Pedro Hernández Almazán
Expediente 76/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 76/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Pedro Hernández Almazán
- Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 76/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice:********************"Boca del Río, Veracruz, cinco de junio de dos mil veintitrés.********************Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés (87) para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.********************Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************Ahora, en sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a********************, para los efectos siguientes: ********************"..1). Deje insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil ********************. ******************** 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero tomando en cuenta las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá: ******************** i. Abstenerse de considerar como pruebas idóneas para reducir el porcentaje de la pensión provisional alimenticia, las documentales exhibidas por el demandado ********************, consistentes en: dos facturas de pago de colegiaturas expedidas por el Centro de Estudios Iberoamericano; una factura expedida por Grupo Mas, por la prestación de los servicios de agua; así como los estudios médicos privados y recetas privadas practicados a ********************. ******************** ii. Dejar de considerar que el acreedor alimentario: cuenta con casa propia; obtiene ingresos por su arrendamiento y, goza de una pensión de viudez por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; dado que para ello era necesario que los reclamantes justificaran esas afirmaciones, lo que, por lo menos en la etapa en que se encuentra el procedimiento, no se demostraron con las pruebas documentales que se ofertaron. ********************Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado."****************************************En esas condiciones, mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (foja 73 y 74), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz.********************Posteriormente, en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés (foja 87) se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3685 signado por la 1. Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, del cual se aprecia que por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución emitida el trece de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio ordinario civil ********************-I de su índice. ********************Asimismo, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha, diecinueve de mayo del año en curso, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que declaró improcedente la reclamación planteada por los aquí terceros interesados ********************y ********************ambos de apellidos********************, por lo que confirmó la pensión provisional decretada por auto de inicio, consistente en el 30% (treinta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que reciben los demandados en sus fuentes de trabajo.********************Ello es así, pues de dicha resolución se advierte que la jueza responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló los agravios y manifestaciones hechas valer, así como el material probatorio ofrecido tanto de la parte recurrente como de la parte actora, documentales a las que otorgó valor probatorio según correspondiera en términos de lo dispuesto en los artículos 210, 266, 261 fracciones II y IV, 265, 266, 327 y 333 todos del Código Procesal Civil.********************En ese sentido, manifestó que la materia de la reclamación de que se trata, se constreñía a examinar la proporcionalidad de la cantidad que se fijó en el escrito inicial, o sea, sólo tiende a un nuevo estudio sobre las posibilidades del deudor alimentario y la necesidad del acreedor alimentista, con el material de prueba que hasta ese momento se aporte, dado el escaso término establecido en la ley para el trámite y resolución de la reclamación.********************Por tal motivo, la jueza responsable estableció que en esa fase procesal, donde se decide sobre la reclamación interpuesta en contra de la pensión alimenticia provisional, se valoran aquellas pruebas documentales que aporten los reclamantes las cuales deben ser idóneas y suficientes para robustecer sus manifestaciones con las que pretenden obtener una regraduación del quantum alimentario, ese dicho lo sustentó con base al contenido en la jurisprudencia VIl.10.C. J/10, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."********************Consecuentemente, la responsable precisó que si bien en el recurso de reclamación no se deben acreditar de manera fehaciente los hechos, dada la naturaleza del recurso y la celeridad con que se debe resolver, sin embargo sí existe la obligación del reclamante de probar con documentos idóneos, todas sus afirmaciones, y que éstas sean eficaces para tal efecto, cuestión que, en el caso concreto estimó que no ocurrió, puesto que, tratándose del demandado ********************, de las pruebas documentales que adjuntó a su escrito de reclamación, consistentes en: un recibo de pago del impuesto, sólo demostró, a su consideración, que en el año dos mil trece, se cubrió dicho pago, respecto del crédito con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por lo que a ese momento no constaba probanza de la cual se pudiera inferir a cuánto asciende el pago del crédito hipotecario y por ende, consideró insuficiente dicha prueba.********************Ahora, por cuanto hace sus comprobantes de nómina, la jueza responsable tuvo por acreditado que el referido demandado (aquí tercero interesado) es trabajador de la empresa ******************** y que, por ello, cuenta con capacidad económica pues una vez practicados los descuentos que pesan sobre su nómina, recibe un ingreso económico, producto de su trabajo; por cuanto al recibo de pago de servicio de televisión por cable, estimó que sólo se tenía por demostrado que por ese servicio se generó en el mes de octubre de dos mil veintidós, un pago de cuatrocientos veinte pesos, sin que constara que se hubiera cumplido con ese pago, pues solo se trata del estado de cuenta que contiene el detalle de los cargos.********************De ahí que analizadas dichas probanzas, la jueza responsable concluyó que el reclamante Jesús Alberto********************, no cumple a cabalidad con la carga probatoria que le impone el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, ya que si su defensa la basó en hechos tales como que el accionante (aquí quejoso) no tiene necesidad a recibir alimentos porque cuenta con una pensión de viudez que le asignó el Instituto Mexicano del Seguro Social, y renta un bien inmueble entonces, debió aportar prueba que así lo revelaran y no limitarse a expresar dichas cuestiones, por tanto, estimó que en esa fase procesal, no existieron pruebas documentales de las cuales derivaran que le asiste la razón al inconforme.********************Por otra parte, por cuanto hace a la reclamación incoada por ********************, la jueza responsable estableció que de igual manera, resultaba improcedente, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el reclamante debía aportar pruebas documentales que dieran sustento a sus argumentos de defensa, de tal suerte que si el disconforme sostuvo como agravio que la misma acción alimentaria se emprendió contra su hermano Jesús Alberto********************, refirió que ello solo obedecía a que de los artículos 235, 1917 y 1938 todos del Código Civil en vigor deriva la obligación que tienen los hijos de dar alimentos a los padres y la característica de la mancomunidad que aplica a la obligación alimentaria, por tanto, tantos acreedores o deudores haya a cada uno corresponde cubrir el pago de los alimentos, por ello su fijación desde el auto de radicación; por lo que la responsable estimó que no puede calificarse de ilegal la medida provisional dado que deriva de la ley el derecho de solicitarlos y su obligación de regularlos.********************Ahora, en lo relativo a que el accionante es propietario del bien inmueble que se ubica en ********************, la cual renta por lo que obtiene una cantidad mensual considerable, la jueza responsable manifestó que únicamente se limitó a aportar un recibo de pago de impuesto predial, que solo daba cuenta del pago que se hizo en el año dos mil trece y las dos facturas electrónicas a nombre de ********************, mismas que solo acreditaron el pago de ese servicio en el año dos mil trece y dos mil veintidós, pero consideró que de ninguna manera revelaba que el propietario es el actor (aquí quejoso) o que ese inmueble se encuentra arrendado y la suma que se genera por dicho concepto.********************Por ello se estimó que en esta fase procesal, esas pruebas documentales carecían de eficacia demostrativa, por tanto se traducía en un argumento carente de soporte probatorio, siendo que, la reclamación procede resolverla con base en las pruebas documentales que se anexen a los escritos de reclamación, por así preverlo el numeral 210 del código adjetivo civil local.********************Posteriormente, respecto del argumento inherente a que cuenta con una familia propia y que su esposa recibe tratamiento por sufrir de insuficiencia renal, lo que dice le ocasiona considerables gastos ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social no siempre le puede proveer lo que requiere la paciente, aunado a que tiene una hija en edad escolar, por lo que le debe cubrir sus necesidades; la jueza de origen señaló que después de haber analizado las pruebas documentales que el reclamante anexó a su escrito de reclamación, concluyó que dichas pruebas son insuficientes en esa fase procesal porque tratándose las documentales consistentes en recetas médicas, estudios de laboratorio tanto particulares como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, las notas de órdenes médicas que se encuentran agregadas a esos autos, solo dan cuenta de esa atención médica e incluso que recibe asistencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no revelaban algún gasto o el alcance de esos gastos y su repercusión en los ingresos del deudor alimentario.********************Por lo que, la jueza responsable desestimó dichas probanzas por calificarlas de ineficaces, pues el medio de impugnación procedía resolverlo con vista en documentación y no en meras aseveraciones, por lo que al no adjuntar pruebas suficientes de su dicho, ese argumento a estudio no pudo ser tomado en consideración.********************De igual manera, la jueza responsable desestimó lo argumentado en el sentido que cuenta con una hiia en edad escolar, ya que manifestó que para revelar esa circunstancia aportó dos facturas electrónicas glosadas en autos sin embargo, tales documentales fueron expedidas en favor de ********************Hernández Cruz, persona de nombre distinto al reclamante, de ahí que considerara que no resultaba una prueba idónea, lo que de igual manera sucedió con el recibo de pago del servicio de agua potable expedida por GRUPO MAS, ya que fue expedido a nombre de una persona ajena a ese litigio; incumpliendo así el deudor alimentario con la carga procesal que le impone el multinvocado numeral 210 del código de proceder en la materia.********************Asimismo, la jueza de origen refirió que si bien existe la presunción en favor del deudor alimentario por cuanto a que como cualquier persona eroga gastos para su subsistencia diaria, ello es insuficiente para hacer un nuevo cálculo de los alimentos provisionales, pues de la prueba aportada consistente en su recibo de nómina pudo advertir y considerar que cuenta con una fuente formal de empleo y que por ello recibe un pago y dado que hasta esa etapa no se aportaron pruebas idóneas y suficientes que demostraran que la cantidad recibida le devenía insuficiente, como tampoco se demostró en esa fase el alcance real de sus gastos; todo ello, ello la llevó a considerar que no había elementos novedosos que estudiar y por tanto no podía re graduarse el quantum alimentario.********************Por lo anteriormente expuesto, la jueza responsable estimó que, ante lo insuficiente de los agravios y las pruebas aportadas hasta esa fase procesal, atendiendo además al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242/del Código Civil, dado que se trata de un acreedor alimentario, padre de los demandados, de quien se presume requiere de la satisfacción de todos y cada uno de los rubros a que se refiere el artículo 239 del código en comento, en tanto que los deudores alimentarios, hasta ese momento solo revelaron que cuentan con una fuente de ingresos, y solo se puede presumir en su beneficio que como cualquier persona erogan gastos para su subsistencia diaria, ya que no aportaron elementos idóneos y suficientes para demostrar los gastos que refirieron en sus escritos de reclamación.********************En consecuencia, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida en la ejecutoria de amparo, la Jueza responsable confirmó la pensión alimenticia provisional fijada a favor de********************, equivalente al treinta por ciento, del salario y prestaciones que recibe cada uno de los deudores alimentarios ********************y ********************ambos de apellidos********************, en su fuente de trabajo, todo lo anterior sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva.********************En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil ******************** y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace a la pensión alimenticia provisional, en la que se abstuvo de considerar como pruebas idóneas para reducir el porcentaje de la pensión provisional alimenticia, las documentales exhibidas por el demandado ********************, señaladas en la sentencia.********************Asimismo, dejó de considerar que el acreedor alimentario cuenta con casa propia; que obtiene ingresos por su arrendamiento y goza de una pensión de viudez por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; dado que para ello era necesario que los reclamantes justificaran esas afirmaciones, lo que, por lo menos en la etapa en que se encuentra el procedimiento, no se demostró con las pruebas documentales ofrecidas. ********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el expediente único del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado en resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (fojas 36-38) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. ********************Notifíquese en términos de ley.********************Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."********************En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva.********************Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés (87) para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.********************Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************Ahora, en sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a********************, para los efectos siguientes: ********************"..1). Deje insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil ********************. ******************** 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero tomando en cuenta las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá: ******************** i. Abstenerse de considerar como pruebas idóneas para reducir el porcentaje de la pensión provisional alimenticia, las documentales exhibidas por el demandado ********************, consistentes en: dos facturas de pago de colegiaturas expedidas por el Centro de Estudios Iberoamericano; una factura expedida por Grupo Mas, por la prestación de los servicios de agua; así como los estudios médicos privados y recetas privadas practicados a ********************. ******************** ii. Dejar de considerar que el acreedor alimentario: cuenta con casa propia; obtiene ingresos por su arrendamiento y, goza de una pensión de viudez por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; dado que para ello era necesario que los reclamantes justificaran esas afirmaciones, lo que, por lo menos en la etapa en que se encuentra el procedimiento, no se demostraron con las pruebas documentales que se ofertaron. ********************Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado."****************************************En esas condiciones, mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (foja 73 y 74), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz.********************Posteriormente, en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés (foja 87) se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3685 signado por la 1. Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, del cual se aprecia que por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución emitida el trece de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio ordinario civil ********************-I de su índice. ********************Asimismo, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha, diecinueve de mayo del año en curso, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que declaró improcedente la reclamación planteada por los aquí terceros interesados ********************y ********************ambos de apellidos********************, por lo que confirmó la pensión provisional decretada por auto de inicio, consistente en el 30% (treinta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que reciben los demandados en sus fuentes de trabajo.********************Ello es así, pues de dicha resolución se advierte que la jueza responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló los agravios y manifestaciones hechas valer, así como el material probatorio ofrecido tanto de la parte recurrente como de la parte actora, documentales a las que otorgó valor probatorio según correspondiera en términos de lo dispuesto en los artículos 210, 266, 261 fracciones II y IV, 265, 266, 327 y 333 todos del Código Procesal Civil.********************En ese sentido, manifestó que la materia de la reclamación de que se trata, se constreñía a examinar la proporcionalidad de la cantidad que se fijó en el escrito inicial, o sea, sólo tiende a un nuevo estudio sobre las posibilidades del deudor alimentario y la necesidad del acreedor alimentista, con el material de prueba que hasta ese momento se aporte, dado el escaso término establecido en la ley para el trámite y resolución de la reclamación.********************Por tal motivo, la jueza responsable estableció que en esa fase procesal, donde se decide sobre la reclamación interpuesta en contra de la pensión alimenticia provisional, se valoran aquellas pruebas documentales que aporten los reclamantes las cuales deben ser idóneas y suficientes para robustecer sus manifestaciones con las que pretenden obtener una regraduación del quantum alimentario, ese dicho lo sustentó con base al contenido en la jurisprudencia VIl.10.C. J/10, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."********************Consecuentemente, la responsable precisó que si bien en el recurso de reclamación no se deben acreditar de manera fehaciente los hechos, dada la naturaleza del recurso y la celeridad con que se debe resolver, sin embargo sí existe la obligación del reclamante de probar con documentos idóneos, todas sus afirmaciones, y que éstas sean eficaces para tal efecto, cuestión que, en el caso concreto estimó que no ocurrió, puesto que, tratándose del demandado ********************, de las pruebas documentales que adjuntó a su escrito de reclamación, consistentes en: un recibo de pago del impuesto, sólo demostró, a su consideración, que en el año dos mil trece, se cubrió dicho pago, respecto del crédito con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por lo que a ese momento no constaba probanza de la cual se pudiera inferir a cuánto asciende el pago del crédito hipotecario y por ende, consideró insuficiente dicha prueba.********************Ahora, por cuanto hace sus comprobantes de nómina, la jueza responsable tuvo por acreditado que el referido demandado (aquí tercero interesado) es trabajador de la empresa ******************** y que, por ello, cuenta con capacidad económica pues una vez practicados los descuentos que pesan sobre su nómina, recibe un ingreso económico, producto de su trabajo; por cuanto al recibo de pago de servicio de televisión por cable, estimó que sólo se tenía por demostrado que por ese servicio se generó en el mes de octubre de dos mil veintidós, un pago de cuatrocientos veinte pesos, sin que constara que se hubiera cumplido con ese pago, pues solo se trata del estado de cuenta que contiene el detalle de los cargos.********************De ahí que analizadas dichas probanzas, la jueza responsable concluyó que el reclamante Jesús Alberto********************, no cumple a cabalidad con la carga probatoria que le impone el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, ya que si su defensa la basó en hechos tales como que el accionante (aquí quejoso) no tiene necesidad a recibir alimentos porque cuenta con una pensión de viudez que le asignó el Instituto Mexicano del Seguro Social, y renta un bien inmueble entonces, debió aportar prueba que así lo revelaran y no limitarse a expresar dichas cuestiones, por tanto, estimó que en esa fase procesal, no existieron pruebas documentales de las cuales derivaran que le asiste la razón al inconforme.********************Por otra parte, por cuanto hace a la reclamación incoada por ********************, la jueza responsable estableció que de igual manera, resultaba improcedente, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el reclamante debía aportar pruebas documentales que dieran sustento a sus argumentos de defensa, de tal suerte que si el disconforme sostuvo como agravio que la misma acción alimentaria se emprendió contra su hermano Jesús Alberto********************, refirió que ello solo obedecía a que de los artículos 235, 1917 y 1938 todos del Código Civil en vigor deriva la obligación que tienen los hijos de dar alimentos a los padres y la característica de la mancomunidad que aplica a la obligación alimentaria, por tanto, tantos acreedores o deudores haya a cada uno corresponde cubrir el pago de los alimentos, por ello su fijación desde el auto de radicación; por lo que la responsable estimó que no puede calificarse de ilegal la medida provisional dado que deriva de la ley el derecho de solicitarlos y su obligación de regularlos.********************Ahora, en lo relativo a que el accionante es propietario del bien inmueble que se ubica en ********************, la cual renta por lo que obtiene una cantidad mensual considerable, la jueza responsable manifestó que únicamente se limitó a aportar un recibo de pago de impuesto predial, que solo daba cuenta del pago que se hizo en el año dos mil trece y las dos facturas electrónicas a nombre de ********************, mismas que solo acreditaron el pago de ese servicio en el año dos mil trece y dos mil veintidós, pero consideró que de ninguna manera revelaba que el propietario es el actor (aquí quejoso) o que ese inmueble se encuentra arrendado y la suma que se genera por dicho concepto.********************Por ello se estimó que en esta fase procesal, esas pruebas documentales carecían de eficacia demostrativa, por tanto se traducía en un argumento carente de soporte probatorio, siendo que, la reclamación procede resolverla con base en las pruebas documentales que se anexen a los escritos de reclamación, por así preverlo el numeral 210 del código adjetivo civil local.********************Posteriormente, respecto del argumento inherente a que cuenta con una familia propia y que su esposa recibe tratamiento por sufrir de insuficiencia renal, lo que dice le ocasiona considerables gastos ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social no siempre le puede proveer lo que requiere la paciente, aunado a que tiene una hija en edad escolar, por lo que le debe cubrir sus necesidades; la jueza de origen señaló que después de haber analizado las pruebas documentales que el reclamante anexó a su escrito de reclamación, concluyó que dichas pruebas son insuficientes en esa fase procesal porque tratándose las documentales consistentes en recetas médicas, estudios de laboratorio tanto particulares como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, las notas de órdenes médicas que se encuentran agregadas a esos autos, solo dan cuenta de esa atención médica e incluso que recibe asistencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no revelaban algún gasto o el alcance de esos gastos y su repercusión en los ingresos del deudor alimentario.********************Por lo que, la jueza responsable desestimó dichas probanzas por calificarlas de ineficaces, pues el medio de impugnación procedía resolverlo con vista en documentación y no en meras aseveraciones, por lo que al no adjuntar pruebas suficientes de su dicho, ese argumento a estudio no pudo ser tomado en consideración.********************De igual manera, la jueza responsable desestimó lo argumentado en el sentido que cuenta con una hiia en edad escolar, ya que manifestó que para revelar esa circunstancia aportó dos facturas electrónicas glosadas en autos sin embargo, tales documentales fueron expedidas en favor de ********************Hernández Cruz, persona de nombre distinto al reclamante, de ahí que considerara que no resultaba una prueba idónea, lo que de igual manera sucedió con el recibo de pago del servicio de agua potable expedida por GRUPO MAS, ya que fue expedido a nombre de una persona ajena a ese litigio; incumpliendo así el deudor alimentario con la carga procesal que le impone el multinvocado numeral 210 del código de proceder en la materia.********************Asimismo, la jueza de origen refirió que si bien existe la presunción en favor del deudor alimentario por cuanto a que como cualquier persona eroga gastos para su subsistencia diaria, ello es insuficiente para hacer un nuevo cálculo de los alimentos provisionales, pues de la prueba aportada consistente en su recibo de nómina pudo advertir y considerar que cuenta con una fuente formal de empleo y que por ello recibe un pago y dado que hasta esa etapa no se aportaron pruebas idóneas y suficientes que demostraran que la cantidad recibida le devenía insuficiente, como tampoco se demostró en esa fase el alcance real de sus gastos; todo ello, ello la llevó a considerar que no había elementos novedosos que estudiar y por tanto no podía re graduarse el quantum alimentario.********************Por lo anteriormente expuesto, la jueza responsable estimó que, ante lo insuficiente de los agravios y las pruebas aportadas hasta esa fase procesal, atendiendo además al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242/del Código Civil, dado que se trata de un acreedor alimentario, padre de los demandados, de quien se presume requiere de la satisfacción de todos y cada uno de los rubros a que se refiere el artículo 239 del código en comento, en tanto que los deudores alimentarios, hasta ese momento solo revelaron que cuentan con una fuente de ingresos, y solo se puede presumir en su beneficio que como cualquier persona erogan gastos para su subsistencia diaria, ya que no aportaron elementos idóneos y suficientes para demostrar los gastos que refirieron en sus escritos de reclamación.********************En consecuencia, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida en la ejecutoria de amparo, la Jueza responsable confirmó la pensión alimenticia provisional fijada a favor de********************, equivalente al treinta por ciento, del salario y prestaciones que recibe cada uno de los deudores alimentarios ********************y ********************ambos de apellidos********************, en su fuente de trabajo, todo lo anterior sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva.********************En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil ******************** y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace a la pensión alimenticia provisional, en la que se abstuvo de considerar como pruebas idóneas para reducir el porcentaje de la pensión provisional alimenticia, las documentales exhibidas por el demandado ********************, señaladas en la sentencia.********************Asimismo, dejó de considerar que el acreedor alimentario cuenta con casa propia; que obtiene ingresos por su arrendamiento y goza de una pensión de viudez por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; dado que para ello era necesario que los reclamantes justificaran esas afirmaciones, lo que, por lo menos en la etapa en que se encuentra el procedimiento, no se demostró con las pruebas documentales ofrecidas. ********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el expediente único del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado en resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (fojas 36-38) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. ********************Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos el proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés (87) para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Pedro Hernández Almazán, para los efectos siguientes: "..1). Deje insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 1810/2022. 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero tomando en cuenta las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá: i. Abstenerse de considerar como pruebas idóneas para reducir el porcentaje de la pensión provisional alimenticia, las documentales exhibidas por el demandado Julio César Hernández Cueto, consistentes en: dos facturas de pago de colegiaturas expedidas por el Centro de Estudios Iberoamericano; una factura expedida por Grupo Mas, por la prestación de los servicios de agua; así como los estudios médicos privados y recetas privadas practicados a Cristina Natali León Larrañaga. ii. Dejar de considerar que el acreedor alimentario: cuenta con casa propia; obtiene ingresos por su arrendamiento y, goza de una pensión de viudez por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; dado que para ello era necesario que los reclamantes justificaran esas afirmaciones, lo que, por lo menos en la etapa en que se encuentra el procedimiento, no se demostraron con las pruebas documentales que se ofertaron. Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." En esas condiciones, mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (foja 73 y 74), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés (foja 87) se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3685 signado por la 1. Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, del cual se aprecia que por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución emitida el trece de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1810/2022-I de su índice. Asimismo, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha, diecinueve de mayo del año en curso, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que declaró improcedente la reclamación planteada por los aquí terceros interesados Julio César y Jesús Alberto, ambos de apellidos Hernández Cueto, por lo que confirmó la pensión provisional decretada por auto de inicio, consistente en el 30% (treinta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que reciben los demandados en sus fuentes de trabajo. Ello es así, pues de dicha resolución se advierte que la jueza responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló los agravios y manifestaciones hechas valer, así como el material probatorio ofrecido tanto de la parte recurrente como de la parte actora, documentales a las que otorgó valor probatorio según correspondiera en términos de lo dispuesto en los artículos 210, 266, 261 fracciones II y IV, 265, 266, 327 y 333 todos del Código Procesal Civil. En ese sentido, manifestó que la materia de la reclamación de que se trata, se constreñía a examinar la proporcionalidad de la cantidad que se fijó en el escrito inicial, o sea, sólo tiende a un nuevo estudio sobre las posibilidades del deudor alimentario y la necesidad del acreedor alimentista, con el material de prueba que hasta ese momento se aporte, dado el escaso término establecido en la ley para el trámite y resolución de la reclamación. Por tal motivo, la jueza responsable estableció que en esa fase procesal, donde se decide sobre la reclamación interpuesta en contra de la pensión alimenticia provisional, se valoran aquellas pruebas documentales que aporten los reclamantes las cuales deben ser idóneas y suficientes para robustecer sus manifestaciones con las que pretenden obtener una regraduación del quantum alimentario, ese dicho lo sustentó con base al contenido en la jurisprudencia VIl.10.C. J/10, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Consecuentemente, la responsable precisó que si bien en el recurso de reclamación no se deben acreditar de manera fehaciente los hechos, dada la naturaleza del recurso y la celeridad con que se debe resolver, sin embargo sí existe la obligación del reclamante de probar con documentos idóneos, todas sus afirmaciones, y que éstas sean eficaces para tal efecto, cuestión que, en el caso concreto estimó que no ocurrió, puesto que, tratándose del demandado JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ CUETO, de las pruebas documentales que adjuntó a su escrito de reclamación, consistentes en: un recibo de pago del impuesto, sólo demostró, a su consideración, que en el año dos mil trece, se cubrió dicho pago, respecto del crédito con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por lo que a ese momento no constaba probanza de la cual se pudiera inferir a cuánto asciende el pago del crédito hipotecario y por ende, consideró insuficiente dicha prueba. Ahora, por cuanto hace sus comprobantes de nómina, la jueza responsable tuvo por acreditado que el referido demandado (aquí tercero interesado) es trabajador de la empresa SIEMENS Sociedad Anónima de Capital Variable y que, por ello, cuenta con capacidad económica pues una vez practicados los descuentos que pesan sobre su nómina, recibe un ingreso económico, producto de su trabajo; por cuanto al recibo de pago de servicio de televisión por cable, estimó que sólo se tenía por demostrado que por ese servicio se generó en el mes de octubre de dos mil veintidós, un pago de cuatrocientos veinte pesos, sin que constara que se hubiera cumplido con ese pago, pues solo se trata del estado de cuenta que contiene el detalle de los cargos. De ahí que analizadas dichas probanzas, la jueza responsable concluyó que el reclamante Jesús Alberto Hernández Cueto, no cumple a cabalidad con la carga probatoria que le impone el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, ya que si su defensa la basó en hechos tales como que el accionante (aquí quejoso) no tiene necesidad a recibir alimentos porque cuenta con una pensión de viudez que le asignó el Instituto Mexicano del Seguro Social, y renta un bien inmueble entonces, debió aportar prueba que así lo revelaran y no limitarse a expresar dichas cuestiones, por tanto, estimó que en esa fase procesal, no existieron pruebas documentales de las cuales derivaran que le asiste la razón al inconforme. Por otra parte, por cuanto hace a la reclamación incoada por Julio César Hernández Cueto, la jueza responsable estableció que de igual manera, resultaba improcedente, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el reclamante debía aportar pruebas documentales que dieran sustento a sus argumentos de defensa, de tal suerte que si el disconforme sostuvo como agravio que la misma acción alimentaria se emprendió contra su hermano Jesús Alberto Hernández Cueto, refirió que ello solo obedecía a que de los artículos 235, 1917 y 1938 todos del Código Civil en vigor deriva la obligación que tienen los hijos de dar alimentos a los padres y la característica de la mancomunidad que aplica a la obligación alimentaria, por tanto, tantos acreedores o deudores haya a cada uno corresponde cubrir el pago de los alimentos, por ello su fijación desde el auto de radicación; por lo que la responsable estimó que no puede calificarse de ilegal la medida provisional dado que deriva de la ley el derecho de solicitarlos y su obligación de regularlos. Ahora, en lo relativo a que el accionante es propietario del bien inmueble que se ubica en Andador Apolo, ciento ocho, colonia Infonavit Buena Vista, en Veracruz, Veracruz, la cual renta por lo que obtiene una cantidad mensual considerable, la jueza responsable manifestó que únicamente se limitó a aportar un recibo de pago de impuesto predial, que solo daba cuenta del pago que se hizo en el año dos mil trece y las dos facturas electrónicas a nombre de Rosa Isela Cueto Martínez, mismas que solo acreditaron el pago de ese servicio en el año dos mil trece y dos mil veintidós, pero consideró que de ninguna manera revelaba que el propietario es el actor (aquí quejoso) o que ese inmueble se encuentra arrendado y la suma que se genera por dicho concepto. Por ello se estimó que en esta fase procesal, esas pruebas documentales carecían de eficacia demostrativa, por tanto se traducía en un argumento carente de soporte probatorio, siendo que, la reclamación procede resolverla con base en las pruebas documentales que se anexen a los escritos de reclamación, por así preverlo el numeral 210 del código adjetivo civil local. Posteriormente, respecto del argumento inherente a que cuenta con una familia propia y que su esposa recibe tratamiento por sufrir de insuficiencia renal, lo que dice le ocasiona considerables gastos ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social no siempre le puede proveer lo que requiere la paciente, aunado a que tiene una hija en edad escolar, por lo que le debe cubrir sus necesidades; la jueza de origen señaló que después de haber analizado las pruebas documentales que el reclamante anexó a su escrito de reclamación, concluyó que dichas pruebas son insuficientes en esa fase procesal porque tratándose las documentales consistentes en recetas médicas, estudios de laboratorio tanto particulares como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, las notas de órdenes médicas que se encuentran agregadas a esos autos, solo dan cuenta de esa atención médica e incluso que recibe asistencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no revelaban algún gasto o el alcance de esos gastos y su repercusión en los ingresos del deudor alimentario. Por lo que, la jueza responsable desestimó dichas probanzas por calificarlas de ineficaces, pues el medio de impugnación procedía resolverlo con vista en documentación y no en meras aseveraciones, por lo que al no adjuntar pruebas suficientes de su dicho, ese argumento a estudio no pudo ser tomado en consideración. De igual manera, la jueza responsable desestimó lo argumentado en el sentido que cuenta con una hiia en edad escolar, ya que manifestó que para revelar esa circunstancia aportó dos facturas electrónicas glosadas en autos sin embargo, tales documentales fueron expedidas en favor de Julio César Hernández Cruz, persona de nombre distinto al reclamante, de ahí que considerara que no resultaba una prueba idónea, lo que de igual manera sucedió con el recibo de pago del servicio de agua potable expedida por GRUPO MAS, ya que fue expedido a nombre de una persona ajena a ese litigio; incumpliendo así el deudor alimentario con la carga procesal que le impone el multinvocado numeral 210 del código de proceder en la materia. Asimismo, la jueza de origen refirió que si bien existe la presunción en favor del deudor alimentario por cuanto a que como cualquier persona eroga gastos para su subsistencia diaria, ello es insuficiente para hacer un nuevo cálculo de los alimentos provisionales, pues de la prueba aportada consistente en su recibo de nómina pudo advertir y considerar que cuenta con una fuente formal de empleo y que por ello recibe un pago y dado que hasta esa etapa no se aportaron pruebas idóneas y suficientes que demostraran que la cantidad recibida le devenía insuficiente, como tampoco se demostró en esa fase el alcance real de sus gastos; todo ello, ello la llevó a considerar que no había elementos novedosos que estudiar y por tanto no podía re graduarse el quantum alimentario. Por lo anteriormente expuesto, la jueza responsable estimó que, ante lo insuficiente de los agravios y las pruebas aportadas hasta esa fase procesal, atendiendo además al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242/del Código Civil, dado que se trata de un acreedor alimentario, padre de los demandados, de quien se presume requiere de la satisfacción de todos y cada uno de los rubros a que se refiere el artículo 239 del código en comento, en tanto que los deudores alimentarios, hasta ese momento solo revelaron que cuentan con una fuente de ingresos, y solo se puede presumir en su beneficio que como cualquier persona erogan gastos para su subsistencia diaria, ya que no aportaron elementos idóneos y suficientes para demostrar los gastos que refirieron en sus escritos de reclamación. En consecuencia, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida en la ejecutoria de amparo, la Jueza responsable confirmó la pensión alimenticia provisional fijada a favor de Pedro Hernández Almazán, equivalente al treinta por ciento, del salario y prestaciones que recibe cada uno de los deudores alimentarios Julio César y Jesús Alberto, ambos de apellidos Hernández Cueto, en su fuente de trabajo, todo lo anterior sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva. En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil 1810/2022 y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace a la pensión alimenticia provisional, en la que se abstuvo de considerar como pruebas idóneas para reducir el porcentaje de la pensión provisional alimenticia, las documentales exhibidas por el demandado Julio César Hernández Cueto, señaladas en la sentencia. Asimismo, dejó de considerar que el acreedor alimentario cuenta con casa propia; que obtiene ingresos por su arrendamiento y goza de una pensión de viudez por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; dado que para ello era necesario que los reclamantes justificaran esas afirmaciones, lo que, por lo menos en la etapa en que se encuentra el procedimiento, no se demostró con las pruebas documentales ofrecidas. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el expediente único del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado en resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (fojas 36-38) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese el oficio -y anexo-, signado por la Jueza del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesado, con el con el oficio y anexo con registro 8202, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia autorizada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************** HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, como en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a que: "..1). Deje insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil ********************. 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero tomando en cuenta las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá: i. Abstenerse de considerar como pruebas idóneas para reducir el porcentaje de la pensión provisional alimenticia, las documentales exhibidas por el demandado ********************, consistentes en: dos facturas de pago de colegiaturas expedidas por el Centro de Estudios Iberoamericano; una factura expedida por Grupo Mas, por la prestación de los servicios de agua; así como los estudios médicos privados y recetas privadas practicados a ********************. ii. Dejar de considerar que el acreedor alimentario: cuenta con casa propia; obtiene ingresos por su arrendamiento y, goza de una pensión de viudez por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; dado que para ello era necesario que los reclamantes justificaran esas afirmaciones, lo que, por lo menos en la etapa en que se encuentra el procedimiento, no se demostraron con las pruebas documentales que se ofertaron. Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten el cumplimiento y su ejecución. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
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