Pedro Herrera Zaragoza

Expediente 188/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
188/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Pedro Herrera Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, devuélvase las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable la Presidenta y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; en el entendido de que el sello de recepción del presente oficio, con la anotación de que se recibió el oficio y anexos, hará las veces de acuse de recibo. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 188/2021, promovido por Pedro Herrera Zaragoza, por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y, R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca y turnado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el doce del mismo mes y año, Pedro Herrera Zaragoza, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y acto que a continuación se especifican: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Integrantes de Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. 2. Presidente Ejecutor y/o Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. 3. Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 1° FRACCIÓN I Y 107 FRACCIÓN III INCISO B, FRACCIÓN V DE LA LEY DE LA MATERIA. Consiste en los siguientes: 1) Del C. Presidente Ejecutor y/o Tercer Arbitro del H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en: I. El acuerdo de fecha 18 de Diciembre del 2020 en el cuál determina la negativa de acordar de conformidad el escrito presentado por ésta parte el día 15 de Diciembre del 2020, ya que supuestamente ya fue decretado mediante acuerdo de fecha 28 de Enero 2019. II. La omisión de la autoridad responsable de impartir justicia en los plazos y términos previstos por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 6°, 685°,686° 687°, 735°, 838°, 945°, 946° y 950° en relación con los artículos 1°, 5°, 8°, 17° constitucionales esto es al no tomar todas las medidas necesarias para la ejecución del laudo en los términos señalados en Ley, pues son notificados de forma dilatoria y habiendo transcurrido los términos para su acuerdo y notificación. Por lo tanto, la autoridad responsable con su omisión injustificada obstaculiza la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, ya que ha transcurrido en exceso el tiempo establecido sin que la autoridad haya cumplido con la disposición legal citada, lo que implica que debe realizar los actos tendientes a dar cumplimiento al laudo, siendo dicho acto de omisión, lascivo y violatorio de mis garantías y derechos humanos, puesto que tal y como se advierten de las constancias que integran los autos ha transcurrido en demasía el término que prevé la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, dejando en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al hoy quejoso. III. La omisión de la autoridad responsable de impartir justicia en los plazos y términos previstos por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 6°, 685°,686° 687°, 735°, 838°, 945°, 946° y 950° en relación con los artículos 1°, 5°, 8°, 17° constitucionales esto es al no hacer efectiva la aplicación del artículo 124 fracción I de Ley Federal del Trabajo al Presidente Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos consistente en multa de quince unidades de medida y actualización debido al incumplimiento de la demandada en cumplir voluntariamente al laudo así como a las prestaciones a las que fue condenada, por lo tanto, la autoridad responsable con su omisión injustificada obstaculiza la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, ya que ha transcurrido en exceso el tiempo establecido sin que la autoridad haya cumplido con la disposición legal citada, lo que implica que debe realizar los actos tendientes a emitir e imponer las multas ya apercibidas debido al incumplimiento dejando pasar tiempo en la que la demandada no cumple con el laudo, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige, siendo dicho acto de omisión, lascivo y violatorio de mis garantías y derechos humanos, puesto que tal y como se advierten de las constancias que integran los autos ha transcurrido en demasía el término que prevé la ley federal del trabajo para que la autoridad responsable decrete las medidas de apremio establecidas en el artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, dejando en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al hoy quejoso. 2) CC. Integrantes del H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en: I. La omisión de la autoridad responsable de impartir justicia en los plazos y términos previstos por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 6°, 685°,686° 687°, 735°, 838°, 945°, 946° y 950° en relación con los artículos 1°, 5°, 8°, 17° constitucionales esto es al no hacer efectiva la aplicación del artículo 124 fracción I de Ley Federal del Trabajo al Presidente Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos consistente en multa de quince unidades de medida y actualización debido al incumplimiento de la demandada en cumplir voluntariamente al laudo, por lo tanto, la autoridad responsable con su omisión injustificada obstaculiza la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, ya que ha transcurrido en exceso el tiempo establecido sin que la autoridad haya cumplido con la disposición legal citada, lo que implica que debe realizar los actos tendientes a emitir e imponer las multas ya apercibidas debido al incumplimiento dejando pasar tiempo en la que la demandada no cumple con el laudo, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige, siendo dicho acto de omisión, lascivo y violatorio de mis garantías y derechos humanos, puesto que tal y como se advierten de las constancias que integran los autos ha transcurrido en demasía el término que prevé la ley federal del trabajo para que la autoridad responsable decrete las medidas de apremio establecidas en el artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, dejando en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al hoy quejoso. 3) C. Actuario del H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en: I. La omisión de la autoridad responsable de impartir justicia en los plazos y términos previstos por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 6°, 685°,686° 687°, 735°, 838°, 945°, 946° y 950° en relación con los artículos 1°, 5°, 8°, 17° constitucionales esto es al no proporcionar a la quejosa fecha para notificar el requerimiento de pago y hacer notificar y efectiva la aplicación del artículo 124 fracción I de Ley Federal del Trabajo al Presidente Municipal Constitucional de Totolapan,(sic) Morelos consistente en multa de quince unidades de medida y actualización debido al incumplimiento de la demandada en cumplir voluntariamente al laudo, por lo tanto, la autoridad responsable con su omisión injustificada obstaculiza la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, ya que ha transcurrido en exceso el tiempo establecido sin que la autoridad haya cumplido con la disposición legal citada, lo que implica que debe realizar los actos tendientes a emitir e imponer las multas ya apercibidas debido al incumplimiento dejando pasar tiempo en la que la demandada no cumple con el laudo, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige, siendo dicho acto de omisión, lascivo y violatorio de mis garantías y derechos humanos, puesto que tal y como se advierten de las constancias que integran los autos ha transcurrido en demasía el término que prevé la ley federal del trabajo para que la autoridad responsable decrete las medidas de apremio establecidas en el artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil para el estado de Morelos." 2. Derechos fundamentales violados. En el escrito de demanda el justiciable señaló como lesionados en su perjuicio el contenido de los artículos 1, 5 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión y Trámite. Mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el presente asunto y se registró con el número 55/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, por razón de grado, materia y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; artículo 37 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. II. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio, consiste en: El auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio laboral 01/943/13, promovido por el ahora quejoso contra el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; en el que, en atención a la petición del actor aquí quejoso, referente a que se aperciba a la parte demandada/condenada con la multa establecida en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, a efecto de que proceda a dar cumplimiento al laudo; se le dijo que en el auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve se proveyó su petición, por lo debería estarse a lo ahí acordado. III. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, dado que fue aceptado por la autoridad responsable al rendir su informe justificado; además, allegó a los autos diversas copias certificadas del juicio de origen, entre las que se encuentra el acuerdo reclamado. Constancias a las que se les confiere valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 136, 197, 202, 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues la resolución reclamada fue notificada al quejoso en el domicilio procesal señalado para tal efecto, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la que surtió efectos en ese instante, de conformidad con el artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo. Debido a lo anterior, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió para el quejoso a partir del diecinueve de febrero al once de marzo de dos mil veintiuno, descontando los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de febrero y seis y siete de marzo del año en cita, por ser días inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, dado que de autos se desprende que la demanda fue presentada el once de marzo de dos mil veintiuno en línea a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, ésta fue promovida oportunamente. V. Improcedencia del juicio de amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no es una resolución final en el procedimiento de ejecución, no goza de autonomía con éste, ni afecta derechos sustantivos diferentes a la cosa juzgada, conforme a las razones que se exponen a continuación. En efecto, de la última disposición normativa citada se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, pero que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se desprenden dos hipótesis distintas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por las autoridades en comento después de concluido el juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución y, por ende, pueden ser impugnados de manera inmediata; y b) actos de ejecución de sentencia, los cuales, por regla general, pueden ser impugnados en vía constitucional hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, donde también pueden combatirse aquellas violaciones procesales sufridas durante dicha secuela; a manera de excepción en este último supuesto, continuó diciendo la Sala referida, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente -actos de imposible reparación-, ajenos a la cosa juzgada. Los razonamientos recién precisados, los sostuvo en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En ese contexto, el juicio de amparo es improcedente, ya que el inconforme -actor en el juicio de origen- reclama el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio laboral 01/943/13, promovido por el ahora quejoso contra el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; en la que, en atención a la petición del actor aquí quejoso referente a que se aperciba a la parte demandada/condenada con la multa establecida en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, a efecto de que proceda a dar cumplimiento al laudo; se le dijo que en el auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve se proveyó la solicitud que nuevamente formula. Y respecto al mencionado proveído, el quejoso se duele de que el presidente del tribunal responsable, ha errado en la forma de apercibir a la autoridad demandada del juicio de origen para que dé cumplimiento al laudo definitivo y ha omitido seguir el orden establecido para la aplicación de dichas sanciones señalado en el mencionado artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. De lo anterior se advierte que el acto fue emitido en ejecución de sentencia, y que el proveído reclamado no se trata de la última resolución en dicho procedimiento de ejecución. Tampoco resulta ajeno a la cosa juzgada ya que, conforme al planteamiento del quejoso, la única afectación que le atribuye al auto reclamado es que en el mismo se debió prevenir y/o sancionar a la autoridad condenada para asegurar el cumplimiento del laudo en cuestión, de allí que dicho auto en los términos en que está siendo impugnado, se trata de una determinación que deriva directamente de la cosa juzgada, pues lo que pretende el quejoso es el cumplimiento del laudo. Ni tampoco afecta un derecho sustantivo que le resulte ajeno, pues el mismo sólo consigna la obligación de pago de la autoridad condenada, mediante una remisión a un auto anterior que contiene acuerdo respecto a su petición de imponer las medidas de apremio al ayuntamiento demandado. En tales términos, al tratarse el acto reclamado de un auto asociado con un requerimiento de pago, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, resultando aplicable la jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L (10a.), del Pleno del Decimoctavo Circuito, con registro 2010430, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, página 1492, que establece: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." Sin que se inobserve que en dicho auto se provea respecto de una petición del quejoso, en la que solicitó que se apercibiera a la autoridad con la medida de apremio establecida en la fracción I, del artículo 124 de la Ley de Amparo, no obstante, de esa sola circunstancia no puede definirse que se encuentre afectándose un derecho a la cosa juzgada. Se afirma lo anterior, ya que aunque el amparista señala que se afecta su derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional, no se puede sostener que ese proveído afecte ese derecho sustantivo de forma autónoma, pues en todo caso el mismo se encuentra inmerso dentro del procedimiento de ejecución, en el que el quejoso debe impulsar mediante los actos y medios de defensa establecidos para tal efecto. Y es en ese sentido, que si bien la queja del impetrante de amparo radica en la mecánica de ejecución y/o forma en que la autoridad está tratando de cumplimentar el laudo dictado en el juicio de origen, es por ello que jurídicamente no es factible reputarle al acto impugnado autonomía destacada en relación al procedimiento de ejecución dentro del cual se emitió, dado que el impetrante de amparo no se duele de una omisión por parte de la responsable de hacer cumplir su determinación, sino de una cuestión de forma, en el sentido de que, a su consideración, debe ser otro el modo en que la autoridad responsable procure el cumplimiento de su laudo, sin que sea además relevante que dicho impetrante sea el vencedor en el procedimiento de origen, en términos de lo establecido por la jurisprudencia 1ª./J.36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. Ello además, porque de no razonarlo así, se desvirtuaría la hipótesis de procedencia contenida en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, la cual para sustentar la improcedencia del juicio de amparo, es interpretada en sentido contrario, lo que pone de manifiesto que la promoción del juicio de amparo respecto de actos dentro de la etapa de ejecución, es exclusivamente respecto de esas hipótesis excepcionales, establecidas para ese efecto, en tanto que la finalidad de ello, es evitar el abuso del empleo del juicio de amparo para entorpecer la sustanciación de los juicios, de tal suerte, que en estos casos la procedencia del juicio de amparo constituye la excepción y no la regla, y por ello es que sólo se puede promover juicio de amparo en casos específicos permitidos por la norma, y en contraste, la restante generalidad de casos que no encuadren en dichas hipótesis exclusiva, tornan improcedente el juicio de amparo en cuestión. Y se dice que se desvirtuaría dicha hipótesis de improcedencia, pues bastaría que el actor se inconformara contra cada uno de los actos de ejecución, inconformándose con la mecánica de ejecución y/o forma en que la autoridad está tratando de cumplimentar el laudo dictado en el juicio de origen, para hacer procedente el juicio constitucional, pues podría generar su procedencia exclusivamente mediante la presentación de escritos en los que señalara dicha circunstancia, pudiendo impugnar por ello cada auto en el que no se le otorgara la razón. Lo cual no fue pretendido por el legislador, al establecer la hipótesis de procedencia en estudio, respecto a los actos en ejecución. Cabe señalar que similares criterios fueron sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en las quejas 121/2020, y 138/2020. Al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Pedro Herrera Zaragoza, respecto de las autoridades señaladas como responsables; respecto de los actos reclamados precisados en el II considerando, por los fundamentos y motivos señalados en el V considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Rosa María Luna Mercado, Secretaria que autoriza y da fe, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con dieciocho minutos del día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional, quedando encargado del Despacho el licenciado Ramón Jurado Guerrero, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien únicamente está facultado para practicar diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. En esas condiciones, con el objeto de no violentar las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, establecidas en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el INFORME JUSTIFICADO que rinde la Presidenta y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Secretaria General de dicho tribunal, con residencia en esta ciudad; con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados a las personas que designa y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones, siempre y cuando corresponda a su residencia oficial. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que refiere, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia constitucional relativa. En relación a la petición que formula relativa a que se le permita el uso de medios electrónicos, para la toma de imágenes, deberá estarse a lo decretado en auto admisorio. Por otra parte, se tiene a la autoridad responsable remitiendo copia certificada de la carta poder de veinticuatro de enero de dos mil trece y del auto admisorio de cinco de febrero de la citada anualidad, de las que se advierte que Adrián Román Hernández, tiene el carácter de apoderado del quejoso Pedro Zaragoza Herrera; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad del promovente del amparo para los efectos legales conducentes. Por último, se ordena mantener por separado el anexo que remite la autoridad oficiante, mismo que se denominará como ANEXO I; una vez concluido el presente asunto, le serán devueltas dichas documentales; respetándose el folio, la rúbrica y el entresello que obra en el mismo, en el entendido de que las subsecuentes promociones u oficios se continuarán acordando en el presente expediente. Notifíquese.

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