Pedro Gabriel Gómez Sánchez

Expediente 22/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
22/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • Pedro Gabriel Gómez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de quince de enero de la presente anualidad, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por el promovente, y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Conforme lo anterior, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente; en el entendido de que se destruirá con posterioridad al DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte Quejosa, la determinación que dice: Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de enero de dos mil veintiuno. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal -reformado por su similar 25/2020 con relación al periodo de vigencia-, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 22/2021. Al respecto, se acuerda: Del análisis de la demanda de amparo se tiene que el acto reclamado consiste, en: El decreto de la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los Sistemas de Seguridad Social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz. En efecto, es un hecho notorio para este juzgado el decreto 588 de treinta de julio del presente año, publicado el veintinueve de septiembre siguiente en la Gaceta Oficial del Estado, decreto que en lo conducente establece: "Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed: Que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto para su promulgación y publicación: . Artículo Único. Se abroga la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de fecha 14 de febrero de 2015. T R A N S I T O R I O S Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto." Decisión sobre la instancia constitucional. Cabe destacar que el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse, por lo que es preciso considerar que en ese ámbito se clasifican de la siguiente manera: 1.- Leyes autoaplicativas: se caracterizan por tener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna, y pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entró en vigor, según lo previsto en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo; y el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna hipótesis previstas en el artículo 21 de la legislación en comento. 2.- Leyes heteroaplicativas: se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación, y pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su acto de aplicación. Esto es, que solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En efecto, la parte quejosa reclama en el presente juicio de garantías la derogación de la ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los Sistemas de Seguridad Social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz, por tanto, se desprende que el presente juicio de amparo lo promueve como autoaplicativo, pues vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, sin que se advierta que el quejoso reclame un acto concreto de aplicación. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Expuesto lo anterior, debe decirse que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los numerales 17, fracción I y 18, todos de la Ley de Amparo, en razón de que, como se evidenciará en líneas subsecuentes, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea. En efecto, dichos numerales, en lo que al caso interesa, establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;." "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Asimismo, conviene tener presente que el decreto que derogó la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto, es el treinta de septiembre de dos mil veinte. Entonces, acorde a la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda de amparo en la que se reclame una norma general autoaplicativa es de treinta días, plazo que deberá computarse a partir del día de su entrada en vigor. Cabe recordar que la parte quejosa reclama la derogación de la Ley 223 del Estado de Veracruz, que establece del derecho que tienen las personas físicas mayores de 70 años de edad y que no tenga ingreso alguno y tampoco tengan la protección de los sistemas de seguridad social del estado o la federación, a tener un apoyo económico, en su carácter de autoaplicativa, esto es, con motivo de su entrada en vigor, ya que se tratan de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia. Máxime que, en su demanda de amparo, la parte quejosa menciona que reclama la inconstitucionalidad de dicho decreto, como una norma auto aplicativa, sin que exista un acto concreto de aplicación. En ese sentido, si la demanda de protección de derechos fundamentales se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta Ciudad, el trece de enero de dos mil veintiuno, se estima que su presentación es extemporánea, ello tomando en consideración que la fecha en que entró en vigor la norma, fue el treinta de septiembre de dos mil veinte; y el plazo con el que contaba para la promoción del juicio de control constitucional comenzó a transcurrir a partir del treinta de septiembre de dos mil veinte y concluyó el doce de noviembre de dos mil veinte. De ahí que, es claro que transcurrió en exceso el plazo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que, su presentación fue extemporánea, lo que ocasiona que se tengan por consentidas tácitamente las normas generales reclamadas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 26/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, visible en la página 461. "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación". También sirve de sustento la jurisprudencia 3a./J. 40/91, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia Administrativa, Común, consultable en la página 26 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORANEAMENTE EN RELACION CON EL TERMINO DE 30 DIAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACION. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 21, 22, fracción I, y 73, fracción XII, segundo párrafo, de la ley de la materia, el amparo contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera dentro de los treinta días contados desde que entra en vigor, la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tiene lugar el primer acto de aplicación de la propia ley, en perjuicio de la parte quejosa; mas cuando la demanda de amparo se ha interpuesto extemporáneamente en relación con el plazo de treinta días siguientes a su vigencia, y por otro lado no comprueba la quejosa haberse colocado ella misma en la hipótesis que dicha ley prevé, ni tampoco que las autoridades responsables hayan aplicado en su contra el ordenamiento reclamado, debe concluirse que el amparo es improcedente, porque se dejó pasar la primera oportunidad para impugnar la ley, y aún no se presenta la segunda, por falta de actos de aplicación". Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo artículo 61, fracción XIV, y con apoyo en el diverso artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y como sus autorizados con las restricciones que impone el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que no aparecen sus registros en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y el quejoso no acreditó que cuenten con la autorización oficial para ejercer la licenciatura en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Julio Cesar López Céspedes, secretario que autoriza y da fe.

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