Pedro Hurtado Hernández

Expediente 2065/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2065/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Reza López
  • Pedro Hurtado Hernández
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos
  • Guillermo Hurtado Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; circunstancia de la que se toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, se proveyó respecto al informe con justificación que tuvo a bien rendir el presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al que adjuntó diversas constancias relacionadas con el acto reclamado, de las que este órgano jurisdiccional se pronuncia al respecto. En relación a las constancias antes referidas, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el cual hizo consistir en la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio laboral 01/2327/05-JE1. La autoridad responsable al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama; lo que se corrobora con las constancias que remitió la Junta de mérito, consistente en copia certificada de la resolución reclamada a la cual se le concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2, en virtud de contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones por lo que hace prueba plena de los hechos afirmados por la propia responsable; por lo que el mismo se tiene plenamente probado. Es aplicable la jurisprudencia número 278, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cabe precisar, que de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte, que ante este órgano jurisdiccional la parte quejosa, promovió el diverso juicio de amparo 509/2018, en el que, reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: "la resolución de cinco de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio laboral 01/2327/05-JE1", en la cual, dada la sentencia amparadora y ejecutoriada se pronuncia la resolución que ahora reclama de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Del citado juicio de amparo 509/2018, destacan las actuaciones que a continuación se precisan, mismas, que actualizan la causa de improcedencia invocada: 1.- El Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, dictó la resolución correspondiente en el juicio antes referido en la que se determinó: ".PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pedro y Guillermo de apellidos Hurtado Hernández y Gerardo Reza López por conducto de su apoderado legal Adrián Román Hernández, por los motivos expuestos y para los efectos señalados en el considerando séptimo de la presente resolución.", el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, la sentencia antes referida, causa ejecutoria. 2.- En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se requirió a la responsable, el cumplimiento respectivo, de conformidad con los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo. 3.- Mediante oficio 2168/2018, de siete de diciembre de dos mil dieciocho, signado por la responsable, en el cual, en cumplimiento a la ejecutoria, remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, misma, que constituye el acto reclamado en esta vía de amparo. 4.- En relación a esta última resolución, en el juicio de amparo de referencia (509/2018), se dictó el proveído de once de diciembre del año próximo pasado, en el que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria por el término de tres días. 5.- Transcurrido dicho lapso, se dictó el proveído de once de enero de dos mil diecinueve, en el que, se hizo el señalamiento a la responsable, que no cumplió con los lineamientos de la ejecutoria. De ahí que, motivó se le hiciera nuevo requerimiento, en términos de los numerales 192, 193 y 194 invocados, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito, y dictara una nueva resolución en los términos indicados en la ejecutoria de amparo 509/2018. 6.- Por otra parte, cabe precisar que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 509/2018, determinó dejar insubsistente la interlocutoria de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, (acto reclamado en este juicio de amparo). Precisado lo anterior, resulta inconcuso, que la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, cesó en sus efectos, puesto que, al haberse determinado por este órgano jurisdiccional, en proveído de once de enero de dos mil diecinueve, que la autoridad responsable, con la emisión de la citada resolución no cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, lo que motivó nuevo requerimiento para que se cumpla con la misma, y con ello, al dejar sin efectos la resolución ahora reclamada y con la nueva emisión que se requirió emita la responsable cesa los efectos de la de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (acto reclamado); por tanto, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo, en términos de la fracción V, del numeral 63, de la invocada Ley. Para acreditar de manera fehaciente que se actualiza la causa de improcedencia invocada, agréguese a este juicio, copia certificada de las actuaciones a que se ha hecho referencia, relativas al juicio de amparo 509/2018. Cabe agregar, que para que se actualice la causa de improcedencia en análisis es requisito indispensable que los efectos del acto reclamado se hayan destruido en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, lo que en la especie aconteció, en razón de que, fue precisamente con el acuerdo de once de enero de dos mil diecinueve, dictado por éste propio órgano jurisdiccional, a través del cual determinó no tener por cumplida la ejecutoria amparadora de mérito, con la resolución pronunciada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, con la cual se destruyeron en forma total e incondicional los efectos de la resolución reclamada, en razón de que, al estimar en el mencionado juicio de amparo que dicha resolución no se ajustó a los términos en que concedió el amparo solicitado a la quejosa. En las narradas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la precitada Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo. ... Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dieciséis minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que por acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad que ahí se indica, por lo que no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación a las partes de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la misma para las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, residente en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogaran por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Así mismo y dada la voluminosidad de las constancias, y para un mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar el anexo I, debiendo tener a la vista durante el tiempo que dure este juicio. Ahora bien, hágase del conocimiento a las partes, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que a la letra dice: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Ahora, lo anterior no causa un perjuicio de naturaleza trascendental y grave a las partes, pues las citadas constancias (anexo), podrá ser consultado en las Instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, además que las mismas deberán ser analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

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