Paulo Mendoza Santillán

Expediente 1031/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 46 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1031/2019
Año
2019
Actuaciones
46
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • Paulo Mendoza Santillán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ********************contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. En fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable vinculada a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, previa información rendida por el juez responsable, en auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se le requirió para que ordenara al notario y autoridades registrales relativas, la cancelación de la protocolización derivada del juicio sucesorio de origen y una vez que contara con esas constancias las remitiera a este órgano jurisdiccional, a fin de acreditar que los efectos y consecuencias del fallo protector fueron cumplidos. Hecho lo anterior y una vez que se contó con la totalidad de constancias de cancelación, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "I. Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario a bienes del finado ******************** y/o ******************** que se lleva bajo el expediente ******************** de su índice, así como todos los actos que sean consecuencia inmediata y directa de la declaratoria de herederos dictada a favor de los denunciantes. II. Efectuado lo anterior, previo a continuar con la secuela procesal dentro del referido procedimiento, ordene llamar a juicio al aquí quejoso, a fin de que se le otorgue la oportunidad de comparecer y hacer valer los derechos los hereditarios que pudieran asistirle." El Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario número ********************, determinó lo siguiente: 1. En acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario número ******************** y sus consecuencias, ordenando llamar al aquí quejoso ******************** y notificarle personalmente al mismo, la radicación de dicho sucesorio. 2. En acato a lo requerido por este órgano jurisdiccional y a fin de dejar sin efecto todos los actos que fueron consecuencia inmediata y directa de la declaratoria de herederos combatida, se realizaron los siguientes actos: 2.1. En auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo, Michoacán, informando que el notario público número 110, con ejercicio y residencia en esa ciudad, le comunicó que dejó sin efectos la escritura pública expedida con motivo de la protocolización del juicio sucesorio intestamentario número ********************; 2.2. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo informando al juez responsable que el Administrador de Rentas de Ciudad Hidalgo, Michoacán, canceló la anotación y/o inscripción de la escritura pública expedida con motivo de la protocolización del citado sucesorio de origen; y, 2.3. El Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, informó sobre la cancelación del ********************, relativa a la anotación de propiedad derivada del juicio natural. Cabe señalar que, una vez que se tuvo conocimiento del informe de cumplimiento rendido por el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, con sede en esta ciudad, se advirtió que el ********************, relativo a la anotación de propiedad derivada del juicio sucesorio intestamentario número ********************, a bienes de ******************** y/o ********************, presentaba varias anotaciones y traslados de dominio de fracciones a favor de diversas personas; motivo por el cual, en auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se requirió a dicha autoridad registral para que informara qué autoridad judicial o administrativa había ordenado los registros que reportada ese título de propiedad cancelado. Así, con la información remitida por la autoridad oficiante se conoció que las anotaciones derivan de las siguientes autoridades y juicios: Por consiguiente, este juzgado estimó necesario requerir a las autoridades judiciales correspondientes para que remitieran las sentencias de los juicios ordinarios civiles números ******************** y ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia; las de los juicios ******************** y ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia; y las relativas a los juicios ********************del Juzgado Mixto de Primera Instancia, todos esos juzgados del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Una vez que obraron la totalidad de esas constancias, se pudo corroborar que las fechas de los registros de los traslados de dominio que reporta el título de propiedad que se canceló a favor de diversas personas, fueron posteriores a la admisión de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo (diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve); y realizados a favor de personas que no son parte formal en el presente juicio constitucional; aunado a que, en el presente asunto no se solicitó la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público, pues incluso, al momento de proveer sobre la suspensión provisional y definitiva solicitada, se dejaron a salvo los derechos de la parte quejosa, a fin de que si lo estimaba conveniente, realizara la solicitud de registro de la inscripción de la demanda de amparo generadora de este juicio ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio en el Estado, en el juicio principal, para los efectos legales procedentes. Motivos por los cuales, no procede hacer un mayor pronunciamiento en torno a la tramitación y resolución de dichos juicios (ajenos al juicio sucesorio de donde derivaron los actos reclamados), dado que escapan de la materia medular de la tutela constitucional que le fuera otorgada al quejoso, y por ello no es factible jurídicamente que se analicen aspectos ajenos al fallo protector, pues se estaría causando un exceso (que rebasa o decide puntos diversos de los que determinaron el alcance de la protección otorgada) con los efectos y alcances de la sentencia protectora, inobservando lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Por similitud jurídica, orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2010983 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 14/2016 (10a.) Página: 717 "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad judicial responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 21, inciso c), del capítulo octavo del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO a la parte tercero interesado, Rogelio Mendoza Santillán, albacea de la sucesión de José Luis Mendoza Santillan, lo siguiente; Morelia, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ********************contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. En fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable vinculada a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, previa información rendida por el juez responsable, en auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se le requirió para que ordenara al notario y autoridades registrales relativas, la cancelación de la protocolización derivada del juicio sucesorio de origen y una vez que contara con esas constancias las remitiera a este órgano jurisdiccional, a fin de acreditar que los efectos y consecuencias del fallo protector fueron cumplidos. Hecho lo anterior y una vez que se contó con la totalidad de constancias de cancelación, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "I. Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario a bienes del finado ******************** y/o ******************** que se lleva bajo el expediente ******************** de su índice, así como todos los actos que sean consecuencia inmediata y directa de la declaratoria de herederos dictada a favor de los denunciantes. II. Efectuado lo anterior, previo a continuar con la secuela procesal dentro del referido procedimiento, ordene llamar a juicio al aquí quejoso, a fin de que se le otorgue la oportunidad de comparecer y hacer valer los derechos los hereditarios que pudieran asistirle." El Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario número ********************, determinó lo siguiente: 1. En acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario número ******************** y sus consecuencias, ordenando llamar al aquí quejoso ******************** y notificarle personalmente al mismo, la radicación de dicho sucesorio. 2. En acato a lo requerido por este órgano jurisdiccional y a fin de dejar sin efecto todos los actos que fueron consecuencia inmediata y directa de la declaratoria de herederos combatida, se realizaron los siguientes actos: 2.1. En auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo, Michoacán, informando que el notario público número 110, con ejercicio y residencia en esa ciudad, le comunicó que dejó sin efectos la escritura pública expedida con motivo de la protocolización del juicio sucesorio intestamentario número ********************; 2.2. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo informando al juez responsable que el Administrador de Rentas de Ciudad Hidalgo, Michoacán, canceló la anotación y/o inscripción de la escritura pública expedida con motivo de la protocolización del citado sucesorio de origen; y, 2.3. El Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, informó sobre la cancelación del ********************, relativa a la anotación de propiedad derivada del juicio natural. Cabe señalar que, una vez que se tuvo conocimiento del informe de cumplimiento rendido por el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, con sede en esta ciudad, se advirtió que el ********************, relativo a la anotación de propiedad derivada del juicio sucesorio intestamentario número ********************, a bienes de ******************** y/o ********************, presentaba varias anotaciones y traslados de dominio de fracciones a favor de diversas personas; motivo por el cual, en auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se requirió a dicha autoridad registral para que informara qué autoridad judicial o administrativa había ordenado los registros que reportada ese título de propiedad cancelado. Así, con la información remitida por la autoridad oficiante se conoció que las anotaciones derivan de las siguientes autoridades y juicios: Por consiguiente, este juzgado estimó necesario requerir a las autoridades judiciales correspondientes para que remitieran las sentencias de los juicios ordinarios civiles números ******************** y ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia; las de los juicios ******************** y ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia; y las relativas a los juicios ********************del Juzgado Mixto de Primera Instancia, todos esos juzgados del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Una vez que obraron la totalidad de esas constancias, se pudo corroborar que las fechas de los registros de los traslados de dominio que reporta el título de propiedad que se canceló a favor de diversas personas, fueron posteriores a la admisión de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo (diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve); y realizados a favor de personas que no son parte formal en el presente juicio constitucional; aunado a que, en el presente asunto no se solicitó la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público, pues incluso, al momento de proveer sobre la suspensión provisional y definitiva solicitada, se dejaron a salvo los derechos de la parte quejosa, a fin de que si lo estimaba conveniente, realizara la solicitud de registro de la inscripción de la demanda de amparo generadora de este juicio ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio en el Estado, en el juicio principal, para los efectos legales procedentes. Motivos por los cuales, no procede hacer un mayor pronunciamiento en torno a la tramitación y resolución de dichos juicios (ajenos al juicio sucesorio de donde derivaron los actos reclamados), dado que escapan de la materia medular de la tutela constitucional que le fuera otorgada al quejoso, y por ello no es factible jurídicamente que se analicen aspectos ajenos al fallo protector, pues se estaría causando un exceso (que rebasa o decide puntos diversos de los que determinaron el alcance de la protección otorgada) con los efectos y alcances de la sentencia protectora, inobservando lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Por similitud jurídica, orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2010983 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 14/2016 (10a.) Página: 717 "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad judicial responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 21, inciso c), del capítulo octavo del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO a la parte quejosa lo siguiente; Morelia, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ********************contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. En fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable vinculada a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, previa información rendida por el juez responsable, en auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se le requirió para que ordenara al notario y autoridades registrales relativas, la cancelación de la protocolización derivada del juicio sucesorio de origen y una vez que contara con esas constancias las remitiera a este órgano jurisdiccional, a fin de acreditar que los efectos y consecuencias del fallo protector fueron cumplidos. Hecho lo anterior y una vez que se contó con la totalidad de constancias de cancelación, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "I. Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario a bienes del finado ******************** y/o ******************** que se lleva bajo el expediente ******************** de su índice, así como todos los actos que sean consecuencia inmediata y directa de la declaratoria de herederos dictada a favor de los denunciantes. II. Efectuado lo anterior, previo a continuar con la secuela procesal dentro del referido procedimiento, ordene llamar a juicio al aquí quejoso, a fin de que se le otorgue la oportunidad de comparecer y hacer valer los derechos los hereditarios que pudieran asistirle." El Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario número ********************, determinó lo siguiente: 1. En acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario número ******************** y sus consecuencias, ordenando llamar al aquí quejoso ******************** y notificarle personalmente al mismo, la radicación de dicho sucesorio. 2. En acato a lo requerido por este órgano jurisdiccional y a fin de dejar sin efecto todos los actos que fueron consecuencia inmediata y directa de la declaratoria de herederos combatida, se realizaron los siguientes actos: 2.1. En auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo, Michoacán, informando que el notario público número 110, con ejercicio y residencia en esa ciudad, le comunicó que dejó sin efectos la escritura pública expedida con motivo de la protocolización del juicio sucesorio intestamentario número ********************; 2.2. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo informando al juez responsable que el Administrador de Rentas de Ciudad Hidalgo, Michoacán, canceló la anotación y/o inscripción de la escritura pública expedida con motivo de la protocolización del citado sucesorio de origen; y, 2.3. El Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, informó sobre la cancelación del ********************, relativa a la anotación de propiedad derivada del juicio natural. Cabe señalar que, una vez que se tuvo conocimiento del informe de cumplimiento rendido por el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, con sede en esta ciudad, se advirtió que el ********************, relativo a la anotación de propiedad derivada del juicio sucesorio intestamentario número ********************, a bienes de ******************** y/o ********************, presentaba varias anotaciones y traslados de dominio de fracciones a favor de diversas personas; motivo por el cual, en auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se requirió a dicha autoridad registral para que informara qué autoridad judicial o administrativa había ordenado los registros que reportada ese título de propiedad cancelado. Así, con la información remitida por la autoridad oficiante se conoció que las anotaciones derivan de las siguientes autoridades y juicios: Por consiguiente, este juzgado estimó necesario requerir a las autoridades judiciales correspondientes para que remitieran las sentencias de los juicios ordinarios civiles números ******************** y ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia; las de los juicios ******************** y ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia; y las relativas a los juicios ********************del Juzgado Mixto de Primera Instancia, todos esos juzgados del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Una vez que obraron la totalidad de esas constancias, se pudo corroborar que las fechas de los registros de los traslados de dominio que reporta el título de propiedad que se canceló a favor de diversas personas, fueron posteriores a la admisión de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo (diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve); y realizados a favor de personas que no son parte formal en el presente juicio constitucional; aunado a que, en el presente asunto no se solicitó la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público, pues incluso, al momento de proveer sobre la suspensión provisional y definitiva solicitada, se dejaron a salvo los derechos de la parte quejosa, a fin de que si lo estimaba conveniente, realizara la solicitud de registro de la inscripción de la demanda de amparo generadora de este juicio ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio en el Estado, en el juicio principal, para los efectos legales procedentes. Motivos por los cuales, no procede hacer un mayor pronunciamiento en torno a la tramitación y resolución de dichos juicios (ajenos al juicio sucesorio de donde derivaron los actos reclamados), dado que escapan de la materia medular de la tutela constitucional que le fuera otorgada al quejoso, y por ello no es factible jurídicamente que se analicen aspectos ajenos al fallo protector, pues se estaría causando un exceso (que rebasa o decide puntos diversos de los que determinaron el alcance de la protección otorgada) con los efectos y alcances de la sentencia protectora, inobservando lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Por similitud jurídica, orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2010983 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 14/2016 (10a.) Página: 717 "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad judicial responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 21, inciso c), del capítulo octavo del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. Autoridad no responsable desahoga requerimiento Vistos los oficios de cuenta que remite la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, mediante los cuales desahoga el requerimiento que le fue formulado en proveído de siete de abril de este año, y al efecto informa quienes son las partes en los juicios ordinarios civiles 438/2019 y 439/2019 de su índice y remite copias de las sentencias definitivas relativas a esos asuntos. De lo anterior toma nota este órgano jurisdiccional y se reserva proveer lo que en derecho corresponda. Cuenta con autos Consecuentemente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el juez responsable informó que dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario número 723/2004 y sus consecuencias, ordenando llamar al aquí quejoso Paulo Mendoza Santillán y notificarle personalmente la radicación de dicho sucesorio. Asimismo, ya obran en autos las constancias de cancelación de la protocolización derivada del juicio sucesorio de origen, a saber: 1. En auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo, Michoacán, informando que el notario público número 110, con ejercicio y residencia en esa ciudad, le comunicó que dejó sin efectos la escritura pública expedida con motivo de la protocolización del juicio sucesorio intestamentario número 723/2004; 2. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo informando al juez responsable que el Administrador de Rentas de Ciudad Hidalgo, Michoacán, canceló la anotación y/o inscripción de la escritura pública expedida con motivo de la protocolización del juicio sucesorio intestamentario número 723/2004; y, 3. El Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, informó sobre la cancelación del registro 07, Tomo 753, del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Hidalgo, Michoacán, relativas a la anotación de propiedad derivada del juicio sucesorio intestamentario número 723/2004, a bienes de José Atenógenes Mendoza Romero y/o José Mendoza Romero; y, 4. Este órgano jurisdiccional requirió a distintas autoridades judiciales para que remitieran información y constancias de las sentencias que dieron origen a las diversas anotaciones que reporta ese registro 07, Tomo 753, del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Hidalgo, Michoacán y que no derivan del juicio sucesorio de origen. Así se cuenta con las sentencias de los juicios ordinarios civiles números 431/2019 y 432/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia; las de los juicios 428/2019 y 429/2019 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia; y las relativas a los juicios 438/2019 y 439/2019, del Juzgado Mixto de Primera Instancia, todos esos juzgados del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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