Pedro Clavel Nicolas

Expediente 676/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 44 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
676/2017
Año
2017
Actuaciones
44
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Pedro Clavel Nicolas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, uno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio 13014/2023 de cuenta, suscrito por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, residente en esta ciudad, mediante el cual solicita que se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo y copia certificada de diversas constancias. Como lo insta el juzgado federal oficiante, comuníquesele que este negocio se encuentra totalmente concluido; y, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, remítanse copias certificadas de las constancias que solicita.

  2. Principal

    SE DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR.

  3. Principal

    Vistos el telegrama y el oficio de cuenta enviados por la Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado Tercero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en Angostura, Sinaloa, por medio de los cuales, con el primero, comunica que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, el veintiocho de noviembre del año en curso, se emitió diversa sentencia en la que se resolvió la petición del quejoso Pedro Clavel Nicolás, respecto del recurso de revocación interpuesto contra el auto de ocho de julio de dos mil diecisiete; y con el restante, remite copia certificada de la resolución a la que se refiere; agréguense a los presentes autos para que surtan sus efectos legales. En ese sentido, dese vista al quejoso Pedro Clavel Nicolás y al defensor público federal, con el oficio y documentales de cuenta, a efecto de que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés y de su defendido convenga, respectivamente, con el apercibimiento que de no hacerlo, el suscrito Juzgador resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la sentencia constitucional conforme a los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Por otra parte, intégrense a los autos para los efectos correspondientes, los escritos firmados por el citado quejoso, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones, respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario. De acuerdo a lo anterior, téngase por realizadas las manifestaciones vertidas por el impetrante, las cuales podrán analizarse al momento de pronunciarse respecto de dicho cumplimiento. Ahora bien, considerando que el quejoso Pedro Clavel Nicolás, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se encomienda notificarle personalmente el presente acuerdo, y darle vista con el oficio 0899/2019, con número de registro 15964, a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto sus labores se lo permitan, en el entendido que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el quejoso de mérito, para que proceda a la plena identificación del mismo. Por tanto, acorde con lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Visto el telegrama de cuenta, enviado por la Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado Tercero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en Angostura, Sinaloa, por medio del cual esencialmente, expresa que corresponde a la Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Pueblas conocer del expediente de ejecución 62/2018 del índice de la autoridad oficiante; agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes. Por otra parte, del estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha la Juez Tercera de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Angostura, Sinaloa -autoridad vinculada, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; esto, con independencia de lo expuesto por la citada Juez vinculada en el telegrama de cuenta, dado que conforme a los autos el trámite del referido expediente de ejecución, continua realizándose ante el órgano jurisdiccional a su cargo. En el entendido de que el reclamo del quejoso a la responsable Juez de Ejecución de Sentencias Itinerantes, con residencia en Puebla, Zaragoza, se hizo consistir en: La resolución dictada con fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, dentro del incidente de ejecución número 312/2012/JESI. Por otro lado, en la sentencia emitida en este juicio constitucional, el amparo se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencias Itinerantes, con residencia en Puebla, Zaragoza, realizara los siguientes actos: Deje insubsistente la resolución emitida el seis de octubre de dos mil diecisiete, en el incidente de ejecución número 312/2012/JESI; Hecho lo cual, emita otra sentencia en la que resuelva la petición de la parte quejosa respecto del recurso de revocación interpuesto contra el diverso auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, debidamente fundado y motivado; y, Justifique tal circunstancia, con las constancias respectivas. De manera que se subsane la afectación sufrida en la esfera jurídica del impetrante de mérito. Ahora bien, en relación a lo anterior, el doce de junio de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia, sin requerir a la responsable por su cumplimiento dado que con esa misma actuación se tuvo por recibido oficio por la Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante, residente en Puebla, Puebla, en vía e informe sobre el cumplimiento de ese fallo, con lo que se dio vista a la quejosa para que se manifestara al respecto en el plazo el tres días, se manifestara al respecto, apercibiéndole que de no hacerlo en ese término, se resolvería sobre el cumplimiento de la misma ejecutoria con los elementos y datos que obraran en autos. Posteriormente, mediante auto de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se declaró cumplida tal ejecutoria, contra el cual el quejoso interpuso recurso de inconformidad, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimosegundo Circuito, bajo el número 52/018 de su índice. Tal recurso fue resuelto por el superior en sesión de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 159 a 170, vuelta), declarándolo fundado, esto, al no acatar al citada responsable, la directriz de la sentencia. Ello, tomando en cuenta que la autoridad responsable, al dejar insubsistente la resolución de seis de octubre de dos mil diecisiete cumplió con el primer lineamiento del fallo concesorio, pero no con el restante, conforme al cual debía resolver la petición del quejoso Pedro Clavel Nicolás respecto del recurso de revocación interpuesto contra el auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, en el incidente de ejecución, debiendo fundar y motivar su determinación con base en las constancias respectivas, mientras que la responsable solo expuso los motivos y razones por las cuales se encontraba impedida para verificar si loa agravios eran fundados o no, o bien si existía alguna suplencia de la queja que aplicar en favor del quejoso, al no contar con los elementos necesarios e idóneos para resolver lo que derecho correspondiera. Consecuentemente, por auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencias Itinerantes, con residencia en Puebla de Zaragoza para que informara sobre el cumplimiento a la sentencia constitucional emitida en este juicio de amparo, en el sentido de emitir con plenitud de jurisdicción Igualmente, se le requirió el cumplimiento a través de los acuerdos de fechas veinticinco de febrero y catorce de marzo, ambas fechas de este año. Posteriormente, mediante oficio JESI/2378/2019 (foja188 a 194), la Jueza de Ejecución de Sanciones Itinerante con sede en Puebla de Zaragoza, emitió a este Juzgado, a manera de informe sobre los trámites tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, copia certificada de las constancias del incidente de ejecución 317/2012/JESI del que se generó este amparo, de las que se deriva que a través de acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciocho ordenó remitir los autos de ese incidente al Juez al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, a fin de que lo turnara al Juez con jurisdicción en el lugar en que se encuentra recluido el sentenciado aquí quejoso, o sea en el Centro Federal de Readaptación Social Número 08 "Nor-poniente" con residencia en Guasave, Sinaloa, por considerar que es el juez competente para conocer del procedimiento de ejecución. Teniéndose por recibido tal oficio de la citada Juez itinerante mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, a través del cual, de la misma manera, se le requirió en ese sentido de que informara sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional, por medio del auto de quince de abril del año en curso. Mediante el diverso oficio JESI/3747/2019 la jueza itinerante en mención informó esencialmente lo relativo a su imposibilidad de resolver del referido procedimiento de ejecución, en virtud de que el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, turnó la carpeta incidental 317/2012/JESI de origen a la Jueza Tercera de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Angostura, Sinaloa. En atención a lo anterior, por medio de autos de tres y dieciséis de mayo del año en curso que recayó a tal oficio, se requirió a dicha Juez Tercera de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Angostura, Sinaloa -como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria- para que informara sobre el acatamiento de esa ejecutoria de amparo, quien a través de telegrama registrado en este Juzgado Federal bajo número 6634 comunicó los trámites llevados a cabo para cumplir la sentencia de amparo -donde instauró el procedimiento de ejecución bajo número 62/2018- sustancialmente, lo concerniente a sus requerimientos de informes al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 con residencia en Tepic, Nayarit, para que remitiera los estudios de personalidad del sentenciado y al Juzgado Segundo de lo Penal de Puebla, para que a su vez le remitiera copia certificada de constancias de la causa penal 241/1993, instruida contra el sentenciado, necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria. Tal informe también lo rindió el Juez Tercero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Angostura, Sinaloa a través de oficio 0343/2019 (foja 215), al que anexó impresiones electrónicas de los oficios que envió a las citadas autoridades a las que les hizo los requerimientos, mismo oficio que se tuvo por recibido por medio de acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve. De igual forma, mediante auto de trece de junio de este año, se tuvo por recibido oficio 0302/2019 (foja 229) por el que comunicó dicha autoridad vinculada al cumplimiento, lo relativo a las actuaciones tendentes a la ejecución de la sentencia que resolvió este juicio de derechos, acompañando a manera de justificación copia certificada de esas actuaciones. Asimismo, mediante oficio 0413 (foja 245), esa autoridad rindió informe sobre los trámites atinentes al cumplimiento de la sentencia de amparo, anexando copia certificada de las constancias del procedimiento de ejecución. De lo anterior se aprecia que requirió nuevamente al Director del Centro Federal de Readaptación Social de Readaptación Social Número 04 "Noroeste", residente en Tepic, Nayarit, para que enviara los estudios de personalidad del aquí quejoso a que se hizo referencia, y que recibió las constancias que solicitó al Juez Segundo de lo Penal de Puebla. A tal oficio recayó el acuerdo de este juzgado de veintiuno de junio del presente año, requiriéndole por el cumplimiento de la sentencia constitucional. A solicitud del referido Juez Tercero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Angostura, Sinaloa, contenida en su oficio 0449/2019 (foja 256), a través de auto de cinco de julio de año en curso se le otorgó ampliación del plazo de hasta por diez días, para para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por medio de auto de once de julio de este año, se tuvo por recibido oficio enviado electrónicamente por dicho Juez vinculado al cumplimiento de la ejecutoria, de ocho de julio de esta anualidad, por medio del cual notificó a este Juzgado Federal haber emitido resolución de esa misma data a través de la cual concedió al quejoso el beneficio de remisión parcial de la sanción corporal (foja 260), reduciéndola en cuatro ciento sesenta y seis días, equivalentes a un año, tres meses, once días de prisión. Después, a través de oficio 0413/2019, envió dicho juez vinculado al cumplimiento, copia certificada de esa resolución emitida en el procedimiento de ejecución concediéndole al sentenciado, aquí quejoso el citado beneficio de remisión parcial de la sanción corporal, que se tuvo por recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, dándose vista a la parte quejosa. Al respecto el Defensor Público y autorizado del quejoso se manifestó en el sentido de que con tal resolución del Juez Tercero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Angostura, Sinaloa, no se daba cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no indicar por qué no se encontraban reunidos los requisitos de procedencia de libertad anticipada contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal y de temporalidad para el de libertad preparatoria, que contempla la Ley de Ejecución del Estado. El quince de agosto de dos mil diecinueve, este juzgador federal determinó que ciertamente, con dicha resolución del Juez Tercero en comento no se satisfacía a cabalidad lo ordenado en la ejecutoria de amparo, al no dar explicaciones de las que se advirtieran las razones por las que no procedía en favor del sentenciado, ahora quejoso, alguno de los beneficios que solicitó (libertad anticipada de la pena o libertad preparatoria); por lo que requirió de nuevo a dicha autoridad para que diera debido cumplimiento a dicha ejecutoria. El treinta de septiembre de este año, se tuvo por recibido oficio de la Juez de Ejecución que se menciona, al que acompañó copia de la resolución de veinte de ese mismo mes y año emitida para dar cumplimiento a la sentencia constitucional. Posteriormente, a solicitud del Defensor Público Federal, por auto de cuatro de octubre del año que transcurre se requirió a la aludida Juez Tercero de Primera instancia de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito que acreditara que tal resolución de veinte de septiembre anterior, dictada respecto de la solicitud del beneficio de libertad le había sido notificada al aquí quejoso; esto, mediante comunicación oficial. Tal comunicación oficial fue devuelta debidamente diligenciada a través de oficio 0766/2019, que se tuvo por recibido en esta misma pieza de autos. Debe destacarse asimismo que el peticionario, en la diligencia de notificación que le efectuó la Actuaria adscrita a éste Juzgado Federal, el ocho de octubre del presente año, desahogó también la vista, señalando medularmente que con la resolución de la Juez Tercero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Angostura, Sinaloa, no se daba cumplimiento a la ejecutoria de amparo, basándose en lo siguiente: Que no se analizaron sus agravios -los que hizo valer al interponer el recurso de revocación. Que el punto central de la materia es el primer párrafo del artículo 14 Constitucional, artículos 6º y 108 del Código de Defensa Social (del Estado de Puebla) vigente en la época en que se le condenó a través de la ejecutoria respectiva, sin pasar por alto que se resolvió a su favor la inconformidad 52/2018 emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito. También el quejoso a través de su escrito que se tuvo por recibido líneas atrás se manifiesta en el sentido de que no puede tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo, en lo sustancial, al desconocerse por la Juez en cita que solicitó inicialmente-en el incidente de ejecución- el beneficio de libertad preliberacional, no obstante que dicha juez reconoce que la autoridad penitenciaria dio "el voto favorable" para que se le otorgue el beneficio y ha computado más del cincuenta por ciento de la pena impuesta en la causa penal 247/1993. Luego mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgador constitucional, observó que en esa resolución emitida por la Juez vinculada al cumplimiento el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, primeramente, después de fundar su competencia, estableció que debía ocuparse de resolver la solicitud presentada por el sentenciado -aquí quejoso- con el fin de decidir si se otorgaba la libertad condicionada o anticipada previstas en los artículos 136 y 141, respectivamente, de la Ley Nacional de Ejecución Penal por ser la que estaba en aptitud de aplicar al caso concreto, de conformidad a lo previsto en los artículos 2 y 34 de la misma legislación. Enseguida precisó que respecto a la solicitud de libertad condicionada o anticipada, no se satisfacían plenamente los requisitos previstos en esos artículos 136 y 141 y luego se refirió al beneficio de libertad condicionada prevista en los artículos 136 y 137 de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal. Señaló que si bien respecto a ese último beneficio el sentenciado había cumplido con la mitad de la pena que se le impuso, de acuerdo a la fracción VII del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, era solo un parte de los requisitos exigidos para la procedencia del beneficio, pues además debía cumplir los restantes señalados en las otras fracciones de ese numeral. Se refirió al incumplimiento en cuanto a cubrir la multa que se le impuso en la causa penal 16/1995 del índice del Juzgado Octavo de lo Penal de Defensa Social de Puebla, misma que se le siguió por el delito de robo calificado. Igualmente, que tampoco había pagado la multa al sentenciado aquí quejoso Pedro Clavel Nicolás, que se le impuso en la causa penal 241/1993 del índice del Juzgado Séptimo de Defensa Social de Puebla. Y en lo referente a la negativa a conceder al aquí quejoso el beneficio de libertad anticipada, la mencionada Juez Tercero de Ejecución de la Consecuencias Jurídicas del Delito, determinó que ello obedecía a que no se satisfacían los requisitos previstos en las fracciones I, V y VII del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, no habérsele dictado diversa sentencia condenatoria firme, haber cubierto la multa y que haya cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta tratándose de delitos dolosos o la mitad, tratándose de delitos culposos. Por todo lo cual en su resolución la citada autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo concluyó que no se encontraban reunidos los elementos de procedencia a los citados beneficios. En esas condiciones, luego del respectivo examen de esa resolución, este juzgador constitucional estimó que no se cumplió íntegramente con la ejecutoria de amparo. Es así, en la medida en que no se precisó en la misma la razón por la que la Juez vinculada al cumplimiento de la sentencia se limitó a la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al señalar que ése órgano judicial solo estaba en aptitud de aplicar la misma al caso concreto, de conformidad con sus artículos 2 y 24, pero sin indicar los motivos o circunstancias particulares por los que la situación de facto se ajustaba a ese marco legal, de forma que el sentenciado y recurrente -aquí quejoso- al conocer esos motivos, pudiera controvertir tal resolución, recaída al recurso de revocación que interpuso en el incidente de ejecución 312/2012/JESI; máxime que dicho sentenciado pretende se le otorgue un beneficio de libertad anticipada basándose en el Código de Defensa Social y en la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad Penal del Estado de Puebla. De ahí que no se verificó con lo anterior lo ordenado en la ejecutoria de amparo, por lo que con la citada resolución de veinte de septiembre del año en curso, no se pudo tener por cumplida la ejecutoria de amparo. En ese panorama, requiérase de nueva cuenta a la mencionada autoridad vinculada, a fin de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; para lo cual se le apercibe que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se hará acreedora a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, subsiste el diverso relativo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el mismo contexto, se fijó el aludido plazo en razón del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de cumplimiento y la fecha del presente auto, lo cual de por sí se consideró un retraso en el cumplimiento de la sentencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". En ese contexto, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, considerando que el quejoso Pedro Clavel Nicolás, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, se encomienda notificar personalmente el presente acuerdo, a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto sus labores se lo permitan, en el entendido que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el quejoso de mérito, para que proceda a la plena identificación del mismo. Por tanto, acorde con lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.

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