Pedro Adrian Pereza Iuit
Expediente 245/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 245/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pedro Adrian Pereza Iuit
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veinticinco de febrero del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, en cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión, y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Asimismo, como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda, el auto admisorio y el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. No obstante lo anterior, tomando en consideración que con copia con firma autógrafa del oficio 16/2019, dirigido al Fiscal General del Estado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, informó que los actos de tortura que el quejoso Pedro Adrián Peraza Iuit refierió haber sufrido al momento de su detención, fueron competencia de dicha autoridad, por lo que le solicitó iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Al respecto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Fiscal General del Estado, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, informe a este órgano a este órgano jurisdiccional, las acciones tomadas respecto de la carpeta de investigación solicitada, es decir, si se abrió o no; y en su caso, remita copia autorizada de las constancias conducentes; apercibido que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis Para tal efecto, remítase copia simple del oficio a que se hizo alusión en el primer párrafo de esta determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1107, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio 16/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, del que se advierte que, en relación a la vista que se le dio en proveído de veinticinco de febrero del año en curso, respecto a los actos de tortura que refiere haber sufrido al momento de la detención el quejoso Pedro Adrián Peraza Iut, resultaron ser competencia de la Fiscalía General del Estado, por lo que informa que se inició la carpeta de investigación correspondiente a efecto de que éstos sean verificados, a fin de deslindar responsabilidades, en su caso, esclarecer la denuncia sobre actos de tortura realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y en su oportunidad, resolverla en definitiva.
- Principal
MESA VII. Agréguense a estos autos los informes relacionados con la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo, rendidos por el Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por el Fiscal General del Estado, por el Fiscal de la Unidad de Investigación de Motul del Ministerio Público del Fuero Común, y por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común; mismas documentales a las que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por las autoridades remitentes, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclamó en el presente juicio, su detención y la incomunicación de la que dijo ser víctima. En este sentido, de las constancias que adjuntó la autoridad ministerial responsable a su informe justificado, se aprecia que el veintidós anterior, emitió un acuerdo en el cual determinó otorgar al quejoso su libertad, ya que no se pretendía solicitar en su contra, la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. En este orden de ideas, ya que en el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad ministerial emitió un acuerdo en el cual ordenó la inmediata libertad de la parte quejosa; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó, en esencia, la privación de su libertad a causa de su detención; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo de libertad combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho constitucional violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado, por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad, de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintisiete minutos del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Por otra parte, vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, el veintiuno de febrero del año en curso, de la que se advierte que el directo quejoso Pedro Adrián Peraza Iuit, presentó diversas heridas perceptibles a simple vista, además de que refirió haber sido objeto de golpes durante el tiempo que duró su detención. En ese sentido, debe precisarse que la tortura, así como cualquier otro tipo de trato cruel, inhumano o degradante, son prácticas que se encuentran prohibidas de forma absoluta en el sistema normativo y constitucional; en ese sentido, el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe el tormento de cualquier especie, pues establece: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Asimismo, por reforma constitucional de dos mil once, se incluyó en el precepto 29 de la Ley Suprema del país, como uno de los principios constitucionales inderogables la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, pues en el párrafo segundo de dicho numeral, se dispuso: "Artículo 29. .En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos." Así también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5.1, establece explícitamente una protección internacional al derecho a la integridad personal y en el artículo 5.2 prescribe específicamente y de forma absoluta, la prohibición de la tortura, así como las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues al efecto señala: "1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." Luego, si bien en dichos instrumentos internacionales no se define expresamente en qué consiste la tortura o los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo cierto es que a la fecha, esos conceptos han sido aclarados a través de las respectivas convenciones internacionales especializadas en la materia, a saber: la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el doce de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco; y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, publicadas respectivamente en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y siete y el diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y seis. De las cuales derivó, en el ámbito legislativo nacional, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; en la que se establecieron diversas obligaciones a cargo de los órganos dependientes del Ejecutivo Federal en la procuración de justicia y el tipo penal de tortura, así como las penas aplicables. En cuanto a la definición del delito de "tortura", el artículo 3 establece: "Artículo 3. Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad." De lo anterior, se obtiene que el núcleo, objetivo y fin último de la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos o bien degradantes, es en realidad la tutela de un derecho fundamental más general, a saber: la integridad personal (física y moral) y por ello, este derecho como género y la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como especies de aquél, han recibido atención por la jurisprudencia constitucional e internacional, así como por la doctrina. En ese contexto, también es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado, que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta, además, que los elementos constitutivos de tortura ha considerado que son: a) un acto intencional; b) que cause severos sufrimientos físicos o mentales; y, c) que se cometan con un propósito determinado. En atención a lo anterior, de conformidad con los artículos 1 y 22 de la Constitución, en relación con los artículos 1.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y 2, 4, 12, 13 y 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier acto de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante. Y concretamente, entre otras obligaciones específicas que surgen a cargo del Estado frente al derecho humano a la integridad personal, está el deber de iniciar una investigación imparcial de forma inmediata, cuando una persona denuncie (entendida como cualquier manifestación) haber sido sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o de oficio, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de esa naturaleza en el ámbito de su jurisdicción. Es por todo lo anteriormente expuesto, así como atento a lo asentado por el Actuario Judicial de la adscripción en sus razones y lo relevante que resultan para este Juzgador las acusaciones que el quejoso manifestó al momento de ser notificado que, sin prejuzgar de forma alguna sobre la existencia de los hechos alegados y el origen de las lesiones asentadas por el fedatario de este Juzgado, se determina de manera categórica dar vista a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, con las constancias relativas, a fin de que determine lo que a su representación social corresponda. Finalmente, requiérase a la representante social que una vez hecho lo anterior, informe a este órgano a este órgano jurisdiccional las acciones tomadas para tal efecto. Notifíquese personalmente a las partes y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia médica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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