Pedro Damián Flores Martínez

Expediente 1008/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1008/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Pedro Damián Flores Martínez
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de agosto del año que transcurre (fojas 93 a 94), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación autoridad responsable, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 95), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en cuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 38 a 62), se determinó conceder a Pedro Damián Flores Martínez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".a) Los artículos 23, fracción III, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución financiera BBVA Bancomer y la constancia de pago exhibida por el Recaudador General de Rentas del Estado de Nayarit con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el diez de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.". Sentencia que causó ejecutoria el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho (foja 81 y 82), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el veinticuatro de agosto del presente año (fojas 93 a 94), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia simple del reporte del Reporte de Transferencia SPEI (foja 94), que contiene la suma de la cantidad erogada y su actualización correspondiente, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió la cantidad de $17,180.30 (diecisiete mil ciento ochenta y treinta centavos moneda nacional), que corresponde al monto erogado por la parte quejosa con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el veintisiete de agosto dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 94), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a agosto de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril entre el índice para el mes de julio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil dieciocho fue de 131.987 y para el mes de julio de dos mil dieciocho fue de 132.991, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00760. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $17,186.30 (diecisiete mil ciento ochenta y seis pesos 30/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $17,316.91 (diecisiete mil trecientos dieciséis pesos 91/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $130.61 (ciento treinta pesos 61/100 moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver al quejoso era de $17,316.91 (diecisiete mil trecientos dieciséis pesos 91/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $17,180.30 (diecisiete mil ciento ochenta y treinta centavos moneda nacional), es decir, presenta un déficit $136.60 (ciento treinta y seis pesos con sesenta centavos moneda nacional), pero dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolver, así como los que efectúe el quejoso, a fin de recibir dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de biinstancial, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el telegrama procedente del Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, solicita copias certificadas de la sentencia incidental y acuerdo de cumplimiento de la ejecutoria, entre otro; consecuentemente, por lo que ve a la interlocutoria de que se trata, expídasele mediante oficio que al efecto se gire, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo por disposición de su dispositivo 2º. En otro orden de ideas, téngase señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, de conformidad con los numerales 305 y 308, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del arábigo 2. Asimismo, en lo que refiere a las diversas constancias que señala, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que deberá solicitarlas, en su caso, en el juicio principal de donde deriva el presente incidente, mismo que se tramita por cuerda separada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito signado por el quejoso ********** y anexo que acompaña, mediante el cual informa que en cumplimiento al requerimiento de siete de agosto de la presente anualidad (foja 85), ha proporcionado diversa documentación a la autoridad señalada como responsable para el cumplimiento a la sentencia amparadora; en consecuencia, agréguese el libelo de cuenta y el anexo para los efectos legales a que haya lugar.

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