICHO PAGO, SE APERCIBE A LA PARTE DEMANDADA QUE SE PROCEDERÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS." (fojas 84 a 87). Lo resaltado no es de origen. De la anterior transcripción se advierte que la parte quejosa, por conducto de su apoderado legal, el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, solicitó a la autoridad responsable dictara auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral 01/404/2011, a lo que dicha autoridad mediante proveído de seis de junio de dos mil diecisiete, acordó favorable la petición, condicionando tal requerimiento a que el Actuario de su adscripción lo llevara a cabo asociado de la parte actora, lo cual fue notificado precisamente en la saña de audiencias del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos responsable, a la parte actora por conducto de Jorge Alejandro Rosales Rangel; sin que exista constancia alguna de que la parte ejecutante haya intervenido en dicho juicio laboral para el debido cumplimiento del auto de requerimiento dictado por la autoridad laboral responsable, es decir, no manifestó el impedimento legal que tenga para acompañar al Actuario adscrito al Tribunal Estatal, o bien, su inconformidad para hacerlo, o promoción alguna que impulse dicho procedimiento; sin que en el caso pueda constreñirse a la autoridad responsable para que oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. Por tanto, como se dijo, el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Lo anterior encuentra apoyo en la ejecutoria de diecinueve de octubre de dos mil once, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 339/2011, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dio origen a las jurisprudencias con rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez trascurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez trascurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Así como, en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 47, tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 225377, que a la letra dice: "ACTOS FUTUROS PROBABLES, LA PRESUNCION DE CERTEZA POR FALTA DE INFORME JUSTIFICADO NO OPERA TRATANDOSE DE. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. En virtud de que a través del informe justificado se van a determinar dos supuestos diferentes (existencia del acto reclamado -constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo-) el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo establece dos cargas probatorias diversas, cuya actualización dependerá de la falta de rendición de dicho informe. Así, la falta de informe justificado entrañará la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario que se derive de las constancias procesales que obren en autos con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad del acto que se presume cierto, salvo que dicho acto sea violatorio de garantías en sí mismo. Ahora bien, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia sustentada por los tribunales federales se ha distinguido entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia del juicio de garantía. En el primer caso, es decir, tratándose de actos futuros inminentes su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente el juicio constitucional; en cambio, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), el amparo es improcedente ya que al no producir ningún efecto de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular. Así, la distinción entre un acto futuro inminente y un acto futuro probable y remoto, y por lo tanto la procedencia del juicio de garantías, en su caso, radicará, precisamente, en la certidumbre de su realización. Es por ello que la presunción de certeza del acto reclamado establecida en el artículo 149 de la Ley de la materia, no puede operar tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que: En primer lugar, si se presume cierto el acto reclamado por falta de informe justificado, se desnaturalizaría dicho acto (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo precedente un juicio que dada la naturaleza del acto reclamado es improcedente; y, en segundo lugar, porque la propia naturaleza del acto actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. En efecto, si de las afirmaciones realizadas por el quejoso en la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado es un acto futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces dichas manifestaciones actúan como prueba en contrario de la presunción de certeza del mismo. Consecuentemente, la presunción de certeza del acto, es decir su realización cierta, queda desvirtuada cuando no existiendo en el expediente de amparo otras pruebas que acrediten su existencia, de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en la demanda de garantías, se advierte que, lo que el quejoso reclama, es un acto futuro probable o remoto cuya realización no es inminente, ya que dichas manifestaciones constituirán la prueba en contrario de la certeza del acto reclamado. En este orden de ideas, al no operar en el caso, la presunción de certeza del acto reclamado, debe estimarse que tal acto no es cierto para efectos del juicio de garantías, y por lo tanto sobreseer en el mismo con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo." También, la tesis VII.1o.C.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 433, tomo VI, Julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, con número de registro 198320, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61 fracción XXI, 62, 63 fracciones IV y V, 73, 74, 75, 76, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por PEDRO JAIME SALGADO, por conducto de su apoderado legal, en contra de los actos reclamados a la autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo y resultando primero de este fallo, por las razones expuestas en el considerando segundo del mismo. SEGUNDO. Por las razones vertidas en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Agréguese la intervención ministerial número MPF/426/2017, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio del cual hace diversas manifestaciones; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por la Representante Social en vía de alegatos, las que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Por cuanto hace a la copia certificada que solicita, dígase que una vez que se dicte la sentencia en el presente juicio de amparo, previa reiteración que de la misma realice, se acordará lo procedente.

  4. Principal

    Se requiere a la autoridad responsable por el término de cinco días a efecto de que informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo.

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