Pedro Garrido Sanchez
Expediente 1459/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1459/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pedro Garrido Sanchez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente, hubiese recurrido el auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. Queda firme En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Zona Oriente, de quien reclama el retardo en la tramitación y negativa a la solicitud de judicialización en la carpeta de investigación *** Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número ***, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo promovida por ***, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo , se desecha, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XX, de la ley en consulta, que establece lo siguiente: . Dicho numeral dispone, que el juicio de amparo, es improcedente en contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales la ley prevea algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados, nulificados o analizados. En el caso, el peticionario de amparo señala como autoridad responsable al: 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Zona Oriente. A quien le atribuye el acto consistente en: El retardo en la tramitación y negativa a la solicitud de judicialización en la carpeta de investigación *** El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece literalmente lo siguiente: . Del artículo transcrito se colige que, contra las decisiones del Ministerio Público sobre las omisiones durante la investigación de los delitos, así como en contra de las decisiones o determinaciones de archivo temporal, de abstención de investigación y de no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el juez de control. Por ello, si el legislador estableció una instancia jurisdiccional para controvertir las omisiones durante la investigación de los delitos, así como en contra de las decisiones o determinaciones de archivo temporal, de abstención de investigación y de no ejercicio de la acción penal, es inconcuso se puede interponer el recurso de queja y contra la resolución que se emita en esta última, podrá promover el juicio de amparo indirecto, ya que en el caso, no opera algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Por tanto, la presente demanda de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que previamente al ejercicio de la acción constitucional, se debió agotar el recurso judicial previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de ser el caso que la resolución dictada por el Juez de Control no le favoreciera acudir al juicio de amparo. Por consiguiente, se desprende que el juicio de amparo es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse el principio de definitividad, el juicio de amparo será improcedente. Lo anterior sin soslayar que en términos de la fracción VII del artículo 107 de la ley de la materia, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como en contra de las decisiones o determinaciones de archivo temporal, de abstención de investigación y de no ejercicio de la acción penal, conforme al artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, pues dicha norma de procedencia del juicio de amparo, no dispensa la aplicación del principio de definitividad, en caso de que la impugnación en sede judicial sea biinstancial, por lo que, de ser así, debe agotarse la vía jurisdiccional, toda vez que no existe motivo alguno que justifique que el juicio de amparo indirecto suplante al recurso innominado establecido en la legislación general. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2018, Materia Común, Penal, registro 2017641, de rubro y contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De igual forma, la Jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2018, Materia Común, Penal, registro 2017640, de rubro y contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. En consecuencia, en el caso queda actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XX, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en lugar visible de este Juzgado de Distrito, lo anterior, por así haberlo solicitado el peticionario de amparo. Tiene de aplicación la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 1067, Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Por otra parte, y vista la certificación en el proemio del presente auto, se tiene únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, en razón de que es necesario acreditar tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado y la naturaleza del acto (materia penal), en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.
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