Pedro Iván Pérez Ruíz
Expediente 1045/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1045/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Pedro Iván Pérez Ruíz
Actuaciones
- Principal
Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Coatepec, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley del Juzgado Municipal, con residencia en Coatepec, Veracruz, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 238/2018, con número de orden 663/2018, del índice de este juzgado, girado a efecto de emplazar a la tercera interesada Alicia Guadalupe Martínez Ortiz, por sí y en representación de unos menores de edad de identidad resguardada; en consecuencia, dese de baja en la noticia mensual de estadística, para los efectos legales procedentes y, por otra parte, téngase por emplazada a la parte tercera interesada. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el término de tres días concedido a la tercera interesada Alicia Guadalupe Martínez Ortiz, por sí y en representación de unos menores de edad de identidad resguardada, mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del treinta de octubre al cinco de los cursantes, sin que a la fecha lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágaseles las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Pedro Iván Pérez Ruíz contra actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito, con sede en Coatepec, Veracruz. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1045/2018. Al respecto, se acuerda: SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de garantías. NO HA LUGAR A TRAMITARSE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN respecto del acto reclamado por no haberse solicitado expresamente, de conformidad con los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, sin que obste lo anterior, que la parte quejosa señaló en el petitorio tercero de su escrito de demanda, que se solicite el informe previo a la autoridad responsable, dado que tal manifestación debe formularse de manera expresa, con fundamento en los artículos citados. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a la autoridad señalada como responsable, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) Comunique el cambio de situación jurídica, y en su caso, sí han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero. b) Remita la copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero. II. A la parte quejosa: a) Que para el caso de que las autoridad señalada como responsable sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO A LOS TERCEROS INTERESADOS Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado en este asunto a Alicia Guadalupe Martínez Ortíz en representación de unos menores de identidad resguardada, quien tiene su domicilio en calle Cuauhtemoc, número cuarenta y tres, colonia Centro, en Coatepec, Veracruz. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la ley de la materia, gírese atento despacho al Juzgado Municipal, con sede en Coatepec, Veracruz, a efecto de que se sirva ordenar el emplazamiento de la citada tercera interesada, entregándole copia de la demanda de amparo y del presente auto de admisión. Además, deberá requerirla para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre debidamente notificada, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes aun las de carácter personal, serán practicadas por lista de acuerdos. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Diego Rafael Hernández Rivera, Madison Patricia Díaz Caraza y Julia García Limón, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 96523, 137941 y 166396, respectivamente. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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