Pedro Bolaños Aquino
Expediente 47/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Bolaños Aquino
Actuaciones
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintitrés. 1. Firme auto de desechamiento. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintitrés de enero del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por********************, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. 2. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su destrucción, conforme el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 3. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
notificación a la parte quejosa por no acudir a notificarse pese dejar aviso.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada a este órgano jurisdiccional el veinte de enero de dos mil veintitrés, que promovió Pedro Bolaños Aquino, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Mesa Siete del Sector Central de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Oaxaca y otro; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 47/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales , se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Desechamiento Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en el supuesto de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. En ese sentido, atendiendo al escrito inicial de demanda se tiene que para efectos de este juicio de amparo el acto reclamado consiste en: "(.) IV. ACTO RECLAMADO: De las autoridades antes señalada, reclamo: LA NEGATIVA FICTA DE Darme la intervención que legalmente me corresponde, en una Carpeta de Investigación de número que desconozco, pero que tengo pleno conocimiento que existe en mi contra o en contra de mi comunidad de ********************, ********************, Oaxaca". En tanto que en los antecedentes del acto reclamado expuso: "ÚNICO. Con fecha catorce de diciembre de 2023 (sic), personas que se dijeron ser elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones dependientes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se presentaron en un terreno que se encuentra bajo Resguardo de nuestra comunidad de ********************, ********************, Oaxaca, precisamente en la calle de ******************** Número ******************** en la que manifestaron a los vecinos que se me presentaron con la finalidad de Realizar una inspección judicial en dicho inmueble sin que se me diera parte o se haya puesto a mi disposición como Agente Municipal que soy en dicha Población tal como lo demuestro con la copia certificada de mi credencial que me acredita como tal, misma que anexo a la presente en copia certificada, para fundamentar mi dicho en la negativa de dichas autoridades de arme Intervención es en virtud de un escrito de Intervención que el suscrito presento para tal fin con fecha 15 de diciembre de 2022 y que dieron respuesta hasta el día lunes 16 de Enero del presente año 2023 indicándome que no existe pero que tengo pleno conocimiento que si existe y se inició una Carpeta de Investigación integrándose en mi contra por el DELITO DE ******************** por personas ajenas a mi comunidad y que pretenden inculparme de un delito que el suscrito no ha cometido- así como en contra de mi comunidad o de mis colaboradores tal como lo menciono en mi escrito de petición ante la Autoridad Ministerial." La parte conducente del acuerdo impugnado es la siguiente: "Atendiendo a su petición dirigida a la DIRECTORA DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y PROCESOS, DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA", de fecha 14 y recibida el 15 de diciembre del presente año; en esta mesa a mi cargo, por medio de la cual solicita se le otorgue intervención en alguna CARPETA DE INVESTIGACIÓN que supuestamente se encuentra integrándose en su contra, informo a Usted, que después de haber realizado una búsqueda, a partir del 10 de septiembre de 2022 a la recepción del escrito; únicamente en la base de datos del sector Metropolitano, Mesas de Asuntos Relevantes y Coordinadora de foráneos, dependiente de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de esta Fiscalía General del Estado de Oaxaca; se le informa que NO SE LOCALIZÓ ninguna carpeta de investigación en su contra, durante el periodo de búsqueda que solicita; a lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes." De la transcripción anterior, se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo transcritos, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse con un acto de autoridad que lo vulnere. Ahora bien, como lo ha distinguido el más alto Tribunal, existen tres tipos de interés atendiendo al nivel de afectación sobre la esfera jurídica de la persona: el simple, el legítimo y el jurídico. El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad, en otras palabras, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de afectación en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo Por su parte, el interés jurídico ha sido determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel que se identifica con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En tanto que el interés legítimo, se trata de una posición intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción, por lo que requiere de una afectación en sentido amplio a la esfera jurídica del promovente, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene frente al orden jurídico. Así, la redacción constitucional en torno al interés para acudir al juicio de amparo -tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, exige que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, pudiendo ser: I) el titular de un derecho subjetivo; o, II) el titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese tenor, conviene tener presente que la lectura íntegra de la demanda de amparo permite advertir que el quejoso reclama la omisión de darle intervención a la carpeta o carpetas de investigación que se integran en su contra; sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que el actuar de la autoridad responsable no afecta su interés jurídico. El artículo 21 de la Constitución Federal establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. [.]" Del numeral citado se advierte que el Ministerio Público está facultado para la investigación de actos delictivos para lo cual podrá apoyarse en la policía, quien actuará bajo su conducción. Aunado a lo anterior, si en la especie se desconoce si el trámite de esa indagatoria o indagatorias realmente afectará algún derecho de la parte quejosa, debido a que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por la fiscalía y ofrecer las pruebas que estime necesarias; por lo que los actos de investigación reclamados en esta vía constitucional, no le causan perjuicio alguno, pues hasta ese momento no se produce afectación alguna en su situación jurídica. Dicho en otros términos, el hecho de que se esté llevando una investigación inicial, no implica que concluirá con la formulación de la imputación, de ahí que no es factible estimar que la integración de una carpeta de investigación, por sí misma produzca una afectación a la esfera de derechos del aquí quejoso que hagan procedente la acción constitucional intentada a través de su demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada (X Región) 2o.1 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región, consultable en la página 2592, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2012423, de rubro y texto siguientes: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Ahora bien, el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus fracciones V y VIII, prevén el derecho de los imputados a que se les informe en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de Control, los hechos que se les imputan y los derechos que les asisten; así como el derecho a tener acceso a los registros de la investigación, a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, lo cierto es que esta última fracción, también dispone que será salvo las excepciones previstas en la ley. En ese orden de ideas, el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados en tanto el imputado sea detenido, citado para comparecer como imputado o sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, lo que, además, guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal. Por tanto, si la parte quejosa no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el citado numeral 218, pues en la demanda no refirió haber sido detenido, citado para comparecer con el carácter de imputado o ser sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, aun cuando le pudiera recaer el carácter de imputado en la carpeta de investigación, no existe obligación del fiscal de informarle los hechos que se le imputan, o en su caso, de permitirle el acceso a los registros de investigación que obran en la carpeta de investigación. Cobra aplicación la Jurisprudencia PC.VII.P. J/2 P (11a.), undécima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2025594, materia(s): Común, Penal, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A ÉSTE CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a resoluciones contradictorias al analizar los acuerdos emitidos por los Jueces de Distrito en los cuales se desecharon de plano las demandas de amparo promovidas contra los actos reclamados consistentes en la omisión y/o negativa de darle acceso o intervención al imputado en la carpeta de investigación, al tenerse por actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico). Uno de los órganos contendientes determinó que dicha causal no era de actualización manifiesta e indudable, porque la falta de afectación al interés jurídico es una cuestión que debe ser materia de análisis en la sentencia; mientras que el diverso órgano contendiente consideró que, respecto a tales actos, la causa de improcedencia sí revestía tales características, por lo que debía desecharse de plano la demanda. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito determina que cuando se reclama la sola omisión y/o negativa del Ministerio Público de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación, tales actos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, al no generar un perjuicio real y actual a sus derechos subjetivos, por lo que es dable desechar la demanda de amparo, ya que, en estos casos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: La comparecencia del imputado en la carpeta de investigación no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el vigente artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo establece así, ni existe algún otro precepto constitucional que constriña al representante social a recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por el contrario, el artículo 218 de este último ordenamiento, contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta que el imputado sea detenido o citado a comparecer, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución General. Por consiguiente, la simple omisión y/o la negativa de la autoridad ministerial de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación no le afecta en sus derechos subjetivos públicos; máxime cuando se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho, ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando el imputado sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias. Por ende, tales actos (la omisión y/o negativa) no afectan el interés jurídico del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley, la cual es insuperable y no puede desvirtuarse con los informes justificados o medios de prueba aportados por el justiciable. De ahí que sea ajustado a derecho que en estos casos se deseche la demanda, por falta de interés jurídico, sin necesidad de dar trámite a un juicio que sería infructuoso e incluso en detrimento del principio de expeditez." En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en las aludidas porciones normativas en relación con el artículo 113 de la ley en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Domicilio y autorizados. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. Asimismo, se autoriza, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en tanto que a las diversas personas que menciona, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, por no encontrarse registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ello, sin perjuicio de que una vez que acredite haber realizado el registro respectivo, se le autorice en los términos amplios que solicita. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido por la licenciada Natividad Santiago Ruiz, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.
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