Pedro Galvez Ramírez
Expediente 71/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Pedro Galvez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual informa los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto remite copia certificada del acuerdo de quince de marzo del año en curso. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días hábiles, siguiente al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copia certificada de las cédulas de notificación hecha a las partes del acuerdo de quince de marzo del año en curso. Asimismo, dígase a la autoridad responsable que está obligada a realizar los trámites inherentes para lograr el acatamiento total de la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no cumplir en el lapso señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero de esta anualidad; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene recibida la demanda de amparo, promovida por Pedro Gálvez Ramírez, por propio derecho; contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo indirecto número 71/2023, fórmese expediente impreso y electrónico. En otro orden, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda de amparo, de su conocimiento, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Luego, es ineludible precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, con número de registro 180663, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en que la autoridad responsable, señaló fecha lejana para el desahogo de las pruebas en el juicio laboral burocrático 77/2021, mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, argumentando que dicha data es contraria al término legal. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Los razonamientos anteriores se contienen en la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro treinta, mayo de dos mil dieciséis, tomo II, página mil ochenta y seis, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora bien, la parte promovente se duele que la autoridad responsable, mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro de las actuaciones del expediente laboral 77/2021 -juicio de origen- señaló para el desahogo de las pruebas admitidas, las siguientes: Diez horas del día doce de enero de dos mil veintitrés, desahogo de la prueba inspeccional ofrecida por la parte actora en el juicio natural; Doce horas del día doce de enero de dos mil veintitrés para el desahogo de la prueba inspeccional ofrecida por la parte demandada en el juicio natural; Trece horas con treinta minutos del día nueve de febrero de dos mil veintitrés, para el desahogo de la prueba confesional; y, Diez horas del veinte de abril de dos mil veintitrés para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio natural. Sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, en virtud de la proximidad en la fecha señalada por la responsable. Sobre este particular, existe jurisprudencia obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en el sentido de que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado o bien una demora prolongada. Sirve de apoyo la Jurisprudencia III.3o.T. J/3(10a), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro treinta y siete, diciembre de dos mil dieciséis, tomo II, página mil quinientos sesenta y nueve, que establece: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse." De esta manera, el plazo de cuatro meses atendiendo a los datos estadísticos en los que este órgano jurisdiccional resuelve este tipo de asuntos, puede considerarse como un término referente para estimar aquellos supuestos en que existe una abierta dilación al procedimiento laboral, vinculando dicha temporalidad con el promedio de resolución de los amparos indirectos en el Circuito; máxime, que tratándose de la violación a los plazos y términos previstos en la legislación laboral, si éstos no exceden de esos cuatro meses, sería difícil cumplimentar una posible concesión de amparo, puesto que al quedar firme la sentencia, una vez tramitadas ambas instancias, la fecha señalada como lejana, obviamente ya habría transcurrido. Entonces, si el acto reclamado consiste en las fechas lejanas para desahogar las pruebas admitidas en el juicio natural, y que fueron señaladas mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, al no exceder de cuatro meses, a la presentación de la demanda de amparo, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento laboral, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo. Lo anterior, ponderando que acorde a la fecha de presentación de la demanda (veinticuatro de enero de dos mil veintitrés), a las datas que se consideran lejanas o remotas (doce de enero, nueve de febrero y veinte de abril, todas de dos mil veintitrés), pues los cuatro meses se estarían cumpliendo en el mes de mayo del presente año. Por ello, aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, lo cierto es que no media el lapso referido de cuatro meses, tomando en cuenta que durante éste sobrevienen como inhábiles los días veinte y veintiuno de marzo, así como los días uno y cinco de mayo, todos del dos mil veintitrés, lo anterior acorde al calendario oficial de labores de este órgano jurisdiccional, lo que se obtiene de la página de internet siguiente: https://www.cjf.gob.mx/transparencia/paginas/diasinhabiles.htm. En tales condiciones con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu; y, 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** dada la materia del acto reclamado y por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, con fundamento en los artículos 77, 79 y 93, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se autoriza al usuario "********************", que corresponde a nombre de ********************, el seguimiento del presente juicio vía electrónica, que incluye, la consulta y presentación de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, así como para recibir notificaciones a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a ello, se instruye a la oficial judicial encargada del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas" En ese mismo tenor, se le tiene señalando el correo electrónico ********************, así como el número telefónico ********************, únicamente para contacto no procesal, lo que se hace del conocimiento del fedatario adscrito a este juzgado al que le corresponda conocer del presente asunto. Lo anterior, toda vez que en líneas precedentes se le tuvo designado para oír y recibir notificaciones el domicilio procesal a que hizo referencia, así como a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Además, porque si bien, con antelación resultaba procedente notificar a las partes mediante dichos medios electrónicos (correo electrónico y teléfono), también lo es que, ello, acontecía debido a que nos encontrábamos inmersos en la pandemia por Covid-19, razón por la que se emitieron diversos acuerdos generales, a efecto de salvaguardar la salud tanto de los justiciables como de los funcionarios de los diversos órganos jurisdiccionales; sin embargo, una vez controlada dicha pandemia, los mismos fueron abrogados mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, en los que, además, se derogaron diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho quejoso deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. HABILITACIÓN Asimismo, con apoyo en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés pública y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario judicial adscrito que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y el Secretario Proyectista Salvador Amador Pacheco, con quien actúa y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Doy fe.
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