Pedro Alberto Olvera Ramirez
Expediente 1362/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1362/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Alberto Olvera Ramirez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de diciembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de diecisiete de diciembre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense la comunicación, el ejemplar de la boleta de turno 20213859033900008 y la demanda de amparo original con la firma autógrafa del quejoso ********, con sus anexos, señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, del contenido del referido comunicado se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en atención a las solicitudes de ocho de los corrientes por un lado remite la demanda de amparo original con la firma autógrafa del quejoso ******* y, por otro, informa que se autorizó la vinculación permanente del expediente electrónico del juicio de amparo directo ******* del índice de ese órgano jurisdiccional al diverso correspondiente a este juicio constitucional 1362/2021; además, solicita el acuse de recibo de los documentos remitidos. Al respecto, se toma conocimiento de lo anterior y se reciben los instrumentos enviados. Por otro lado, acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito de un ejemplar de la boleta de turno 20213859033900008, de la demanda de amparo original con la firma autógrafa del quejoso ********, con sus anexos y de las dos copias de traslado del escrito inicial. Aspectos preliminares. En otro punto, es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que el inconforme ******* reclama el acto siguiente: De la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca combate: El auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el toca civil ******, en donde declaró mal admitido el recurso de queja que el promovente interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil ******, en el que negó reconocerle el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre ******* y demandado reconvencionista. En otro punto, de los hechos que el titular de la acción de amparo manifestó en el escrito inicial que constituyen los antecedentes del acto reclamado se advierten los aspectos siguientes: 1. ************** asevera que el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, promovió un juicio civil en contra de ****** y de ********, en donde ejerció la acción reivindicatoria respecto de un inmueble localizado en la *************, del cual correspondió conocer al Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, en esta entidad federativa, bajo el expediente *******. 2. El promovente indica que las enjuiciadas contestaron la demanda y solicitaron que se llamara al contradictorio de origen a ******, este último se incorporó a la relación jurídica procesal, por lo que por un lado contestó la demanda y, por otro, formuló su reconvención; en tal sentido, solicitó que se llamara a ese asunto a ********, quien se apersonó al juicio natural el once de junio de dos mil dieciocho, por lo que dio contestación a la demanda reconvencional. 3. El quince de febrero de dos mil veinte, el demandado reconvencionista ******** falleció, por lo que el Juzgado primario decretó la suspensión del procedimiento hasta que el referido sujeto procesal estuviera legalmente representado. 4. El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, ********* trató de comparecer como albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes del extinto demandado reconvencionista ********, porque fue su progenitor. 5. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, negó reconocer a ********** el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre ******** y demandado reconvencionista, porque sostuvo que el promovente no exhibió la constancia del discernimiento de ese cargo. 6. Inconforme con esa determinación, el once de mayo posterior, ************ interpuso el recurso de queja en contra del proveído descrito en el punto anterior. 7. En el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, que la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, dictó en el toca civil **** declaró mal admitido el recurso de queja que el promovente interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil *********, en el que negó reconocerle el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre ************* y demandado reconvencionista. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por ********, porque en relación con el acto reclamado a la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el toca civil **************, en donde declaró mal admitido el recurso de queja que el promovente interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil ************, en el que negó reconocerle el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre ************ y demandado reconvencionista, se actualizan de manera manifiesta e indudable las hipótesis de inejercicio de la acción constitucional previstas por el arábigo 61, fracciones XIV y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, interpretado en sentido contrario, dado que el inconforme consintió tácitamente esa determinación al haber promovido este medio extraordinario de defensa de manera extemporánea y porque esa actuación no constituye un acto de imposible reparación. I. ESTUDIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARÁBIGO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. Para evidenciar el supuesto de improcedencia señalado es necesario tener presente el contenido de los dispositivos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" El precepto transcrito en último orden establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente y que se entiende por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio constitucional dentro de los plazos previstos legalmente. Por otra parte, en el normativo 17 de la ley de la materia el legislador federal estableció un plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo y, como excepciones a esa regla general, los casos siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyas hipótesis el plazo será de treinta días; b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, de la posesión o del disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años contado a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, d) Cuando el acto reclamado implique peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, a la Armada o a la Fuerza Aérea, en cuyos supuestos la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. A su vez, el arábigo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos para el inicio del cómputo de los plazos (genérico y específicos) previstos por el ordinal 17 de la propia legislación, los cuales se contarán, respectivamente, a partir del día siguiente: a) A aquél en el que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la actuación o de la resolución que reclame; b) A aquél en el que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A aquél en el que se ostente sabedor de la actuación combatida o de su ejecución. En ese contexto, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en el que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o de la actuación que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en el que haya tenido conocimiento de aquéllos o de su ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de esas actuaciones. En esa línea, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en el que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas por el precepto 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que esos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otro lado, es necesario destacar que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo debe estar probado de modo directo y no inferirse con base en presunciones. Ese criterio jurídico se contiene en la jurisprudencia 5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." También se invoca en respaldo de lo expuesto la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de este País, de contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones." La lectura de los criterios jurisprudenciales transcritos permite establecer que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa le da la posibilidad de que pueda impugnarlo en la instancia constitucional, ya que tiene a su alcance todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario podría darse el caso de que careciera de información para que estuviera en aptitud de hacerlo. Con base en lo expuesto es factible sostener que para la actualización de la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso el acto que reclama, ya que sólo de esta manera el plazo genérico de quince días que concede el artículo 17 de la ley de la materia para presentar la demanda de amparo comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en el que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos, en virtud de que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el plazo de quince días mencionado deba computarse a partir del siguiente al en el que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto que controvierte. Sobre el particular es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." También cobra vigencia la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Con base en el marco referencial anterior es factible sostener que en la especie se patentiza de manera manifiesta e indudable el supuesto de inejercicio de la acción constitucional examinado, porque la demanda de amparo se presentó fuera del plazo genérico de quince días establecido por el ordinal 17 de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior es necesario recordar que conforme a lo dispuesto por el normativo 18 de la ley de la materia, uno de los tres momentos para computar ese plazo genérico es a partir del día siguiente a aquel en el que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al titular de la acción constitucional de la resolución reclamada. En los párrafos anteriores se estableció que el acto impugnado en este asunto es el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, que la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca pronunció en el toca civil ***********, en donde declaró mal admitido el recurso de queja que el promovente interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil *********, en el que negó reconocerle el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre *************y demandado reconvencionista. La actuación descrita no es de las que se enuncian en las cuatro fracciones del arábigo 17 de la Ley de Amparo, por lo que en el caso rige el plazo genérico de quince días hábiles que señala el primer párrafo de ese precepto para la promoción del juicio constitucional. Ahora, del escrito inicial se advierte que el inconforme manifestó bajo protesta de decir verdad que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, le fue notificado el proveído que ataca. En ese contexto, lo manifestado por el inconforme se interpreta en el sentido de que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, el personal del órgano jurisdiccional responsable le comunicó procesalmente el acuerdo que reclama. Por tanto, la manifestación que el titular de la acción constitucional realizó influye en el ánimo de este órgano jurisdiccional en el sentido de que presupone la certeza de tal aseveración y ésta debe ser apreciada como una confesión expresa con valor probatorio pleno, conforme a lo previsto por los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2. En esa línea, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, como una hipótesis para computar el plazo para la promoción del juicio constitucional, conforme a lo dispuesto por el arábigo 18 de la ley de la materia se satisface con la manifestación que el inconforme realizó en el escrito inicial en los términos apuntados, porque dicha manifestación constituye una confesión expresa la cual es admisible en el presente sumario. Lo anterior tiene respaldo en la tesis emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, que señala: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa." También se cita para fortalecer las consideraciones expuestas la tesis sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." De acuerdo con lo anterior, si el justiciable fue notificado del auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, que la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca pronunció en el toca civil **********, en donde declaró mal admitido el recurso de queja que el promovente interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil **********, en el que negó reconocerle el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre **********y demandado reconvencionista en la data de emisión del citado proveído, el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de este juicio constitucional comenzó a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en el que surtió efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al titular de la acción constitucional del acuerdo reclamado, conforme a lo dispuesto por el numeral 18 de la propia legislación. Enseguida, es necesario traer a contexto el contenido de los arábigos 176 de la Ley de Amparo y 119, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los cuales prescriben: Ley de Amparo "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca "Artículo 119. [.] Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten efectos al día siguiente, de aquel en que se hubieren enviado por correo electrónico, publicado por boletín judicial, en la página electrónica oficial del Poder Judicial o fijado en los estrados de los tribunales que no cuenten con internet, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca." Del precepto transcrito en primer orden se deprende por un lado que la demanda de amparo directo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable y que la presentación del escrito inicial ante una autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece la Ley de Amparo. Por otro lado, del segundo normativo inserto se advierte que en los juicios civiles del conocimiento de los órganos jurisdiccionales locales, las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado. Por otro lado, de las constancias remitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito se obtienen los datos siguientes: 1. Pedro Alberto Olvera Ramírez presentó directamente la demanda de amparo directo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la capital de esta entidad federativa, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno. 2. En el auto de tres de diciembre del año en curso, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito declaró que ese órgano jurisdiccional carecía de competencia legal, por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo presentada por Pedro Alberto Olvera Ramírez, en contra del acto reclamado a la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el toca civil **********, en donde declaró mal admitido el recurso de queja que el promovente interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil **********, en el que negó reconocerle el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre **********y demandado reconvencionista, porque esa resolución judicial no era una sentencia definitiva ni una resolución que ponía fin al citado contradictorio, por lo que consideró que no se colmaba el requisito de procedibilidad del juicio uniinstancial; en razón de lo anterior, dispuso la remisión de la copia fotostática simple de un ejemplar del escrito inicial al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en esta entidad federativa para que se avocara a su conocimiento y resolviera lo que en derecho procediera atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y al momento de su realización. 3. El Tribunal de Alzada materializó el envió de la copia fotostática simple de un ejemplar de la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con asiento en esta ciudad, el siete de diciembre de dos mil veintiuno; por tanto, esa data es la que se tomará en cuenta, como la de presentación del escrito inicial, ya conforme a lo estatuido por el ordinal 176 de la Ley de Amparo la demanda de amparo directo (que fue la vía en la que inicial se promovió este asunto) deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable y la presentación del escrito inicial ante una autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece ese ordenamiento. Luego, si el acto impugnado a la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el toca civil **********, en donde declaró mal admitido el recurso de queja que el promovente interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil **********, en el que negó reconocerle el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre **********y demandado reconvencionista se notificó al disidente en la fecha de emisión del referido acuerdo, el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de este juicio constitucional comenzó a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en el que surtió efectos -conforme a lo estatuido por el numeral 119, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, ya que esa codificación rigen al acto atacado- la notificación al quejoso del acuerdo reclamado en términos de lo señalado por el numeral 18 de la propia legislación. En ese sentido, si el inconforme fue notificado del auto acuerdo reclamado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, esa notificación surtió efectos el once de noviembre posterior, conforme a lo estatuido por el numeral 119, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, por lo que el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de este juicio constitucional transcurrió del doce de noviembre al tres de diciembre de la presente anualidad; en este punto se precisa que la presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la capital de esta entidad federativa, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, no interrumpió el plazo legal señalado, porque el numeral 176 de la Ley de Amparo expresamente señala que la presentación del escrito ante una autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece dicha legislación. Del plazo indicado se descuentan el trece, catorce, quince, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre de la presente anualidad, por ser inhábiles en términos de lo establecido por los normativos 19 de la Ley de Amparo y 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, si la copia fotostática simple de la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el siete de diciembre de dos mil veintiuno, tal como se colige de la boleta de turno impresa por esa dependencia y del sello de recepción puesto en el oficio 8318/2021 enviado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito debe estimarse que ocurrió de manera extemporánea y, por ende, que este medio procesal de tutela constitucional no se promovió dentro del plazo genérico de quince días establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado a la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el toca civil **********, en donde declaró mal admitido el recurso de queja que el promovente interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil **********, en el que negó reconocerle el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre **********y demandado reconvencionista. Se afirma lo anterior, porque entre la fecha en la que inició a correr ese plazo y la de presentación de la demanda de amparo transcurrieron diecisiete días hábiles, lo que conduce a establecer que el inconforme consintió tácitamente la referida actuación al haber ejercido la acción constitucional fuera del plazo genérico previsto legalmente, lo que conduce a sostener que en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 13 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por Pedro Alberto Olvera Ramírez en contra del acto reclamado a la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el toca civil **********, en donde declaró mal admitido el recurso de queja que el promovente interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil **********, en el que negó reconocerle el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre **********y demandado reconvencionista, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. II. ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA POR EL ARÁBIGO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN V, DE LA PROPIA LEGISLACIÓN, ESTE ÚLTIMO NUMERAL INTERPRETADO EN SENTIDO CONTRARIO. Para evidenciar la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional señalada es necesario tener presente el contenido de los dispositivos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación, que expone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." También es preciso invocar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse un fallo favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por el Pacto Supremo o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva o de la determinación que ponga fin al proceso para poder combatir en la vía directa las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final. En el caso, el solicitante del amparo reclama de la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el toca civil **********, en donde declaró mal admitido el recurso de queja que el promovente interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil **********, en el que negó reconocerle el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre **********y demandado reconvencionista; en ese contexto, se destaca que el finado **********tiene la calidad de parte en sentido material, dado que figura como demandado reconvencionista en el juicio natural y se incorporó a la relación jurídica procesal entablada en ese asunto al dar contestación a la reconvención que el actor reconvencionista Miguel Ángel López Sánchez formuló en dicho asunto. Ahora, se tiene presente que de los hechos que el titular de la acción de amparo manifestó en el escrito inicial que constituyen los antecedentes del acto reclamado se advierten los aspectos siguientes: 1. Pedro Alberto Olvera Ramírez asevera que el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, promovió un juicio civil en contra de Elizabeth López Sánchez y de Margarita Sánchez Vásquez, en donde ejerció la acción reivindicatoria respecto de un inmueble localizado en la Unidad Habitacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, del cual correspondió conocer al Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, en esta entidad federativa, bajo el expediente **********. 2. El promovente indica que las enjuiciadas contestaron la demanda y solicitaron que se llamara al contradictorio de origen a Miguel Ángel López Sánchez, este último se incorporó a la relación jurídica procesal, por lo que por un lado contestó la demanda y, por otro, formuló su reconvención; en tal sentido, solicitó que se llamara a ese asunto a Jesús Olvera Jaramillo, quien se apersonó al juicio natural el once de junio de dos mil dieciocho, por lo que dio contestación a la demanda reconvencional. 3. El quince de febrero de dos mil veinte, el demandado reconvencionista Olvera Jaramillo falleció, por lo que el Juzgado primario decretó la suspensión del procedimiento hasta que el referido sujeto procesal estuviera legalmente representado. 4. El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, Pedro Alberto Olvera Ramírez trató de comparecer como albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes del extinto demandado reconvencionista Olvera Jaramillo, porque fue su progenitor. 5. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, negó reconocer a Pedro Alberto Olvera Ramírez el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre **********y demandado reconvencionista, porque sostuvo que el promovente no exhibió la constancia del discernimiento de ese cargo. 6. Inconforme con esa determinación, el once de mayo posterior, Pedro Alberto Olvera Ramírez interpuso el recurso de queja en contra del proveído descrito en el punto anterior. 7. En el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, que la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, dictó en el toca civil ********** declaró mal admitido el recurso de queja que el promovente interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil **********, en el que negó reconocerle el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre **********y demandado reconvencionista. Lo anterior evidencia que la actuación reprochada a la autoridad responsable no constituye un acto de imposible reparación en la medida en que no produce una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, los papeles, etcétera, aun cuando el disconforme alega una transgresión en su perjuicio a los derechos fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica y de acceso a la justicia previstos por los normativos 16 y 17 de la Constitución General de la República. En efecto, el acuerdo reclamado es un acto intraprocesal que no causa una afectación de imposible reparación, dado que la determinación de la autoridad responsable de declarar mal admitido el recurso de queja que el promovente interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil **********, en el que negó reconocerle el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre **********y demandado reconvencionista eventualmente entrañaría una transgresión a sus derechos adjetivos que tendría efectos formales o adjetivos, los cuales se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se pronuncie la resolución que ponga fin a esa controversia y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido del fallo final correspondiente y afectó las defensas de la referida sucesión. En otras palabras, el acto impugnado no trae aparejado una ejecución de imposible reparación, sino que eventualmente puede estimarse que afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre **********y demandado reconvencionista obtiene una sentencia favorable. Es así, porque por regla general cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los normativos 16 y 17 del Pacto Federal -como en la especie sucede-, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetiva, ya que no se trata de una afectación autónoma o independiente, sino que se da dentro del procedimiento en el que es parte, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción previsto por el arábigo 107, fracción V, de la ley de la materia para acudir inmediatamente al juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior adquiere mayor relieve si se tiene presente que la violación procedimental alegada trajo como consecuencia que quedara firme el acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil **********, en el que negó reconocer al promovente el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre **********y demandado reconvencionista; es decir, los efectos del acto impugnado implican la firmeza del proveído en donde no se reconoció la personalidad con la que el promovente se ostentó al comparecer al juicio natural en representación de la sucesión testamentaria a bienes de su progenitor, por lo que por el momento en el que se produce esa violación sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales al obligar al promovente a soportar la consecuencia de tal decisión, pero esa circunstancia de ninguna manera veda el derecho de defensa de la citada sucesión testamentaria, porque no debe perderse de vista que el Juzgado de primer grado decretó la suspensión del procedimiento hasta que el demandado reconvencionista **********estuviera legalmente representado; por tanto, el procedimiento de la controversia de origen no puede activarse, sino hasta que se cumpla la condición anterior y esa situación impide que dicha sucesión testamentaria quede en estado de indefensión, porque mientras no se apersone el representante legal del demandado reconvencionista el proceso no discurrirá y tampoco podrá vedarse a ese sujeto procesal la posibilidad de probar y alegar hasta obtener un fallo que resuelva el conflicto sometido a la consideración de esa autoridad judicial. En esos términos, con la decisión atacada no se afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal, o bien, por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que esa circunstancia ocurra al momento de resolverse la controversia de manera definitiva -esto es, cuando se dicte la sentencia-, o bien, cuando se emita la resolución que ponga fin al asunto, en la medida en que la determinación adoptada en el auto reclamado influya en sentido negativo para que el resultado del fallo respectivo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la resolución final para poder combatir esa violación adjetiva mediante el juicio de amparo directo, siempre que haya afectado las defensas de la sucesión testamentaria trascendiendo al resultado de la sentencia, en términos de lo prescrito por el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" En esa línea, el hecho de que haya quedado firme el proveído en donde no se reconoció la personalidad con la que el promovente se ostentó al comparecer al juicio natural en representación de la sucesión testamentaria a bienes de su progenitor en razón de que la responsable declaró mal admitido el recurso de queja que Pedro Alberto Olvera Ramírez interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil ********** no puede servir de sustento para considerar que se está frente a una acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que la actuación combatida no produce de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la probable violación a derechos adjetivos que ocasiona únicamente efectos formales o intraprocesales porque puede ocurrir que la afectada obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación alegada y los posibles perjuicios que se le hayan causado con la decisión combatida. En esa línea, lo decidido por la autoridad responsable en la determinación combatida eventualmente entrañaría una transgresión a diversos derechos adjetivos de la parte quejosa que tiene efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se pronuncie la determinación que ponga fin al juicio natural y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido de la decisión correspondiente y afectó las defensas de la solicitante de la tutela constitucional. Por tanto, si el acuerdo impugnado no afecta materialmente algún derecho sustantivo del peticionario del amparo ni de la sucesión testamentaria que señala tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es inconcuso que no se actualiza el supuesto previsto por el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que pueda ser considerado como un acto que produce efectos de imposible reparación. La determinación anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", cuyos texto y datos de localización quedaron establecidos en los párrafos precedentes. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, este órgano jurisdiccional determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por Pedro Alberto Olvera Ramírez en contra del acto reclamado a la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el toca civil **********, en donde declaró mal admitido el recurso de queja que el promovente interpuso en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio civil **********, en el que negó reconocerle el carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de su extinto padre **********y demandado reconvencionista, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Autorizados. En otro aspecto, del estado que guardan los autos se desprende que en el proveído de ocho de diciembre pasado se reservó proveer respecto de los autorizados designados en el escrito inicial, hasta se recibiera la demanda original con la firma autógrafa del quejoso Pedro Alberto Olvera Ramírez, quien promovió el medio extraordinario de defensa que dio lugar al juicio uniinstancial 509/2021 de la estadística del Tribunal de Alzada; por tanto, dado que este Juzgado Federal ya recibió ese libelo, se provee: Se tiene como autorizados del inconforme en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Ariadna Elba Cruz Díaz y Alejandro Cruz Hernández García con cédulas profesionales 5850072 y 3903339 expedidas por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, como se desprende de las copias certificadas de esos documentos exhibidas; por otra parte, ténganse como su autorizado en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento a la diversa persona que indica, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditó con documento idóneo que ejerza la profesión de licenciado en derecho. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase al disidente por señalados los números de teléfono y los correos electrónicos que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibido el comunicado y los anexos señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1362/2021. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito de diversas constancias del juicio uniinstancial 509/2021, entre las que obra la copia fotostática simple de la demanda de amparo a nombre de **** y de sus anexos. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que el Tribunal Constitucional indicado determinó que carecía de competencia legal, por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo presuntamente presentada por ****, en contra del acto reclamado a la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en la determinación de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 185/2021, porque esa resolución judicial no es una sentencia definitiva ni una resolución que pone fin al citado contradictorio, por lo que consideró que en la especie no se colmaba el requisito de procedibilidad del juicio uniinstancial. Así, la Superioridad dispuso la remisión de la copia fotostática simple del escrito inicial al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, ubicado en esta localidad para que se avoque al conocimiento de este asunto y resuelva lo que en derecho proceda, lo que se realizó por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito ubicada en esta ciudad, quien a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. En consecuencia, dada la determinación adoptada por el Tribunal de alzada se acepta la competencia declinada, por razón de la vía, y se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo presuntamente promovido por ****, en contra del acto reclamado a la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en la determinación de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 185/2021. Solicitud de vinculación de expediente electrónico. Se solicita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito que de no existir impedimento legal alguno vincule el expediente electrónico del juicio de amparo directo 509/2021 de su índice al diverso correspondiente a este juicio constitucional 1362/2021 de manera indefinida a fin de estar en aptitud de integrar el expediente electrónico en términos de lo señalado por el ordinal 3 de la Ley de Amparo. Solicitud de la demanda de amparo y sus anexos. Tomando en consideración que este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, por razón de la vía, para conocer de este juicio de amparo presuntamente promovido por ***, solicítese atentamente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, que de no existir impedimento legal alguno envíe la demanda original con la firma autógrafa de quien promovió el medio extraordinario de defensa que dio lugar al juicio uniinstancial 509/2021 de su índice y sus anexos. La solicitud anterior se realiza con el objeto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de emitir un pronunciamiento sobre el escrito inicial en términos de lo dispuesto por el ordinal 112 de la Ley de Amparo que señala: "[d]entro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.". Domicilio. Se autoriza a quien se indica como promovente para recibir notificaciones en el domicilio que se señala en la demanda. Por otro lado, se reserva emitir el pronunciamiento que corresponda respecto de los autorizados designados en ese escrito, hasta se reciba la demanda original con la firma autógrafa de quien promovió el medio extraordinario de defensa que dio lugar al juicio uniinstancial 509/2021 de la estadística del Tribunal de Alzada. Notifíquese a quien se indica como promovente en el domicilio señalado en el escrito inicial.SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL AVISO Y/O CITATORIO QUE SE LE DEJO
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