Pedro García Guerrero
Expediente 45/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 45/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Pedro García Guerrero
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Se agrega informe justificado. Visto el oficio remitido por el subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; quien rinde informe justificado en contestación a los oficios 953/2022 y 954/2022, dirigidos a esa autoridad y al encargado y responsable de la Farmacia del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez", del mencionado instituto; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes y para que obre como legalmente corresponda. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas. Se tiene por ofrecida la prueba documental que envía la autoridad oficiante, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que deriva una causal de improcedencia. Sobreseimiento fuera de audiencia. En efecto, del contenido de las constancias probatorias remitidas por la autoridad oficiante, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester precisar el acto reclamado por la parte quejosa, el cual, de acuerdo al contenido de la demanda y demás constancias existentes en autos, se advierte que se hace consistir en: La negativa verbal de atención farmacéutica u omisión de surtir el medicamento "GOSERELINA, ACETATO DE JERINGA C/APLICADOR SUBCUTÁNEO JER C/CON IMPLANTE 10.8 MG. EXCIPIENTE 36.0 MG"; prescrito en la receta médica 3142895ME, expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Al respecto, el quejoso expuso bajo protesta de decir verdad, que le han sido expedidas recetas médicas y vales de farmacia respecto de los medicamentos recetado por sus médicos tratantes, los cuales no le fueron surtidos el seis de diciembre de dos mil veintiuno, por el encargado y/o responsable de la farmacia del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, bajo el argumento de que no tenían; razón por lo que acude a esta instancia constitucional en busca del amparo y protección de la Justicia Federal. No obstante la omisión que reclama el quejoso, la autoridad responsable suscribiente del oficio de cuenta, en vía de informe justificado, en el cual no admitió ni negó explícitamente la existencia del reclamo constitucional; sin embargo, remitió copia certificada de la receta médica 3142895ME, respecto de la cual manifestó que se dio la salida del medicamento "GOSERELINA ACETATO DE JERINGA", por la entrega al derechohabiente aquí quejoso, con fecha siete de enero de dos mil veintidós, y que éste firmó de recibido donde recibió el total del medicamento de conformidad, el día siete de enero de este año. Lo anterior indica que resultaron ciertos los actos dado que hasta la fecha de presentación de la demanda (nueve de diciembre de dos mil veintiuno) no se le había surtido el medicamento a la parte quejosa, no obstante, como se evidencia, durante el trámite de este sumario constitucional le fue surtida la receta médica al quejoso, lo cual se acredita con la documental allegada al sumario, que fue valorada con antelación por este resolutor. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia invocada, toda vez que con el actuar de las autoridades responsables , se restituyó a la parte agraviada en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, pues si bien, en el particular el perjuicio que el acto reclamado le ocasionaba al impetrante fue en específico -como lo dice en su demanda-, la negativa u omisión de surtirle la receta médica 3142895ME y las responsables le hicieron entrega el siete de este mes, del medicamento prescrito en dicha receta; por tanto, tal actuación torna improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". No pasa inadvertido para este juzgador el señalamiento que efectúa la parte quejosa durante el desarrollo de su demanda, en lo relativo a que su derecho de acceso a la salud debe ser tan amplio "que prevea las situaciones diversas que puedan afectarla", lo que supone el reclamo de actos futuros. Sin embargo, tal argumentación no puede ser objeto de análisis en el presente sumario, dado que no existe certidumbre en torno a que las autoridades responsables vayan a desplegar una conducta omisa en lo futuro, en lo relativo a la atención médica que deba dispensarse al quejoso o en el surtido de medicamentos que se le prescriban, e incluso, ni siquiera existe certidumbre de un evento en concreto que pueda afectarle al peticionario; de ahí, que resulte ineficaz tal planteamiento para concluir de manera distinta a la que se ha determinado en esta resolución, dado que el reclamo substancial que causaba un perjuicio a la parte agraviada, ya cesó en sus efectos por actuación de las propias responsables; de modo que, en caso de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, el agraviado estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas cinco minutos del veintitrés de febrero del año en curso). En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de enero de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el oficio y anexos provenientes del juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, por el que declina el conocimiento del presente asunto por razón de turno. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. Acúsese recibo de estilo de los autos originales del juicio de amparo 1504/2021 del índice del homólogo federal, así como el original. 2. Aceptación de declinatoria de turno. Con fundamento en los artículos los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, este juzgado acepta el turno planteado y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Pedro García Guerrero, contra el acto atribuido al Director del Centro Medico "Dr. Ignacio Chávez", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. 3. Compensación de carga de labores. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince; reformado y adicionado por diverso Acuerdo General publicado en el mismo medio oficial el catorce de marzo de dos mil dieciséis, este último en el párrafo sexto y séptimo de dicha reforma, comuníquese a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, la presente determinación, a fin de equilibrar las cargas de trabajo. 4. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con cinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 5. Informes. Resulta innecesario requerir a las autoridades responsables, a efecto de que rindan su respectivo informe con justificación, toda vez que el juez declinante ya los solicitó. Y, al respecto, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales y para conocimiento de las partes, el oficio que adjunta el homólogo, al que anexó el diverso oficio suscrito el coordinador Jurídico de la Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Requerimiento a la autoridad. En relación con la documental que exhibe, requiérase al coordinador jurídico de la subdirección de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada completamente legible de la receta médica número 3142895ME, primordialmente en la parte en la que se refleje la salida del medicamento Goserelina acetato de jeringa, y su entrega al derechohabiente del Pedro García Guerrero, con fecha de treinta de octubre de dos mil veintiuno En otro aspecto, en relación con el diverso oficio que remite el juez declinante, al que adjunta distinto oficio a nombre de la autoridad responsable director del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no ha lugar a tener por rendido el informe justificado, toda vez que el mismo lo firma una persona distinta, plasmando las siglas "P.A.", lo cual no permite a este juzgador determinar si se encuentra facultada para emitir dicho informe; Requerimiento a la autoridad responsable. En consecuencia, solicítese a la autoridad responsable director del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para que emita su informe justificado que le fue solicitado por oficio 43943/2021, derivado del acuerdo de nueve de diciembre pasado; En la inteligencia que de no hacerlo se hará efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia. Se citan al respecto las tesis con datos de localización, rubro y texto siguientes: Registro digital: 202705 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: IV.3o.14 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996, página 425 Tipo: Aislada "OFICIOS FIRMADOS EN TERMINOS DE UN "P.A." (POR AUSENCIA O ACUERDO). Las actuaciones de las autoridades o funcionarios públicos avaladas por un "P.A." (que puede ser por ausencia o por acuerdo), ninguna validez tienen al ignorarse si quien firmó el informe bajo las iniciales "P.A." tiene facultades legales para ello, aunado a que en los términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, para que opere la representación en el juicio constitucional relativo a asuntos de ciertas autoridades entre ellas la Procuraduría General de la República, es necesario que se cite el precepto legal de la ley orgánica que así lo establezca, y al no hacerse de esta manera, el acto reclamado de la autoridad representada, en términos del artículo 149 de la ley de la materia debe presumirse cierto." Registro digital: 195108 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.P. J/23 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 998 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO HECHO VALER POR ALGUIEN "P.A." DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. CUÁNDO DEBE DESECHARSE. Cuando del escrito en el que se interpone algún recurso se advierte que el mismo fue formulado, sin mayores explicaciones, por alguien "P.A." de la autoridad responsable, tal abreviatura puede indicar tanto que esa persona hace valer el recurso en cuestión por acuerdo del titular, cuanto que procede de dicha manera por ausencia de éste. Ahora bien, en el supuesto de que se esté en la primera hipótesis, el medio defensivo debe ser desechado en atención a que el artículo 19 de la Ley de Amparo es terminante al establecer que, excepto cuando se trate del presidente de la República, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de garantías, en la inteligencia de que si se está en la segunda de esas hipótesis y el signante del escrito de mérito no demuestra que en ausencia de la autoridad de que se trata le correspondan sus funciones, también obliga a concluir en la forma que se ha apuntado líneas arriba." Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 7. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 1082100, extensión 1018. 8. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. 9. Emplazamiento. Ahora bien, dada la naturaleza del reclamo se estima que no existe tercero interesado, toda vez que no se actualiza ninguna de las hipótesis que establece el artículo 5 fracción III, de la Ley de Amparo. 10. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se hace la acotación en este punto, que la parte quejosa señaló correo electrónico para establecer comunicación sobre cuestiones no procesales, en caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. 11. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión, en virtud de no haber sido solicitado. En el entendido que en el particular, el juez declinante del turno, emitió resolución en torno a la suspensión de plano, en la que concedió dicha medida suspensional al quejoso. 12. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda la parte quejosa, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 13. Pruebas. Del ocurso que se atiende no se advierte que la parte quejosa haya ofertado medios de convicción. 14. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 15. Comunicación a la autoridad responsable de cuáles resoluciones se les notificará por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que nicamente serán notificadas por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 16. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 17. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 18. Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al usuario "Fguerrerod", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. 19. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria encargada del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 20. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 21. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como por oficio a la autoridad responsable, al homólogo declinante y a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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