Pedro Alvarez Garcia

Expediente 394/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
394/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Pedro Alvarez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia de nueve de agosto del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha, se haya recibido recurso alguno o manifestación ante este juzgado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." De igual forma, como de la constancia secretarial se obtiene que en el presente juicio de amparo no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar ni documentos originales que devolver a las partes y no obran constancias remitidas por las autoridades responsables que devolver; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido, se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, junto con los cuadernos incidentales, al haberse sobreseído el presente juicio y negado la suspensión provisional y definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, y 20, fracciones I y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número VI-394/2023-1; Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ..., respecto de los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, por las razones indicadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el último párrafo de la presente sentencia, una vez que cause ejecutoria la misma, de actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 6 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se proveerá lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la citada Ley. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable en cita rinde su informe justificado, y adjunta copia de la documental descrita en la cuenta secretarial; con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial de cuenta, se advierte que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Pátzcuaro, adscrita a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, con residencia en Pátzcuaro, no rindió su informe justificado, en el término de quince días que prevé el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, no obstante encontrarse notificada del oficio 3762 a través del cual se le requirió el mismo, desde el veintidós de mayo pasado, como consta de autos, término que transcurrió del veintitrés de mayo al doce de junio del presente año; consecuentemente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas del expediente de donde deriva el acto reclamado, toda vez que resultan necesarias para la debida integración del presente asunto; apercibida que de no hacerlo en el lapso citado, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo, la que se señala para su desahogo hasta tal data, tomando en consideración que la agenda de este órgano jurisdiccional se encuentra sobresaturada Notifíquese.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

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