Pedro Hernández Basurto

Expediente 617/2015 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
617/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
27/06/2023

Partes del expediente

  • Pedro Hernández Basurto

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    . Regularización de valoración. En consecuencia, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria según lo dispuesto por el diverso 2° de la Ley de Amparo, por los motivos antes expuestos, se ordena la regularización del procedimiento, y se deja sin efectos el acuerdo de valoración y archivo; pero únicamente en cuanto a la valoración documental contenida en dicho auto, no así por cuanto hace al envío del archivo. Así, de la revisión de las actuaciones del presente expediente, se advierte que la clasificación y valoración correcta del presente asunto es de relevancia documental, por lo que deberá conservarse en su integridad en original. Lo anterior, en la inteligencia que la nueva valoración no suspende ni reinicia el cómputo de la temporalidad para la destrucción, depuración o transferencia, según sea el caso, pues no se dejó sin efectos la determinación referente al archivo. En términos de lo dispuesto por el artículo 99 y 99Bis3 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Electrónico de Control dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. Devolución al archivo. Hecho lo anterior, y toda vez que no se dejó sin efectos el acto procesal referente al archivo, devuélvase el presente expediente al archivo de este órgano jurisdiccional.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese.

  3. Juicio de Amparo Directo

    a cuatro de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos en el presente asunto en etapa de cumplimiento, del que se advierte que ninguna de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de catorce de abril de dos mil dieciséis, este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, resolvió conceder la protección constitucional a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "Para que deje insubsistente la sentencia reclamada y reponga el procedimiento para el efecto siguiente: Que se notifique personalmente al actor, ahora quejoso, y al perito, el auto de veintiuno de septiembre de dos mil doce, pero, con el apercibimiento consistente en que, de no presentarse el perito a rendir dictamen o no ratificarlo, el tribunal, hará de oficio, la designación de un nuevo perito, en sustitución del que incurrió en omisión." Ahora bien, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad agraria mediante oficio UJ: 472/2016 de dos de mayo de dos mil dieciséis, informó que dictó un auto en el que acordó, entre otras cosas, "TERCERO. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa se deja insubsistente la sentencia de diez de agosto de dos mil quince lo anterior para los efectos legales correspondientes. CUARTO.- En consecuencia en cumplimiento a la ejecutoria, se repone el procedimiento, con fundamente en el artículo 186, de la Ley Agraria, se instruye al actuario de la adscripción para que notifique personalmente el auto de veintiuno de septiembre de dos mil doce, al actor PEDRO HERNÁNDEZ BASURTO por única ocasión en el domicilio que obra a fojas 10 de autos y al perito designado por el actor en materia de grafoscopía y dactiloscopia, por única ocasión en el domicilio que obra a fojas 252 de autos, con el apercibimiento que de no presentarse el perito a rendir dictamen o no ratificarlo, el tribunal, designará a costa de la parte actora y de oficio, un nuevo perito, en sustitución del que incurrió en omisión esto es del perito MARTÍN FELIPE LUNA BASURTO, haciendo del conocimiento en dicho caso se aplicará al perito omiso el medio de apremio enunciado en el artículo 153, del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo anterior se hace del conocimiento para los efectos legales correspondientes" (foja 182). Asimismo, por oficio UJ: 693/2016, de veintidós de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciséis, en el que tuvo por presentado el escrito del perito en materia de grafoscopía y dactiloscopia Martín Felipe Pérez Basurto y con base en ello, requirió al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, para que en el término de diez días, autorice el acceso al perito en la materia antes descrita, a la lista de sucesión de fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y uno, realizada por el extinto titular Jorge Hernández Santillán; asimismo, le permita tomar placas fotográficas en donde apareciera la huella y firma de éste, a efecto de que dicho perito esté en aptitud de rendir y ratificar el dictamen requerido; en consecuencia, requirió al citado perito, para que en un término de diez días a partir de que tuviera acceso a la lista de sucesión de fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y uno, rinda y ratifique el dictamen pericial encomendado (foja 183). La autoridad responsable en oficio número UJ: 1017/2016, remitió copia certificada del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, en donde hizo constar, que en razón de que transcurrió el término concedido al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, para que diera cumplimiento a la autorización al acceso al perito de la parte actora, sin que lo hubiera hecho, por tal razón, requirió a su superior jerárquico, Director en Jefe del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, a efecto de que autorice el acceso al perito en materia de grafoscopía y dactiloscopia Martín Felipe Luna Basurto a la lista de sucesión de fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y uno, realizada por el extinto titular Jorge Hernández Santillán y/o Jorge Hernández, asimismo, le permitiera tomar placas fotográficas en donde apareciera la huella y firma de éste, a efecto de que dicho perito esté en aptitud de rendir y ratificar el dictamen requerido (fojas 206). La responsable en oficio UJ: 1097/2016 de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del auto de catorce de octubre de dos mil dieciséis, en el que acordó el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional y por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, en el que manifestó la imposibilidad material y jurídica para permitir el acceso al perito designado por el actor, por tanto, requirió para ese mismo fin, al encargado del Archivo General Agrario, para ese mismo efecto (foja 208). La magistrada instructora del procedimiento agrario, en oficio número UJ:1180/2016, de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en donde acordó lo relativo al oficio signado por la Directora del Archivo General Agrario, en donde autorizó poner a la vista del perito del actor, en materia de grafoscopía y dactiloscopia el material requerido suficiente para rendir su dictamen (fojas 211 a 216). La encargada del procedimiento agrario, por oficio número UJ:940/2017, de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, remitió copia certificada del auto de trece de octubre del mismo año señalado, en el que tuvo por recibido el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en representación del Director General del Archivo General Agrario, en el que informó que el perito Martín Felipe Luna Basurto podrá tener acceso a la lista de sucesión de fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y uno, realizada por Jorge Hernández Santillán y/o Jorge Hernández, en su carácter de ejidatario del poblado de Huehuetoca, Municipio del mismo nombre, Estado de México, en consecuencia ordenó que se notifique al perito citado, y le concedió término de diez días hábiles para que presentara su dictamen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, le impondría una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización vigente en términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a esa materia y del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 258). Al tener en cuenta los actos reseñados, debe declararse que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, pues de éstos se advierte que la responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada; repuso el procedimiento en el juicio agrario, tuvo por apersonado al perito del actor en materia de grafoscopía y documentoscopía y a pesar de que no existe constancia alguna que hubiere notificado en forma personal el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil doce, sin embargo, dictó las medidas conducentes para que el perito señalado rindiera su dictamen correspondiente, de tal forma que obtuvo la autorización del Director del Archivo General Agrario para que pusiera a la vista los documentos requeridos, a efecto de que rindiera su dictamen en el término de diez días hábiles, con el apercibimiento que de no hacerlo así, le impondría una multa equivalente a veinte unidades de medida de actualización vigente. Por tanto, este tribunal, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, último párrafo, 197 y 214 de la Ley de Amparo, declara cumplida la ejecutoria de amparo referida, sin que en su acatamiento se advierta que se incurrió en exceso o defecto en su ejecución. Hágase saber a la parte quejosa y al tercero interesado, que cuentan con un plazo de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, háganseles de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, así como por oficio a la autoridad tercera interesada; y, una vez que haya causado estado esta resolución, archívese el presente asunto. Así lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

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