Pedro Fuentes Tomasa
Expediente 825/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 36 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- Pedro Fuentes Tomasa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante acuerdo de cinco de octubre del dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de once de julio de dos mil veintitrés, por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN Y EFECTOS (.) 94. Por otra parte, al analizar los conceptos de violación de la parte quejosa a la luz de la suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para efecto de que el Juez Octavo especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, a partir del emplazamiento reclamado -lo cual incluye desde luego, el requerimiento de pago y el embargo decretado-, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige." Ejecutoria Posteriormente, en auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. En ese sentido, mediante oficio registrado con número de promoción 17322, la Jueza responsable remitió copia certificada del acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice, del cual se desprende lo siguiente: Dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento natural, a partir del emplazamiento practicado al quejoso ********************, incluyendo el requerimiento de pago y el embargo decretado; Ordenó reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige; y, A efecto de dejar sin efecto el embargo decretado respecto del inmueble identificado como "LOTE NÚMERO ********************, DE LA MANZANA ********************, DE LA ZONA ********************, DEL POBLADO ********************, MUNICIPIO DE ******************** ********************, ESTADO DE ********************con superficie de ******************** ********************giró exhorto al Juez de lo Civil competente en el Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, a fin de que en auxilio de sus labores, dicho juzgado girara oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Tuxtepec, Oaxaca, para que proceda a cancelar el embargo decretado en el juicio de origen. Finalmente, previas gestiones tendientes a levantar el embargo trabado sobre el inmueble del quejoso, por oficio ********************, la Jueza Octava Especializada en Materia Mercantil del Distrito Judicial del Estado de Puebla, comunicó el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio natural, en el que se tuvo a las autoridades registrales del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, informando la cancelación del embargo de mérito, lo cual acreditaron con la boleta registral que exhibieron para tal efecto. En consecuencia, por auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias remitidas, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera, sin que al efecto hayan realizado pronunciamiento alguno. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector y se declara que ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisficieron los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en la misma, pues se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, a partir del emplazamiento reclamado, incluyendo el requerimiento de pago y el embargo decretado, y se ordenó reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Asimismo, resulta aplicable a la presente determinación la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Finalmente, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y electrónicamente a la parte tercera interesada.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante acuerdo de cinco de octubre del dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de once de julio de dos mil veintitrés, por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN Y EFECTOS (.) 94. Por otra parte, al analizar los conceptos de violación de la parte quejosa a la luz de la suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para efecto de que el Juez Octavo especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, a partir del emplazamiento reclamado -lo cual incluye desde luego, el requerimiento de pago y el embargo decretado-, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige." Ejecutoria Posteriormente, en auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. En ese sentido, mediante oficio registrado con número de promoción 17322, la Jueza responsable remitió copia certificada del acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice, del cual se desprende lo siguiente: Dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento natural, a partir del emplazamiento practicado al quejoso ********************, incluyendo el requerimiento de pago y el embargo decretado; Ordenó reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige; y, A efecto de dejar sin efecto el embargo decretado respecto del inmueble identificado como "LOTE NÚMERO ********************, DE LA MANZANA ********************, DE LA ZONA ********************, DEL POBLADO ********************, MUNICIPIO DE ******************** ********************, ESTADO DE ********************con superficie de ******************** ********************giró exhorto al Juez de lo Civil competente en el Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, a fin de que en auxilio de sus labores, dicho juzgado girara oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Tuxtepec, Oaxaca, para que proceda a cancelar el embargo decretado en el juicio de origen. Finalmente, previas gestiones tendientes a levantar el embargo trabado sobre el inmueble del quejoso, por oficio ********************, la Jueza Octava Especializada en Materia Mercantil del Distrito Judicial del Estado de Puebla, comunicó el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio natural, en el que se tuvo a las autoridades registrales del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, informando la cancelación del embargo de mérito, lo cual acreditaron con la boleta registral que exhibieron para tal efecto. En consecuencia, por auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias remitidas, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera, sin que al efecto hayan realizado pronunciamiento alguno. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector y se declara que ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisficieron los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en la misma, pues se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, a partir del emplazamiento reclamado, incluyendo el requerimiento de pago y el embargo decretado, y se ordenó reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Asimismo, resulta aplicable a la presente determinación la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Finalmente, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y electrónicamente a la parte tercera interesada.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad informa sin mayor acuerdo. La Jueza Octava Especializada en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, comunica que mediante oficio 2746, de su índice, cumplió con lo requerido en auto de dos de octubre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en acuerdo de cinco de octubre del año en curso se recibió el oficio de mérito y se acordó lo conducente. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Por otra parte, en términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario "MromanoMP", que pertenece a Martha Angélica Romano Saldaña, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista con cumplimiento. La Jueza Octava Especializada en Materia Mercantil del Distrito Judicial del Estado de Puebla, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector, y al efecto comunica el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 688/2022, de su índice, en el que se tuvo a las autoridades registrales del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, informando la cancelación del embargo del bien inmueble del quejoso, lo cual acreditaron con la boleta registral que exhibieron para tal efecto. FECHA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL OFICIO POR EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMÓ EL CUMPLIMIENTO 04/10/2023 4/10/2023 En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Finalmente, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo, así como el oficio y anexo remitidos en cumplimiento al fallo protector de manera personal a las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y electrónicamente a la parte tercera interesada.
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