Pedro Gilberto Gutiérrez Alonso

Expediente 684/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
684/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
26/05/2017

Partes del expediente

  • Pedro Gilberto Gutiérrez Alonso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Jorge Manuel Cano Corona, que da fe.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, y en atención a que la parte quejosa mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el cuatro de mayo del año en cuso (fojas 2581 a 2583 del Tomo III), realizó manifestación sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Previa reposición de procedimiento, por sentencia terminada de engrosar el doce de febrero de dos mil trece, por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo solicitado. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión que por razón de turno correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien lo registró con el número 79/2013 y por ejecutoria de ocho de noviembre de dos mil trece (fojas 1486 a 1565 del tomo II), desechó diverso recurso, modificó la sentencia, sobreseyó y concedió el amparo solicitado para efectos de que el Titular del ejecutivo Federal: Iniciara el procedimiento en el que la parte quejosa pudiera alegar lo conducente respecto al decreto de expropiación publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y tres, donde expropia por causa de utilidad pública, una superficie de 7-21-51-16 hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos ejidales, correspondientes al poblado "SAN JERÓNIMO ACAZULCO", Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, a favor del Gobierno del Estado de México, para destinarlas a la ampliación de la carretera México-Toluca, tramo Toluca-La Marquesa, así como todas las consecuencias derivadas de dicho documento." Y resolviera conforme a derecho en el entendido de que, al haberse ejecutado el derecho, en su caso, debería la autoridad determinar el pago por indemnización de los terrenos expropiados. Por auto de nueve de diciembre de dos mil trece, se requirió su cumplimiento (foja 1567 del tomo II). Atento a ello, tras múltiples solicitudes de cumplimiento, por autos de treinta de abril, veintidós y treinta de septiembre, veinte, veintidós y veintiocho de octubre, todos de dos mil quince, uno de abril y ocho de junio, ambos de dos mil dieciséis (fojas 2042 a 2044, 2118 a 2125, 2148 a 2149, 2161 a 2162, 2174 a 2175, 2209 a 2210, 2357 a 2361, 2406 a 2411 del tomo II), se establecieron las directrices a seguir para que la responsable Director General de la Propiedad Rural de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos solicitados. Ante la conclusión del encargo del Comisariado Ejidal de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, una vez requeridas diversas constancias, el diez de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo con el carácter de parte quejosa al presidente, secretario y tesorero suplentes del Comisariado Ejidal de San Jerónimo Acazulco Municipio de Ocoyoacac, Estado de México (foja 2541 del tomo II). Por oficio REF.I.110/AD/D/15715/2016, recibido el once de octubre de dos mil dieciséis (fojas 2454 a 2468 del Tomo III), el Director General de la Propiedad Rural en la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Directora General Adjunta de Expropiaciones, remitieron: El oficio de comisión de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, por el cual personal adscrito a la Delegación de esa dependencia en el Estado de México, procedió a realizar la notificación correspondiente al poblado quejoso del Decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y tres (foja 2457 del Tomo III). Citatorio de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis (foja 2458 del tomo III). Cédula de notificación por instructivo de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, levantada por el comisionado de la Delegación de esa Dependencia en el Estado de México, donde al no haberse encontrado el presidente del Comisariado, no obstante haberse dejado citatorio previamente, procedió a realizar la notificación de manera personal al secretario y tesorero, quienes al firmar manifestaron que no se garantiza su derecho de audiencia y mediante instructivo al presidente de dicha representación (fojas 2459 y 2460 del Tomo III). En la misiva de referencia se asentó que se fijó en la puerta de domicilio la cédula de notificación 5474/GOB.EDO en la cual se precisó el número del expediente de expropiación, el lugar donde se debería acudir a consultar el mismo, señalando que para ello contaban con un plazo de diez días para alegar y desahogar las pruebas que fincaran en su defensa, con el fin de respetar la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, refieren que dicha notificación no fue atendida por los integrantes del ejido quejoso. De la misma forma se adjuntó el oficio DGJC/DA/202231005/4479/2016, por el cual el Director General Jurídico y Consultivo informó al Director General de la Propiedad Rural que solicitó a la Junta de caminos del Estado de México, realizara el pago del avalúo solicitado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (foja 2465 del Tomo III) En diversa actuación número REF.I.110/A/D/12405/2017, recibida el veinte de abril del año en curso, la citada responsable remitió el dictamen valuatorio de diecisiete de marzo anterior, genérico G-14508-ZNC y secuencial 03-17-1704 emitido por el instituto referido en el párrafo que antecede, respecto del valor correspondiente a la superficie de 7-21-51.16 hectáreas de los terrenos ejidales expropiados al poblado de San Jerónimo Acazulco, Municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México (fojas 2564 a 2573 del Tomo III) Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que se atendieron a los efectos del fallo protector, dado que: En fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, inició el procedimiento relativo al decreto de expropiación publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y tres, en el que se otorgó a la parte quejosa pudiera el derecho de alegar lo conducente; y Atento al dictamen valuatorio de diecisiete de marzo de la anualidad que transcurre, se determinó el pago por indemnización de los terrenos expropiados por una cantidad actualizada de 1´020,534.72 (un millón veinte mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). Por lo anterior, debe hacerse mención que se restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. No obsta, que por escrito recibido el cuatro del presente mes y año, la parte quejosa haya manifestado que la responsable no había dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que no se les llamó para realizar el avalúo y mucho menos se les da la garantía de audiencia sobre la indemnización, toda vez que no existe una ubicación o localización de dónde están dichos terrenos valuados, ni un dictamen completo del que se advierta que el perito se presentó físicamente en el lugar para el recorrido físico o aún más un plano que identifique dicha superficie, así tampoco no consta la intervención de la quejosa en el procedimiento de indemnización. Ello es así, pues los efectos de la sentencia fueron exclusivamente para que se iniciara el procedimiento administrativo en el que la parte quejosa pudiera alegar lo conducente respecto al decreto de expropiación reclamado; y, resolviera conforme a derecho en el entendido que, al haberse ejecutado el derecho, en su caso, debería la autoridad determinar el pago por indemnización de los terrenos expropiados; lo que ocurrió en su términos. Luego, la como se advierte de autos, se notificó de manera personal a la parte quejosa de la instauración del procedimiento de expropiación el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, por conducto de su secretario y tesorero, y mediante instructivo al presidente de dicho Comisariado Ejidal, se fijó en la puerta del domicilio el lugar dónde se debería acudir a consultar el mismo, y se señaló que contaba con un plazo de diez días para alegar y desahogar las pruebas que fincara en su defensa, con el fin de respetar la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, si la parte quejosa se encuentra inconforme con el trámite realizado dentro del expediente administrativo, tiene a su disposición los medios legales por los que puede combatir lo que en su caso considere violaciones a las leyes del procedimiento en el expediente respectivo, tomando en consideración que fue llamado al mismo, por lo que se dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma correspondiente.

  3. Principal

    Siendo las nueve horas, del diez de mayo de dos mil diecisiete, notifico a la parte tercero interesado, las determinaciones señaladas en la razón anterior por medio de lista que fijo en los estrados de este órgano jurisdiccional, por no haberse presentado a oírla en forma personal conforme a lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo Vigente. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese el escrito del tercero interesado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídanse en un tanto la copia que solicita; previa razón de recibo.

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