Pedro Hernández García

Expediente 181/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
181/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Pedro Hernández García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintitrés.********************En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por ******************** y ********************, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. ********************Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de treinta de marzo de dos mil veintitrés, respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. ********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.********************Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito con sede en Cabezas del Municipio de Puente Nacional, Veracruz; con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.********************Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 181/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por Pedro Hernández García y Guadalupe Hernández García, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de treinta de marzo de dos mil veintitrés, respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito con sede en Cabezas del Municipio de Puente Nacional, Veracruz; con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo181/2023 promovido por Pedro Hernández García y Guadalupe Hernández García; el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Miguel Gastón Manzanilla Hernández, secretaria con quien actúa y da fe, la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa de las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del último informe justificado rendido por las autoridades responsables, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón de que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con los siguientes medios de prueba: De la parte quejosa, las documentales anexa a su escrito de demanda. Del Juez de Sexto de Primera Instancia con sede en Cardel, Veracruz, las constancias que remitió como justificación de sus actos, y con las que se formó un cuaderno de pruebas. Asimismo, hace constar que las demás partes no ofrecieron medios de prueba. Se acuerda: Se admiten y desahogan dichas probanzas, por su propia y especial naturaleza, acorde con lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; al no existir pruebas pendientes de relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, la secretaria certifica que las partes nos los formularon. Se acuerda: Como las partes no realizaron manifestaciones, se concluye este período de la audiencia constitucional. En seguida, se dicta SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 181/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado al día siguiente, Pedro Hernández García y Guadalupe Hernández García promovieron juicio de amparo en contra de actos que atribuyeron al 1. Juez Sexto de Primera Instancia con residencia en Cardel, Veracruz, los cuales posteriormente serán precisados (fojas 2 a 6). SEGUNDO. Mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; emplazar a Javier Herrera Cantillo titular de la Notaría Pública número veintisiete de la demarcación notarial de Veracruz, Veracruz, como tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, así como fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 24 a 28). Mediante auto de doce de abril de dos mil veintitrés, se ordenó emplazar a Elvia Elena Ramírez Mortera, en su carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo (foja 39). TERCERO. Agotada la secuela procesal por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 38) y las constancias de la notificación de la representación social de la federación (foja 33) así como el emplazamiento a los terceros interesados (fojas 34 y 50) compareciendo a juicio la tercero interesada Elvia Elena Ramírez Mortera mediante escrito recibido el catorce de abril de dos mil veintitrés (fojas 42 a 44) y solicitó se sobreseyera en el presente juicio; tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de audiencia, legalidad y debido proceso, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado surte efectos dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, los actos que se reclaman, siendo en este caso los siguientes: La falta de llamamiento al juicio 1499/2006 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia con sede en Cardel, Veracruz, y en vía de consecuencia, la adjudicación y orden de desalojo del inmueble que dicen habitar, en ejecución de la sentencia dictada en el citado proceso. De esta forma, establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamado al Titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial con sede en Cardel, Veracruz, ello con independencia que lo haya negado al rendir su informe justificado (foja 38). Lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1499/2006 de su índice, relativo a la demanda presentada por Gladis Uscanga Herrera en contra de Pedro Hernández Niño, por el pago de $56,408.00 (cincuenta y seis mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.) en las que se aprecia que los aquí quejosos no fueron emplazados al citado juicio, en el cual se dictó sentencia y en ejecución de la misma se ordenó la adjudicación del inmueble ubicado en lote 16, Manzana 5 y casa construida en el mismo, Andador Cactus número 148, en el fraccionamiento El Jobo, en Veracruz, Veracruz (fojas 1 a 4, 6, 45, 46, 109 del tomo de prueba). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Motivo por el cual los actos reclamados deben tenerse como ciertos. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Definida la certeza del acto reclamado, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto. En esas condiciones, como lo señaló la parte tercero interesado, el suscrito juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa presentó su demanda de garantías de forma extemporánea al no presentarse dentro de los plazos marcados en la propia ley. MARCO NORMATIVO. Los numerales, fracciones y tesis señalados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación armónica y sistemática de los artículos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente si éste no se promueve dentro del término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, según corresponda, y que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, el cual debe contarse a partir del día siguiente al que se actualice cualquiera de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 18 de la mencionada ley, a saber: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Cabe señalar que las reglas de temporalidad señaladas tienen aplicabilidad al caso, pues no se reclama una norma general, no se trata de una sentencia definitiva en un proceso penal, ni de un asunto que pueda afectar derechos agrarios de núcleos de población ejidal, ni comunal. Del mismo modo, el acto señalado como reclamado no se encuentra contemplado en la hipótesis que señala la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor que dispone: "cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Así pues, en aplicación del marco jurídico previamente establecido, el suscrito encuentra que en el caso la demanda se promovió extemporáneamente. SUBSUNCIÓN Ahora, como ya quedó asentado, de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 1499/2006 del índice del Juzgado responsable se advierte que las partes en el citado proceso lo son la demandante Gladis Uscanga Herrera (quien con posterioridad cedió sus derechos litigiosos a Elvia Elena Ramírez Mortera) y el demandado Pedro Hernández Niño, a quien se exigió el pago de la suma plasmada en el pagaré que suscribió por la cantidad de $56,408.00 (cincuenta y seis mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.) así como el pago de intereses moratorios. Asimismo, se aprecia que mediante sentencia de diecisiete de junio de dos mil ocho, se condenó a Pedro Hernández Niño al pago de la citada suerte principal más el pago de intereses moratorios hasta el pago total del adeudo (fojas 46 y 47 del tomo probatorio). Del mismo modo, una vez que se tramitó la sección de ejecución, por auto de ocho de marzo de dos mil diez, se adjudicó a favor de la parte actora, el bien inmueble embargado en autos, consistente en el lote 16, Manzana 5 y casa construida en el mismo, Andador Cactus número 148, en el fraccionamiento El Jobo, en Veracruz, Veracruz (fojas 110 del cuaderno de prueba). Ahora, los aquí quejosos Pedro Hernández García y Guadalupe Hernández García, señalaron en su demanda de garantías ser hijos de Pedro Hernández Niño, parte demandada en el citado juicio y propietario del referido inmueble, quien falleció el tres de octubre de dos mil dieciocho. Circunstancias que acreditaron con copias certificadas de sus respectivas actas de nacimiento, así como del acta de defunción de su padre y del instrumento notarial cuarenta mil quinientos cuatro del índice de la Notaría Pública 12 de la Demarcación Notarial de Xalapa, Veracruz, relativa a la compra el veintitrés de octubre de dos mil tres, de dicho inmueble por parte de Pedro Hernández Niño (fojas 7 a 23 de este juicio de amparo). Con base en lo anterior los quejosos alegan que se transgredieron sus garantías al no haber sido emplazados al citado juicio ejecutivo mercantil 1499/2006, a defender sus derechos, dado que son herederos del difunto Pedro Hernández Niño y por lo tanto se impidió que pudieran comparecer al proceso a oponer las excepciones que consideraran pertinentes. En esas condiciones, debe señalarse que este Juzgado advierte que, con independencia que los quejosos no aportaron medio alguno de convicción para sustentar la calidad de herederos con la que se ostentan y por lo tanto, la legitimación para instar el presente juicio de garantías, en el caso existe un diverso motivo que hace improcedente el mismo. En efecto, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se aprecia que los impetrantes de garantías Pedro Hernández García y Guadalupe Hernández García el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, promovieron ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, demanda de amparo, la cual fue turnada a este Juzgado Cuarto de Distrito, quien dio inicio al juicio de amparo 434/2019 de su índice, en el cual se tuvo como acto reclamado el siguiente: El auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, en el expediente 1499/2006 de su índice, en el que se requiere de manera personal a la parte demandada (Pedro Hernández Niño -finado-) para que dentro del plazo de tres días hábiles desocupe y haga entrega al actor del inmueble ubicado en Andador Cactus número 148, de la Unidad Habitacional El Jobo, código postal 91940, en Veracruz, Veracruz, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará uso de la fuerza pública; así como la notificación de ese auto. Dato que se cita como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por ser un asunto resuelto por ese Juzgado Federal. Sustenta la anterior consideración la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10ª.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Así, con independencia que en el juicio de garantías 434/2019, se haya dictado resolución de sobreseimiento al no acreditarse la existencia del auto de requerimiento de cinco de abril de dos mil diecinueve, para los efectos del presente juicio de amparo, resulta trascendente el dato que los aquí quejosos tenían conocimiento de la existencia del juicio ejecutivo mercantil 1499/2006 del Juzgado Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial con actual residencia en Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, así como la adjudicación del bien inmueble ubicado en Andador Cactus número 148, de la Unidad Habitacional El Jobo, código postal 91940, en Veracruz, Veracruz, al menos desde el veintidós de mayo de dos mil diecinueve en que se presentó la referida demanda de garantías. Lo anterior máxime que del expediente electrónico correspondiente al juicio de garantías 434/2019, se desprende que los quejosos señalaron que se impusieron de los autos del juicio ordinario mercantil 1499/2006 del juzgado responsable, de ahí que se aprecia con claridad que conocían no sólo del juicio iniciado en contra de su padre, sino de la sentencia dictada en el mismo y aún de la adjudicación judicial del inmueble ya mencionado, previamente a la promoción del juicio de garantías anterior, sin que en aquel entonces se reclamara la falta de emplazamiento al mismo. De ahí que, en todo caso, el plazo para interponer el juicio de garantías en contra de la pretendida omisión comenzó a correr con toda certeza desde el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (día hábil siguiente a aquel en que los quejosos se ostentaron sabedores de los actos reclamados) y feneció el día doce de junio de ese mismo año, sin contar los días veinticinco, veintiséis de mayo uno, dos, ocho y nueve de junio, ya que son inhábiles por corresponder a sábados y domingos. De ahí que si los quejosos promovieron su actual demanda de garantías el seis de marzo de dos mil veintitrés, resulta evidente que dicha petición de garantías resulta extemporánea. Ello porque resulta obvio que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar la demanda de amparo contra el acto reclamado, transcurrió del veintitrés de mayo al doce de junio de dos mil diecinueve, sin contar los días inhábiles antes señalados; por ende, al seis de marzo de dos mil veintitrés, en que se presentaron la demanda de amparo, ya se encontraba vencido dicho plazo, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo. No resulta óbice para considerar lo anterior, que la diligencia de entrega y desocupación del inmueble materia del juicio haya tenido lugar con fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, esto es, con posterioridad a la presentación de la presente demanda, puesto que el requerimiento existente para tal desocupación, así como su eventual desahogo no se impugnaron como actos independientes sino como consecuencia de la falta de llamamiento al juicio de origen, de ahí que deben seguir la suerte de lo dispuesto con relación a dicho acto. Resulta importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, puesto que las garantías contenidas en dichos numerales, no implican que las partes se encuentren exentas de cumplir con las formalidades y cargas jurídico procesales que les correspondan en cada caso, según la legislación aplicable. Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." CONCLUSIÓN. En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 ambos de la Ley de Amparo, en lo que ve al acto reclamado analizado en el presente considerando. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Pedro Hernández García y Guadalupe Hernández García respecto de los actos y autoridad precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo en términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Elvia Elena Ramírez Mortera; en atención a su contenido se le tiene apersonándose al presente juicio en su carácter de tercero interesado. Asimismo, se le tiene designando como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Areli Turrent González, puesto que acredita la calidad de licenciada en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Y, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 12 de la ley en la materia, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a las personas restantes, puesto que no acreditan encontrarse dentro del sistema mencionado en el párrafo que antecede. Como lo solicita la parte tercero interesada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de cuenta. Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. Finalmente, téngase a la referida parte formulando diversas manifestaciones en vía de alegatos, de conformidad con el artículo 124 de la ley en la materia, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. Notifíquese en términos de ley.

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