Peas Ayui Santiago Fernando

Expediente 757/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
757/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Peas Ayui Santiago Fernando

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Telegrama. Se tiene por recibido el telegrama remitido por la Jefa de Oficina Telecomm, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales correspondientes, mediante el cual manifiesta que el telegrama que contiene transcripción del oficio 32298/2022 dirigido a la autoridad responsable Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en Durango, Durango, no fue gestionada su entrega por los motivos que expone. El cual se agrega para efectos de control, en virtud de que en auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, causó estado el proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento del Jefe de Oficina Telecomm Telégrafos, con sede en esta ciudad, que se da por terminado el envío del citado telegrama. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de julio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de junio de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe con justificación rendido por la autoridad responsable Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Durango, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en Durango capital, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de que se trata; con el mismo, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la prueba documental que acompaña a su informe, las que se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto. Delegados. Conforme con el arábigo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas indicadas para ello en el informe con justificación. Del mismo se tiene a la autoridad oficiante señalando la cuenta de correo institucional jguerrero@inami.gob.mx. Estado de autos. Vistos los autos de los que se advierte que el acto reclamado por el quejoso Peas Ayui Santiago Fernando, de nacionalidad ecuatoriana, consiste en la privación de la libertad de manera indefinida, prolongada e injustificada, la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración; detención administrativa por más de 36 horas; negativa de permitir llevar su procedimiento administrativo migratorio en libertad, en términos del artículo 102 de la Ley de Migración; omisión de aplicar a favor del quejoso, el contenido del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Migración; la posible deportación y retorno asistido del hoy quejoso; la exposición del quejoso al virus Covid 19, por estar en hacinamiento. Causal de improcedencia. En este caso, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, el quejoso se duele de la privación de la libertad de manera indefinida, prolongada e injustificada, la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración; detención administrativa por más de 36 horas; negativa de permitir llevar su procedimiento administrativo migratorio en libertad, en términos del artículo 102 de la Ley de Migración; omisión de aplicar a favor del quejoso, el contenido del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Migración; la posible deportación y retorno asistido del hoy quejoso; la exposición del quejoso al virus Covid 19, por estar en hacinamiento. Sin embargo, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable, se advierte que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictó la resolución en la que determinó dar salida al quejoso de la Estancia Provisional del lnstituto Nacional de Migración en Gómez Palacio, Durango, en el que también se le sujetó al control de firmas, resolución que le fue notificada al quejoso el mismo día, acompañando al efecto dichas actuaciones, por consiguiente se evidencia, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos del acto de reclamo. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido al promovente del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues la autoridad responsable ha dictado la resolución en el que se decreta la salida de la Estancia Provisional del lnstituto Nacional de Migración en Gómez Palacio, Durango, ello en actuación de diecinueve de mayo del año en curso, se pronunció al respecto, y, precisamente, constituye el acto reclamado en este contradictorio constitucional la privación de la libertad de manera indefinida, prolongada e injustificada, la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración; detención administrativa por más de 36 horas; negativa de permitir llevar su procedimiento administrativo migratorio en libertad, en términos del artículo 102 de la Ley de Migración; omisión de aplicar a favor del quejoso, el contenido del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Migración; la posible deportación y retorno asistido del hoy quejoso; la exposición del quejoso al virus Covid 19, por estar en hacinamiento. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo; por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del catorce de julio de dos mil veintidós. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro contexto, respecto a la inexistencia del Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Durango y Director y/o Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ambas con residencia en Durango, que refiere la autoridad oficiante resulta innecesario dar vista a la parte quejosa por los motivos apuntados en párrafos que anteceden, por tanto suspéndase comunicación con las mismas. Notifíquese; por medio de lista al quejoso.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiuno de junio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Durango, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual remite debidamente diligenciada la comunicación oficial 496/2022 número de orden 276/2022 de su índice. De igual manera remite los informes a la suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables Sub representante Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Durango, titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Durango y Director y/o Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Durango, Durango. Acuerdo. En tal virtud, téngase por remitiendo las constancias mencionadas. Acuse de recibo. Resulta innecesario acusar de recibo del presente exhorto, dado que fue recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual genera el acuse de recibo respectivo. Informes. Visto lo de cuenta, se reciben los informes sobre la suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables Sub representante Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Durango, titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Durango y Director y/o Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Durango, Durango; y agréguense a los autos de este juicio para que obren como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes de que se trata, con los cuales se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, porque no obran en autos los informes justificados solicitados a las autoridades responsables Sub representante Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Durango, titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Durango y Director y/o Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Durango, Durango, aunado a que tampoco se han recibido en la secretaría de este juzgado los acuses de recibo de los oficios con los cuales se les requirió dicho informe. Requerimiento. En obvio de dilaciones, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de este proveído, informe el trato dado a las piezas postales que contienes los oficios 27195/2022 y 25972/2022; 27196/2022 y 25973/2022; 27197/2022 y 25974/2022; para tal efecto remítasele copia de la factura de depósito respectiva. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Audiencia constitucional. Atento a lo anterior, se señalan las once horas con cincuenta minutos del catorce de julio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

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