Pedro García Guerrero
Expediente 988/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Pedro García Guerrero
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al quejoso, por oficios a las autoridades responsables y mediante lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el director del Hospital Doctor Ignacio Chávez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por el subdirector de Servicios Administrativos adscrito a dicho instituto, quien por sí y en atención a la responsable encargado y/o responsable de la Farmacia del referido hospital, residentes en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Informe de suspensión de plano. Agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, el informe relativo a la suspensión de plano, firmado por el subdirector de Servicios Administrativos adscrito al citado instituto, a través del cual informa respecto de la suspensión de plano concedida al quejoso; dese vista con su contenido a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Sobreseimiento fuera de audiencia. En efecto, del contenido de las documentales remitidas en copia certificada por las citadas responsables, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda, el reclamo constitucional se hace consistir en la omisión de las responsables de surtir el medicamento para el tratamiento de cáncer de próstata al quejoso, en el que le prescribieron el suministro de acetato de goserelina con jeringa y aplicador subcutaneo y jeringa con implante 10 miligramos. Lo anterior, resultó cierto, pues conforme al contenido de los informes justificados y las documentales remitidas por las autoridades responsables, a las cuales se les otorgó plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se evidencia que hasta el día de la presentación de la demanda, esto es treinta de agosto anterior, las responsables no habían proporcionado el aludido medicamento; sin embargo, se advierte que el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, las responsables, surtieron dicho medicamento al quejoso. Lo anterior, indica que resultó cierto el acto reclamado dado que hasta la fecha de presentación de la demanda, no se le había surtido el medicamento al quejoso, prescrito por el doctor adscrito al instituto responsable, el cual fue recetado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Razón autoridades inexistentes. Visto el contenido de la razones de cuenta, efectuada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, respecto de los oficios 19508/2021 y 19509/2021, dirigido al director del Hospital Doctor Ignacio Chávez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y encargado y/o responsable de la Farmacia del referido Hospital, sin que sea el caso dar vista al quejoso, con tales inexistencia en virtud de lo acordado con antelación. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Autoridad informa. Agréguese el oficio de cuenta firmado por el subdirector de Servicios Administrados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el medicamentos prescrito al aquí quejoso se encuentran disponibles para su entrega en la farmacia número 2 del citado instituto, a partir del ocho de septiembre del año en curso, con lo anterior, dese vista personal al quejoso, para su conocimiento. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Pedro García Guerrero, contra actos del director del Hospital Dr. Ignacio Chávez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las once horas con ocho minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio.
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