Pedro Dante Ceballos Hernández
Expediente 158/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Pedro Dante Ceballos Hernández
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, del que se desprende que ese órgano se avocó al conocimiento del juicio de amparo 158/2018-VI-OM, con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado, quedando registrado con el número de amparo directo 138/2018, del índice de la superioridad. En consecuencia, se ordena su archivo como asunto concluido. Háganse las anotaciones correspondientes. A efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo décimo primero, en relación al último párrafo del dispositivo vigésimo primero, ambos del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes de los juzgados de Distrito, el presente expediente a consideración del suscrito juez no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Dado que en el expediente en que se actúa, se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, el presente expediente es susceptible de destrucción, de conformidad a lo previsto en la fracción I del dispositivo vigésimo primero, del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes de los juzgados de Distrito, por lo cual una vez transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó su archivo, se ordena su transferencia al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo fracción I, y vigésimo quinto del Acuerdo General invocado. En la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado Acuerdo General conjunto 1/2009.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de garantías promovida por PEDRO DANTE CEBALLOS HERNÁNDEZ, contra actos del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. Regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 158/2018-VI-OM, y fórmese el expediente de amparo. Ahora bien, vista la demanda de amparo, cuyo acto reclamado se hace consistir en el auto emitido el catorce de febrero de dos mil dieciocho en el expediente 101/2018 del índice de la autoridad responsable, en el que se desechó la demanda que presentó el quejoso por la acción de nulidad e inexistencia de los requerimientos efectuados por la Tesorería municipal del Ayuntamiento del municipio de Colima. De lo que resulta que se está en presencia de una resolución que pone fin a juicio, pues se trata de una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido; por lo que se estima que éste juzgado es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo interpuesta. Así las cosas, se estima necesario conocer el contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Dicho precepto establece los casos en que un Juez de Distrito es competente para conocer de una demanda de amparo indirecto. Por su parte, el diverso numeral 34 de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecta a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. En tanto que el artículo 170, fracción l, y párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 170 El juicio de amparo directo procede: l. contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponga fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido." Pues bien, de la demanda de garantías, se desprende que el quejoso señala que el acto reclamado lo constituye el auto emitido el catorce de febrero de dos mil dieciocho, en el expediente 101/2018 del índice de la autoridad responsable, en el que se desechó la demanda que presentó el quejoso por la acción de nulidad e inexistencia de los requerimientos efectuados por la Tesorería municipal del Ayuntamiento del municipio de Colima, lo cual se estima que se trata de una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 51/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 21 del Tomo XX, Agosto de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la novena época, número de registro 180958 de rubro y texto siguientes: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural". Consecuentemente, con apoyo en el artículo 47 de la Ley de Amparo, lo que en el caso procede, es remitir de inmediato la demanda de garantías y sus copias, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad capital; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P./J. 6/2015, publicada en la página noventa y cinco, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Asimismo, es ilustrativo a lo anterior la tesis de jurisprudencia por contradicción número P./J. 40/97, publicada en la página seis, Tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el indicado en la demanda de amparo. Finalmente, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en el Actuario de la adscripción.
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