Pedro Alfonso Martinez Salinas
Expediente 8/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pedro Alfonso Martinez Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de diez de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es 28/10/23 13:17:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.fc DANIEL RODRIGUEZ MENDOZA 2 susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva; en tal virtud, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción tal como lo establece el artículo 21, inciso c), del Acuerdo de referencia, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere dicho precepto. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintidós. Visto la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de marzo del presente año, para el efecto de que precisara si deseaba ampliar su demanda de amparo y señalar como nuevo acto reclamado el oficio N°3301107100/OPR/2067, de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, emitido por la Jefa del Departamento de Personal Oficina de Prestaciones de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa, Desconcentrada Estatal Yucatán, sin que hubiera hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en dicho auto, y no se tiene por ampliada la misma, por lo que este órgano constitucional resolverá el asunto en los términos que fueron planteados en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el quejoso Pedro Alfonso Martínez Salinas, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la responsable de dar contestación al escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte. En virtud de lo anterior, en atención al acto reclamado y el contenido del informe justificado que obra en autos, esta Juzgadora Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que se actualice la citada la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de la responsable de dar contestación al escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual, solicitó se revoque el mandato y su consentimiento para que ya no se le realicen descuentos vía nómina. Ahora bien, de la lectura del informe justificado rendido por la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual obra agregado en autos, se advierte que el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dio contestación a dicho escrito mediante oficio N°3301107100/OPR/2067, en el sentido que por los motivos que expuso, no era posible acceder a su solicitud, comunicación que fue notificado personalmente al quejoso el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda (dieciocho de diciembre de os mil veinte). Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la misma ya dio contestación al escrito del quejoso, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado de la autoridad responsables, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación; en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Agréguese a los autos el sobre devuelto por la paquetería Estafeta, con la leyenda "falta de datos o domicilio incorrecto", que contiene el oficio 15640/2022, dirigido a la responsable Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social, que contiene el auto de veintiocho de marzo del presente año, en el que en cumplimiento ejecutoria dictada en el toca 90/2021 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, se ordenó reponer el presente juicio y se fijó fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, en atención al contenido del proveído antes citado resulta necesario hacerlo del conocimiento a la autoridad aludida; en tal virtud, a fin de evitar mayores dilaciones procesales innecesarias, se Comisiona al Actuario Judicial adscrito a fin de que remita el oficio 15640/2022, de veintiocho de marzo del presente año, a la autoridade responsable Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social, vía mensajería acelerada al domicilio señalado en el informe justificado que obra en autos de la citada, o bien, a través del correo electrónico mediante el cual lo rindió. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta testimonio judicial de la ejecutoria de diez de marzo del año en curso, pronunciada en el toca 90/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Pedro Alfonso Martínez Salinas, contra el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno; ejecutoria en la que aparece que la citada Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 8/2021-VIII, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, promovido por PEDRO ALFONSO MARTÍNEZ SALAS, por su propio y personal derecho, en los términos indicados en el último considerando de esta ejecutoria." Asimismo, en los considerandos de la ejecutoria se precisó lo siguiente: "III: Conclusión. En las condiciones apuntadas, a fin de corregir las omisiones procesales antes analizadas, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de amparo, lo que se ordena reponer el procedimiento para el efecto de que la Juez de Distrito: a) Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional. b) Con fundamento en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, ponga a la vista de las partes el informe justificado de la autoridad responsable y requiera personalmente al quejoso para que, si lo estima conveniente, amplíe su demanda de amparo respecto al nuevo acto que se desprende del informe justificado; lo anterior deberá notificársele en forma personal, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) fracción I del artículo 26 del citado ordenamiento de amparo; y, seguido el trámite del juicio, en su oportunidad emita la sentencia que legalmente corresponda." De lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, acúsese el recibo solicitado. Ahora bien, toda vez que de la resolución de mérito se advierte que el tribunal oficiante ordenó notificar personalmente el informe justificado rendido por la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social y prevenir al quejoso con el contenido del mismo para manifieste si es su deseos ampliar la demanda respecto a la respuesta dada al quejoso en el oficio N°3301107100/OPR/2067, de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, emitido por la Jefa del Departamento de Personal Oficina de Prestaciones de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa, Desconcentrada Estatal Yucatán. Por tanto, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término improrrogable de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si amplía su demanda respecto a la aludida respuesta dada al quejoso en el oficio N°3301107100/OPR/2067; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del término concedido, este Juzgado continuará con el procedimiento del presente juicio de amparo únicamente contra el acto señalado en el escrito inicial de demanda. Al respecto tiene aplicación, la siguiente tesis jurisprudencial 2a./J. 149/2006, con número registro 174107, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, octubre de 2006, página 334, que en su rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Cabe puntualizar que en la ejecutoria de la que emanó la jurisprudencia transcrita, la suprema instancia determinó que por lo que hace a la ampliación de la demanda de amparo, el juzgador podría sobreseer en el juicio respecto al nuevo acto reclamado si estima que se acredita una causa de improcedencia, lo cual no irroga perjuicio al sistema dispuesto en la Ley de Amparo. Ello, al considerar que la quejosa tiene expeditos sus derechos para impugnar el nuevo acto de la responsable como corresponda y estime conveniente, pero si la parte quejosa opta por ampliar su demanda de amparo, al considerar que esta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizar si el juicio de control constitucional es procedente para tal impugnación; y de estimar que es así, debe resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del nuevo acto, todo lo cual resulta acorde al principio de economía procesal, pues no se obliga al quejoso a agotar un nuevo juicio de amparo. Lo expuesto con antelación, significa que antes de promover la ampliación de demanda respecto del nuevo acto con el que se le da vista a la parte quejosa, ésta debe verificar si no procede contra él algún medio de defensa ordinario por el cual pueda ser nulificado o se actualiza algún otro supuesto que genere su improcedencia en el amparo. Es así, porque la sola ampliación de demanda no genera, en automático, la procedencia del juicio respecto del acto por el que se amplía la petición del amparo, así como tampoco, la prevención relacionada con el nuevo acto implica que la parte quejosa deba necesariamente ampliar la demanda, sino que puede optar por otros medios de impugnación previos al amparo. Por otro lado, se señala como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para para que tenga verificativo. Finalmente toda vez que en auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto al informe justificado rendido por el Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social; en tal virtud, agréguese a los autos y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con el informe de mérito, y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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