Pedro Carlos Zamora Martínez
Expediente 414/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 38 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Carlos Zamora Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los escritos del quejoso * * * * * * * * * * por los que solicita se requiera a las autoridades responsables en este juicio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con los apercibimientos respectivos; al respecto, se provee: La sentencia concesoria de amparo, fue para los efectos siguientes: "Octavo. Efectos de la concesión de amparo. Por todo lo expuesto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a * * * * * * * y con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos son los siguientes: 1. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca: a) Deje insubsistente el acuerdo dictado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente de jubilación * * * * * * * * 2. El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; a) Resuelva la solicitud del quejoso, respecto a las prestaciones que cubrirán el monto de su pensión por jubilación, a que tiene derecho de acuerdo a la categoría de Magistrado nivel 23 A, conforme a las bases establecidas en el dictamen de jubilación aprobado en sesión administrativa extraordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, iniciada el ocho y concluida el trece de octubre de dos mil veintiuno. 3. Que todas las autoridades responsables se abstengan de aplicar al hoy quejoso la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y por ende la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. 4. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca: a) De manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias, por conducto de la Directora de Administración, del Jefe de Recursos Humanos del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, o de la autoridad que corresponda, a fin de que en el término de quince días, compruebe a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión, le correspondan al quejoso * * * * * * * * * * conforme al dictamen de jubilación aprobado en sesión administrativa extraordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, iniciada el ocho y concluida el trece de octubre de dos mil veintiuno, en los términos establecidos en el mismo y a partir del uno de abril de dos mil veintiuno. b) Le restablezca los beneficios de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, debiendo remitir a este Juzgado de Distrito las constancias que así lo acrediten.". Y, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, el entonces Magistrado Presidente del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, se advierte que únicamente ha cumplido con el punto número 1; puesto que mediante escrito con folio de recepción 6043, remitió copia certificada del acuerdo dictado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente de jubilación * * * * * * * * * * * *, de su índice, en el cual dejó insubsistente el diverso acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior, como medida tendiente a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; no así de los restantes efectos de la concesión de amparo. Es importante destacar que en el considerando séptimo de la sentencia ejecutoriada, se advierte lo siguiente: ".En su atención, mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de jubilación * * * * * * * *, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, le informó al quejoso, que los conceptos respecto de los cuales se cubriría el monto de su pensión, consistirían en sueldo, previsión social múltiple, compensación fija garantizada y quinquenio, acorde a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; inconforme con dicha respuesta, el quejoso promovió el presente juicio de amparo. Determinación que este juzgador no estima ajustada a derecho, en primer término porque la misma fue emitida únicamente por el Presidente de dicho Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, sin haber dado cuenta al pleno de dicho órgano jurisdiccional. Ello es así, toda vez que de acuerdo al artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Judicial del Estado de Oaxaca, publicada el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, la cual se encontraba vigente a su ingreso como Magistrado (uno de abril de dos mil seis), las solicitudes referentes a la jubilación, es el Pleno quien determina lo que en derecho proceda. Normatividad que se estima aplicable al caso, pues, del dictamen citado, se observa que en el considerando tercero se precisó que la normatividad que se aplicaría para cuantificar la temporalidad y porcentaje de su jubilación, sería la que estaba vigente a su ingreso como Magistrado (uno de abril de dos mil seis), esto es la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (publicada el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve), y no la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca (reformada el doce de octubre de dos mil nueve), pues ésta establecía requisitos más gravosos para el solicitante. Lo anterior, porque como lo describieron en el dictamen de jubilación, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establecía que al jubilarse, los magistrados percibirían una pensión de carácter vitalicio, equivalente al cien por ciento del ingreso mensual que corresponde a los Magistrados en activo; mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, señalaba que dicha pensión vitalicia sería por el cien por ciento de las prestaciones que tuviere al momento de la aprobación de la jubilación (fojas 511 a 513). Aunado a que el Presidente del Tribunal modificó de facto la normatividad aplicable al caso concreto, respecto de los conceptos que integran el monto de la pensión por jubilación; ya que el Pleno ya había dictaminado que los preceptos aplicables son los artículos 73 y 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, lo que se traduce en un derecho adquirido y no puede ser modificado. Sin que pase inadvertido que, por regla general, la normativa aplicable para la jubilación es la que se encuentre vigente al momento de su obtención; sin embargo, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca en sesión administrativa extraordinaria iniciada el ocho y concluida el trece de octubre de dos mil veintiuno (fojas 59 a 78 y 495 a 514), aprobó el dictamen en el que resultaba legalmente procedente la jubilación voluntaria del ahora quejosa y en el que se puntualizó que se le aplicaría la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; determinación no puede ser modificada por el Magistrado Presidente del propio tribunal. Además, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el transitorio sexto estableció que se respetarían los derechos laborales a los servidores públicos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Por tanto, toda vez que desde el dictamen de jubilación aprobado en sesión administrativa extraordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, iniciada el ocho y concluida el trece de octubre de dos mil veintiuno, se reconoció que el quejoso cumplía con los requisitos previstos en las fracciones I y II del artículo 73, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para alcanzar una remuneración por jubilación voluntaria, a partir del uno de abril de dos mil veintiuno, la que incluiría los derechos, prestaciones y percepciones económicas que le corresponden de acuerdo a su categoría de Magistrado nivel 23 A y a la normatividad presupuestal aplicable; De ahí resultan fundados los conceptos de violación. Pago de la pensión por jubilación El peticionario esencialmente aduce que se violan sus derechos humanos con la omisión de la responsable de cumplir con el dictamen de jubilación aprobado en sesión administrativa extraordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, iniciada el ocho y concluida el trece de octubre de dos mil veintiuno, pues no ha realizado el pago de la pensión. Al respecto, conviene precisar en primer lugar que el derecho a la seguridad social está reconocido como uno de los derechos humanos de eficacia internacional, que participa con los demás de las características de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia, en cuanto contribuye a asegurar que las personas alcancen una vida plena y digna, cuyo reconocimiento a nivel normativo impone a los Estados la obligación de respetarlos, protegerlos y satisfacerlos y, concretamente, a los operadores de las normas que los consagran, de utilizar el principio pro homine en su interpretación. Resulta aplicable el criterio contenido en la Tesis: P . XXXVI / 2013 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Laboral, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página 63, registro digital: 2004106, de rubro y texto: "SEGURIDAD SOCIAL. LAS JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO GOZAN DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS DEL SALARIO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADOS A, FRACCIÓN VIII Y B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto, ubicado en el título sexto "Del Trabajo y de la Previsión Social", contiene los derechos de los trabajadores del sector privado (apartado A) y del sector público (apartado B), y sus medidas de protección, en particular, las atinentes al salario (mínimo y en general), con la finalidad de que el trabajador reciba una cantidad que asegure sus necesidades y las de su familia, sin atentar contra su dignidad, decoro y libertad humanas; asimismo, en dichos apartados se establecen las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores a través de diversos seguros, entre ellos, los que dan lugar al pago de las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. Ahora, si bien sobre estos últimos conceptos la Norma Suprema no prevé medidas concretas de protección, lo cierto es que también gozan de aquellas establecidas para el salario que les resulten aplicables, específicamente las contenidas en el artículo 123, apartados A, fracción VIII y B, fracción VI, de la Constitución General de la República, en tanto que los ingresos respectivos son asimilables al ser producto del trabajo, aun cuando el salario es percibido durante la vida activa del trabajador, y las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro derivadas de la seguridad social se obtienen cuando el prestador del servicio por su edad, número de años trabajados o alguna otra circunstancia como la enfermedad o la invalidez, adquiere el derecho a percibirlas. Además, si dichas prestaciones de seguridad social sustituyen al salario cuando el trabajador ya no está laboralmente activo, y los ingresos derivados de todos esos conceptos tienen por objeto satisfacer sus necesidades y las de su familia, por igualdad de razón en tanto se trata de la protección de los derechos adquiridos por el trabajador, quien posee también el derecho al mínimo vital inherente a todo ser humano, las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro deben resguardarse en términos del precepto señalado, esto es, por ser equivalentes en cuanto a su naturaleza al salario mínimo, deben exceptuarse de embargo, compensación o descuento (artículo 123, apartado A, fracción VIII), y no pueden ser objeto de retenciones, descuentos, deducciones o embargos no previstos en la ley (artículo 123, apartado B, fracción VI). Asimismo, se invoca el de la Tesis: P . LXII / 95 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias ( s ): Laboral, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Octubre de 1995, página 157, registro digital: 200308, que dice: "JUBILACION DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CONSTITUYE UN DERECHO DE CARACTER LEGAL QUE PUEDE SER MEJORADO A TRAVES DE ACUERDOS O CONVENIOS. El artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución establece como una prestación de seguridad social el de la jubilación. Por tanto, ésta constituye un derecho de carácter legal para quienes prestan sus servicios al Estado, pero pueden ser mejoradas las condiciones, requisitos y cuantía establecidos en la ley a través de acuerdos o convenios. Las normas laborales sólo consagran los derechos mínimos de que deben disfrutar los trabajadores con motivo de la relación de trabajo, pero ninguna disposición legal prohíbe que tales derechos mínimos puedan mejorarse a través de acuerdos o convenios entre los trabajadores y el órgano de gobierno respectivo." Por tanto, bajo el enfoque actual de una mayor protección a los derechos humanos mediante el acceso a la justicia constitucional, y ante la problemática social que origina el retraso injustificado del pago de las pensiones a los jubilados, corresponde al Estado asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adquirieron aquéllos después de laborar por el tiempo señalado por la ley, a recibir el pago de una pensión, el cual debe ser realizado en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna. Ahora, el derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1, 4, 25, 27, 31, fracción IV y 123, de donde deriva que los individuos deben tener condiciones económicas que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, de esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecerían de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona jubilada por años de servicios, pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. De ahí que, cuando se omite pagar en su totalidad una pensión, se violan los derechos humanos a la dignidad y al mínimo vital de los jubilados, ya que aquélla comprende la satisfacción de las necesidades básicas para que ese retiro sea digno. Asimismo, se transgrede el derecho humano a la seguridad social, del que deriva el pago de la pensión, por la necesidad de garantizar la continuidad en tiempo y forma legal del pago de la pensión, como obligación del Estado mediante el ente asegurador de las prestaciones de seguridad social, derivado del derecho de los pensionados a recibir una protección especial por su condición de integrantes de un grupo en situación de vulnerabilidad, integrado por sujetos que ordinariamente tienen la presunción de subsistir económicamente de lo que reciben mensualmente por concepto de pensión. De la misma manera, de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 80/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en la parte considerativa determinó lo siguiente: ".Así, la determinación del juez Federal acerca de que se debe dejar de aplicar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa así como la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, no se sustenta en lo relativo a la independencia de los operadores de justicia; sino en que era aplicable la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, vigente cuando ingresó el quejoso como magistrado, debido a que en el considerando tercero del dictamen de jubilación correspondiente, se precisó que la normatividad aplicable para cuantificar la temporalidad y porcentaje de su jubilación, sería la vigente a su ingreso como magistrado, expresamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicada el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por serle más favorable que la Ley de Justicia Administrativa para esta entidad. Agregó el A quo, que la determinación del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, en torno a la aplicabilidad de los artículos 73 y 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado, era un derecho adquirido que no podía ser modificado. Sin que la autoridad recurrente combata esas consideraciones torales, que por tanto, debe quedar intocadas, para continuar rigiendo el sentido del fallo. Además se observa que en el dictamen de jubilación expresamente se hizo la precisión de que era: "aplicable la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca publicada el 16 de octubre de 1999, para efecto de cuantificar la temporalidad y porcentaje de su jubilación, que era la que estaba vigente a su ingreso como Magistrado"; como se advierte a continuación (fojas 59 a 77 del juicio de amparo): Es cierto que el juez Federal precisó que no pasaba inadvertido que por regla general, la normativa aplicable para la jubilación era la vigente al momento de su obtención; sin embargo, inmediatamente también señaló que en el caso el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, en sesión extraordinaria iniciada el ocho y concluida el trece de octubre de dos mil veintiuno, había aprobado el dictamen de jubilación del quejoso en el que se puntualizó que se le aplicaría la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y que esa determinación plenaria no podía ser modificada por el Magistrado Presidente del propio Tribunal. Sin que tampoco la parte recurrente controvierta este pronunciamiento del juez Federal, acerca de que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobó el dictamen de jubilación del quejoso en el que se precisó que se le aplicaría la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y esta determinación plenaria no podía ser modificada por el Presidente de dicho Órgano Jurisdiccional; argumento del A quo, que, por lo tanto, debe continuar incólume, rigiendo el sentido de la sentencia. Ahora, si bien el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado es un órgano autónomo, que cuenta con reglamentación propia para regir sus procedimientos, como lo es la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que en su artículo 51 dispone que las pensiones para magistrados del Tribunal se regirán conforme a la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado; sin embargo, el Pleno de ese Órgano Jurisdiccional, aprobó el dictamen de jubilación del quejoso, en el que se precisó que para cuantificar la pensión sería aplicable la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicada el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, vigente cuando ingresó como Magistrado; y, como lo indicó el juez Federal: "al existir un dictamen de jubilación, que hasta el momento goza de validez legal, su cumplimiento es obligatorio", lo que no es desvirtuado por la recurrente; de ahí que dicho dictamen de jubilación, no pueda ser inobservado por la autoridad recurrente, magistrado presidente de ese Órgano Jurisdiccional. Por otra parte, del informe justificado rendido por la autoridad responsable recurrente (fojas 187 a 190 del juicio de amparo), se aprecia que con posterioridad al otorgamiento de la pensión del quejoso (trece de octubre de dos mil veintiuno), mediante oficio * * * * * * * * (fojas 226 y 227 del juicio de amparo), de seis de diciembre de dos mil veintiuno, hizo entrega al diputado Presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del Congreso del Estado, del anteproyecto del presupuesto de egresos dos mil veintidós, solicitándole le fueran asignados los recursos suficientes para su operatividad. Sin embargo, ello no significa que se hubieran realizado todas las gestiones necesarias con la finalidad de efectuar el pago de la pensión jubilatoria del quejoso; y sin que por las cuestiones presupuestales que aduce se justifique legalmente la falta de pago de la pensión del promovente del amparo, dada su trascendencia para la subsistencia del magistrado jubilado. De ahí que sí se considere correcto el otorgamiento del amparo al quejoso, con la finalidad de que se ordene al citado Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, que de manera inmediata realice todas las gestiones administrativas necesarias, para lograr que se le pague la pensión por jubilación al promovente del amparo. Sin que resulte un obstáculo el hecho de que los recursos asignados a ese Tribunal se encuentren totalmente fiscalizados, en cuanto a su aplicación, sin poder destinarse a partidas distintas a las autorizadas; puesto que, se insiste, tales cuestiones presupuestarias no pueden tener el alcance de dejar de cumplir con el pago de la pensión legalmente otorgada al quejoso, por lo que se debe efectuar todo lo necesario para obtener los recursos a fin de pagar la pensión del promovente del amparo. Así las cosas, contrario a lo que aduce, no se advierte la existencia de algún impedimento jurídico para dejar de pagarle al quejoso la pensión que le fue otorgada; de ahí que tal concesión del amparo de ninguna manera se considera que deje en indefensión a la recurrente. Por lo tanto, no se considera pertinente, desde este momento, vincular al cumplimiento de la sentencia de amparo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, pues primero debe la responsable realizar todas las acciones necesarias para lograr que se le pague su pensión al quejoso; a reserva de lo que resulte pertinente, en la ejecución de la sentencia de amparo, donde el A quo estará en aptitud jurídica de vincular, en su caso, a las autoridades que estime necesario. Sin que tampoco se aprecie que arguyendo motivos relativos a la Independencia Judicial, el juez Federal hubiera ordenado que se dejaran de observar las disposiciones legales para la utilización o destino del presupuesto asignado, trasladándolo libremente de una partida presupuestal a otra, no autorizada previamente; ya que los argumentos planteados por la recurrente no acreditan este extremo, por las razones ya mencionadas que revelan su ineficacia jurídica. De ahí la ineficacia jurídica de sus argumentos. Por todo lo anterior, no logró demostrar que incorrectamente se concediera el amparo, en contravención a las disposiciones sustantivas y procesales aplicables, ni que los argumentos en que se sustenta la sentencia recurrida no se encontraran debidamente fundados y motivados.". Como se advierte de la transcripción de la sentencia y ejecutoria respectiva, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, dejó de observar que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, aplicable al caso, establecía que la pensión vitalicia sería por el cien por ciento de las prestaciones que tuviere al momento de la aprobación de la jubilación, por lo que es aplicable la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, vigente cuando ingresó el quejoso como magistrado, debido a que en el considerando tercero del dictamen de jubilación correspondiente, se precisó que la normatividad aplicable para cuantificar la temporalidad y porcentaje de su jubilación, sería la vigente a su ingreso como magistrado, expresamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicada el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por serle más favorable que la Ley de Justicia Administrativa para esta entidad. Por lo que como el quejoso lo señaló en escrito recibido el veintitrés de junio pasado, en su respuesta no contempló la remuneración al desempeño laboral y compensación eventual, que de acuerdo con la constancia de percepciones emitida por la dirección de administración de dicho tribunal, de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, y que obra en el expediente de jubilación * * * * * * * * * * * percibía mensualmente. Por ello, con fundamento en el numeral 192 de la misma ley, y tomando en cuenta que el Presidente del Tribunal responsable, en su oficio * * * * * * * * refiere que únicamente ha girado oficio al Secretario de Finanzas de ese Tribunal, recibido el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, para que dentro del término concedido, realice el cálculo total de la cantidad que se le adeuda al quejoso, asimismo, informa que en la solicitud del presupuesto de egresos del dos mil veinticuatro, no se contempló el pago por concepto de jubilación del peticionario del juicio de amparo; es decir, se advierte que no ha cumplido con la totalidad de la ejecutoria de amparo; se requiere al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días cumpla con cada uno de los efectos de la sentencia concesoria de amparo, esto es, compruebe a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión, le correspondan al quejoso * * * * * * * * * conforme al dictamen de jubilación aprobado en sesión administrativa extraordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, iniciada el ocho y concluida el trece de octubre de dos mil veintiuno, en los términos establecidos en el mismo y a partir del uno de abril de dos mil veintiuno. Se le apercibe que de no hacerlo así o no manifestar el impedimento legal que tuviere para ello, se le impondrá una multa equivalente al importe de CIEN DÍAS valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga al momento de realizarse la conducta sancionada, el cual asciende a un monto de $10,374.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), en relación con lo dispuesto por los artículos 192, párrafo segundo, 193, párrafo primero, 258 y 267, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, tomando en consideración que la autoridad responsable, solo ha demostrado una actitud evasiva, que retarda el cumplimiento del fallo y afecto de dar inicio el trámite correspondiente al incidente de inejecución; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días hábiles siguiente a su legal notificación, proporcione en sobre cerrado, los datos identificables de las personas que ocupan los puesto de integrantes del Pleno de ese Tribunal, consistentes en: Nombre y domicilio. La clave del registro federal de contribuyentes con homoclave (RFC). Fecha de nacimiento, incluyendo año, mes y día. Clave Única de Registro de Población (CURP). Finalmente, por el momento, no ha lugar a solicitar copias certificadas del auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo * * * * * * * * de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado; ello en razón de que este juzgado federal se encuentra agotando el procedimiento de cumplimiento previsto en la Ley de amparo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por el Presidente del Pleno y Director Jurídico, ambos del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, mediante los cuales informan las medidas tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, adjuntando para justificar su dicho las constancias respectivas. En consecuencia, se le tiene informando las acciones que se encuentra realizando para cumplir con la sentencia protectora, por lo que este juzgado se da por enterado para los efectos legales procedentes. Por otra parte, dada la voluminosidad de este expediente, a efecto de evitar el deterioro de las constancias que lo integran y a fin de lograr un buen manejo de los autos, se ordena formar el SEGUNDO TOMO, con esta actuación. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de ********************, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa, por el que solicita se requiera a las autoridades responsables en este juicio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con los apercibimientos respectivos; ello, en razón de que en proveído de dieciséis de octubre pasado se requirió el cabal cumplimiento, sin que lo haya realizado; al respecto, se provee: En atención a lo solicitado por el provente, se tienen por hechas sus manifestaciones en los términos en que lo realiza; en la inteligencia de que el oficio por el que se le requirió el cumplimiento fue entregado en la oficialía de la citada responsable, el treinta de octubre del año en curso, encontrándose dentro del término de tres días concedido, al momento de la presentación del escrito que ahora se provee, para que la autoridad responsable informe al respecto. Por otra parte, glósese a los autos el oficio TJAyCCO/SGA/1627/2023, signado por el Director Jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, por el que informa que aún se encuentra pendiente por realizar el acta entrega-recepción de la Dirección de Finanzas por parte del ex magistrado presidente, para conocer los montos totales de ingresos del Tribunal y su disponibilidad; sin embargo, a la fecha en que se dicta este proveído, no se ha cumplido con la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 192 de la misma ley, se requiere al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días cumpla la sentencia concesoria de amparo, en su caso, informe la determinación del Pleno de dicho órgano Jurisdiccional en cuanto la forma en que se le cubrirá al quejoso las cantidades que resulten por concepto de pensión; asimismo, exhiba ante este juzgado el proyecto de presupuesto de egresos del año dos mil veinticuatro, que envió a la cámara de diputados donde conste el renglón para el pago de las prestaciones a que tiene derecho el aquí quejoso como magistrado jubilado nivel 23 A, como se dictaminó por el pleno de ese tribunal administrativo, y como se ordenó en la ejecutoria dictada en este Juicio de Amparo. Se le apercibe que de no hacerlo así o no manifestar el impedimento legal que tuviere para ello, se le impondrá una multa equivalente al importe de CIEN DÍAS valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga al momento de realizarse la conducta sancionada, en relación con lo dispuesto por los artículos 192, párrafo segundo, 193, párrafo primero, 258 y 267, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad mencionada.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de * * * * * en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa, por el que solicita se requiera a las autoridades responsables en este juicio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con los apercibimientos respectivos; al respecto, se provee: En atención a lo solicitado y tomando en consideración que en proveído de tres de octubre del año en curso, se agregó el oficio * * * * * * * del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en el que entre otras circunstancias informó que la prórroga de quince días hábiles concedidos a la comisión para presentar al pleno el proyecto correspondiente fenecería del seis de octubre pasado, por lo que una vez aprobada la propuesta lo haría del conocimiento de este juzgado, sin que a la fecha lo haya realizado. En consecuencia, con fundamento en el numeral 192 de la misma ley, se requiere al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días cumpla con cada uno de los efectos de la sentencia concesoria de amparo, e informe la determinación del Pleno de dicho órgano jurisdiccional en cuanto la forma en que se le cubrirá al quejoso las cantidades que resulten por concepto de pago pensión. Se le apercibe que de no hacerlo así o no manifestar el impedimento legal que tuviere para ello, se le impondrá una multa equivalente al importe de CIEN DÍAS valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga al momento de realizarse la conducta sancionada, en relación con lo dispuesto por los artículos 192, párrafo segundo, 193, párrafo primero, 258 y 267, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que por el momento haya lugar a hacer efectivo los apercibimientos anteriormente decretados, toda vez que ha informado las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, aunado a que se toma en consideración la circunstancia de que con motivo de la aprobación del decreto 1486 por la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, cambió la integración de dicho órgano jurisdiccional y la administración de mismo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad antes mencionada.
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