Pedro Alejandro Hinojoza Virrey

Expediente 1280/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1280/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Pedro Alejandro Hinojoza Virrey

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, treinta de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, mediante el cual acepta la competencia declinada en el juicio de amparo 1280/2022-VIII, del cual deriva este cuaderno de antecedentes, e informa que se avoca a su conocimiento; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, nueve de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo firmada electrónicamente por Pedro Alejandro Hinojoza Virrey y Carmen Jhoanna Arreola Hernández, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. Fórmese y regístrese el juicio de amparo 1280/2022-VIII. Competencia. Analizada la demanda en su integridad, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer la misma. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del precepto legal transcrito se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito con jurisdicción donde se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Una vez precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, se colige que conforme a las características y naturaleza del acto reclamado se surte la hipótesis de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Materias Administrativa y Común, página 1299, Novena Época, con registro 189167, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". En el caso, del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: ". la resolución de fecha 06 de julio del 2022, dictada por el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad en el expediente laboral burocrático número 198/2017, mediante la cual se tubo al SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON (S.U.E.T.S.R.A.T.) por rindiendo cuentas a los actores en cumplimiento al resolutivo segundo del laudo de fecha 22 de enero del 2020, y que ordeno además el archivo definitivo del expediente como asunto concluido. Así como sus consecuencias jurídicas." Además, es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como el la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 16/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).", la existencia del juicio de amparo directo 301/2020, resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, relativo al expediente laboral 198/2017, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. En ese sentido, se desprende que la ejecución del acto reclamado, se ejecutó y continua ejecutándose, fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, es decir, en el lugar en que tiene residencia la autoridad responsable que conoce del juicio de origen. Por tanto, en el caso se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley de la materia, que establece que la competencia para el conocimiento recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. De lo anterior, se reitera que ante la certeza del lugar donde se ejecutó y continua ejecutándose el acto reclamado, esto es, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, es dable considerar que debe conocer del juicio de amparo el juzgador con competencia en aquél lugar, es decir un Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en turno. Por lo expuesto, con fundamento el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este juzgador declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Pedro Alejandro Hinojoza Virrey y Carmen Jhoanna Arreola Hernández, pues se considera que ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en turno. En consecuencia, remítanse los autos originales del juicio de amparo 1280/2022 al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo. Solicitando atentamente al homólogo federal que, de no tener inconveniente alguno, informe si acepta o no la competencia declinada, conforme con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia; asimismo, acuse el recibo de estilo. Con las constancias relativas, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Autorizados. Se autorizan en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas designadas para tal efecto. Expediente electrónico. En términos de los artículos 3 y 21 de la Ley de Amparo, y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza con nombre de usuarios "huereca" acceder al expediente electrónico del presente juicio de amparo así como recibir notificaciones electrónicas. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Vía para la rendición de promociones. Atento a lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo -mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Exhortación a tramitar el juicio en línea. Del mismo modo, toda vez que actualmente el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas relativas con motivo de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con la finalidad de evitar concentración de personas y, con ello, la propagación del mencionado virus se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea"; asimismo, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico y número telefónico, lo anterior, con la finalidad de acatar las recomendaciones sanitarias de las autoridades correspondientes, con motivo de la contingencia sanitaria que impera en el país y establecer el contacto respectivo en caso de que se estime necesario. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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