Pedro González González
Expediente 193/2017 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/04/2018
Partes del expediente
- Pedro González González
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de marzo de dos mil dieciocho. Vista dada con el cumplimiento. Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que ninguna de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: Efectos. En sesión de siete de septiembre de dos mil diecisiete; este órgano jurisdiccional resolvió conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso, para los siguientes efectos: "(.) que la sala del conocimiento deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado, y dicte una nueva, en la que previamente a cualquier otra determinación, fije -adecuadamente- la litis; y de estimarse legalmente competente, resuelva la controversia sometida a su potestad, debiendo analizar los agravios hechos valer por la autoridad, y tomando en cuenta la totalidad de las pruebas aportadas por las partes; y de una manera congruente, exhaustiva y debidamente fundada y motivada, como ya se dijo, resuelva como en derecho corresponda; en cambio, si estima que es legalmente incompetente para resolver la controversia sometida a su potestad, determine lo conducente." Informe de cumplimiento de la autoridad responsable. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio TCA/SS/II/10020/2017, de trece de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario General de Acuerdos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitió copia certificada de la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil diecisiete; de la cual conviene resaltar lo siguiente: "CONSIDERANDO (.) III.- En ese orden de ideas, y en cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, esta Segunda Sección de la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, deja insubsistente la determinación dictada el nueve de febrero de dos mil diecisiete y procede a dictar lo que en derecho corresponde, siguiendo los lineamientos vertidos en la ejecutoria que nos ocupa. IV.- Estudio. (.) Previo a la fijación de la litis, resulta importante aclarar que si bien es cierto, la enjuiciada señala que si el fondo del asunto es la negativa de pago del salario íntegro que a decir del justiciable le fue disminuido, por lo tanto, resulta evidente que se trata de una cuestión que es materia laboral y consecuentemente el Magistrado del Conocimiento debió de haberse abstenido de conocer y resolver el presente asunto, ya que por disposición del artículo 1, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dispone que no es aplicable a la materia laboral, cabe hacer la aclaración de que adverso a tales manifestaciones, este Tribunal sí es competente para conocer de la cuestión planteada. Se afirma lo anterior, pues no debe pasar por alto que el actor confiesa dentro de su escrito inicial de demanda, específicamente en el hecho marcado con el número 1 (uno) arábigo (sic), lo siguiente: '.con el cargo actual de OFICIAL PRIMERO adscrito a la actual Subdirección Operativa de Tránsito y Vialidad de la Comisaría General de Seguridad Pública.', confesión expresa a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los numerales 39, 95, 97 y 98 del Código Adjetivo de la Materia, y con la cual este Órgano Revisor descarta que el asunto se trate de la materia laboral, dado que no debe pasar por alto que el justiciable forma parte de una Subdirección Operativa de Tránsito y Vialidad de la Comisaría General de Seguridad Pública, y que desempeña el cargo de Oficial Primero dentro de la misma. Por lo que, siguiendo la línea trazada, es indudable que el asunto trata de la materia administrativa, pues no se debe perder de vista lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el justiciable guarda una relación de índole administrativa con la citada Subdirección, numeral de referencia, que señala que no debe equipararse la relación laboral existente entre el Estado y sus empleados, excluyendo a los servidores públicos tales como los militares, marinos y miembros de los grupos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, los cuales se regirán por sus propias leyes, por lo tanto, este Tribunal sí es competente para dirimir la cuestión que plantea el accionante del juicio, más aún, que el acto que se controvierte, a saber: la determinación contenida en el caso OP 213885, de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, suscrita por la Presidenta del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, es materia del juicio administrativo que nos ocupa, ello en términos del artículo 229, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. V.- En concordancia con lo anterior, y cumpliendo cabalmente, con lo dispuesto por el artículo 273, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, la litis del presente juicio de carácter administrativo, se circunscribe a determinar la validez o invalidez de la determinación contenida en el caso OP 213885, de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, suscrita por la Presidenta del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México." Análisis de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con los efectos del fallo protector. Lo anterior, porque mediante sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, dejó sin efectos la sentencia reclamada y dictó una nueva, en la analizó lo relativo a su competencia para conocer y resolver del asunto; luego, fijó la litis en determinar la validez o invalidez de la determinación contenida en el caso OP 213885, de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, analizó, con plenitud de jurisdicción, los agravios propuestos por la autoridad y valoró las pruebas aportadas, concluyendo, que debía reconocerse la validez de la resolución impugnada, lo que denota que actuó conforme a los lineamientos dados en el fallo protector. Conclusión. Por ende, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Por otra parte, hágase saber al quejoso y a la tercero interesada, que cuentan con un plazo de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la tercero interesada. En su oportunidad, archívese el presente asunto. Así lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
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