Pedro Hernández Jara
Expediente 1344/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/10/2019
Partes del expediente
- Pedro Hernández Jara
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE 10 DE OCTUBRE DE 2019, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 9 DE OCTUBRE DE 2019, EL CUAL EN ESENCIA, DICE: Visto el escrito signado por *****; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1344/2019-II-A. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De una lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: La omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje para emitir el auto que declare cerrada la instrucción en el juicio laboral ****/2017. DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, este juzgado de Distrito, estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: .. Lo anterior es así, ya que el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. En el caso, se está en presencia un acto que no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la omisión reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto Lo anterior, pues solamente produciría efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene un acuerdo favorable en el juicio de origen del acto reclamado. En efecto, respecto a la dilación aludida, sólo será procedente su estudio en amparo indirecto cuando exista una abierta o total paralización del procedimiento, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. ... Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Lo anterior es así, pues el suscrito estima que la omisión que por esta vía reclamada, no es de aquellas que produzcan un afectación de manera irreparable, pues el hecho de que la autoridad responsable a la fecha no haya emitido pronunciamiento con relación al cierre de instrucción dentro del juicio laboral ***/2017, no vulnera en su perjuicio derechos fundamentales tutelados por la carta magna, sino que se traduce en una violación de derechos adjetivos que sólo producen efectos formales, por ser una violación al procedimiento emitido en el procedimiento de origen. En ese sentido, cabe precisar que los artículos 838 y 885 de la Ley Federal del Trabajo, señalan:... ...No obstante, se colige que la responsable, cuenta con un término de cuarenta y ocho horas siguientes a que reciba promociones por escrito, a fin de proveer. Ello es así, pues el numeral 772, párrafo primero, de la citada normatividad, establece lo siguiente: "Artículo 772.- Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente.". De lo dispuesto en el precepto anterior, se advierte que se encuentra establecido un lapso preciso de cuarenta y cinco días naturales para que la junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite y los juicios no queden indefinidamente paralizados, lo cual resulta útil para determinar que una vez transcurriendo dicho plazo se considerará que se ha configurado una dilación excesiva, traducida en una paralización del procedimiento. En ese sentido, toda vez que el período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil es el de cuarenta y cinco días naturales; por lo tanto, el juicio de amparo procederá cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Ahora, en el caso que nos ocupa, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala bajo protesta de decir verdad, que el veintiséis de septiembre del año en curso, feneció el plazo para que las partes formularan alegatos, y a la fecha no ha emitido el auto que declare cerrada la instrucción en el juicio laboral ***/2017, es claro que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo aun no pueden computarse los cuarenta y cinco días naturales, posteriores a las cuarenta y ocho horas que establece el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior es así, pues el numeral 885 de esa legislación, en la parte conducente estable que una vez desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes y, en concordancia con el artículo 772 de la ley en comento, es necesaria promoción de alguna de las partes para formular alegatos. Aunado a lo expuesto, el propio artículo 885 de que se trata, precisa que después de formulados los alegatos, el Auxiliar de la Junta, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esa ley. Y, sin soslayar lo apuntado, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, sin que las partes hayan instado alegatos en el juicio de origen, se encuentra transcurriendo la dilación de diez días para que el Auxiliar de la Junta responsable declare cerrada la instrucción en dicho juicio, pues el quejoso, bajo protesta de decir verdad manifestó que el periodo para formular alegatos feneció el veintiséis de septiembre del año en curso y los diez días para tal efecto concluye el diez de octubre de dos mil diecinueve. Acotado lo anterior, se concluye que no se está ante una dilación franca y directa en la que hubiera incurrido la junta responsable, lo anterior tomando en consideración los días que tiene la responsable para emitir el acuerdo correspondiente, más el término que consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (45 días naturales). En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata
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