Pedro García Gómez
Expediente 695/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Pedro García Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, a través del cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto competencial administrativo 28/2021, suscitado entre el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este juzgado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, agréguense a los autos el oficio y testimonio de referencia y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien los puntos resolutivos de la citada resolución, son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Sí existe el conflicto competencial planteado. SEGUNDO. Se declara legamente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Pedro García Gómez, quien se ostentó como albacea de la sucesión legitima a bienes de Felipe García Ramos, al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, acorde con las consideraciones expresadas en la presente resolución." En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; once de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Acuario Judicial del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que dicho órgano admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este juzgado, para conocer de la demanda de amparo promovida por Pedro García Gómez, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Felipe García Ramos, habiéndose registrado bajo el número 28/2021 de su índice. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con residencia en esa ciudad, mediante el cual informa que remitió los autos del juicio de amparo número 571/2021 de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, a fin de que resuelva el conflicto competencial suscitado entre ese órgano jurisdiccional y el presente juzgado; por lo que, estese en espera de lo que al efecto se resuelva. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual en atención a lo solicitado el diecisiete de junio anterior, remite los autos originales del juicio de amparo 571/2021 de su índice, promovido por Pedro García Gómez, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Felipe García Ramos, contra actos que reclama del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con domicilio en la Ciudad de México y otras autoridades; ahora bien, atendiendo a lo anterior se emite el siguiente pronunciamiento. DECISIÓN DE LA COMPETENCIA DECLINADA Una vez analizadas las constancias remitidas del juicio de amparo 571/2021 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y lo determinado por el Juez declinante el catorce de junio del año en curso en el referido juicio de amparo, contenido en oficio 23987/2021, recibido por este Juzgado el diecisiete de junio siguiente, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, no acepta la competencia declinada por dicho juzgador, atento a lo siguiente. La competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de las demandas de amparo, se regula primordialmente por el artículo 37 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dispositivo legal en el que se establecen básicamente tres reglas para fijar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado y de las premisas señaladas; por ende, es importante distinguir la operancia de cada una de ellas, puesto que las dos primeras exigen ejecución material, mientras que la tercera no la requiere. En tales términos, la competencia de un juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, puesto que una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y determinado si -por sí mismo- requiere ejecución material o no, se debe fijar la competencia a favor del juez de Distrito. Ahora bien, para declinar la competencia en estudio el juez declinante sustenta que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 37, primer párrafo de la Ley de Amparo, al estimar que si bien el acto reclamado consiste en el "oficio UAJ.DGLCPP.21790.2021 de trece de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual diversas autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tuvieron por no presentada la solicitud de indemnización por afectación del predio denominado Hacienda La Goleta localizado en el municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca en Guerrero", sus efectos tienen ejecución en el lugar en el que se ubica el predio materia de la solicitud de indemnización, ya que se impide a la masa hereditaria a cargo del quejoso ejercer el derecho de propiedad que el difunto tenía respecto del inmueble en comento y por ello, la eventual afectación a los derechos fundamentales materia del juicio se ejecuta en el municipio donde se localiza dicho inmueble. Lo anterior revela que la determinación adoptada por el juzgado declinante tiene su origen en la premisa de que las consecuencias legales del acto que aquí se reclama tienen efectos positivos que se materializaran en la jurisdicción de este juzgado federal, porque en el supuesto de que se concediera el amparo, su efecto sería vincular a que las responsables dejaran insubsistente el acto reclamado y emitieran otro debidamente fundado y motivado en el que se pronuncien sobre la procedencia de la solicitud de indemnización que la parte quejosa les hizo valer. Sin embargo, este juzgador no comparte el criterio adoptado en virtud de que el aludido oficio no es susceptible de analizarse en función de la procedencia o no de lo pedido para determinar la competencia por razón de territorio, sino del derecho sustantivo que se estima transgredido y la afectación que produce en la esfera jurídica del quejoso a efecto de determinar si tiene o no ejecución material. En ese sentido, si bien el acto reclamado consiste en "el oficio UAJ.DGLCPP.21790.2021 de trece de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual diversas autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tuvieron por no presentada la solicitud de indemnización por afectación del predio denominado Hacienda La Goleta localizado en el municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca en Guerrero", el cual es un acto positivo al constituirse en una decisión exteriorizada en el mundo factico, lo cierto es que carece de ejecución material, ya que no entraña una determinación negativa o positiva para considerar que la ejecución material se llevaría en lugar diverso al en que se presentó la demanda de amparo, habida cuenta que la cuestión efectivamente planteada por el quejoso orbita en el sentido de que la determinación de la autoridad responsable en torno a su petición de indemnización es incongruente. Lo anterior quiere decir entonces que la materia de la litis en el juicio de amparo es el contenido propio del oficio en cuestión, en cuyo caso, el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia del proceder de la responsable frente a lo solicitado por el quejoso y, en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo se concederá para que se pronuncie congruentemente sobre lo pedido, no así para calificar la procedencia o no de lo pedido. Es ilustrativa la tesis I.9o.P.260 P (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2548, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2021326, que señala: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EN EL QUE SE RECLAMA LA RESPUESTA INCONGRUENTE DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL CON LO SOLICITADO, EN RELACIÓN CON LA DEVOLUCIÓN DE UN INMUEBLE ASEGURADO. AL TRATARSE DE UN ACTO DE NATURALEZA POSITIVA SIN EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examine la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada, por lo que si el acto reclamado consiste en la respuesta incongruente de la autoridad ministerial a la petición de levantar el aseguramiento y devolución de un inmueble, ello no entraña una negativa a devolverlo, para considerar que la ejecución material se llevaría en lugar diverso al en que se presentó la demanda de amparo. Por tanto, si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado es de naturaleza positiva sin ejecución material, siendo la materia de la litis en el juicio de amparo el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso, el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso y, en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. De ahí que en atención a la tercera regla deducida del artículo 37 de la Ley de Amparo (actos que carecen de ejecución), y a la naturaleza jurídica del acto reclamado (no requiere de ejecución material) corresponde conocer del juicio constitucional al juzgador federal que ejerce jurisdicción en el lugar en que se presentó la demanda." En tales circunstancias, se estima que el supuesto de competencia que se actualiza, como se indicó se ubica en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativo a que si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, ya que el oficio UAJ.DGLCPP.21790.2021 reclamado es un acto que por sí mismo no trae ejecución material alguna, y por ende, es inconcuso que quien debe de conocer de la demanda es el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En apoyo, se cita la siguiente jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 500, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006529, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Bajo ese contexto, es que se precisa que este Juzgado Federal no acepta la competencia planteada, por tanto, comuníquese lo anterior al Juez declinante y devuélvansele vía estafeta los autos originales del juicio de amparo 571/2021 de su índice, a efecto de que, en términos del párrafo segundo del artículo 48, de la Ley de Amparo, manifieste si insiste o no en declinar la competencia del citado sumario, aun con las razones apuntadas. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo, y agréguese al juicio de amparo en que se actúa una impresión de la demanda de amparo con sus anexos y demás constancias que se consideran necesarias, las cuales deberán integrarse correctamente al expediente electrónico respectivo. Sin que haya lugar a ordenar la notificación personal de la presente resolución a la parte quejosa, en virtud de que no se aceptó la competencia declinada. Notifíquese.
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