Pedro Conrado Solís Cortés

Expediente 486/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
486/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
26/07/2018

Partes del expediente

  • Pedro Conrado Solís Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el doce de julio de la presente anualidad (fojas 53 y 54), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, la que por una parte negó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa******************** Asimismo, que mediante proveído de trece de julio de esta anualidad (foja 55), se dio vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo signado por la autoridad responsable citada, para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó personalmente a la parte quejosa, el diecinueve de julio actual (foja 58), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 19 a 35), se determinó por una parte negar y por la otra conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".Una vez que sea notificada de que esta determinación causó ejecutoria, dé cumplimiento a lo que ordenó en la audiencia de quince de marzo de dos mil diecisiete; esto es, levante la certificación correspondiente de que no existen pruebas pendientes por desahogar, a fin de que dé vista a las partes con dicha circunstancia a efecto de que, dentro del término de ley, manifiesten lo que a sus intereses legales convenga y una vez transcurrido dicho lapso y en caso que no hubieran realizado manifestación alguna al respecto, continúe con la secuela procesal indicada, conforme a los plazos y lineamientos que establece el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la ley que rige al acto reclamado." De lo transcrito, se colige que los actos que debía realizar el Tribunal de Conciliación responsable, con sede en esta ciudad, era levantar la certificación correspondiente de que no existían pruebas pendientes por desahogar, a fin de que se diera vista a las partes con dicha circunstancia y estuvieran en condiciones dentro del término de ley a realizar manifestaciones que a sus intereses legales conviniera y no habiéndolas realizado continuara con la secuela procesal indicada. Luego, a través del oficio número 0350/18-A, de once de julio de la presente anualidad y anexo al mismo (fojas 53 y 54), recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el doce posterior, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, informó del cumplimiento dado al fallo protector emitido en autos y para ello adjuntó en original un proveído de once de julio de dos mil dieciocho, emitido dentro de los autos del juicio laboral de origen 228/14, por el que se advierte que entre otras cosas levantó la certificación correspondiente de que no existían pruebas pendientes por desahogar y, consecuentemente, declaró cerrada la instrucción, turnando el expediente al secretario de acuerdos de ese Tribunal, a fin de que dentro del término de diez días formulara el proyecto de resolución en forma de laudo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de ********************violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora, al no resultar necesarias, devuélvanse a la responsable denominada Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, las constancias relativas al acto reclamado, consistentes en un legajo de copias certificadas del expediente laboral 228/2014 de su índice, remitidas al momento de rendir su respectivo informe con justificación (foja 12). En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, por una parte de negó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el doce de julio de la presente anualidad (fojas 53 y 54), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, la que por una parte negó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa******************** Asimismo, que mediante proveído de trece de julio de esta anualidad (foja 55), se dio vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo signado por la autoridad responsable citada, para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó personalmente a la parte quejosa, el diecinueve de julio actual (foja 58), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 19 a 35), se determinó por una parte negar y por la otra conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".Una vez que sea notificada de que esta determinación causó ejecutoria, dé cumplimiento a lo que ordenó en la audiencia de quince de marzo de dos mil diecisiete; esto es, levante la certificación correspondiente de que no existen pruebas pendientes por desahogar, a fin de que dé vista a las partes con dicha circunstancia a efecto de que, dentro del término de ley, manifiesten lo que a sus intereses legales convenga y una vez transcurrido dicho lapso y en caso que no hubieran realizado manifestación alguna al respecto, continúe con la secuela procesal indicada, conforme a los plazos y lineamientos que establece el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la ley que rige al acto reclamado." De lo transcrito, se colige que los actos que debía realizar el Tribunal de Conciliación responsable, con sede en esta ciudad, era levantar la certificación correspondiente de que no existían pruebas pendientes por desahogar, a fin de que se diera vista a las partes con dicha circunstancia y estuvieran en condiciones dentro del término de ley a realizar manifestaciones que a sus intereses legales conviniera y no habiéndolas realizado continuara con la secuela procesal indicada. Luego, a través del oficio número 0350/18-A, de once de julio de la presente anualidad y anexo al mismo (fojas 53 y 54), recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el doce posterior, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, informó del cumplimiento dado al fallo protector emitido en autos y para ello adjuntó en original un proveído de once de julio de dos mil dieciocho, emitido dentro de los autos del juicio laboral de origen 228/14, por el que se advierte que entre otras cosas levantó la certificación correspondiente de que no existían pruebas pendientes por desahogar y, consecuentemente, declaró cerrada la instrucción, turnando el expediente al secretario de acuerdos de ese Tribunal, a fin de que dentro del término de diez días formulara el proyecto de resolución en forma de laudo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de ********************violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora, al no resultar necesarias, devuélvanse a la responsable denominada Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, las constancias relativas al acto reclamado, consistentes en un legajo de copias certificadas del expediente laboral 228/2014 de su índice, remitidas al momento de rendir su respectivo informe con justificación (foja 12). En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, por una parte de negó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistos el oficio de cuenta, signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de garantías y al efecto acompaña copia certificada del acuerdo de once de julio del año en curso, emitido dentro del juicio laboral 228/2014 de su estadística, por el que entre otras cosas hizo constar y certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar y, consecuentemente, declaró cerrada la instrucción, así como turnó el expediente de que se trata al secretario de acuerdos de ese tribunal, a fin de que dentro del término de diez días formule el proyecto de resolución en forma de laudo; en consecuencia, agréguense a sus autos el comunicado y documental que adjunta, para los efectos legales a que haya lugar. Luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las referidas documentales, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Juzgado Federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector; sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la notificación de la resolución terminada de engrosar el treinta y uno de mayo del año curso (fojas 19 a 35), se efectuó al Agente del Ministerio Público de la Federación, el uno de junio de la presente anualidad; en tanto que, para el tercero interesado y autoridades responsables, el siete de junio actual y para la parte quejosa el ocho del mes y anualidad en curso (fojas 43, 47 y 46 respectivamente), por lo que a la fecha feneció el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Sin que en el presente asunto se actualice la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la Ley de la materia, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene a la responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J.36/2011 (10a.), determinó que las juntas y tribunales laborales no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues son organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, por lo que están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional. Además, el superior jerárquico al que se refiere la Ley de Amparo en vigor, es al superior en materia jurisdiccional o judicial y no al superior en materia administrativa. No es obstáculo a lo anterior: a) Que el Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en funciones de Presidente, con residencia en esta ciudad, en el incidente de inejecución de sentencia número 17/2012, determinó que con fundamento en el dispositivo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la fracción IV, del diverso 41 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, es la Secretaría de Trabajo del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, la que si bien no tiene facultades para decidir respecto a cuestiones meramente jurisdiccionales, sí cuenta con las atribuciones administrativas como lo es coordinar y vigilar el funcionamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y señala que se debe requerir a dicha autoridad a fin de que obligue a la autoridad responsable a cumplir con la sentencia de amparo; y b) Que el Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo del Estado de Nayarit, en el artículo 7, fracciones VII y X, estipula que la persona titular de esa secretaría, deberá vigilar que en el establecimiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, las juntas especiales, se cumplan las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo; y coordinar la integración y el establecimiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero patronal y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como vigilar el funcionamiento de los mismos. Ello, porque en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia que establezcan las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para este Juzgado de Distrito. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil quinientos quince, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 4, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "**Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con domicilio en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el artículo 193 de la citada Ley.

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