Pedro Hinojosa Acosta

Expediente 210/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 37 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
210/2020
Año
2020
Actuaciones
37
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • Pedro Hinojosa Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el sobre devuelto por la oficina del servicio de Correos de México que contiene el oficio 16050/2021, dirigido a la Guardia Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, Comandante Luis R. Bucio, por el motivo que a la literalidad se transcribe: "REHUSADO POR OFICIALÍA". En mérito de lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales, comisiónese a uno de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado para que remita de nueva cuenta el oficio en comento por medio del correo electrónico "guardia.nacional@sspc.gob.mx", para los efectos legales conducentes Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por ***, en su carácter de autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio en que se actúa, por lo que, con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias que indica en el escrito de cuenta, previa razón que de su recibo conste en autos. Se hace de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Finalmente, se autoriza a la persona que propone para recibir las copias autorizadas, en la inteligencia que para tal efecto tendrán que solicitar una cita, sobre la base de los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; es decir, deberán generar una cita por conducto del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, "Agenda OJ", y obtener un código QR, a fin de que se les permita ingresar a este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se requiere a las partes para que, en caso de comparecer ante este órgano jurisdiccional, cumplan con las medidas sanitarias correspondientes, como es el uso obligatorio de cubre bocas, no tener una temperatura corporal mayor a 37.5°C, o que haya presentado tos, dolor de garganta, dificultad para respirar o escurrimiento nasal. Bajo el entendido que de incurrir en alguno de los supuestos anteriores, no se les permitirá el acceso a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, en términos del acuerdo general antes citado. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, la parte quejosa omitió desahogar la vista otorgada en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, a pesar de haber sido legalmente notificadas de dicho acuerdo. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado, a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, con base en los elementos existentes en el expediente, y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, se procede a analizar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior además, en observancia a la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con número de registro digital 192174, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que literalmente reza: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora bien, en la resolución dictada por este Juzgado, el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por PEDRO HINOJOSA ACOSTA, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando tercero, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a PEDRO HINOJOSA ACOSTA, respecto de las autoridades y acto precisados en el considerando cuarto, por las razones expuestas en el diverso sexto de esta sentencia. TERCERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a PEDRO HINOJOSA ACOSTA para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia." Precisando que los efectos de la concesión de amparo, son para que la autoridad responsable Fiscal Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, realice lo siguiente: ".deje sin efectos el aseguramiento decretado tanto en el acta de cateo de catorce de febrero de dos mil veinte, como en el acuerdo de trece de febrero de dos mil veinte, relativo al inmueble ubicado en Calle Tlacotepec sin número, Barrio de San José, dentro del paraje denominado "Tlacotepec", Huitzilac, Morelos, al Norte de la cabecera municipal de dicha localidad." Resolución que causó ejecutoria el veinticinco de junio del presente año, este órgano jurisdiccional, requirió a la autoridad responsable Fiscal Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el dos de julio de dos mil veintiuno, registrado bajo el folio 8388, la Encargada de Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, remitió copia certificada del acuerdo de levantamiento de aseguramiento de veintiocho de junio actual, mediante el cual dejó sin efectos el aseguramiento decretado tanto en el acta de cateo de catorce de febrero de dos mil veinte, y en el acuerdo de trece del mismo mes y año, relativo al inmueble ubicado en el Paraje Tlacotepec del Barrio de San José, en Huitzilac, Morelos. Asimismo, por diverso recibido el veinte de julio del presente año, registrado con el folio 9326, la autoridad responsable, anexó copia certificada del acta circunstanciada de dieciséis de julio del presente año, en la se hace constar que se retiraron los sellos y se realizó la entrega del bien inmueble afecto al presente juicio de amparo, al quejoso Pedro Hinojosa Acosta, así como a Santa Yessenia Contreras Guadarrama. Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO Bajo esa tesitura, atento al estudio íntegro efectuado al oficio de referencia, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho conculcado, toda vez que, la autoridad responsable dejó sin efectos el aseguramiento decretado tanto en el acta de cateo de catorce de febrero de dos mil veinte, como en el acuerdo de trece de febrero de dos mil veinte, relativo al inmueble ubicado en Calle Tlacotepec sin número, Barrio de San José, dentro del paraje denominado "Tlacotepec", Huitzilac, Morelos, al Norte de la cabecera municipal de dicha localidad y realizó la entrega del bien inmueble afecto al presente juicio de amparo, al quejoso Pedro Hinojosa Acosta. En consecuencia, en las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. ESTUDIO DE EXCESO Y DEFECTO Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. SE ORDENA ARCHIVO Por otra parte, agréguese a los autos el original del incidente de suspensión y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional y por interlocutoria de once de agosto del citado año, en su único punto resolutivo, se negó la suspensión definitiva; por tanto, se declara que el cuaderno principal de dicho incidente es susceptible de depuración. Lo anterior, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del precitado acuerdo. Asimismo, el duplicado del cuaderno del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del ordenamiento antes citado, es susceptible de destrucción, además de que, como se advierte de autos, no obran documentos originales y este Juzgado estima que el presente asunto no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse; por lo que, se ordena agregar copia simple del presente proveído al duplicado del cuaderno del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la encargada de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, por medio del cual, remite copia certificada del acta circunstanciada de dieciséis de julio del presente año, en la se hace constar que se retiraron los sellos y se realizó la entrega del bien inmueble afecto al presente juicio de amparo, al quejoso Pedro Hinojosa Acosta, así como a Santa Yessenia Contreras Guadarrama. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que de no realizarlo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 247, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 203, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Ahora, toda vez que del contenido de las constancias remitidas se advierte que contiene información reservada y confidencial de conformidad con los artículos 110 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; no obstante, considerando la naturaleza del acto reclamado y la especificidad del caso concreto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a una adecuada defensa, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se permite a las partes el acceso a las constancias exhibidas por la autoridad oficiante, ÚNICAMENTE PARA SU CONSULTA; sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Ello no implica que este juzgado realice una desclasificación, sino que, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa es que se hace de su conocimiento, para que haga valer lo que a su derecho convenga, sin que por ese motivo la información de mérito se esté haciendo pública, pues únicamente se puso a la vista de las partes que intervienen en este juicio, no el público en general (terceros); máxime que al momento de verificar su contenido se advierte que dicha documentación es materia de la litis. Sirve de apoyo a la consideración anterior la tesis P./J. 45/2007, visible en la página 991, del tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN. En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen información reservada. No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva". Así como la tesis 1ª.XXXVII/2006, visible en la página 650, del tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 2o., 7o., 13, 14, 18, 19 Y 43 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTES EN 2004, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Los citados preceptos, al establecer la facultad de los particulares titulares de la información que obra en poder de las autoridades para delimitar o determinar la parte que puede ser de conocimiento público, con el objeto de no poner en riesgo información relativa a secretos industriales o aspectos técnicos, entre otros y evitar con ello que se les perjudique en el desarrollo de su actividad y fin, no violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, dada la función y objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de transparentar y publicitar todos los actos de las autoridades federales, así como garantizar el derecho a la información contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal, dicho ordenamiento debe buscar un equilibrio entre los principios contenidos en este precepto y aquellos que prevé el citado numeral 16, pues estimar lo contrario -que la información en la que tienen injerencia particulares y que obra en resguardo de las autoridades federales no puede ser proporcionada para consulta de otros gobernados- equivaldría a hacer nugatorio el derecho a la información y contravenir el propio fin para el cual fue creada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es por ello que en forma sui géneris se establecen los mecanismos para lograr el propósito de la indicada Ley y, a su vez, se garantiza a los particulares titulares de información en que interviene el Gobierno Federal, que no se trastoquen sus derechos públicos subjetivos". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia únicamente del oficio registrado con el folio 9326, no así del anexo remitido por la autoridad responsable.

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