Pedro Adrián Villar Martínez

Expediente 250/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
250/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Pedro Adrián Villar Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    El veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, el suscrito licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, certifico y hago constar: que en cumplimiento a los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, tanto el expediente electrónico generado con la FIREL relativo al juicio de amparo 250/2023-II, como el impreso coinciden en su totalidad. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Conste. El secretario. Licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veinticuatro de febrero de la presente anualidad, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    II..... De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, medio de lista al no haber acudido al este Juzgado de Distrito a recibir la notificación de manera personal...

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de demanda singado por el quejoso ********************, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección del Sistema Tradicional de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; en consecuencia regístrese bajo el número 250/2023-II. Ahora bien, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de manera destacada lo siguiente: En la especie, analizada la demanda de garantías en lo tocante al acto reclamado consistente en la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro de los autos de la averiguación previa ********************por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección del Sistema Tradicional de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, con sede en la Ciudad de México, en la que se determinó proponer la consulta de el no ejercicio de la acción penal, por haberse actualizado la figura jurídica de prescripción, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". La causa de improcedencia se actualiza cuando se reclaman resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Ahora bien, en el presente caso debe decirse que el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro de los autos de la averiguación previa ********************por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección del Sistema Tradicional de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, con sede en la Ciudad de México, en la que determinó proponer la consulta del no ejercicio de la acción penal, por haberse actualizado la figura jurídica de prescripción, no constituye un acto definitivo para los efectos del amparo, en atención a que antes de promover la demanda de garantías que dio origen a este asunto, el promovente, como ofendido en la averiguación previa de la que derivan los actos que reclama, debió haber agotado el medio de defensa que establece el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, mediante el cual pudo ser confirmada o modificada la determinación del no ejercicio de la acción penal, pues el indicado numeral literalmente dispone lo siguiente: "ARTICULO 132.- En la práctica de diligencias de averiguación previa se aplicarán en lo conducente las disposiciones del Título Sexto de este código. ARTICULO 133.- Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien la Ley Reglamentaria del artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determinare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido, podrán presentar su inconformidad a través de un escrito en el cual expongan los argumentos o elementos de la averiguación previa que considere que el Ministerio Público dejó de atender para ejercitar la acción penal, ante el Procurador General de la República dentro del término de quince días contados a partir de que se les haya hecho saber la determinación mediante notificación personal. El Procurador General de la República, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares y analizando los argumentos del escrito de inconformidad y de las causas del no ejercicio de la acción penal propuesto por el Ministerio Público, decidirá en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal. La resolución del Procurador General de la República, puede ser motivo de responsabilidad para el caso de que se resuelva sin atender lo prescrito en este precepto. Las resoluciones del Procurador General de la República, deberán contener: I.- Un resumen de las actuaciones contenidas en la averiguación previa; II.- Las razones que el Ministerio Público, tomó en consideración para la determinación de no ejercicio de la acción penal; III.- Las nuevas consideraciones que se realicen del estudio de la averiguación, así como la respuesta a los planteamientos hechos en el escrito de inconformidad, debidamente fundadas y motivadas, y IV.- Los resolutivos de la nueva determinación. Respecto del recurso del medio de defensa, el referido numeral 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, destacan los siguientes aspectos: Procede contra la determinación del no ejercicio de la acción penal. Conocerá el Procurador General de la República. Dicho medio de impugnación se puede interponer dentro del término de 15 días, contados desde que se les haya hecho saber esa determinación. La resolución del Procurador no admite recurso alguno, pero puede ser motivo de responsabilidad. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro de los autos de la averiguación previa ********************por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección del Sistema Tradicional de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, con sede en la Ciudad de México, en la que se determinó proponer la consulta del no ejercicio de la acción penal, por haberse actualizado la figura jurídica de prescripción que se reclama, se clasifica en la categoría de determinación del no ejercicio de la acción penal. Por tanto, es inconcuso que tomando en consideración los elementos anteriores, resulta jurídicamente válido afirmar que la determinación pronunciada por el Agente del Ministerio Púbico responsable, constituye una determinación de la que derivan cargas o efectos en los derechos del aquí quejoso, y, consecuentemente, de acuerdo con el artículo 133 del Código adjetivo federal, puede ser recurrida, dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de las determinaciones del no ejercicio de la acción penal, sin exclusión alguna. De manera que, la determinación recurrida no se trata de la resolución dictada por el entonces Procurador General de la República Justicia, ahora Fiscal General de la República, que no admite recurso, para que se surtiera la hipótesis de procedencia del juicio de garantías, previamente era menester agotar el recurso en comento, pues se trata de medio ordinario de impugnación establecido en la legislación procesal penal en comento. Así las cosas, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, por sus características y cualidades no puede ser utilizado por los gobernados de manera caprichosa o aleatoria con el fin de combatir los actos emanados de diversas autoridades; pues, si el ordenamiento legal que regula y donde se hace emanar el acto reclamado, contempla recursos o medios de defensa por los cuales éstos, pueden ser modificados, revocados o nulificados, es obligación del agraviado agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de garantías, más aun cuando la parte quejosa resulta ser parte dentro del procedimiento natural, calidad que se actualiza en el asunto que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.8°.C.15K, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página quinientos trece, Tomo XV-II, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA." De igual forma resulta aplicable a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el semanario judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo a2, Sexta Parte, visible a página 37, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por consiguiente, en el caso, este Juzgado estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada tomando en consideración que la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro de los autos de la averiguación previa ********************por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección del Sistema Tradicional de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, con sede en la Ciudad de México, en la que se determinó proponer la consulta del no ejercicio de la acción penal, por haberse actualizado la figura jurídica de prescripción, no constituye acto definitivo para los efectos del amparo, toda vez que previamente a su interposición, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el promovente, en su carácter de parte procesal dentro de la averiguación previa del que deriva el acto combatido, debió haber agotado el medio de impugnación correspondiente, para obtener, en su caso, la reparación de las violaciones que alega en esta vía, medio de defensa previsto en el artículo 133 del Código Adjetivo Penal Federal, por lo que al no haberlo hecho la acción constitucional que endereza en el presente juicio de garantías, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si el promovente estimó ilegal la resolución combatida, éste se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías mediante el recurso correspondiente, a través del cual pudo obtener su invalidación, ya que no se le pude equiparar a un tercero extraño al procedimiento de origen al ser parte actora y por ende, con tal carácter se integró a la litis. Sólo resta decir que el acto que reclama el promovente, no se ubica dentro del capítulo de excepciones que prevé la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: No son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. No se trata de persona extraña al procedimiento. No deriva de un procedimiento de restitución internacional de menores. Además que la ley que rige el acto que reclama, establece el medio de defensa y recurso ordinario para combatirlo, teniendo así, la posibilidad de obtener la reparación de las violaciones que aduce a través del recurso de revocación el cual debió agotar previamente a solicitar la protección constitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y al no haberlo hecho así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por cuanto hace al acto reclamado consistente en la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro de los autos de la averiguación previa ********************por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección del Sistema Tradicional de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, con sede en la Ciudad de México, en la que se determinó proponer la consulta del no ejercicio de la acción penal, por haberse actualizado la figura jurídica de prescripción, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, secretaria con quien actúa y da fe.

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