Pedro Herrera Jiménez

Expediente 1240/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1240/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Pedro Herrera Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que SOBRESEE el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley ARCHÍVESE el mismo. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por la partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ......, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese como juicio de amparo indirecto 1240/2017, en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe:.......La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, respecto del reclamo al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlalchapa, Guerrero, así como a su Presidente, Síndico Procurador, Secretario de Finanzas y/o Tesorero de dicha dependencia, como autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. - - - Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". Así, este juzgado federal estima que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, ya que el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlalchapa, Guerrero, así como el Presidente, Síndico Procurador y Secretario de Finanzas y/o Tesorero de dicha dependencia, son parte patronal en el juicio laboral 304/2009, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, señalados como responsables en el presente juicio de amparo, no tienen el carácter de autoridad para efectos del amparo. Esto es así, porque en el procedimiento de ejecución de los laudos establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley 51, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que es el ordenamiento legal aplicable, el Ayuntamiento demandado en el juicio natural mantiene una relación de igualdad con la parte quejosa -parte actora-, no de supra a subordinación, ya que tal como si fuese un ente privado, en contra de ese municipio puede y debe substanciarse hasta su culminación la ejecución forzosa del laudo dictado en favor del impetrante -en su carácter de trabajador-, lo que evidencia que, en tal procedimiento, el Ayuntamiento no actúa con el carácter de autoridad; por el contrario, se asemeja a un particular en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir, obligatoriamente, a través de la vía ordinaria y forzosa instituida en la ley aplicable para ese fin. En efecto, los artículos 97 y 98 de la Ley 51, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establecen: "ARTÍCULO 97. El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." "ARTÍCULO 98. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores." En virtud de esos preceptos se establece la función trascendental y las herramientas vinculatorias que el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, tiene para hacer cumplir los laudos, pues para tal propósito:  El tribunal está constreñido a dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo sea pronta y expedita.  En caso de incumplimiento del laudo, el tribunal dictará el auto de ejecución y comisionará al actuario para que asociado del actor requiera de pago, así como ordenará los medios de apremio que procedan para su ejecución.  La diligencia de requerimiento de pago se practicará en el domicilio de la demandada, una vez que se haya citado al titular o representante legal, si éstos no aguardan en la fecha y hora señaladas, las diligencias se practicarán con el servidor público que se encuentre presente. Para el cumplimiento del laudo se podrán decretar, entre otros, los medios de apremio consistentes en multa la cual podrá ser hasta de quinientos días de salario mínimo, vigente en la capital del Estado de Guerrero, ello en términos del artículo 95 de la Ley 51, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, las diligencias de requerimiento de pago, con la prevención o aplicación de los medios de apremio señalados, se harán por conducto del actuario en el domicilio de la demandada. De lo expuesto, se advierte que la Ley 51, citada en el párrafo que antecede, establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Tribunal, para exigir el cumplimiento forzoso de la ejecución del laudo dictado en favor de la parte quejosa, quien tiene el carácter de trabajador en el juicio laboral 304/2009. Así, en ese procedimiento de ejecución destaca que el tribunal referido está en aptitud de requerir el pago del adeudo, al Ayuntamiento en su carácter de patrón obligado, en términos de lo previsto en la ley en comento, y de poder hacer cumplir también lo decidido en el laudo a través de los medios de apremio establecidos en la propia ley. Esto es así, ya que como ha quedado precisado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 al 98, el Tribunal está legalmente facultado para aplicar los medios de apremio necesarios para el cumplimiento del laudo dictado. En dichas condiciones, de conformidad con lo establecido en las indicadas disposiciones legales, es manifiesto que en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlalchapa, Guerrero y de sus integrantes Presidente, Síndico Procurador y Secretario de Finanzas y/o Tesorero, sí es procedente aplicar los medios de apremio previstos en la propia ley, como medidas para ejecutar el laudo dictado en favor de los impetrantes de amparo. Sin que además pase inadvertido para este órgano constitucional, el criterio contenido en la jurisprudencia número 85/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXIV, Julio 2011, Materia Común, visible en la página 448, del rubro y texto siguiente:......Lo anterior, en virtud que ese criterio jurisprudencial, se sustenta en la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública Federal o de las Entidades Federativas, al estipular que en contra de estas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo, y en el presente asunto se trata de un Ayuntamiento Municipal del Estado de Guerrero, en contra del cual sí se puede cumplir el laudo mediante ejecución forzosa, pues así lo establece la Ley 51, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Además, se enfatiza que en el juicio laboral origen del acto reclamado, no se demandó a una institución o dependencia federal o estatal a la cual sea aplicable la disposición del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino que se demandó a un municipio y, como ya se dijo, en la ley laboral aplicable sí se prevé que en contra de los municipios -como es el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlalchapa, Guerrero,- sea procedente decretar medidas para el cumplimiento del laudo que fue favorable a la parte actora, aquí quejosa. Luego, como ha quedado precisado en párrafos que anteceden, a diferencia del referido artículo 4, la Ley 51, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, sí prevé el procedimiento de ejecución forzoso a seguir en contra del laudo dictado a favor del quejoso, en el cual sí se faculta al tribunal burocrático, para que dicte auto de ejecución y de ser necesario aplique los medios de apremio para el cumplimiento del laudo respectivo dictado en contra de los Ayuntamientos. Por tanto, como en la ley aplicable no se prevé la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles; por el contrario, tal como si fuese un ente privado, en contra de ese Ayuntamiento puede y debe substanciarse hasta su culminación la ejecución forzosa del laudo dictado en favor de los impetrantes, mediante el establecimiento de medidas de apremio, resulta evidente que en el procedimiento de ejecución de laudo previsto en la citada Ley 51, el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlalchapa, Guerrero, no actúa con el carácter de autoridad, sino que se asemeja a un particular (patrón) en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir, obligatoriamente, a través de la vía ordinaria instituida en la ley. En los términos señalados, de las constancias de autos se evidencia que hasta el momento, en el procedimiento de ejecución ordinario, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, ha dictado auto de requerimiento de pago en cumplimiento al laudo, en términos de lo establecido en la Ley 51, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en el que de ser necesario está facultado a aplicar los medios de apremio en contra del Ayuntamiento demandado en el juicio natural y de sus integrantes, para hacer cumplir forzosamente el laudo dictado en favor del quejoso, desde luego que hasta en tanto no se substancie y culmine ese procedimiento de ejecución conforme a las formalidades legales establecidas y agotadas todas las herramientas vinculatorias que tiene a su alcance el citado tribunal, en dicho procedimiento -se insiste- el referido Ayuntamiento mantiene una relación de igualdad procesal con la parte actora aquí quejosa, no de supra a subordinación; razón por la cual en el caso, ese municipio no actúa con el carácter de autoridad, sino solo como un ente particular que, como cualquier otro, debe cumplir obligatoriamente el laudo dictado en su contra, que lo vincula a su cumplimiento forzoso. Para robustecer que en ese procedimiento de ejecución ordinario, el Ayuntamiento no actúa con el carácter de autoridad, sino que actúa frente al impetrante bajo una relación de igualdad procesal, se cita en apoyo la jurisprudencia número 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Al igual, es aplicable la jurisprudencia que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Materia Común, Tesis 2a./J. 79/2014 (10a.), página 699, con número de registro 2007066, que literalmente dice:.......No escapa de la vista la jurisprudencia del pleno del Decimoquinto Circuito de rubro: "MUNICIPIOS Y/O AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS DEPENDENCIAS. LA OMISIÓN DE CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE UN LAUDO CONDENATORIO QUE PUEDA AFECTAR SU PATRIMONIO EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" sin que para los quejosos sea aplicable; en virtud, de que en la misma se hizo un análisis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en su artículo 85, en la que se determinó que los bienes que integran el patrimonio municipal son inembargables así como, que no se puede emplear la vía de apremio, dictarse mandamiento de ejecución, ni hacerse efectivas a las resoluciones por vía forzosa; circunstancia que es diversa a la que acontece con la legislación laboral aplicable en el estado de Guerrero, en virtud que, la Ley 51 Burocrática estatal si provee la ejecución forzosa de laudo, así como la posibilidad de aplicar medidas de apremio, lo que hace concluir que el criterio jurisprudencial en comento sea inaplicable al caso en el cual se determinó desechar la demanda respecto del Ayuntamiento mencionado al inicio de este auto. Entonces, en concordancia con las anteriores consideraciones, y de una nueva reflexión, al advertirse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlalchapa, Guerrero y sus integrantes Presidente, Síndico Procurador y Secretario de Finanzas y/o Tesorero, parte patronal en el juicio laboral 304/2009, señalados como responsables en el presente juicio de amparo, no tienen el carácter de autoridades para efectos del amparo, pues estos últimos al pertenecer al ente público (Ayuntamiento) como integrantes del mismo, deben velar por el debido cumplimiento del laudo, máxime que como ya se dijo, el Tribunal laboral, puede hacer cumplir forzosamente el laudo a través de sus integrantes, aplicando la medida de apremio prevista en el artículo 95, de la referida Ley 51, ya actualizada; por lo que, lo procedente es DESECHAR PARCIALMENTE la demanda de amparo promovida por Pedro Herrera Jiménez, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, por lo que hace únicamente al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlalchapa, Guerrero, así como a su Presidente, Síndico Procurador, Secretario de Finanzas y/o Tesorero de dicha dependencia, señalados como responsables, y el acto que se reclama de los mismos, en su escrito de demanda. ADMISIÓN DE DEMANDA Por otra parte, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del juicio; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda únicamente por cuanto hace a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni advertirse que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. INFORME JUSTIFICADO Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberán rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Asimismo, requiérase a la autoridad señalada como responsable para el efecto de que informe a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama el quejoso, se han promovido diversos juicios de amparo, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual, se le hace saber que, si se omite manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede. TERCERO INTERESADO Por otra parte, con fundamento en el artículo 5° de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlalchapa, Guerrero, en consecuencia, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácese por medio de oficio que al efecto se le gire en el domicilio de su residencia oficial, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo para los efectos legales procedentes. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que exhibe, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que mencionan, dada la materia del acto reclamado. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal.....

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano