Pedro Alejandro Mendez Pacheco
Expediente 532/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Alejandro Mendez Pacheco
- Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con el que informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por********************, contra la sentencia de catorce de julio del año en curso, dictada en el presente juicio, el cual se radicó con el número 316/2023; de lo que se toma nota NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintitrés. Quejoso interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Pedro Alejandro Méndez Pacheco, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de catorce de julio del año en curso. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia de dicho escrito, así como el original del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. En ese orden de ideas, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de substanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución del expediente físico y una vez que se cuente con el número de toca, realícese la vinculación correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 532/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, Pedro Alejandro Méndez Pacheco, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado de la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, que en el considerando segundo se precisará. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de dos de junio del año en curso, este juzgado de Distrito registró la demanda con el número 532/2023 y la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; emplazó al tercero interesado; posteriormente, citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, fracción I (materia penal), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que el acto reclamado por el quejoso, es el siguiente: A la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca. La resolución dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el cuaderno de antecedentes 144/2023, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de nueve de mayo de esta anualidad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado (foja 20). Para corroborarlo, anexó un disco óptico relativo al cuaderno de antecedentes 144/2023, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Este Juzgado de Distrito no advierte causa de improcedencia del juicio de control constitucional que deba analizarse de oficio o haya sido invocada por las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Transcripción innecesaria de conceptos de violación. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados por el quejoso, son infundados. En principio, resulta conveniente destacar los siguientes antecedentes del acto reclamado, que se extraen de las actuaciones que anexó la autoridad responsable, a las que anteriormente se les ha otorgado valor probatorio pleno. 1. En acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés, el Fiscal Investigador adscrito a la Fiscalía Local de la Villa de Zaachila, Oaxaca, acordó el escrito de Luis Félix López, y le dio intervención en la carpeta de investigación 1083/FVCE/ZAACHILA/2023, integrada en su contra por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar (foja 29). 2. En diligencia de treinta y uno de marzo del año en curso, el imputado ratificó su escrito de intervención y designó como su defensor particular a Pedro Alejandro Méndez Pacheco [persona que promueve el presente juicio de amparo], a quien se le permitió tomar fotografías de todos los registros de la carpeta de investigación (fojas 31 vuelta-33). La constancia elaborada por el Agente del Ministerio Público es del tenor: "CONSTANCIA.- En la Villa de Zaachila Oaxaca, a 31 de Marzo del año dos mil veintitrés (.) hace constar, que al presente se le dio copias de todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación de número 1083/FVCE/ZAACHILA/2023, es fiel y se le entrega al peticionario el Licenciado Pedro Alejandro Méndez Pacheco, quien se identifica con su Credencial de elector con fotografía; quien para constancia y de recibido firma al calce de la presente. Asimismo, en la parte final de esa constancia, el defensor particular asentó lo siguiente: "HAGO CONSTAR QUE NO ME ENTREGARON COPIA SI NO LO QUE ME ENTREGARON FUE EL ACCESO A LA CARPETA Y SE ME PERMITIÓ TOMAR FOTOGRAFÍAS DE LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN". [subrayado y resaltado nuestro] 3. En acuerdo de trece de abril del año en curso, la jueza de control responsable formó el cuaderno de antecedentes 144/2023, con motivo del escrito de Pedro Alejandro Méndez Pacheco, defensor particular de Luis Félix López, en el que destacó que la representación social causaba agravio al imputado por la falta de expedición de las copias gratuitas de la carpeta de investigación, necesarias para su defensa y para proponer más actos de investigación (fojas 28 y 30). 4. En proveído de nueve de mayo del presente año (foja 37), la juez responsable acordó lo siguiente: "Se tiene por recibido el escrito signado por el licenciado en derecho Pedro Alejandro Méndez Pacheco, quien promueve con el carácter de defensor particular de Luis Félix López, en atención a su contenido y tomando en consideración que por parte del ministerio público a (sic) puesto a su disposición las actuaciones ministeriales respecto de las cuales solicita copia el incidentista, se tiene por cumplido el requerimiento ordenado a la representación social, sin que implique una obligación del ministerio público otorgar las copias que indica el incidentista y que se le deben entregar materialmente por el representante social ya que el artículo 113 fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales señala y establece como derecho del imputado el obtener copia gratuita, esto significa que puede ser obtenida por el imputado y su defensa, sin que ello genere una contribución o pago de derecho alguno, al imputado, y la obtención material de dichas copias se trata de una erogación que corresponde realizar al mismo peticionario quien debe cubrir el costo material que genere dicha solicitud, misma que deberá expedirse gratuitamente sin la imposición de una contribución o pago de derecho alguno al Estado. Por lo cual no ha lugar a lo solicitado por el incidentista." 5. En contra de esa decisión el peticionario del amparo interpuso recurso de revocación, resuelto por la autoridad responsable el veinticinco de mayo de este año [acto reclamado en el presente juicio de amparo], en la forma que aparece en la siguiente transcripción: "Cuaderno de antecedentes 144/2023. Folio 00854/2023 En el paraje vista hermosa, Ejutla de Crespo, Oaxaca a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado por el licenciado en derecho Huri Noel Loaeza Ramírez quien promueve con el carácter de agente del ministerio público, que en atención a su contenido se le tiene contestando la vista del acuerdo de fecha quince de mayo de este año, relativa al recurso de revocación interpuesto por el incidentista. Por ello se procedente resolver el recurso de apelación (sic) interpuesto por el licenciado en derecho Pedro Alejandro Méndez Pacheco, defensor particular de Luis Félix López quien promueve con el carácter de incidentista e interpuso el recurso de apelación (sic) de en contra del acuerdo de fecha nueve de mayo de este año, donde está autoridad determinó que tomando en consideración que por parte del ministerio público a (sic) puesto a su disposición las actuaciones ministeriales respecto de las cuales solicita copia el incidentista, se tiene por cumplido el requerimiento ordenado a la representación social, sin que implique una obligación del ministerio público otorgar las copias que indica el incidentista y que se le deben entregar materialmente por el representante social ya que el artículo 113 fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales señala y establece como derecho del imputado el obtener copia gratuita, esto significa que puede ser obtenida por el imputado y su defensa, sin que ello genere una contribución o pago de derecho alguno, al imputado, y la obtención material de dichas copias se trata de una erogación que corresponde realizar al mismo peticionario quien debe cubrir el costo material que genere dicha solicitud, misma que deberá expedirse gratuitamente sin la imposición de una contribución o pago de derecho alguno al Estado. Por lo cual no ha lugar a lo solicitado por el incidentista." Y que el incidentista refiere que dicha determinación le causa agravios en términos del artículo 17 constitucional en relación con el 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establecen que el defensor y el imputado tienen derecho a copias gratuitas que no dice que el abogado o el imputado deban pagar sus copias, por el simple hecho de preparar su defensa. Señalando que esta autoridad no motivo ni fundó su determinación. Por lo cual se procede a resolver dicho recurso, el cual fue interpuesto en tiempo y forma por el abogado del incidentista. En atención a todo lo anterior cabe señalar que en ningún momento se está negando el acceso a la información contenida en la carpeta de investigación, que de la misma ya tuvo acceso y tan es así que obtuvo copia simple de la misma pues obra una razón que fue presentada por el representante social donde señala que tomó fotografías que el propio incidentista señala que obtuvo fotografías de la dichas actuaciones que obran en la carpeta de investigación, por lo cual es evidente que ya le fueron otorgadas de manera gratuita dichas actuaciones. Que incluso de las imágenes fotografías (sic) que tomó fueron suficientes para presentar su escrito de amparo. Por lo cual se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20 apartado b) en relación con lo dispuesto por el artículo 113, fracción VIII y que es a tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a ello, el artículo 113 en su fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice los medios para obtener los registros de la investigación, y en el caso que nos ocupa fue por registro fotográfico o por medios electrónicos, de lo que se tiene acreditado con datos objetivos de prueba que el abogado del imputado así lo manifestó en actuaciones que obran el presente cuaderno de antecedentes, que tomó las placas fotográficas por medio de un aparato electrónico de los datos de pruebas de la carpeta de investigación, por lo que se cumple con el precepto legal invocado. De igual modo se tiene que en atención a lo dispuesto por el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales "Oralidad de las actuaciones procesales. Las audiencias que señala que se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darte mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido". En concordancia con el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos refiere la utilización de medios electrónicos durante todo el proceso penal, indicando que se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial; así como también podrán instrumentar, para la presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento (.) La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizados para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto". De igual forma cabe hacer la precisión que las actuaciones de la carpeta de investigación que ya le fueron puestas a su disposición y de las cuales obtuvo copias a través de un dispositivo electrónico, se tiene que ya se obtuvo el fin último del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que es precisamente la expedición de copias gratuitas, puesto que el recurrente no acredita con documento idóneo que ya haya tenido que erogar ningún pago de alguna contribución de la administración pública del gobierno del Estado para la obtención de dichas copias, por lo cual se tiene que dicha obtención de copias fue de manera gratuita y que el actuar de la representación social en ningún momento se vulneraron sus derechos fundamentales del imputado y su defensa consagradas a en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por todo lo anterior, resulta improcedente revocar la determinación de fecha nueve de mayo de 2023, misma que resulta procedente confirmar la misma". [subrayado y resaltado propio de este Juzgado] Enseguida se sintetizan las razones torales que tuvo la jueza responsable en el acto reclamado, las cuales se estiman apegadas a la legalidad y demuestran lo infundado de los conceptos de violación formulados por el peticionario del amparo: i) En ningún se ha negado al imputado el acceso a la información contenida en la carpeta de investigación, inclusive, el incidentista, aquí quejoso, tomó fotografías de los registros de investigación, por lo que ya le fueron otorgadas de manera gratuita dichas actuaciones. ii) El peticionario del amparo obtuvo copia de la carpeta de investigación por medio de registro fotográfico, con lo cual se colma el derecho del imputado y su defensa previsto en el numeral 113, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. iii) Los artículos 44 y 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan en lo conducente que durante todo el proceso penal [la carpeta de investigación se encuentra en etapa de investigación inicial], se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad. iv) Al haberse otorgado de manera gratuita las actuaciones de la carpeta de investigación a través de un dispositivo electrónico, se acataron los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales; aunado al hecho que el recurrente no acreditó con documento idóneo que haya erogado alguna contribución al Gobierno del Estado de Oaxaca. v) Por lo que al no haberse vulnerado algún derecho fundamental del imputado y su defensa, era improcedente revocar el acuerdo de fecha nueve de mayo de este año. Establecido lo anterior, conviene destacar el texto de los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sirvieron de base a la autoridad responsable para dictar el acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante Juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. "Artículo 113. Derechos del imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos: [.] VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código." De las citadas disposiciones se colige la obligación que tiene la autoridad ministerial de dar acceso al imputado y a su defensor a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener: 1) copia gratuita, 2) registro fotográfico o 3) registro electrónico, con la oportunidad debida para preparar su defensa. La palabra acceso significa "el acercamiento a un fin", de tal manera que el acceso a la carpeta de investigación es el acercamiento a los registros de investigación, a fin de que el imputado esté en condiciones de conformar su teoría del caso, con lo cual se garantiza el derecho a una defensa adecuada y el trato procesal igual para las partes. En relación al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 149/2019, en sesión de doce de junio de dos mil diecinueve, estableció que el derecho de acceso a la carpeta de investigación, implica además el de obtener una reproducción fotostática o fotográfica de los registros de la misma; es decir, se trata de una disyuntiva que permite una u otra opción, pero no las dos. Tal como se advierte en la parte conducente de las consideraciones que enseguida se reproducen: "IV. El acceso a los datos que obran en la carpeta de investigación y la obtención de copias fotostáticas. 83. Ahora bien, como se dejó anotado, el derecho a una defensa adecuada también versa sobre el acceso que el imputado debe tener a los datos de la investigación. En efecto, el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone la obligación irrestricta de facilitar al imputado o a su defensor, todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, y que tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido, cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, la norma constitucional establece, mediante una reserva de ley, la posibilidad de que el legislador ordinario (federal o local) establezca la reserva de la información: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante Juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; [.]" 84. La transcripción anterior nos permite entender esta doble dimensión (interna y externa) de la disposición impugnada y, con ello, un alcance distinto de la protección constitucional, ya que se trata de dos valores distintos, a saber: la defensa adecuada del imputado y la protección o salvaguarda del éxito de la investigación, naturalmente con relación a personas distintas al imputado. 85. A su vez, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "Artículo 113. Derechos del imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos: [.] VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código." "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." 86. A partir del marco constitucional y legal previamente establecido, se desprende, en primer término, la obligación que tiene la autoridad ministerial de dar acceso al imputado y a su defensor a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copias de estos con la oportunidad debida para preparar su defensa. 87. Ello es acorde además con lo establecido en el artículo 8, punto 2, inciso c, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que advierte lo siguiente: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: [.] c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; [.]" 88. En tales condiciones, si bien los artículos 113, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen supuestos con relación al acceso, consulta, así como la obtención de copia de los registros de investigación, lo cierto es que dichos numerales no deben ser interpretados de forma restrictiva o limitativa, sino de manera sistemática. En ese sentido, de la lectura del precepto 218 del código adjetivo en cita, se desprende que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de investigación en determinados supuestos, que son: a) cuando se encuentre detenido; b) sea citado para comparecer como imputado; o c) sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. 89. No obstante, a la luz del principio pro persona, no puede establecerse que la palabra "acceso" limite al imputado o su defensor, a tener únicamente a la vista los registros de investigación. Dicho concepto es más amplio e implica también poderlos retener a través de una reproducción fotostática o fotográfica. 90. En efecto, la palabra acceso significa "el acercamiento a un fin", de tal manera que el acceso a la carpeta de investigación es el acercamiento a los registros de investigación, a fin de que el imputado esté en condiciones de conformar su teoría del caso, con lo cual se garantiza el derecho a una defensa adecuada y en trato procesal igual para las partes. 91. Así, la negativa de expedir copias en favor del imputado o su defensor al comparecer ante el Ministerio Público, a juicio de esta Primera Sala, cuando tal calidad le ha sido reconocida por el ministerio público, constituye una restricción desproporcionada, que de permitirse generará que el proceso penal deje de estar en equilibrio, dejando al imputado en estado de indefensión. Por ello, una vez que el investigado ha sido notificado para comparecer como indiciado, se le debe permitir obtener copias de los registros de la investigación, porque de esta manera, las partes tienen una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer datos de pruebas en apoyo a sus pretensiones en esa etapa procesal. 92. Además, al actualizarse cualquiera de los supuestos previstos por el artículo 20, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 218 párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, los registros de investigación dejan de tener el carácter de reservado para el indiciado o su defensor, y por tanto, no existe motivo para negarle a estos últimos una reproducción de tales constancias. Por tanto, debe entenderse que la palabra "acceso" a dichos registros conlleva la posibilidad de que se obtenga copia o se permita el registro fotográfico de los mismos. 93.No pasa inadvertido que el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a efecto de precisar que únicamente las partes podrán tener acceso a los registros de investigación, con las limitaciones establecidas en el código, adicionando un párrafo a efecto de establecer el derecho de la víctima u ofendido a acceder en todo momento a dichos registros y agregándose consideraciones relativas a la información pública gubernamental, evidenciando de la exposición de motivos que diera origen a dicha reforma, lo siguiente: "En el artículo 218, se establece que los registros de investigación son de carácter reservado de forma permanente y no solo durante la investigación inicial, lo anterior sin perjuicio de conservar el texto vigente respecto del momento en que pueden acceder el imputado y su defensor, además se adiciona un párrafo segundo en el que se establece el derecho a la víctima u ofendido a acceder en todo momento a dichos registros y finalmente se adiciona un último párrafo en el que se prevé que para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o el código penal del fuero común correspondiente, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." 94. En tales condiciones, la intención del legislador fue dejar intocado el aspecto relativo al acceso por parte del imputado y su defensor, a los registros de investigación, por lo que se respetó en todo momento el derecho del entonces indiciado y futuro imputado a una defensa adecuada, lo cual en la especie se garantiza plenamente con la posibilidad de que estos últimos obtengan una reproducción de dichos registros, y no solo con el hecho de tenerlos a la vista. 95.A su vez, el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. 96.Sin embargo, no debe interpretarse como una regla restrictiva de que solo a partir de ese momento procesal puedan obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto se desprende la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada e igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que esa copia se obtenga con anterioridad, pues lo que se privilegia es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una adecuada defensa. 97.Bajo ese contexto, es importante destacar que de la exposición de motivos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el nuevo sistema procesal penal acusatorio, pretende generar mayor transparencia y credibilidad, ampliando los derechos del imputado y de la víctima u ofendido. En efecto, el legislador se encaminó a generar una mayor observancia de los derechos humanos, y, por tanto, uno de los principios rectores del sistema es el de igualdad de armas, el cual se estableció atendiendo a la necesidad de brindar las mismas oportunidades a las partes, a fin de equilibrar el proceso. 98. Este principio consiste en que cada parte del proceso penal debe poder presentar su caso bajo condiciones y garantías judiciales, que permitan equilibrar los medios y posibilidades de actuación procesal, de tal manera que no se genere una posición sustancialmente desventajosa de una de las partes frente a la otra, como la que de hecho se presenta entre el ente acusador (Ministerio Público) y el acusado, a favor del primero en detrimento del segundo. 99. Así, aboga no sólo por la posibilidad de contender frente a la otra parte en igualdad de condiciones, sino también por procurar la participación del acusado en el proceso, en condiciones que enmienden el desequilibrio entre los medios de que dispone éste y de los que dispone el Ministerio Público, los cuales son claramente superiores. 100. El principio de igualdad de armas o igualdad de medios, supone entonces que la carga probatoria del acusador es proporcional a sus medios, y que las reglas de ejercicio del principio contradictorio en virtud de esa carga, buscan equiparar la participación en el proceso penal, tanto optimizando lo más posible las garantías de la defensa, como incrementando la exigencia del cumplimiento de la labor probatoria del acusador. 101. En consecuencia, por todas las consideraciones anteriores, esta Primera Sala concluye que el acceso a los registros de la investigación conlleva la posibilidad de que el imputado o su defensor obtengan copias o se les permita el registro fotográfico, lo cual resulta acorde con la normatividad de orden constitucional e internacional, que garantiza el derecho fundamental de defensa adecuada e igualdad procesal en favor del imputado". De esa ejecutoria emergió la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2020891, de rubro y texto: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido". Como se aprecia, en forma contraria a lo que argumenta el quejoso en sus conceptos de violación, al haber permitido el Fiscal Investigador adscrito a la Fiscalía Local de la Villa de Zaachila, Oaxaca, el acceso al imputado a la carpeta de investigación 1083/FVCE/ZAACHILA/2023, integrada en su contra por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, y asimismo, proporcionado fotografías de todos los registros que integran la misma, es evidente que se ha garantizado el derecho fundamental de defensa adecuada en favor del imputado. Es así, en virtud que el artículo 20, apartado B, fracciones VI, de la Constitución, establece expresamente la obligación irrestricta de facilitar al imputado o a su defensor, todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, y que tendrá acceso a los registros de la investigación. Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en su artículo 117, fracción IV, que una de las diversas obligaciones del defensor es analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa. Lo anterior implica que el derecho a una defensa adecuada también versa sobre el acceso que el imputado y su defensor deben tener a los datos de la investigación, lo cual se ha colmado puntualmente en el caso. A su vez, el código adjetivo aludido en su artículo 113, fracción VIII, establece que uno de los derechos del imputado es tener acceso, junto con su defensa, a los registros de la investigación, así como a obtener: 1) copia gratuita, 2) registro fotográfico o 3) registro electrónico, en términos de los artículos 218 y 219 del cuerpo normativo en cuestión. En consecuencia, toda persona imputada tiene derecho a tener acceso a los datos que obran en la carpeta de investigación, en aras de proteger su derecho de defensa adecuada. Aspectos que se han garantizado en la carpeta de investigación mencionada, lo que permitirá que el imputado pueda tener una defensa adecuada a lo largo de todo el procedimiento, en la medida que a partir de los registros que le fueron entregados por el Ministerio Público, está en aptitud de proponer datos de investigación y formular su teoría del caso. Por tal razón, se considera que el acto reclamado no resulta violatorio del derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución General de la República, en relación con el dispositivo 113, fracción VIII, del Código Nacional citado, en atención a que adverso a lo señalado por el quejoso en sus conceptos de violación, la autoridad responsable sí explicó las razones y e invocó los fundamentos por los cuales determinó no se afecta el derecho de defensa adecuada por el hecho de que se le haya permitido obtener fotografías en lugar de copias fotostáticas. Máxime que, como correctamente lo señaló la jueza responsable, no existe prueba que demuestre que el quejoso hubiera hecho alguna erogación para la obtención de los registros de la carpeta de investigación. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación analizados, y al no advertirse queja deficiente que suplir en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo de la Justicia de la Unión que solicita el quejoso. Finalmente, se destaca que los criterios citados por el quejoso en su demanda de amparo resultan inaplicables al caso concreto, por las siguientes razones: La tesis "DEFENSA ADECUADA. LA SOLICITUD DE QUE SE EXPIDAN DE FORMA GRATUITA COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DE TODO LO ACTUADO EN UN PROCESO PENAL, EFECTUADA POR UNA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PARA ACUDIR AL SISTEMA INTERAMERICANO, ESTÁ AMPARADA POR ESE DERECHO FUNDAMENTAL", de la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, registro digital 2015712, analizó un caso referente a una persona privada de la libertad, lo que en este caso no sucede. En tanto la jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (9a.), registro digital 160044, de la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA", fue abandonada parcialmente por el criterio sostenido por el propio tribunal, en la diversa 1a. C/2019 (10a.), de título y subtítulo: "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. NO SE SATISFACE ESTE DERECHO, CON EL SOLO NOMBRAMIENTO DE UN LICENCIADO EN DERECHO PARA LA DEFENSA DEL IMPUTADO, SINO QUE DEBEN IMPLEMENTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE TIENE LA ASISTENCIA DE UNA PERSONA CAPACITADA PARA DEFENDERLO [ABANDONO PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 12/2012 (9a.)]." Mientras que la tesis I.7o.P.139 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital 2023432, de epígrafe: "COPIAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA EXPEDICIÓN DE LAS SOLICITADAS POR LA VÍCTIMA, SIN IMPORTAR SI ES LA PRIMERA O POSTERIOR OCASIÓN O SI SON SIMPLES O AUTENTICADAS, DEBE SER GRATUITA, CONFORME AL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XXII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES [INAPLICABILIDAD -POR DEROGACIÓN TÁCITA- DEL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)]", señala que el artículo 82, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) que contemplaba la expedición de copias a solicitud de la víctima u ofendido, tanto simples como certificadas, quedó derogado tácitamente, una vez que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Pedro Alejandro Méndez Pacheco, contra el acto reclamado de la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, por el que, remite un disco compacto en formato DVD, que contiene, un archivo en formato PDF, en el que obran las actuaciones del cuaderno de antecedentes ********************, de su índice. Lo anterior, únicamente para que obre como corresponda, toda vez obra en autos copias certificadas las actuaciones que integran el citado cuaderno de antecedentes ********************, mismas que fueron remitidas por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, mediante oficio con número de registro 9058. NOTIFÍQUESE.
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