Pedro Castro Rodriguez

Expediente 899/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
899/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Pedro Castro Rodriguez

Actuaciones

  1. Incidental

    Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran glosadas a este cuaderno incidental la constancia que acrediten que las autoridades responsables Juez Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Actuarios adscritos a dicho Juzgado, se encuentran notificadas respecto a los oficios 15136/2023-4B y 15137/2023-4B, mediante los cuales se les solicitó informe previo; por tanto, la audiencia incidental señalada para esta fecha, se difiere y se fijan las doce horas del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Por último, se precisa que es innecesario requerir a las autoridades responsables por el informe previo, toda vez que es razonable admitir que dichas comunicaciones se encuentran en trayecto, atendiendo a la fecha cuando se les solicitó, el término concedido para rendirlo y además del tiempo necesario por razón de la distancia.

  2. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, con el que, remite el juicio de amparo 1287/2023-III, promovido por Pedro Castro Rodríguez, contra actos del Juez Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, de cuyo contenido se advierte que dicho juzgado, por los motivos y fundamentos expuesto remite por incompetencia el citado juicio. Formación y registro del expediente Fórmese expediente tanto impreso como electrónico y regístrese en el libro electrónico correspondiente a los juicios de amparo con el número 899/2023-4B; y al efecto se provee: Se acepta competencia En el oficio de cuenta, que transcribe el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, el juzgado declinante señala que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, dado que de la demanda que nos ocupa se advierte el acto reclamado por el quejoso Pedro Castro Rodríguez, tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano; y, conforme a los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, razón por la cual los Juzgados de Distrito con residencia en Los Mochis, Sinaloa, son los competentes para conocer del presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 38 y 48, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada; comuníquese lo anterior a la autoridad oficiante para los efectos legales correspondientes, en vía de acuse de recibo. Admisión Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2°, párrafo primero, 3°, 5°, 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Pedro Castro Rodríguez, contra actos del Juez Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades. Incidente de suspensión Tramítese por separado el incidente de suspensión relativo. Audiencia constitucional Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Solicitud de informe Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito o, bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibidas que de no hacerlo, se le podrá imponer una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita. Conocimiento sobre causas de improcedencia Hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento del juicio, están obligadas a comunicarlo a este Juzgado, tal como lo prevé el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Pruebas De acuerdo con lo establecido en el precepto 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las documentales que el promovente anexa a su demanda de garantías; asimismo, se tienen por anunciadas las pruebas consistentes en presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de relacionarlas al verificarse la audiencia constitucional. Teniendo en consideración que la parte quejosa ofreció como pruebas las documentales de referencia y acompañó copia, solicitando expresamente su compulsa para que obre en el expediente incidental, éste juzgado considera que la copia simple es para formar el cuaderno incidental y, por tanto, se ordena la compulsa de las mismas para que se agreguen a dicho cuaderno y al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Es aplicable la Jurisprudencia, de la Novena Época, con registro 163758, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2010, Materia Común, número de Tesis P./J. 71/2010, cuyo contenido es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver.". Intervención al Ministerio Público, adscrito Por otro lado, con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en este juicio constitucional al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito. Emplazamiento al tercero interesado Asimismo, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados para los efectos de este asunto a las personas morales Semillas y Agroproductos Monsanto Comercial, S.A. de C.V. y Monsanto Comercial, S.A. de C.V. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, en términos de su artículo 2, gírese exhorto vía Sistema Integral de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, se sirva ordenar a quien corresponda, emplace a juicio a las personas morales terceras interesadas Semillas y Agroproductos Monsanto Comercial, S.A. de C.V. y Monsanto Comercial, S.A. de C.V., ambas con domicilio en la oficina 6-A, Edificio marcado con el número 1450, de la calle Guillermo González Camarena, colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01210, en Ciudad de México; para lo cual, el actuario judicial encargado de la diligencia deberá correrle traslado al presentante legal de dichas terceros ,con copias de la demanda de amparo, así como del presente auto de admisión, que para tal efecto se anexan a la comunicación oficial. Asimismo, el actuario judicial comisionado deberá informar al presentante legal de las terceras interesadas, la hora y fecha programada para el verificativo de la audiencia constitucional, la que en párrafos anteriores se fijó, y requerirlas a efecto de que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, las subsecuentes se les realizarán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado de distrito, aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. De igual modo, se precisa que el actuario del juzgado exhortado deberá realizar el emplazamiento y la notificación solicitada, no obstante que la fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional en este juicio haya transcurrido, pues en este caso, este juzgado proveería lo necesario para no dejar en estado de indefensión a las referidas terceras interesadas. En ese sentido, en términos del precepto 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada y se faculta al Juez exhortado para determinar y acordar las promociones necesarias, diligencias e incluso aplicar los medios de apremio indispensables para la debida diligenciación solicitada. Designación de autorizados y medios de contacto Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Ricardo Pacheco Martínez, y únicamente para que oigan, reciban notificaciones y se imponga de autos, a los licenciados Carlos Lazos Chávez y Enrique Castañeda Estrada, en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el sistema computarizado para el registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Domicilio Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en los estrados de este juzgado de distrito, en virtud de así indicarlo en el escrito de cuenta. Protección de datos personales Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos. Exhortación a las partes Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes podrán solicitarlo, por sí o por conducto de sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

  3. Incidental

    Los Mochis, Sinaloa, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 899/2023-4B, promovido por ********************, contra actos del Juez Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades. En ese contexto, con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 142, 147, 150, 163, 166, 168, de la Ley de Amparo, anexando copia de la demanda, solicítese a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir por los medios magnéticos, a través del correo electrónico oficial 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, en el término de cuarenta y ocho horas, expresando, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Bajo el apercibimiento, que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y además, en su caso, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente de CIEN UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Se señalan las trece horas del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora, para decidir sobre la procedencia de la suspensión el juzgado debe examinar si la naturaleza de los actos permite su paralización; y, si se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: Que la medida la solicite el agraviado. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En este sentido, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señala como autoridades responsables al Juez Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a los Actuarios adscritos a las Secretarías "A" y "B" del Juzgado Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de quienes reclama lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO A).- De la autoridad señalada como ordenadora y ejecutora, reclamo todo el procedimiento seguido en el Juzgado Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por estar viciado de origen, es decir, afectado de nulidad absoluta por la falta de llamamiento a juicio del suscrito como tercero ajeno a dicho procedimiento, al que le para perjuicio hasta el auto por el que se ordena la desposesión del inmueble del cual la detento, facultando al Actuario Ejecutor para obtener la posesión física y material del bien inmueble materia en un juicio, cuyo rubro es ******************** ********************, S.A. DE C.V., Y ********************, S.A. DE C.V. VS. ******************** S.A. DE C.V. Y OTROS, JUICIO: ESPECIAL HIPOTECARIO, EXPEDIENTE ********************/2019. B). Asimismo reclamo del Actuario Ejecutor o Notificador adscrito al Juzgado Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del expediente cuyo rubro es: física y material del bien inmueble materia en un juicio, cuyo rubro es ******************** ********************, S.A. DE C.V., Y ********************, S.A. DE C.V. VS. ******************** S.A. DE C.V. Y OTROS, JUICIO: ESPECIAL HIPOTECARIO, EXPEDIENTE ********************/2019, la ejecución material de la desposesión ordenado por el A quo, así como todas y cada una de las consecuencias legales que de dicha ejecución se deriven del lanzamiento ordenado en autos, con uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, ya que de ejecutarse se me dejaría en un notorio estado de indefensión. C). De TODAS y cada una de las autoridades señaladas como responsables, reclamo todos los efectos y consecuencias de un nulo llamamiento y/o emplazamiento a juicio, como acontece en la especie.". Atento a lo anterior, la quejosa solicita la suspensión para el efecto de que: ".Por este conducto, solicito a usted C. Juez, tenga a bien concederme la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva de los actos reclamados, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo, en relación con los 126, 133, 136 y demás relativos como aplicables a dicho ordenamientos jurídico antes invocado, tomando en consideración la documental que exhibo, acreditando así mi interés jurídico dado que se cumplen con los requisitos de ley, y no se contravienen disposiciones del orden público, ni se genera perjuicio al interés social, y en caso contrario se me causarían daños de difícil reparación. En este contexto, es de apreciar que se cumplen con los requisitos exigidos en este caso, concurrentes por las razones que a Continuación se precisan: Por una parte, el artículo 125 de la Ley de Amparo, refiere que se debe otorgar la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Su concesión resulta procedente, puesto que no se afecta el interés social, en modo alguno, ni se contravienen disposiciones de orden público, puesto que el asunto con la interposición del Amparo queda subjúdice. El artículo 17, fracción X de la Constitución Federal, establece la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en el juicio de garantías, que sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público, ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la Ley en que se apoya el acto reclamado, por el contrario ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde determinar al Juez. El orden público e interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar, prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir las reglas mínimas de convivencia social a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar con esta Institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto, no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos subjetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. En este sentido se aplica la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe: .". Ahora, al tener en cuenta que exhibió documentales consistentes en el original del contrato de arrendamiento inmobiliario, de fecha uno de febrero de dos mil veintitrés, que celebró con el señor ********************"arrendador", respecto del bien inmueble del predio rústico y las construcciones en el existentes, con clave catastral ********************, denominado ********************, en la ********************, Municipio de ********************, Sinaloa, código postal 81000, y el quejoso como "arrendatario", con lo que acredita su interés suspensional a nivel indiciario. Por tanto, con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional que solicita ********************, para el efecto que sin suspender el procedimiento de origen, por ser de orden público, no sea desposeído del bien inmueble materia de la Litis, siempre y cuando los actos reclamados no se haya llevado a cabo. Asimismo, en caso de que el juicio de origen se encuentra en procedimiento de remate, esta suspensión tiene como efecto que sin paralizarlo por ser de orden público, no se tiren escrituras, ni se ponga en posesión material y jurídica a favor de terceras personas, de conformidad con el artículo 151 de la Ley de Amparo. Siempre y cuando esto no se haya verificado con anterioridad al otorgamiento de esta medida. Son aplicables, la Jurisprudencia 1a./J. 4/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, consultable en la página 515, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2009, Materia Común, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDEACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien.". Y la P./J. 96/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23, del Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado.". La medida suspensiva decretada surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el impetrante no otorga, dentro del término de cinco días siguientes al en que se le notifique este acuerdo, en términos del numeral 132 de la Ley de Amparo, garantía por la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) en cualquiera de las formas permitidas por la ley; cantidad que se fija discrecionalmente por tratarse de un asunto de naturaleza civil con el objeto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a los terceros interesados con esta medida, en caso que la amparista no obtenga sentencia favorable en el juicio de garantías del cual deriva este incidente. Si se exhibe la garantía en billete de depósito o en póliza de fianza; deberá presentarla mediante billete o certificado de depósito, preferentemente deberá ser constituida ante el Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, el cual además deberá contener la razón siguiente: "el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, además de que se autoriza al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, para solicitar y recibir información de la institución financiera que permita el control del depósito", sin que la ausencia de esta inserción, sea motivo suficiente para rechazar esa garantía; lo anterior con fundamento en los artículos 8, 28 y 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Si opta por la póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado, debiendo señalar el agente autorizado en esta ciudad, domicilio para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio de garantías del que deriva este incidente; si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo. La suspensión concedida surte efectos desde luego, aun cuando sea recurrida esta determinación, en términos del numeral 136 de la Ley de Amparo Los efectos de la medida cautelar decretada dejarán de hacerlo si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo el amparista no otorga la garantía fijada, de conformidad con lo establecido en el artículo 136, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, en términos de su artículo 2, gírese exhorto vía Sistema Integral de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, se sirva ordenar a quien corresponda, notifique el presente acuerdo a las personas morales terceras interesadas ********************, S.A. de C.V. y********************, S.A. de C.V., ambas con domicilio en la oficina ********************, Edificio marcado con el número ********************, de la calle ********************, colonia ********************, Alcaldía ********************, código postal ********************, en Ciudad de México; para lo cual, el actuario judicial encargado de la diligencia deberá correrle traslado al presentante legal de dichas terceros, con copias del presente auto de admisión, que para tal efecto se anexan a la comunicación oficial. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 143/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23 del Tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR, estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión.". En diverso orden, con fundamento en el artículo 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, expídase copia certificada de este auto, previa toma de razón e identificación que a su recibo se deje asentado en autos. Finalmente, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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