Paulino Velázquez Martínez
Expediente 916/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Paulino Velázquez Martínez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución dictada en fecha siete de octubre del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de garantías en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Como de constancia secretarial que antecede se advierte que en auto de siete de octubre del presente año, se ordenó hacer dicha notificación a la parte quejosa de manera personal, sin que a la fecha se haya hecho, pues se omitió darla de alta dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que se le realicen todo tipo de notificaciones; en consecuencia, hágase lo conducente y se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre de usuario proporcionado --- a fin de que tenga acceso al expediente electrónico para su consulta y se le realicen todo tipo de notificaciones. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa el diverso acuerdo que obra en autos, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Morelia, Michoacán, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por los quejosos en cita, en contra del Magistrado de la Quinta Sala especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-916/2021-C. Ahora, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado ".ACTO RECLAMADO El acuerdo de -, dentro del expediente -". Ahora bien, del análisis minucioso del escrito inicial de demanda, se desprende que el quejoso reclama el acuerdo de ocho de septiembre del presente año, dictado dentro del expediente -por el Magistrado de la Quinta Sala especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el cual determinó que el costo de la reproducción de las constancias solicitadas por la ahora quejosa, iba a correr por su cuenta, en virtud de que ése tribunal no cuenta en su patrimonio con los instrumentos necesarios para llevar a cabo dicha reproducción; debido a que dichas constancias las solicitó a fin de que obraran dentro el diverso expediente - del índice de dicha responsable, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad. Análisis del que se obtiene que de lo que en realidad se duelen los quejosos, es de que no puedan exhibir dentro del expediente - copia certificada del dictamen pericial en materia de confinamiento de residuos sólidos urbanos ofrecido dentro del diverso PRA-0031/2020-V, pues la autoridad responsable les hizo de su conocimiento desde proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado dentro del primer asunto en comento (PRA-0032/2020-V), que no cuenta en su patrimonio con los instrumentos necesarios para llevar a cabo la reproducción correspondiente. Precisado lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo, por lo siguiente: En efecto, el ordinal 61, fracción XIV en relación con los artículos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el segundo de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. Ahora, del libelo constitucional se desprende que el peticionario de garantías se duele del acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente - del índice del Magistrado responsable, en el cual se determinó que el costo de la reproducción de las constancias solicitadas por la ahora quejosa, iba a correr por su cuenta, en virtud de que ése tribunal no cuenta en su patrimonio con los instrumentos necesarios para llevar a cabo dicha reproducción (lo que ya se había hecho de su conocimiento en diverso auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado dentro del diverso asunto - del índice de la responsable); por tanto, debe entenderse que el primer auto en mención deriva o es consecuencia del segundo en cuestión, virtud a que con anterioridad ya se había hecho del conocimiento de la parte quejosa que el Magistrado de la Quinta Sala especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, no cuenta con los instrumentos necesarios para llevar a cabo la reproducción de la que se duele. Entonces, si en dicha determinación de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, ya se le había informado sobre la situación de la que deriva el acto reclamado, se advierte que éste acuerdo es el que le afecta y por tanto desde su notificación tuvo conocimiento del mismo. En las relatadas condiciones, es inconcuso que si la parte quejosa se enteró del acto reclamado, desde la fecha que se listó el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, esto es el mismo día, tal hecho surtió efectos al día siguiente, de ahí que, el término de quince días que prevé la ley, empezó a computarse a partir del treinta del mismo mes y año y feneció el veintidós de septiembre del mismo año; por tal motivo, es incuestionable que resulta extemporánea la demanda de garantías, en virtud de haber excedido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó hasta el cuatro de los actuales, como se advierte del sello de recibido que obra en autos. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Igualmente, se cita la tesis publicada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 316, tomo X Octubre, que a la letra dice: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los Jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: "El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Se comprende, pues, que los motivos manifiestos e indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicas a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece, por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Además de que contra el acto de veintiséis de agosto del que se duelen los quejosos, procede el recurso previsto en el numeral 298, fracción I, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, por lo que tenían que agotar tal medio antes de acudir al presente juicio de amparo. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedito su derecho para ofrecer como prueba dentro del juicio administrativo -, el dictamen pericial en materia de confinamiento de residuos sólidos urbanos ofrecido en el expediente -, lo que significa, que no es necesario que obren copias certificadas del mismo, sino que puede solicitar se tengan dichos autos (-) a la vista al momento de resolver el juicio administrativo-. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, siendo por tanto procedente DESECHAR la presente demanda. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se opone a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; por lo que, una vez que cause estado la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; en ese sentido, se tiente a la parte quejosa señalando como formas especiales y expeditas de contacto el correo electrónico siguiente: -, así como el número de celular que indica. Atendiendo a que los promoventes solicitaron la consulta del expediente electrónico por medio de la Firma Electrónica (FIREL) con usuario: -", se ordena darlos de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que tengan acceso al expediente electrónico para su consulta. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, el promovente autoriza para oír y recibir notificaciones personales a las personas que señala, y únicamente en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, al licenciado -, en virtud de que se encuentra dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva en los Juzgados Federales; y en que el licenciado-, solicito en el escrito de cuenta, que no se le otorgara dicho carácter. Notifíquese personalmente.
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