Pedro González Bello
Expediente 439/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Pedro González Bello
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; treinta de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 439/2017, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el nueve de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Pedro González Bello, por derecho propio, presentó demanda de garantías contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y su Presidente. ACTOS RECLAMADOS "La falta de impulso procesal y aplicación de medidas de apremio dentro del expediente laboral número 888/2015, promovido por el suscrito quejoso en contra de quien resulte ser responsable de la fuente de trabajo y otros, a fin de llevar a cabo todos los estadios procesales, conocer la identidad física o moral de la persona que resulta ser responsable y/o propietaria del inmueble ubicado en Calle Rio Balsas número 32, Colonia Vista Alegre en esta Ciudad y concluir con la emisión del laudo dentro del juicio laboral arriba señalado" SEGUNDO. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 8, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de diez de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de garantías la cual fue registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 439/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclaman leyes locales con motivo de su acto de aplicación por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Pedro González Bello, reclama (uno) la omisión de girar oficios a diversas dependencias a fin de obtener como persona cierta a quien resulta ser responsable de Jardín de Fiestas El Palmar y/o la persona física o moral de la persona que resulte ser propietaria del inmueble ubicado en calle Río Balsas número 2, colonia vista Alegre en esta ciudad; (dos) así como aquélla de dictar laudo en el juicio laboral 888/2015. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir informe con justificación a nombre y representación del órgano laboral que preside, aceptaron la omisión reclamada, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Certeza que se corrobora con la documental que en copia certificada allegó relativa al expediente laboral 888/2015, la cual hace prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del código adjetivo en cita aplicado supletoriamente al procedimiento en que se actúa. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto reclamado identificado con la letra (a), se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, atento a lo siguiente. El argumento de la parte quejosa para acudir a la presente instancia constitucional, se basa esencialmente en el hecho de que la autoridad laboral transgredió en su perjuicio la garantía que a su favor tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, en tanto que de dicho numeral se deriva que los tribunales impartirán justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; lo anterior, porque no ha dictado las medidas necesarias para obtener la información a cerca de la persona cierta quien resulta ser responsable de Jardín de Fiestas El Palmar y/o la persona física o moral de la persona que resulte ser propietaria del inmueble ubicado en calle Río Balsas número 2, colonia vista Alegre en esta ciudad; y así concluir con el dictado del laudo. De las actuaciones exhibidas por las autoridades responsables; a las cuales dada su naturaleza se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que: El diecisiete de julio de dos mil quince se admitió a trámite la demanda promovida por el quejoso en contra de Jardín de Fiestas "El Palmar" y otras (foja dieciocho), la cual se radicó bajo el número de juicio 888/2015; se ordenó el emplazamiento de la parte demandada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia bifásica, una vez verificada ésta; por acuerdo de nueve de agosto de dos mil dieciséis a petición del apoderado legal del peticionario de amparo se giraron medidas tendentes a conocer el nombre de quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en el domicilio arriba indicado (foja cuarenta y tres). Para lo cual se emitieron oficios a la Dirección de Catastro Municipal (oficio 1267 de quince de febrero de dos mil diecisiete, foja cuarenta y nueve); Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (oficio 1268 de quince de febrero de dos mil diecisiete, foja cincuenta), Comisión Federal de Electricidad (oficio 1270 de quince de febrero de dos mil diecisiete, foja cuarenta y cuatro), al representante legal de la empresa Teléfonos de México (oficio 1272 de quince de febrero de dos mil diecisiete, foja cuarenta y cinco), Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (oficio 1273 de quince de febrero de dos mil diecisiete, foja cuarenta y seis), Director de Transito Municipal, Instituto Mexicano del Seguro Social (oficio 1276 de quince de febrero de dos mil diecisiete, foja cincuenta y uno); Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (oficio 1277 de quince de febrero de dos mil diecisiete, foja cuarenta y siete), Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos (oficio 1278 de quince de febrero de dos mil diecisiete, foja cincuenta y dos); todos en esta ciudad. Los informes solicitados fueron emitidos por esas dependencias mediante oficios CAP/SJ/DJ/216/2017, 129001410100/JLJL/315/2017, DR/XX/GJ/116/2017, DLVDY/0234/2017, 346, 188/2017, DC/JUR/634/2017, SSP/DJ/0928/2017 y DJZA-260/2017, los dos primeros y el cuarto del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete y el siguiente de veintiocho y veinticuatro de ese mes, tres, siete y veinte de abril, signados por la Subdirectora Jurídica del Organismo Operador Municipal de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, por el Jefe del Departamento Laboral de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social; por el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores; por la Encargada de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos Municipal; Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; por el representante legal de Teléfonos de México; Director de Catastro e Impuesto Predial Municipal; por el Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública; y por el Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad (fojas cincuenta y tres, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y dos, sesenta y siete, sesenta y nueve y setenta y nueve). Por auto de cinco de mayo del dos mil diecisiete, la Secretaria de Acuerdos de la Junta hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de once de julio del dos mil dieciséis y tuvo por perdido el derecho a las partes a formular alegatos en términos del artículo 738 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que declaró el cierre de la instrucción y ordenó turnar los autos del juicio laboral para la formulación del proyecto de resolución en forma de laudo (foja ochenta y uno) Así las cosas, de lo expuesto por la parte quejosa, se advierte que los informes requeridos por la autoridad responsable fueron emitidos; consecuencia de ello, se cerró instrucción, turnándose los autos al Auxiliar para formulación del proyecto de resolución del laudo, el cual si bien a la fecha de la presentación de la demanda y al dictado de esta sentencia aun no ha sido emitido. Sobre el tema, de los artículos 885, 886 y 887, de la Ley Federal del Trabajo, en su orden, se obtienen los siguientes elementos de convicción: a) Al concluir el desahogo de las pruebas dentro del juicio laboral, una vez formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción; b) Una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes el Auxiliar formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo; c) Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta, quienes, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de ellos podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquier diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. d) Transcurrido el término de cinco días a que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. De estos elementos de convicción se desprende, a su vez, que por disposición expresa de la ley la Junta cuenta -cuando menos- con veinticinco días hábiles para pronunciar el laudo correspondiente, contados a partir del siguiente al en que se turnan los autos al auxiliar de dicho órgano jurisdiccional. Luego, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo - nueve de mayo del dos mil diecisiete - aún no transcurría el plazo de diez días a que se refiere en inciso b) arriba anotado, para que el Auxiliar formule por escrito le proyecto de laudo, tomando en consideración que el cierre de instrucción se llevó a cabo el cinco de ese mes. En consecuencia, si bien al día en que se presentó la demanda de garantías (nueve de mayo del dos mil diecisiete), e incluso al momento en que la autoridad responsable rindió su informe justificado (veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete), aún no se dictaba el laudo correspondiente dentro del juicio laboral del que deriva el acto reclamado, tal circunstancia en modo alguno no contraviene la garantía de administración pronta y expedita de justicia, puesto que -se reitera- en las fechas indicadas la Junta no se encontraba en tal supuesto, dado que aún no había rebasado el término legal que tiene conforme con las disposiciones legales transcritas para la emisión de laudo. Entonces, el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; y en ese orden de ideas, partiendo del hecho de que no es atendible la petición de la quejosa, en el sentido, que se conceda la protección constitucional para que la responsable tome las medidas necesarias para el desahogo de la prueba en mención, sólo queda considerar las circunstancias destacadas en el párrafo que antecede. Por tanto, es inconcuso que a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal para el efecto de que recabara la información solicitada en auto de nueve de agosto de dos mil dieciséis, porque ya fue cerrada la instrucción al no haber actuación pendiente por desahogar - la información requerida ya fue emitida - ni tampoco que se dictara el laudo, pues como quedó asentado el líneas precedentes el plazo de veinticinco días que tienen las autoridades para emitir el laudo a la presentación de la demanda a un no concluía; situación que pone de manifiesto la causal de improcedencia en estudio al existir una imposibilidad para ello; y por ende, con fundamento en el arábigo 74 del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 77, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 439/2017, promovido por Pedro González Bello, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en representación de la Primera Junta, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional. Sin que haya lugar a tenerle por rindiendo informe justificado a la presidente de dicha junta, en razón de que en el presente juicio de amparo no fue requerido para tal efecto.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diez de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Pedro González Bello, por su propio derecho, contra actos del Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 439/2017, y fórmese expediente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirán copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberán informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirán las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se les informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerles una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Igualmente, se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se les practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Urdaneta, número 10, despacho 210, fraccionamiento Hornos, en esta esta ciudad; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Gregoria Solís Casiano, Helga Herrera Hernández y Rosario Lilibeth Aquino Castillo, por no contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que las acredite como profesionales del derecho, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.
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