Pedro Adán Vásquez Pérez
Expediente 456/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Adán Vásquez Pérez
- Veronica Santos Jarquín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos la copia del oficio de cuenta, que suscribe el Administrador Regional en Oaxaca del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual, le envía al Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, con sede en esta localidad, el oficio 20995, del índice de este Juzgado, relativo al presente juicio de amparo; lo anterior, únicamente para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que en proveído de nueve de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Finalmente, tomando en consideración que existen glosados documentos originales que exhibió la parte quejosa con su demanda de amparo; por tanto, requiérasele para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal, a recoger los mismos, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos al destruirse el presente expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALEMENTE.
- Principal
PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que en proveído de nueve de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Finalmente, tomando en consideración que existen glosados documentos originales que exhibió la parte quejosa con su demanda de amparo; por tanto, requiérasele para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal, a recoger los mismos, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos al destruirse el presente expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALEMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por PEDRO ADÁN VÁSQUEZ PÉREZ Y OTRA, por su propio derecho, y en nombre y representación de sus menores hijos, contra actos de la persona moral Altas Cumbres Culturales de Oaxaca S.C, y otras; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo bajo el número 456/2017. La demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El precepto transcrito prevé en su primer párrafo, que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tiene imperio frente al particular. En su segundo párrafo el numeral en cita, hace alusión a la figura jurídica de los actos de particulares cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido, siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general. Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridad, es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas, es decir, que dichos actos sean iguales a los de una autoridad, entendida ésta como la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Conforme a lo anterior, cabe destacar que la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable", consiste en el ente público que, actuando unilateralmente, crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese sentido, el acto de autoridad que se pretenda atribuir a un particular, debe reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, pero además debe existir una relación de supra a subordinación respecto a otro particular, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad -propiamente dicho-, pero no cuando actúen en el ámbito y ejercicio de su esfera de derecho privado o en cumplimiento de un convenio particular, aun cuando se pretenda indicar que ese pacto encuentra sustento en una norma general, pues todo actuar que pudiera derivar de un plano de igualdad con otros particulares, no tiene sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de garantías. Consiguientemente, para que el actuar de un particular, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pueda cumplir los requisitos legales para considerarse como de autoridad responsable, sus actos deben guardar igualdad de estimación, valor y eficacia que el proceder de la autoridad, consistente en que por determinación de ley realice actos unilaterales revestidos de dicho imperio y coercibilidad, mediante los cuales crea, modifique o extinga una situación jurídica o de hecho. Ahora bien, en el caso particular el acto reclamado se hace consistir en la negativa por parte de las "responsables" de entregar diversa documentación a nombre de los menores, así como el cobro excesivo respecto de las colegiaturas pendientes por pagar. Conforme al contenido de la demanda de amparo se desprende, que los actos reclamados tienen su origen en la falta de pago efectuada por los padres de los menores a la institución educativa particular a la cual asisten sus hijos, y que al momento de solicitar la documentación de los mismos, dicha institución se las negó, condicionando la misma al pago de las colegiaturas vencidas. Como se advierte de lo anterior, los actos que se pretenden reclamar en la presente instancia constitucional, no reúnen los requisitos para considerarse como provenientes de un acto de autoridad por equivalencia, por no ser unilateral, imperativo, ni coercitivo, sino que se trata de un acto derivado del incumplimiento de un convenio previamente pactado por la parte quejosa y la persona moral Altas Cumbres Culturales de Oaxaca S.C. En efecto, la negativa por parte de la institución educativa para hacer entrega de la documentación de los menores, deriva de un pacto convencional entre partes en igualdad de condiciones jurídicas, tan es así, que conforme al convenio de inscripción que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo se desprende que en las cláusulas décima y décima primera, acordaron los siguiente: "..DECIMA.- En caso de que EL PADRE DE FAMILIA adeude o deje de pagar el importe equivalente a tres o más meses de colegiatura, EL COLEGIO no tendrá obligación de continuar dando el servicio al alumno, obligándose EL COLEGIO a notificar a EL PADRE DE FAMILIA, con quince días de anticipación de tal situación, tiene derecho EL PADRE DE FAMILIA a recibir la documentación que le corresponda en un plazo no mayor a quince días a partir de que lo solicite sin costo alguno por la entrega. DECIMA PRIMERA.- Independientemente de la causa de terminación del presente contrato EL PADRE DE FAMILIA, deberá cubrir los adeudos que tenga con EL COLEGIO, aplicándose los recargos señalados en la cláusula quinta a dichos adeudos. ." Como se advierte, la institución educativa condiciona la entrega de la documentación solicitada por los quejosos al pago de las colegiaturas vencidas, esto es, la negativa no se base en acto de unilateralidad, imperio, o coercitividad, sino en un plano de igualdad, pues se pretende hacer cumplir el contrato que existe celebrado entre los hoy quejosos y la citada institución, en otras palabras, los actos hoy reclamados fueron emitidos en el ámbito meramente privado de sus relaciones con los también particulares, a los que prestan un servicio educativo, conforme a lo pactado en el contrato respectivo que contiene la voluntad de las partes y de acuerdo con el régimen estatutario y normativo de la escuela privada. Lo anterior, aun cuando el instituto educativo particular realiza o ejerce una función o servicio público que en principio debería corresponderle al Estado, quien lo delegó constitucionalmente; sin embargo, ello es insuficiente para estimar que las normas aceptadas voluntariamente por las partes puedan ser consideradas como emitidas con unilateralidad y obligatoriedad, pues se insiste, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados en el juicio de amparo, no es factible concluir que las autoridades educativas, al emitirlos, ejercieron un poder público frente a la parte quejosa, sino que actuaron conforme a su normatividad interna. Además, no debe soslayarse que el hecho de que los particulares obtengan una concesión por parte del Estado, para proporcionar el servicio de educación a nivel superior o profesional, no significa que aquellos estén realizando actos equiparables a los de la autoridad, porque en términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación que el Estado Mexicano debe proporcionar es la básica, que comprende el nivel preescolar, primaria y secundaria, así como la media superior, mismas que, incluso, son obligatorias. En consecuencia, la educación primaria (grado en el cual se encuentran los menores), si bien es cierto que también la imparte el Estado, esto lo hace a través de escuelas públicas, mismas que por su naturaleza, sí pueden ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo, no así las instituciones privadas de educación primaria porque al tenor de lo razonado en párrafos precedentes, sus servicios se prestan de acuerdo con el contrato que celebren con los particulares. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Decimoquinto Circuito, visible a página 1574, Libro 24, Noviembre 2015, Tomo II, Décima Época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER UNA UNIVERSIDAD PRIVADA CUANDO IMPIDE QUE SUS ALUMNOS REALICEN SUS EVALUACIONES MENSUALES Y SE REINSCRIBAN AL SIGUIENTE SEMESTRE ESCOLAR ANTE LA FALTA DE PAGO DE COLEGIATURAS. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, precisa que para efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, el hecho de que una universidad privada impida que sus alumnos realicen las evaluaciones mensuales y se reinscriban al siguiente semestre escolar ante la falta de pago de colegiaturas, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva a que aquélla se constituya en un "particular" que realiza actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, lo cual hace necesario acudir a los tribunales ordinarios en caso de inconformidad. Lo anterior, pues si tal institución educativa tiene como objeto prestar servicios educativos tanto en el nivel medio superior como en el superior, y actúa con base en sus estatutos y disposiciones normativas internas, las cuales son obligatorias únicamente para aquellos individuos que por voluntad propia decidieron adherirse a tales ordenamientos internos y adquirir el carácter de alumnos, teniendo conocimiento que ante el incumplimiento de lo pactado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda, y por autorizadas para el mismo efecto a las personas que se mencionan, a excepción de José Luis García Velasco, quien queda facultado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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