Pedro Dante Ceballos Hernández

Expediente 108/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
108/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
02/02/2017

Partes del expediente

  • Pedro Dante Ceballos Hernández
  • Ma. Guadalupe Galván Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito informa que se avocó al conocimiento de la incompetencia planteada en auto de diecinueve de enero del año en curso. En vista de lo anterior, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  2. Principal

    Se requiere al Administrador de Correos para que informe el tratamiento dado a los oficios de referencia.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso el auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, que en su parte conducente dice: Colima, Colima, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo que promueve Pedro Dante Ceballos Hernández; contra actos del Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, por considerarlos conculcatorios de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 35, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 108/2017-II-V. Ahora bien, del contenido del ocurso de demanda se tiene que el acto reclamado al Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, consiste en la resolución de resolución de diez de enero de dos mil diecisiete, dentro los autos del incidente de incompetencia del expediente 702/2012, del índice de la responsable, en la que se sobreseyó en el juicio. Al efecto, se estima necesario conocer el contenido del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Dicho precepto establece los casos en que un Juez de Distrito es competente para conocer de una demanda de amparo indirecto. Por su parte, el diverso numeral 34 de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. En tanto que el ordinal 37, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en lo conducente preceptúa, lo siguiente: "Artículo 37 Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: [.] b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales; [.]". De esta forma, el acto reclamado consistente en la resolución de diez de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, en los autos del incidente de incompetencia en el expediente 702/2012, en la que sobreseyó en el juicio, y dadas sus características ya apuntadas, se ubica en las hipótesis precisadas en los artículos 34 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por ello la controversia de que se trata debe plantearse en el juicio de amparo uniinstancial; por lo que este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo en estudio. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 47 de la Ley de Amparo, lo que en el caso procede es remitir la demanda de garantías y sus copias, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad capital; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 6/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 95, Libro 17, abril 2015, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial d la Federación, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Se tiene como autorizado del quejoso en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a la persona que designa en su ocurso de cuenta. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Alberto Saucedo Alcaraz, quien da fe.

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