Pedro Jahel García Chavez
Expediente 492/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pedro Jahel García Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran las constancias de notificación personal realizadas a la parte quejosa, así como de los siguientes terceros interesados: Beatriz Bravo Ramírez (esposa) en su calidad de ofendida por cuanto al occiso Crisóforo Báez Jiménez. Alberto Flores Vilchis (hermano) en su calidad de ofendida por cuanto al occiso Abraham Flores Vilchis. Isabel Gutiérrez Contreras (hermana) en su calidad de ofendida por cuanto al occiso Isait Gutierrez Contreras. Ricardo Bravo Peralta (hermano) en su calidad de ofendida por cuanto al occiso Luis Fernando Bravo Peralta. ********************. Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Homicidios, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, quien tiene a su cargo la carpeta de investigación ********************. En consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al personal de actuaría que por turno le corresponda a notificar personalmente la sentencia dictada en autos a la parte quejosa y a los terceros interesados antes mencionados. Notifíquese personalmente la sentencia dictada en autos a la parte quejosa y los terceros interesados antes descritos. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. ---Hago constar que notifico las determinaciones de fechas trece de enero y cuatro de octubre, ambas de dos mil veintitrés, a los terceros interesados Jesús Ismael Báez Bravo y a los que en vida respondieran a los nombres de Crisóforo Báez Jiménez, Abraham Flores Vilchis, Isait Gutierrez Contreras y Luis Fernando Bravo Peralta; por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de La Federación; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo: Resolución de trece de enero de dos mil veintitrés, cuyos puntos resolutivos señala: Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se sobresee en el juicio, promovido por PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, en contra del acto reclamado y autoridades precisadas en el considerando segundo y por las razones del tercero del presente fallo. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, en contra del acto reclamado al Juez de Primera Instancia Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos, en términos de lo expuesto en el considerando sexto y para los efectos precisados en el diverso séptimo del presente fallo. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy trece de enero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe. .... Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran las constancias de notificación personal realizadas a la parte quejosa, así como de los siguientes terceros interesados: Beatriz Bravo Ramírez (esposa) en su calidad de ofendida por cuanto al occiso Crisóforo Báez Jiménez. Alberto Flores Vilchis (hermano) en su calidad de ofendida por cuanto al occiso Abraham Flores Vilchis. Isabel Gutiérrez Contreras (hermana) en su calidad de ofendida por cuanto al occiso Isait Gutierrez Contreras. Ricardo Bravo Peralta (hermano) en su calidad de ofendida por cuanto al occiso Luis Fernando Bravo Peralta. ********************. Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Homicidios, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, quien tiene a su cargo la carpeta de investigación ********************. En consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al personal de actuaría que por turno le corresponda a notificar personalmente la sentencia dictada en autos a la parte quejosa y a los terceros interesados antes mencionados. Notifíquese personalmente la sentencia dictada en autos a la parte quejosa y los terceros interesados antes descritos. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa Pedro Jahel García Chávez y a sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha cuatro de octubre y trece de enero, ambas de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran las constancias de notificación personal realizadas a la parte quejosa, así como de los siguientes terceros interesados: Beatriz Bravo Ramírez (esposa) en su calidad de ofendida por cuanto al occiso Crisóforo Báez Jiménez. Alberto Flores Vilchis (hermano) en su calidad de ofendida por cuanto al occiso Abraham Flores Vilchis. Isabel Gutiérrez Contreras (hermana) en su calidad de ofendida por cuanto al occiso Isait Gutierrez Contreras. Ricardo Bravo Peralta (hermano) en su calidad de ofendida por cuanto al occiso Luis Fernando Bravo Peralta. ********************. Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Homicidios, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, quien tiene a su cargo la carpeta de investigación ********************. En consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al personal de actuaría que por turno le corresponda a notificar personalmente la sentencia dictada en autos a la parte quejosa y a los terceros interesados antes mencionados. Notifíquese personalmente la sentencia dictada en autos a la parte quejosa y los terceros interesados antes descritos. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. -- VISTO, para resolver el juicio de amparo 492/2022, promovido por PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, contra actos de los Jueces de Primera Instancia, de Control y Juicios Orales del Primer Circuito Judicial, con sede en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Jueces de Primera Instancia de Control y Juicios Orales del Primer Circuito Judicial en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos. ° Fiscal General del Estado de Morelos. ° Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Actos reclamados: ".la ORDEN DE REAPREHENSIÓN O PRESENTACIÓN, girada en mi contra por la Responsable, sin que se encuentre debidamente fundada ni motivada y la ejecución de la misma.". SEGUNDO. El veintiuno de abril de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 492/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión o presentación y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades señaladas como responsables denominadas Jueces Especializados de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos (Alejandra Trejo Resendiz, David Ricardo Ponce González, Elvia Terán Peña y Ramón Villanueva Uribe), y Juez de Primera Instancia del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos (Leticia Damían Avilés), al rendir informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara esa negativa. En ese tenor, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por lo que a esos actos de esas autoridades se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya esa determinación la jurisprudencia 167, de la Séptima Época, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 911100, publicada en la página 180, del Apéndice 2000, Tomo III, Administrativa, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a Isidoro Edie Sandoval Lome, Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, pues así lo expresó al rendir su respectivo informe justificado Lo que se corrobora con la copia certificada de la causa penal JCJ/321/2022, así como del contenido del disco versátil digital (DVD), remitido por la autoridad responsable (el cual contiene la videograbación de la audiencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en donde se resolvió sobre la petición de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía en contra entre otros del hoy quejoso Pedro Jahel García Chávez, por el hecho considerado por la ley como los delitos de homicidio calificado, así como el diverso de homicidio calificado en grado de tentativa, los cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con número de registro 2004362 con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". También se tiene por cierto el acto de ejecución de la orden de aprehensión atribuido al Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Fiscal General del Estado de Morelos, (el primero en su denominación correcta), pues así lo confesaron al rendir su informe justificado. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Son fundados los argumentos expuestos por el quejoso, suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo que establece el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis 2a. VIII/96, con número de registro 200655, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, febrero de 1996, visible a página 267, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos.". Ahora bien, en el caso, se advierte una violación en perjuicio de los derechos fundamentales del quejoso, ello al advertirse que en la emisión de la orden de aprehensión reclamado se infringieron las formalidades del procedimiento, ya que no obra la constancia de la versión escrita, no obstante que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece tal requisito. Se afirma lo anterior, dado que del contenido de la constancias que acompañó la responsable, al emitir las orden de aprehensión que se le reclama fue remitida en formato DVD, y sin que en el caso, se hubiese asentado la misma en versión escrita. Lo anterior, pues la responsable al momento de emitir la orden de aprehensión no acató los lineamientos señalados en el artículo 16 constitucional, ya que fue omisa en dictar el acto reclamado de manera escrita, lo que es contrario a dicho precepto constitucional, en relación con los numerales 67, último párrafo, 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 16 constitucional, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.].-- No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." En armonía con lo anterior, los numerales 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control.". De lo anterior se desprende que para el dictado de un mandamiento de captura, deben reunirse los siguientes requisitos: 1) Que lo solicite el Ministerio Público. 2) Que se libre por autoridad judicial competente. 3) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 4) Que tal hecho esté sancionado por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad. 5) Que existan datos que acrediten que se ha cometido el referido hecho y la probabilidad de que la o el imputado lo cometió o participó en su comisión. 6) Que se acredite la necesidad de cautela. Tales requisitos no se colman en el caso concreto, específicamente, los previstos en el artículo 16 constitucional que exigen que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. En efecto, de las constancias que dieron origen al acto reclamado, se advierte que el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios, solicitó al juez de control en turno (en audiencia privada y por escrito), autorizara orden de aprehensión en contra del aquí quejoso y otros, pues consideró probable la ejecución compartida de unas conductas para cometer un hecho con la apariencia del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 106, 108 y 126, fracción II inciso b), del Código Penal en vigor del Estado de Morelos, así como el diverso de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 106, en relación con el numeral 108 y 126 fracción II inciso b), relacionados con los numerales 17 y 67, del Código Penal para el Estado de Morelos. Dicha solicitud, fue autorizada por la responsable en modalidad oral y no en versión escrita. En efecto, es verdad que el juzgador deberá emitir de forma oral sus determinaciones en la audiencia, a fin de transparentar el proceso y garantizar sus principios, como son la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; derivado de que dichos principios están íntimamente relacionados y aunado a ello, al obsequiar una orden de aprehensión en audiencia, deberá expresar el fundamento legal y las razones por las que autoriza un mandato de captura, por tratarse de un acto de molestia que restringe la libertad personal del imputado; de lo contrario, podría acontecer que lejos de que en la audiencia el juzgador, exprese de manera fundada y motivada su resolución, lo reserve al dictado de la resolución por escrito, lo que originará que ésta pueda ir más allá de lo expuesto oralmente, inclusive, que se plasmen aspectos no dilucidados en la propia audiencia en contravención a los principios constitucionales de inmediación y contradicción (centralidad de la audiencia). Anotado lo anterior, debe tenerse presente que el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que las audiencias se desarrollarán en forma oral, y en la práctica de las actuaciones procesales, se utilizaran los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. Por su parte, los numerales 50 y 51 de dicha codificación, señalan que las partes tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales, consistente en los registros de las audiencias y complementarios; así como que durante todo el proceso penal se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación. Mientras que los ordinales 52 y 56 de la codificación en estudio señala que los actos procedimentales que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción previstos en el código; así como que las mismas se realizarán con la presencia ininterrumpida de los integrantes del órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso. En tanto que el artículo 61 indica que todas las audiencias serán registradas por cualquier medio tecnológico a disposición del órgano jurisdiccional; la grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considera parte de las actuaciones y registros, por lo cual se conservarán en el acto del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación. Finalmente, debe indicarse que el precepto 63 de la codificación en cita, señala que las resoluciones del órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificadas de su emisión. De lo expuesto, se advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales simplifica las formalidades que deben observarse en el procedimiento, al prever que las decisiones deberán tomarse en la audiencia y constarán en registros por cualquier medio tecnológico, privilegiando así la oralidad y simplicidad del procedimiento, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 20 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el legislador estimó que existen cierto tipo de resoluciones que por su trascendencia y grado de afectación que pueden causar al imputado, deben constar por escrito después de su emisión oral, entre las que se encuentra la emisión de una orden de aprehensión, tal y como lo establece el artículo 67 fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral establece: "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; III. La de control de la detención; IV. La de vinculación a proceso; V. La de medidas cautelares; VI. La de apertura a juicio; VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; VIII. Las de sobreseimiento, y IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo." Por tanto, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales contiene disposición expresa, en cuanto a la constancia escrita de la orden de aprehensión, entonces el Juez responsable después de haber tomado la decisión de emitir la orden de aprehensión contra el hoy quejoso debió haber hecho constar su resolución por escrito, sin que ésta pueda exceder el alcance de la emitida oralmente, por lo que si omitió hacerlo es dable concluir que el acto reclamado infringió las formalidades esenciales del procedimiento. Sustenta lo anterior, por contener razones jurídicas similares, el criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la jurisprudencia II.2o.P. J/14 P (10a.), con registro electrónico 2022343, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el viernes seis de noviembre de dos mil veinte a las diez horas con diecisiete minutos, materia constitucional, penal, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA OMISIÓN DE HACERLO CONSTAR POR ESCRITO, DESPUÉS DE SU EMISIÓN ORAL, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.)].El artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, y penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece taxativamente que deben constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras resoluciones, la de vinculación a proceso; empero, con la expresa restricción atinente a que la versión escrita no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, y habrá de dictarse inmediatamente a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo; de manera que no se justifica prescindir de la versión escrita del auto de vinculación a proceso. Por tanto, si el Juez de Control, después de emitir oralmente su decisión de vincular a proceso, omite dictar su resolución por escrito, resulta inconcuso que el acto reclamado infringió las formalidades esenciales del procedimiento. Sin que sea obstáculo para entenderlo así, la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).", la cual se estima inaplicable, ya que dicho criterio derivó de la interpretación y análisis de las legislaciones procesales penales de los Estados de México, Nuevo León y Zacatecas, no así del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye una normativa distinta y posterior que exige la emisión de la versión escrita, en los términos y con las restricciones destacadas. Por ende, no es motivo para dejar de cumplir con la obligación que la actual codificación establece como deber adicional a la celebración de la audiencia, pues dicha obligación paralela, como parte integral del sistema de registro, no fue tema de análisis en la ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia.". De ahí, que no es factible en este momento analizar la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, pues a pesar de que la responsable ya tomó su decisión en la audiencia, no debe perderse de vista que la versión escrita del mismo en ningún caso podrá exceder el alcance de la emitida oralmente, por ende, es necesario analizar el fallo emitido en la audiencia, así como la versión escrita del mismo. Ahora, en el presente caso, el Juez responsable solo allegó constancia, en la que únicamente consta: "(.) PUNTOS RESOLUTIVOS DE ORDEN DE APREHENSIÓN. .con fundamento en el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor y atendiendo a lo solicitado por el Licenciado ISMAEL AVILES CONTRERAS en su carácter de Fiscal, dentro de la carpeta judicial JC/321/2022 mediante el cual solicita ORDEN DE APREHENSIÓN, en contra de PEDRO MONTES DE OCA MEJÍA, JUAN TORRES SALAZAR, PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, JULIO CESAR HERNÁNDEZ SOTELO Y JOSUE GERARDO CERVANTES ARELLANO por el hecho considerado por la ley como los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, así como el diverso de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA. (.) RESUELVE: PRIMERO. Siendo las diez horas con dieciocho minutos, del día diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se decretó ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de PEDRO MONTES DE OCA MEJÍA, JUAN TORRES SALAZAR, PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, JULIO CESAR HERNANDEZ SOTELO Y JOSUE GERARDO CERVANTES ARELLANO, por los hechos considerados por la ley como los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, ilícitos previstos y sancionados en el artículo 106 en relación con el numeral 108 y 126 fracción II inciso b) todos del Código Penal del Estado de Morelos, cometido en agravio de quienes en vida respondieran al nombre de CRISÓFIRO BÁEZ JIMÉNEZ, ABRAHAM FLORES VILCHIS, ISAIT GUTIÉRREZ CONTRERAS Y LUIS FERNANDO BRAVO PERALTA, así como por el ilícito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 106, en relación con el numeral 108 y 126 fracción II inciso b), relacionados con los numerales 17 y 67 todos del Código Penal del Estado de Morelos, cometido en agravio de JESÚS ISMAEL BÁEZ BRAVO, de conformidad con los razonamientos y fundamentos de derecho vertidos en esta resolución.". De lo anterior, destaca que el acta remitida solo contiene un breve extracto de lo acontecido durante el desarrollo de aquella audiencia, sin embargo, se omitió citar los motivos y fundamentos por los que se decretó la orden de aprehensión en contra del quejoso, de ahí que resulte insuficiente tener por cumplida la exigencia que establece el citado artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a su interpretación constitucional. Luego, aun cuando la responsable al rendir su informe justificado no indicó si ordenó o no la no transcripción de tal orden de captura en términos del artículo 16 constitucional, no obstante la transcripción de los puntos resolutivos de la orden para dejar constancia de ello, lo cual es un requisito de ley, que en términos de lo asentado con antelación, es de carácter obligatorio; de ahí que dicha determinación resulta insuficiente para no cumplir con el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ende, la orden de aprehensión debe constar por escrito en acatamiento a lo dispuesto por el referido ordinal, pues de no ser así, ningún sentido tendría la distinción efectuada por el legislador, en el sentido de que cierto tipo de resoluciones por su trascendencia y grado de afectación que causan al imputado por excepción, deberán constar por escrito. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Fiscal General del Estado de Morelos, al no reclamarse por vicios propios. SÉPTIMO. Efectos del amparo. Por lo antes expuesto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, para que el Juez de Primera Instancia Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos, dentro del término de tres días, contados a partir de que cause ejecutoria la presente determinación, realice lo siguiente: 1. Sin dejar insubsistente la orden de aprehensión que dictó el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, respecto de la cual en este momento no se hace pronunciamiento sobre su constitucionalidad, deberá emitir la versión escrita correspondiente, sin exceder el alcance del emitido oralmente, donde exprese aun mínimamente todos los requisitos formales destacados en la presente sentencia, a fin de garantizar certeza y seguridad jurídica al quejoso y para que en su caso, esté en condiciones de combatir esas decisiones, sin que implique dejar al quejoso libre o afecte la validez de posteriores actuaciones. Sin soslayar que será hasta que se emita la versión escrita del acto reclamado y de que el quejoso promueva nuevamente un juicio de amparo, cuando se estará en aptitud analizar la constitucionalidad de esa resolución. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se sobresee en el juicio, promovido por PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, en contra del acto reclamado y autoridades precisadas en el considerando segundo y por las razones del tercero del presente fallo. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, en contra del acto reclamado al Juez de Primera Instancia Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos, en términos de lo expuesto en el considerando sexto y para los efectos precisados en el diverso séptimo del presente fallo. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy trece de enero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 492/2022, promovido por PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, contra actos de los Jueces de Primera Instancia, de Control y Juicios Orales del Primer Circuito Judicial, con sede en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Jueces de Primera Instancia de Control y Juicios Orales del Primer Circuito Judicial en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos. ° Fiscal General del Estado de Morelos. ° Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Actos reclamados: ".la ORDEN DE REAPREHENSIÓN O PRESENTACIÓN, girada en mi contra por la Responsable, sin que se encuentre debidamente fundada ni motivada y la ejecución de la misma.". SEGUNDO. El veintiuno de abril de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 492/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión o presentación y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades señaladas como responsables denominadas Jueces Especializados de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos (Alejandra Trejo Resendiz, David Ricardo Ponce González, Elvia Terán Peña y Ramón Villanueva Uribe), y Juez de Primera Instancia del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos (Leticia Damían Avilés), al rendir informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara esa negativa. En ese tenor, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por lo que a esos actos de esas autoridades se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya esa determinación la jurisprudencia 167, de la Séptima Época, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 911100, publicada en la página 180, del Apéndice 2000, Tomo III, Administrativa, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a Isidoro Edie Sandoval Lome, Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, pues así lo expresó al rendir su respectivo informe justificado Lo que se corrobora con la copia certificada de la causa penal JCJ/321/2022, así como del contenido del disco versátil digital (DVD), remitido por la autoridad responsable (el cual contiene la videograbación de la audiencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en donde se resolvió sobre la petición de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía en contra entre otros del hoy quejoso Pedro Jahel García Chávez, por el hecho considerado por la ley como los delitos de homicidio calificado, así como el diverso de homicidio calificado en grado de tentativa, los cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con número de registro 2004362 con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". También se tiene por cierto el acto de ejecución de la orden de aprehensión atribuido al Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Fiscal General del Estado de Morelos, (el primero en su denominación correcta), pues así lo confesaron al rendir su informe justificado. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Son fundados los argumentos expuestos por el quejoso, suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo que establece el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis 2a. VIII/96, con número de registro 200655, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, febrero de 1996, visible a página 267, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos.". Ahora bien, en el caso, se advierte una violación en perjuicio de los derechos fundamentales del quejoso, ello al advertirse que en la emisión de la orden de aprehensión reclamado se infringieron las formalidades del procedimiento, ya que no obra la constancia de la versión escrita, no obstante que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece tal requisito. Se afirma lo anterior, dado que del contenido de la constancias que acompañó la responsable, al emitir las orden de aprehensión que se le reclama fue remitida en formato DVD, y sin que en el caso, se hubiese asentado la misma en versión escrita. Lo anterior, pues la responsable al momento de emitir la orden de aprehensión no acató los lineamientos señalados en el artículo 16 constitucional, ya que fue omisa en dictar el acto reclamado de manera escrita, lo que es contrario a dicho precepto constitucional, en relación con los numerales 67, último párrafo, 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 16 constitucional, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.].-- No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." En armonía con lo anterior, los numerales 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control.". De lo anterior se desprende que para el dictado de un mandamiento de captura, deben reunirse los siguientes requisitos: 1) Que lo solicite el Ministerio Público. 2) Que se libre por autoridad judicial competente. 3) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 4) Que tal hecho esté sancionado por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad. 5) Que existan datos que acrediten que se ha cometido el referido hecho y la probabilidad de que la o el imputado lo cometió o participó en su comisión. 6) Que se acredite la necesidad de cautela. Tales requisitos no se colman en el caso concreto, específicamente, los previstos en el artículo 16 constitucional que exigen que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. En efecto, de las constancias que dieron origen al acto reclamado, se advierte que el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios, solicitó al juez de control en turno (en audiencia privada y por escrito), autorizara orden de aprehensión en contra del aquí quejoso y otros, pues consideró probable la ejecución compartida de unas conductas para cometer un hecho con la apariencia del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 106, 108 y 126, fracción II inciso b), del Código Penal en vigor del Estado de Morelos, así como el diverso de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 106, en relación con el numeral 108 y 126 fracción II inciso b), relacionados con los numerales 17 y 67, del Código Penal para el Estado de Morelos. Dicha solicitud, fue autorizada por la responsable en modalidad oral y no en versión escrita. En efecto, es verdad que el juzgador deberá emitir de forma oral sus determinaciones en la audiencia, a fin de transparentar el proceso y garantizar sus principios, como son la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; derivado de que dichos principios están íntimamente relacionados y aunado a ello, al obsequiar una orden de aprehensión en audiencia, deberá expresar el fundamento legal y las razones por las que autoriza un mandato de captura, por tratarse de un acto de molestia que restringe la libertad personal del imputado; de lo contrario, podría acontecer que lejos de que en la audiencia el juzgador, exprese de manera fundada y motivada su resolución, lo reserve al dictado de la resolución por escrito, lo que originará que ésta pueda ir más allá de lo expuesto oralmente, inclusive, que se plasmen aspectos no dilucidados en la propia audiencia en contravención a los principios constitucionales de inmediación y contradicción (centralidad de la audiencia). Anotado lo anterior, debe tenerse presente que el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que las audiencias se desarrollarán en forma oral, y en la práctica de las actuaciones procesales, se utilizaran los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. Por su parte, los numerales 50 y 51 de dicha codificación, señalan que las partes tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales, consistente en los registros de las audiencias y complementarios; así como que durante todo el proceso penal se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación. Mientras que los ordinales 52 y 56 de la codificación en estudio señala que los actos procedimentales que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción previstos en el código; así como que las mismas se realizarán con la presencia ininterrumpida de los integrantes del órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso. En tanto que el artículo 61 indica que todas las audiencias serán registradas por cualquier medio tecnológico a disposición del órgano jurisdiccional; la grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considera parte de las actuaciones y registros, por lo cual se conservarán en el acto del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación. Finalmente, debe indicarse que el precepto 63 de la codificación en cita, señala que las resoluciones del órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificadas de su emisión. De lo expuesto, se advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales simplifica las formalidades que deben observarse en el procedimiento, al prever que las decisiones deberán tomarse en la audiencia y constarán en registros por cualquier medio tecnológico, privilegiando así la oralidad y simplicidad del procedimiento, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 20 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el legislador estimó que existen cierto tipo de resoluciones que por su trascendencia y grado de afectación que pueden causar al imputado, deben constar por escrito después de su emisión oral, entre las que se encuentra la emisión de una orden de aprehensión, tal y como lo establece el artículo 67 fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral establece: "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; III. La de control de la detención; IV. La de vinculación a proceso; V. La de medidas cautelares; VI. La de apertura a juicio; VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; VIII. Las de sobreseimiento, y IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo." Por tanto, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales contiene disposición expresa, en cuanto a la constancia escrita de la orden de aprehensión, entonces el Juez responsable después de haber tomado la decisión de emitir la orden de aprehensión contra el hoy quejoso debió haber hecho constar su resolución por escrito, sin que ésta pueda exceder el alcance de la emitida oralmente, por lo que si omitió hacerlo es dable concluir que el acto reclamado infringió las formalidades esenciales del procedimiento. Sustenta lo anterior, por contener razones jurídicas similares, el criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la jurisprudencia II.2o.P. J/14 P (10a.), con registro electrónico 2022343, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el viernes seis de noviembre de dos mil veinte a las diez horas con diecisiete minutos, materia constitucional, penal, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA OMISIÓN DE HACERLO CONSTAR POR ESCRITO, DESPUÉS DE SU EMISIÓN ORAL, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.)].El artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, y penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece taxativamente que deben constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras resoluciones, la de vinculación a proceso; empero, con la expresa restricción atinente a que la versión escrita no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, y habrá de dictarse inmediatamente a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo; de manera que no se justifica prescindir de la versión escrita del auto de vinculación a proceso. Por tanto, si el Juez de Control, después de emitir oralmente su decisión de vincular a proceso, omite dictar su resolución por escrito, resulta inconcuso que el acto reclamado infringió las formalidades esenciales del procedimiento. Sin que sea obstáculo para entenderlo así, la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).", la cual se estima inaplicable, ya que dicho criterio derivó de la interpretación y análisis de las legislaciones procesales penales de los Estados de México, Nuevo León y Zacatecas, no así del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye una normativa distinta y posterior que exige la emisión de la versión escrita, en los términos y con las restricciones destacadas. Por ende, no es motivo para dejar de cumplir con la obligación que la actual codificación establece como deber adicional a la celebración de la audiencia, pues dicha obligación paralela, como parte integral del sistema de registro, no fue tema de análisis en la ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia.". De ahí, que no es factible en este momento analizar la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, pues a pesar de que la responsable ya tomó su decisión en la audiencia, no debe perderse de vista que la versión escrita del mismo en ningún caso podrá exceder el alcance de la emitida oralmente, por ende, es necesario analizar el fallo emitido en la audiencia, así como la versión escrita del mismo. Ahora, en el presente caso, el Juez responsable solo allegó constancia, en la que únicamente consta: "(.) PUNTOS RESOLUTIVOS DE ORDEN DE APREHENSIÓN. .con fundamento en el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor y atendiendo a lo solicitado por el Licenciado ISMAEL AVILES CONTRERAS en su carácter de Fiscal, dentro de la carpeta judicial JC/321/2022 mediante el cual solicita ORDEN DE APREHENSIÓN, en contra de PEDRO MONTES DE OCA MEJÍA, JUAN TORRES SALAZAR, PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, JULIO CESAR HERNÁNDEZ SOTELO Y JOSUE GERARDO CERVANTES ARELLANO por el hecho considerado por la ley como los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, así como el diverso de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA. (.) RESUELVE: PRIMERO. Siendo las diez horas con dieciocho minutos, del día diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se decretó ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de PEDRO MONTES DE OCA MEJÍA, JUAN TORRES SALAZAR, PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, JULIO CESAR HERNANDEZ SOTELO Y JOSUE GERARDO CERVANTES ARELLANO, por los hechos considerados por la ley como los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, ilícitos previstos y sancionados en el artículo 106 en relación con el numeral 108 y 126 fracción II inciso b) todos del Código Penal del Estado de Morelos, cometido en agravio de quienes en vida respondieran al nombre de CRISÓFIRO BÁEZ JIMÉNEZ, ABRAHAM FLORES VILCHIS, ISAIT GUTIÉRREZ CONTRERAS Y LUIS FERNANDO BRAVO PERALTA, así como por el ilícito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 106, en relación con el numeral 108 y 126 fracción II inciso b), relacionados con los numerales 17 y 67 todos del Código Penal del Estado de Morelos, cometido en agravio de JESÚS ISMAEL BÁEZ BRAVO, de conformidad con los razonamientos y fundamentos de derecho vertidos en esta resolución.". De lo anterior, destaca que el acta remitida solo contiene un breve extracto de lo acontecido durante el desarrollo de aquella audiencia, sin embargo, se omitió citar los motivos y fundamentos por los que se decretó la orden de aprehensión en contra del quejoso, de ahí que resulte insuficiente tener por cumplida la exigencia que establece el citado artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a su interpretación constitucional. Luego, aun cuando la responsable al rendir su informe justificado no indicó si ordenó o no la no transcripción de tal orden de captura en términos del artículo 16 constitucional, no obstante la transcripción de los puntos resolutivos de la orden para dejar constancia de ello, lo cual es un requisito de ley, que en términos de lo asentado con antelación, es de carácter obligatorio; de ahí que dicha determinación resulta insuficiente para no cumplir con el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ende, la orden de aprehensión debe constar por escrito en acatamiento a lo dispuesto por el referido ordinal, pues de no ser así, ningún sentido tendría la distinción efectuada por el legislador, en el sentido de que cierto tipo de resoluciones por su trascendencia y grado de afectación que causan al imputado por excepción, deberán constar por escrito. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Fiscal General del Estado de Morelos, al no reclamarse por vicios propios. SÉPTIMO. Efectos del amparo. Por lo antes expuesto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, para que el Juez de Primera Instancia Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos, dentro del término de tres días, contados a partir de que cause ejecutoria la presente determinación, realice lo siguiente: 1. Sin dejar insubsistente la orden de aprehensión que dictó el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, respecto de la cual en este momento no se hace pronunciamiento sobre su constitucionalidad, deberá emitir la versión escrita correspondiente, sin exceder el alcance del emitido oralmente, donde exprese aun mínimamente todos los requisitos formales destacados en la presente sentencia, a fin de garantizar certeza y seguridad jurídica al quejoso y para que en su caso, esté en condiciones de combatir esas decisiones, sin que implique dejar al quejoso libre o afecte la validez de posteriores actuaciones. Sin soslayar que será hasta que se emita la versión escrita del acto reclamado y de que el quejoso promueva nuevamente un juicio de amparo, cuando se estará en aptitud analizar la constitucionalidad de esa resolución. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se sobresee en el juicio, promovido por PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, en contra del acto reclamado y autoridades precisadas en el considerando segundo y por las razones del tercero del presente fallo. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a PEDRO JAHEL GARCÍA CHAVEZ, en contra del acto reclamado al Juez de Primera Instancia Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos, en términos de lo expuesto en el considerando sexto y para los efectos precisados en el diverso séptimo del presente fallo. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy trece de enero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales a que haya lugar el oficio signado por el Juez de Primera Instancia Especializado en Control, del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en Atlacholoaya, Morelos, mediante el cual remite constancia de emplazamiento realizado a Jesús Ismael Báez Bravo; atento a su contenido, se tiene por cumplido el requerimiento efectuado en autos y por emplazada a dicho tercero interesado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suarez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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