Pedro Amezcua Peña
Expediente 205/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pedro Amezcua Peña
- Director de la Unidad Médica Familiar del IMSS en esta ciudad
- Director de la Unidad Médica Familiar del IMSS en esta ciudad y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de nueve de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó, el presente juicio de amparo, promovido por Pedro Amezcua peña, por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el Artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; lo anterior, sin soslayar que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo fuera de audiencia; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Lo proveyó y forma Marbella Juárez García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022 signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo II-205/2021, promovido por PEDRO AMEZCUA PEÑA, contra actos del Director de la Unidad Médica Familiar Número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el once de marzo del dos mil veintiuno y turnado a este juzgado ese mismo día, PEDRO AMEZCUA PEÑA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL UNIDAD MÉDICA FAMILIAR NÚMERO 21 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 2.- DIRECTOR Y SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 4 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,. 3.- SUBDELEGADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ZAMORA, MICHOACÁN. 4.- DELEGADO REGIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL."". IV. ACTO RECLAMADO. De la Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social Zamora, Michoacán, reclamo: Lo hago consistir en el oficio 000408 de fecha 04 cuatro de febrero de 2020 signado por la Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social de Zamora, Michoacán, en el que determina la "baja del presunto trabajador C. Pedro Amezcua Peña del Régimen Obligatorio del Seguro Social" y su ejecución. Y de todas las autoridades antes señaladas incluyendo a la subdelegada referida reclamo: la ejecución del oficio antes indicado que acarrea omisiones de brindar y vigilar la atención y tratamiento médico de DIALISIS PERITONEAL que tengo prescritas por el padecimiento de INSUFICIENCIA RENAL SUBSECUENTE, por lo que me encuentro sin tratamiento ni atención médica por lo que cada día me siento más mal, no tengo dinero para atenderme en otra institución; por lo que está en riesgo mi integridad física puesto que mi salud se está degradando día con día ante las omisiones de las autoridades responsables; con lo que se pone en peligro mi vida; actos que están prohibidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 22; y se me está negando el derecho a la salud al no otorgarme el tratamiento y medicamentos, ya que con el oficio que se reclama se procede de manera inconstitucional e ilegal la baja del suscrito del régimen obligatorio del Seguro Social, impidiéndome acceder a la atención médica Y POR ENDE A MI DERECHO A LA SALUD, PONIENDO EN RIESGO MI VIDA.""- El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos protegidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Substanciación del juicio. Mediante auto de once de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, se reclaman actos que tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Asimismo, se atiende a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en: El oficio número 000408 de cuatro de febrero de dos mil veinte, mediante el cual se determina la baja del quejoso como trabajador del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, La ejecución del oficio antes precisado, consistente en la omisión de brindar y vigilar la atención médica de diálisis peritoneal. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables, negaron la existencia del acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando que antecede. En efecto, las referidas autoridades manifestaron al momento de rendir su informe justificado, que en ningún momento le han negado a PEDRO AMEZCUA PEÑA, la atención médica, que como se podía apreciar de las documentales relativas a las "Constancias de Recepción del Programa de Entrega Domiciliaria para pacientes D.P.C.A y/o D.P.A, del Proveedor Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.", se describen los insumos, la cantidad y la entrega de los mismos, los días catorce de enero y catorce de febrero del año en curso, al ahora quejoso para su padecimiento. De igual forma, aducen las responsables, que al momento de ser notificado el aquí peticionario del amparo de la resolución de baja del cuatro de febrero de la anualidad que transcurre, así como el catorce de febrero de la anualidad citada en último término, le fue otorgado en ambas datas el servicio médico que requería bajo la modalidad de entrega domiciliaria, con lo cual afirman, se comprueba que a pesar de haber sido de baja por su patrón, se le continuó dando el suministro de los insumos que ocupaba y en consecuencia al atención médica. Manifiestan las responsables que el quejoso interpuso la demanda de amparo el once de marzo del presente año, doliéndose que por su baja como trabajador y asegurado dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya no seguiría recibiendo atención médica; pero que contrario a ello, afirman las responsables, el diecisiete de marzo del mismo año, el quejoso recibió el medicamento necesario para su padecimiento. Sin que el hoy peticionario del amparo haya otorgado prueba alguna para desvirtuar dichas aseveraciones, por el contrario de las documentales anexas a su demanda de amparo, se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Zamora, le proporcionó la atención médica e insumos necesarios para sufragar el padecimiento que ahí se diagnóstica, en las referidas fechas precisadas por las responsables, esto es, el cuatro y catorce de febrero de dos mil veintiuno, así como diecisiete de marzo de ese mismo año. En consecuencia, al haber demostrado las autoridades responsables no haber incurrido en la omisión de proporcionar atención médica al aquí quejoso, sino por el contrario, haber exhibido diversas documentales con las cuales se corrobora lo manifestado por las responsables, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto y las autoridades precisadas en este considerando, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 226432 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: I.3o.A. J/21 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, página 660 Tipo: Jurisprudencia ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1463/88. Guadalupe Carrillo García. 2 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 2583/88. Saúl Bastida Marín. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Juan Montes Cartas. Incidente en revisión 2603/88. Tirso Bastida Maya. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 1893/89 . Agustín Ibarra López. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Amparo en revisión 503/90. Cándido Llanos Flores y otra. 28 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. Nota: La presente tesis no fue reiterada como vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las disposiciones constitucionales y legales". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cambio del contenido del propio informe justificado rendido por el apoderado jurídico de las responsables, se advierte acepta la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando segundo, consistente en la resolución dictada el cuatro de febrero del dos mil veintiuno, por el Titular de la Subdelegación Zamora, órgano operativo del órgano de operación administrativa desconcentrada Regional, Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, contenida en el oficio número 000408, que determinó dar de baja al hoy peticionario del amparo PEDRO AMEZCUA PEÑA. Lo que se corrobora con las documentales que adjunto la parte quejosa a su libelo constitucional, respecto las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por haberlas reconocido implícitamente las responsables al momento de rendir su informe justificado. Sirve de orientación la tesis: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 191842 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: II.2o.A.11 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo de 2000, página 917 Tipo: Aislada COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES RECONOCIDAS IMPLÍCITAMENTE POR LA AUTORIDAD DEMANDADA EN SU CONTESTACIÓN, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador; por tanto, si se aprecia que no existe indicio alguno de la falsedad de las copias fotostáticas de las documentales que se acompañaron a la demanda de nulidad, y de las constancias que obran en autos se llega a la convicción de su autenticidad, y además, no solamente no son objetadas por la autoridad demandada, sino que incluso son reconocidas implícitamente por ésta al producir su contestación, al ofrecerlas sin exhibirlas, por obrar en autos, es inconcuso que sí debe concedérseles valor probatorio en términos de lo establecido por los dispositivos 129 y 202 del ordenamiento en cita. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 67/99. Mardonio López Casas. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Erik Zabalgoitia Novales. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, para lo cual se estudiará una de las causales de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Es menester señalar que de la resolución contenida en el oficio 000408, de cuatro de febrero del dos mil veinte, se desprende que dentro de la verificación número 17132VA4CA000112021, procedió a dar de baja a PEDRO AMEZCUA PEÑA, con número de seguridad social 53 02 85 2031-9, en el régimen obligatorio del Seguro Social, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Seguro Social, que comprende seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales, con efectos a partir del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Dicho acto se estima que no es de autoridad para efectos del amparo, y por tanto, se actualiza de manera indubitable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5 de la aludida legislación. En efecto, la primera de las aludidas disposiciones establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, la segunda establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, cabe precisar que el constituyente en la reforma que dio lugar a la legislación vigente a partir del dos de abril de dos mil trece, amplió el espectro protector de la ley de la materia, incluso contra actos emitidos por particulares, quienes conforme con este original, tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos tutelados en la presente legislación y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, del análisis a esta disposición legal, es válido arribar a la convicción de que son tres los requisitos demandados por el legislador, para que se actualice esta hipótesis normativa, a saber: Que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Por cuanto al primer tópico relativo a que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, debemos de entender que se trata de actos que sean emitidos de manera unilateral e imperativa, es decir, que el particular al momento de la emisión del acto de molestia o de privación, ya sea mediante actos de acción u omisión, se encuentre en un plano de supra a subordinación en relación con quien reciente en su esfera jurídica tal acto, por haberse creado modificado o extinguido su situación jurídica. De modo que no debe de confundirse esta acepción legislativa, con aquellos casos en que el actuar del particular derive de un plano de igualdad, por ejemplo, con motivo de una relación laboral, o bien, con motivo de una relación contractual entre particulares, pues en este caso no se actualiza la hipótesis normativa establecida por el legislador, que requiere precisamente que el acto reclamado este dotado de imperio y unilateralidad, por ende, en casos donde no acontezca este elemento, no existirá sustento alguno, ni constitucional, ni legal, para impugnar esta clase de actos mediante el juicio de amparo, ya que ello reñiría con la naturaleza de esta instancia constitucional e iría en contra del espíritu legislativo. Por otra parte, además del requisito antes analizado, el legislador estableció que para poder otorgar este carácter a un particular -autoridad responsable- es necesario que las funciones desempeñadas por el particular encuentren su fundamento, es decir, se encuentren determinadas y resulten obligatorias conforme a algún precepto legal establecido en la ley. Lo anterior, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Luego, es evidente que el acto reclamado al Director y Subdirector de la Unidad Médica Familiar Número 21del Instituto Mexicano del Seguro Social, Director y Subdirector Médico del Hospital General de Zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social Zamora, Michoacán; y Delegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que el Instituto antes mencionado, no se ubica en una posición de supra a subordinación con la parte quejosa, pues la resolución contenida en el oficio reclamado, que determinó dar de baja al ahora quejoso como asegurado del Instituto Mexicano del Seguro Social, por considerar que el presunto patrón y trabajador, hoy quejoso, Pedro Amezcua Peña, no se ubican en el supuesto de aseguramiento al régimen obligatorio, es sólo el resultado de la verificación que dichas autoridades hicieron para constatar el cumplimiento de los requisitos para continuar otorgándole la prestación al trabajador, lo cual, no implica el carácter de autoridades responsables a las ya señaladas, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), por lo que la resolución emitida dentro de la verificación 17132VA4CA000112021, sólo constató el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación, además el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. Así, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se ha instituido un procedimiento jurisdiccional, como en la especie lo sería el previsto por el artículo 295 de la Ley del Seguro Social. Por tanto, si los actos reclamados provienen de un nexo de relación de coordinación, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir el oficio que aquí se reclama, en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre éstos y la autoridad que señala como responsable, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 160995 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 134/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511 Tipo: Jurisprudencia SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. Contradicción de tesis 129/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo y en Materias Administrativa y Civil, ambos del Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. 6 de julio de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 134/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de julio de dos mil once. En ese sentido, al actualizarse las causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio; lo anterior en términos del artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Por otra parte, dado el sentido del presente fallo, es innecesario analizar las diversas causales de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables, pues aunque se actualizaran no cambiarían el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable a esta consideración la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "Época: Novena Época Registro: 195744 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 54/98 Página: 414 SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Amparo en revisión 7488/81. Maximino Juárez Miguel (Poblado de San Francisco Jaltepetongo, Municipio del mismo nombre, Estado de Oaxaca. Acumulados). 29 de noviembre de 1982. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Wilfrido Castañón León. Amparo en revisión 540/97. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo en revisión 3059/97. Francisco Cañedo Zavaleta. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Amparo en revisión 1634/96. Arturo Veana Espinosa. 20 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Amparo en revisión 2204/97. De Raffaelo, S.A. de C.V. 27 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz". Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa contra la resolución contenida en el oficio reclamado, al no ser factible en ese tenor, el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis del siguiente contenido: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE, el presente juicio de amparo promovido por PEDRO AMEZCUA PEÑA, con sede en esta ciudad, respecto de las autoridades, por los actos y los motivos precisados en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortíz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.
- Principal
MEDIANTE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Vistos, para resolver el juicio de amparo II-205/2021, promovido por PEDRO AMEZCUA PEÑA, contra actos del Director de la Unidad Médica Familiar Número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el once de marzo del dos mil veintiuno y turnado a este juzgado ese mismo día, PEDRO AMEZCUA PEÑA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL UNIDAD MÉDICA FAMILIAR NÚMERO 21 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 2.- DIRECTOR Y SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 4 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,. 3.- SUBDELEGADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ZAMORA, MICHOACÁN. 4.- DELEGADO REGIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL."". IV. ACTO RECLAMADO. De la Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social Zamora, Michoacán, reclamo: Lo hago consistir en el oficio 000408 de fecha 04 cuatro de febrero de 2020 signado por la Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social de Zamora, Michoacán, en el que determina la "baja del presunto trabajador C. Pedro Amezcua Peña del Régimen Obligatorio del Seguro Social" y su ejecución. Y de todas las autoridades antes señaladas incluyendo a la subdelegada referida reclamo: la ejecución del oficio antes indicado que acarrea omisiones de brindar y vigilar la atención y tratamiento médico de DIALISIS PERITONEAL que tengo prescritas por el padecimiento de INSUFICIENCIA RENAL SUBSECUENTE, por lo que me encuentro sin tratamiento ni atención médica por lo que cada día me siento más mal, no tengo dinero para atenderme en otra institución; por lo que está en riesgo mi integridad física puesto que mi salud se está degradando día con día ante las omisiones de las autoridades responsables; con lo que se pone en peligro mi vida; actos que están prohibidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 22; y se me está negando el derecho a la salud al no otorgarme el tratamiento y medicamentos, ya que con el oficio que se reclama se procede de manera inconstitucional e ilegal la baja del suscrito del régimen obligatorio del Seguro Social, impidiéndome acceder a la atención médica Y POR ENDE A MI DERECHO A LA SALUD, PONIENDO EN RIESGO MI VIDA.""- El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos protegidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Substanciación del juicio. Mediante auto de once de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, se reclaman actos que tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Asimismo, se atiende a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en: El oficio número 000408 de cuatro de febrero de dos mil veinte, mediante el cual se determina la baja del quejoso como trabajador del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, La ejecución del oficio antes precisado, consistente en la omisión de brindar y vigilar la atención médica de diálisis peritoneal. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables, negaron la existencia del acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando que antecede. En efecto, las referidas autoridades manifestaron al momento de rendir su informe justificado, que en ningún momento le han negado a PEDRO AMEZCUA PEÑA, la atención médica, que como se podía apreciar de las documentales relativas a las "Constancias de Recepción del Programa de Entrega Domiciliaria para pacientes D.P.C.A y/o D.P.A, del Proveedor Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.", se describen los insumos, la cantidad y la entrega de los mismos, los días catorce de enero y catorce de febrero del año en curso, al ahora quejoso para su padecimiento. De igual forma, aducen las responsables, que al momento de ser notificado el aquí peticionario del amparo de la resolución de baja del cuatro de febrero de la anualidad que transcurre, así como el catorce de febrero de la anualidad citada en último término, le fue otorgado en ambas datas el servicio médico que requería bajo la modalidad de entrega domiciliaria, con lo cual afirman, se comprueba que a pesar de haber sido de baja por su patrón, se le continuó dando el suministro de los insumos que ocupaba y en consecuencia al atención médica. Manifiestan las responsables que el quejoso interpuso la demanda de amparo el once de marzo del presente año, doliéndose que por su baja como trabajador y asegurado dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya no seguiría recibiendo atención médica; pero que contrario a ello, afirman las responsables, el diecisiete de marzo del mismo año, el quejoso recibió el medicamento necesario para su padecimiento. Sin que el hoy peticionario del amparo haya otorgado prueba alguna para desvirtuar dichas aseveraciones, por el contrario de las documentales anexas a su demanda de amparo, se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Zamora, le proporcionó la atención médica e insumos necesarios para sufragar el padecimiento que ahí se diagnóstica, en las referidas fechas precisadas por las responsables, esto es, el cuatro y catorce de febrero de dos mil veintiuno, así como diecisiete de marzo de ese mismo año. En consecuencia, al haber demostrado las autoridades responsables no haber incurrido en la omisión de proporcionar atención médica al aquí quejoso, sino por el contrario, haber exhibido diversas documentales con las cuales se corrobora lo manifestado por las responsables, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto y las autoridades precisadas en este considerando, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 226432 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: I.3o.A. J/21 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, página 660 Tipo: Jurisprudencia ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1463/88. Guadalupe Carrillo García. 2 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 2583/88. Saúl Bastida Marín. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Juan Montes Cartas. Incidente en revisión 2603/88. Tirso Bastida Maya. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 1893/89 . Agustín Ibarra López. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Amparo en revisión 503/90. Cándido Llanos Flores y otra. 28 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. Nota: La presente tesis no fue reiterada como vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las disposiciones constitucionales y legales". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cambio del contenido del propio informe justificado rendido por el apoderado jurídico de las responsables, se advierte acepta la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando segundo, consistente en la resolución dictada el cuatro de febrero del dos mil veintiuno, por el Titular de la Subdelegación Zamora, órgano operativo del órgano de operación administrativa desconcentrada Regional, Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, contenida en el oficio número 000408, que determinó dar de baja al hoy peticionario del amparo PEDRO AMEZCUA PEÑA. Lo que se corrobora con las documentales que adjunto la parte quejosa a su libelo constitucional, respecto las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por haberlas reconocido implícitamente las responsables al momento de rendir su informe justificado. Sirve de orientación la tesis: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 191842 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: II.2o.A.11 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo de 2000, página 917 Tipo: Aislada COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES RECONOCIDAS IMPLÍCITAMENTE POR LA AUTORIDAD DEMANDADA EN SU CONTESTACIÓN, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador; por tanto, si se aprecia que no existe indicio alguno de la falsedad de las copias fotostáticas de las documentales que se acompañaron a la demanda de nulidad, y de las constancias que obran en autos se llega a la convicción de su autenticidad, y además, no solamente no son objetadas por la autoridad demandada, sino que incluso son reconocidas implícitamente por ésta al producir su contestación, al ofrecerlas sin exhibirlas, por obrar en autos, es inconcuso que sí debe concedérseles valor probatorio en términos de lo establecido por los dispositivos 129 y 202 del ordenamiento en cita. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 67/99. Mardonio López Casas. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Erik Zabalgoitia Novales. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, para lo cual se estudiará una de las causales de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Es menester señalar que de la resolución contenida en el oficio 000408, de cuatro de febrero del dos mil veinte, se desprende que dentro de la verificación número 17132VA4CA000112021, procedió a dar de baja a PEDRO AMEZCUA PEÑA, con número de seguridad social 53 02 85 2031-9, en el régimen obligatorio del Seguro Social, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Seguro Social, que comprende seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales, con efectos a partir del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Dicho acto se estima que no es de autoridad para efectos del amparo, y por tanto, se actualiza de manera indubitable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5 de la aludida legislación. En efecto, la primera de las aludidas disposiciones establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, la segunda establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, cabe precisar que el constituyente en la reforma que dio lugar a la legislación vigente a partir del dos de abril de dos mil trece, amplió el espectro protector de la ley de la materia, incluso contra actos emitidos por particulares, quienes conforme con este original, tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos tutelados en la presente legislación y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, del análisis a esta disposición legal, es válido arribar a la convicción de que son tres los requisitos demandados por el legislador, para que se actualice esta hipótesis normativa, a saber: Que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Por cuanto al primer tópico relativo a que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, debemos de entender que se trata de actos que sean emitidos de manera unilateral e imperativa, es decir, que el particular al momento de la emisión del acto de molestia o de privación, ya sea mediante actos de acción u omisión, se encuentre en un plano de supra a subordinación en relación con quien reciente en su esfera jurídica tal acto, por haberse creado modificado o extinguido su situación jurídica. De modo que no debe de confundirse esta acepción legislativa, con aquellos casos en que el actuar del particular derive de un plano de igualdad, por ejemplo, con motivo de una relación laboral, o bien, con motivo de una relación contractual entre particulares, pues en este caso no se actualiza la hipótesis normativa establecida por el legislador, que requiere precisamente que el acto reclamado este dotado de imperio y unilateralidad, por ende, en casos donde no acontezca este elemento, no existirá sustento alguno, ni constitucional, ni legal, para impugnar esta clase de actos mediante el juicio de amparo, ya que ello reñiría con la naturaleza de esta instancia constitucional e iría en contra del espíritu legislativo. Por otra parte, además del requisito antes analizado, el legislador estableció que para poder otorgar este carácter a un particular -autoridad responsable- es necesario que las funciones desempeñadas por el particular encuentren su fundamento, es decir, se encuentren determinadas y resulten obligatorias conforme a algún precepto legal establecido en la ley. Lo anterior, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Luego, es evidente que el acto reclamado al Director y Subdirector de la Unidad Médica Familiar Número 21del Instituto Mexicano del Seguro Social, Director y Subdirector Médico del Hospital General de Zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social Zamora, Michoacán; y Delegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que el Instituto antes mencionado, no se ubica en una posición de supra a subordinación con la parte quejosa, pues la resolución contenida en el oficio reclamado, que determinó dar de baja al ahora quejoso como asegurado del Instituto Mexicano del Seguro Social, por considerar que el presunto patrón y trabajador, hoy quejoso, Pedro Amezcua Peña, no se ubican en el supuesto de aseguramiento al régimen obligatorio, es sólo el resultado de la verificación que dichas autoridades hicieron para constatar el cumplimiento de los requisitos para continuar otorgándole la prestación al trabajador, lo cual, no implica el carácter de autoridades responsables a las ya señaladas, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), por lo que la resolución emitida dentro de la verificación 17132VA4CA000112021, sólo constató el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación, además el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. Así, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se ha instituido un procedimiento jurisdiccional, como en la especie lo sería el previsto por el artículo 295 de la Ley del Seguro Social. Por tanto, si los actos reclamados provienen de un nexo de relación de coordinación, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir el oficio que aquí se reclama, en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre éstos y la autoridad que señala como responsable, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 160995 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 134/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511 Tipo: Jurisprudencia SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. Contradicción de tesis 129/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo y en Materias Administrativa y Civil, ambos del Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. 6 de julio de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 134/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de julio de dos mil once. En ese sentido, al actualizarse las causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio; lo anterior en términos del artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Por otra parte, dado el sentido del presente fallo, es innecesario analizar las diversas causales de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables, pues aunque se actualizaran no cambiarían el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable a esta consideración la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "Época: Novena Época Registro: 195744 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 54/98 Página: 414 SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Amparo en revisión 7488/81. Maximino Juárez Miguel (Poblado de San Francisco Jaltepetongo, Municipio del mismo nombre, Estado de Oaxaca. Acumulados). 29 de noviembre de 1982. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Wilfrido Castañón León. Amparo en revisión 540/97. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo en revisión 3059/97. Francisco Cañedo Zavaleta. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Amparo en revisión 1634/96. Arturo Veana Espinosa. 20 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Amparo en revisión 2204/97. De Raffaelo, S.A. de C.V. 27 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz". Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa contra la resolución contenida en el oficio reclamado, al no ser factible en ese tenor, el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis del siguiente contenido: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE, el presente juicio de amparo promovido por PEDRO AMEZCUA PEÑA, con sede en esta ciudad, respecto de las autoridades, por los actos y los motivos precisados en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortíz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo II-205/2021 promovido por Pedro Amezcua Peña contra actos del Director y Subdirector de la Unidad Médica Familiar número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional y/o Delegada Regional en Michoacán, Director del Hospital General de Zona número 04, con sede en la Ciudad de Zamora y Director de la Unidad de Medicina Familiar número 21 con sede en Jacona, dichas dependencias representadas por José Francisco Méndez Vega, con el carácter de apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional y/o Delegación Regional en Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el quejoso Pedro Amezcua Peña adjuntó a su demandas las documentales como prueba del acto que reclama. Asimismo, las autoridades señaladas como responsable como sustento de su informe justificado adjuntaron las pruebas documentales. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. GERARDO ORTIZ PÉREZ DE LOS REYES SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYES
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