Pedro Fabián Tobón Trujillo

Expediente 910/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
910/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Pedro Fabián Tobón Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla tres de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del catorce de julio de dos mil veintiuno, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, tomando en consideración los anexos que fueron remitidos por las autoridades en atención a los requerimientos efectuados en autos, se ordena la devolución de lo siguiente: Al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla los tomos de prueba I, II y III. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el término de cinco días concedido a la parte promovente en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno transcurrió sin que desahogara la prevención que se le formuló, a fin de que subsanara la irregularidad de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; en tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; en consecuencia se provee lo siguiente. Litis constitucional: Parte quejosa. *************** Tercero interesado. **************++ Autoridades responsables. Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Actos reclamados. Acuerdo del nueve de junio de dos mil veintiuno dictado en el juicio privilegiado de guarda y custodia 446/2020 bis, por el que se ordenó girar oficio a la Directora del Órgano Auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado denominado Centro de Convivencia Familiar, para que señale día y hora para que se lleve a cabo visita y convivencia presencial entre la tercera interesada y los menores de edad. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Desechamiento por sustitución procesal. En torno al citado acto reclamado este juzgado federal encuentra que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, siendo que tal hipótesis se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, tratándose de actos dictados en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio, por regla general, puede actualizarse tal causa de improcedencia cuando, por ejemplo, se promueve un recurso contra el acto intraprocesal reclamado en el juicio de amparo y aquél se resuelve en un sentido determinado o siendo idóneo el recurso es desechado, ya que ese acto intraprocesal primigenio deja de surtir efectos y se substituye procesalmente por la resolución del recurso interpuesto, que por cierto a partir de que se dicta es la que rige la situación procesal específica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 77/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 841, Libro XIV, Tomo 1, correspondiente a noviembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, tomo XXX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2009: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En ese sentido, se considera que se actualiza la causa de improcedencia objeto de análisis, ya que en esta acción constitucional se controvierte el acuerdo del nueve de junio de dos mil veintiuno dictado en el juicio privilegiado de guarda y custodia 446/2020, por el que se ordenó girar oficio a la Directora del Órgano Auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado denominado Centro de Convivencia Familiar, para que señale día y hora para que se lleve a cabo visita y convivencia presencial entre la tercera interesada y los menores de edad; sin embargo, esa determinación judicial fue sustituida procesalmente por el diverso proveído del veintinueve de junio del año en curso. Para corroborar lo anterior, se considera necesario relatar los siguientes antecedentes de mayor relevancia. Por auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dictado en el juicio privilegiado de guarda y custodia 446/2020, ordenó girar oficio a la Directora del Órgano Auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado denominado Centro de Convivencia Familiar, para que señalara día y hora para llevar a cabo visita y convivencia presencial entre la tercera interesada y los menores de edad; Posteriormente, por oficio de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Subdirectora y Encargada del Despacho del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, informó al Juzgado de origen que por el momento las convivencias se desarrollan de manera electrónica derivado de la contingencia sanitara, por lo que dicho Centro Familiar opera de manera virtual; En consecuencia, por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el Juez señalado como responsable ordenó que las visitas y convivencias se realizarían de manera virtual, privilegiando el interés superior del menor. Los antecedentes relatados revelan que se suscitó una sustitución procesal que provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas al proveído del nueve de junio del dos mil veintiuno, pues de analizar tal acto se soslayaría la nueva situación derivada de la emisión del acuerdo del veintinueve de junio siguiente, a través del cual el juez responsable determinó que el régimen de convivencias entre la tercera interesada y sus menores hijos se llevaría a cabo de manera virtual, salvaguardando el interés superior del menor. Para demostrar lo anterior, conviene reproducir el acuerdo antes citado: En este orden de ideas, este juzgado federal considera que si en proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, el Juez responsable determinó que el régimen de convivencia entre la tercera interesada y sus menores hijos se realizarían de manera presencial y posteriormente por acuerdo de veintinueve del mes y año en cita, señaló que mejor se realizarían de manera virtual, es claro que la situación jurídica ahora se rige por lo dispuesto en el acuerdo del veintinueve de junio de dos mil veintiuno y no por el proveído reclamado en este juicio, por lo que se impone desechar la demanda respecto de dicho acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXI, del citado ordenamiento legal. Tan solo a mayor abundamiento, cabe señalar que la parte quejosa en su demanda de amparo manifestó lo siguiente: ".Ello pasando por alto que actualmente en el Estado de Puebla las autoridades competente en materia de salud pública, así como el Gobierno del Estado de Puebla y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, no han emitido los acuerdos correspondientes a efecto de que se pueda llevar a cabo convivencia entre personas, tal y como dicho auto lo está ordenando violentando mis derechos humanos y los de mis menores hijos; aunado a que la autoridad responsable omitió darme vista con dicha determinación para que manifestara lo que a mi derecho e interés y el de mis menores hijos conviniese contraviniendo el debido proceso y el principio de igualdad de las partes, por si fuera poco, dicho acuerdo no se encuentra debidamente fundado ni motivado, ya que en el momento en que fue emitido el mismo, se encontraba vigente el acuerdo de fecha veinticinco de enero del año dos mil veintiuno del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla donde terminantemente prohíbe la actividad presencial y privilegia el uso de medios electrónicos, en consecuencia, dichas autoridades responsables colocan en riesgo la seguridad, salud y vida de mis menores hijos identificados con las siglas L.F.T.R. y J.T.R., contraviniendo sus propias determinaciones establecidas en el auto inicial, actuando de manera irresponsable al colocar en riesgo la salud de mis menores hijos." De la transcripción anterior, se advierte que la parte promovente del amparo, pretendía que no se realizaran de manera presencial la visitas y convivencias, sino se observe lo previsto en el Acuerdo General de veinticinco de enero del año dos mil veintiuno del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, en el que se privilegia el régimen de visitas virtuales. Situación que ya aconteció, pues por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el Juez responsable ordenó que se realizarían de manera virtual, con lo que la pretensión realizada por la parte quejosa con la promoción del juicio de amparo se vio satisfecha y por ende a ningún fin práctico conduciría tramitar el presente juicio de amparo. En las relatadas condiciones, es claro que se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Pedro Fabián Tobón Trujillo, por propio derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario José Carlos Ramírez Huezca, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de julio de dos mil veintiuno. TCC admite queja. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informa el contenido del acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de queja 175/2021, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por Presidente Municipal de Chignahuapan, Puebla. Atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y tómese nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de junio de dos mil veintiuno. Perito cumple requerimiento. Agréguese a los autos el escrito remitido vía electrónica del perito oficial *** mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en auto del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, realiza lo siguiente: Exhibe factura en la que se advierte la retención del impuesto sobre la renta (ISR) subsanando la previamente presentada. De lo que se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. En virtud de lo anterior, mediante oficio que al efecto se gire remítase a la Administración Regional en Toluca, Estado de México, Coordinación de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal Lo anterior, para que esté en condiciones de continuar con el trámite de pago del perito oficial ***. Notifíquese; al perito oficial a los correos electrónicos drvillanueva77@icloud.com y ely_9022@hotmail.com y a la Administración Regional en Toluca, Estado de México, a los correos electrónicos artoluca@correo.cjf.gob.mx y armando.serret.garcia@correo.cjf.gob.mx

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