Paz García de la Cruz

Expediente 849/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
849/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Paz García de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Matamoros, Tamaulipas, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante resolución de diez de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al agraviado ********************apoderado legal de la persona moral ********************; asimismo, mediante proveído de uno de marzo de este año, causó ejecutoria el citado fallo, requiriendo su debido cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Sin embargo, no obstante los múltiples requerimientos, la citada Junta responsable no ha dado cumplimiento al citado fallo protector. Ahora bien, debe precisarse que la autoridad responsable se trata de una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, misma que se encuentra integrada por un representante del gobierno, uno del patrón y otro de los trabajadores; por lo tanto, el requerimiento y apercibimiento, en el caso en particular, no puede realizarse de forma genérica. En efecto, debe hacerse de una manera más específica, esto es, precisarse que la multa prevista para el caso de incumplimiento se impondría en forma individual a cada una de las personas físicas que ocupan los cargos de presidente, representantes de trabajadores y patrones, que integran dicho órgano, pues corresponde a la Junta como órgano colegiado cumplir con la ejecutoria de amparo y no solamente a su presidente. Lo anterior es así, toda vez que la contumacia de la autoridad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo conlleva a la imposición de la multa con que se le aperciba, la cual no se impone al ente público en sí mismo sino a la persona física que ocupa el cargo o puesto de la autoridad obligada a cumplir. De ahí que el apercibimiento de multa debe ser preciso y determinado a fin de que la persona física conozca la importancia y la trascendencia de su actitud para el caso de que decida omitir el cumplimiento cabal de la sentencia. Máxime que en términos del artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los titulares a quienes se les imponga la multa seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Por lo que, en el caso, resulta necesario que el apercibimiento de multa de que se trata, se realice a cada una de las personas físicas que ocupan los cargos de presidente, representante de los trabajadores y representante de los patrones de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, con el propósito de que en caso de incumplimiento se esté en aptitud de multar a cada una de dichas personas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2º.T.J/2 (10ª), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 2008044, que es del rubro: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO." Cabe mencionar que en el Reglamento Interior de Trabajo de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, se establece que el órgano de representación, comunicación y relación de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, Juntas Especiales, Juntas Locales de Conciliación y Juntas Accidentales, con otras autoridades, lo será el Presidente de las mismas. Sin embargo, en el artículo 52, se establecen como facultades y atribuciones de dicho funcionario, entre otras, rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por el Pleno y en los casos en que resulte como autoridad responsable, sin que se advierta que también deba dar cumplimiento en forma directa a las ejecutorias de amparo en las que se designe como autoridad responsable a la Junta laboral. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere: Al Presidente; Al representante de los trabajadores; y, Al representante de los patrones. Todos de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, para que en el improrrogable término de tres días, cumplan con el fallo protector; apercibidos que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se impondrá a cada uno, en lo individual, una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio J1P1495/2023, signado por el titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado en esta ciudad, por medio del cual informa sobre las gestiones realizadas al cumplimiento al fallo protector, remitiendo las constancias respectivas. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días, para que expresen lo que a su interés convenga. En la inteligencia, que este órgano jurisdiccional en el momento procesal oportuno procederá a analizar de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. No obstante lo anterior, se advierte que respecto a la probanza concerniente al interrogatorio de ********************, el pasado once de julio y dieciséis de agosto de esta anualidad, no se llevó a cabo por la inasistencia de dicha víctima; a su vez, la autoridad responsable en proveídos de doce de julio y veinticuatro de agosto del año en curso, solo se avocó a señalar nueva data para llevar a cabo dicha diligencia, es decir, sin los apercibimientos correspondientes, o bien, en caso de existir la imposibilidad del desahogo de dicha probanza, proveyera lo conducente, como se estableció en la sentencia emitida el pasado treinta de mayo de dos mil veintitrés. En esa tesitura, requiérase al titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado en esta ciudad, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, en los términos que se precisaron en la misma respecto a la probanza concerniente al interrogatorio de ********************; en la inteligencia que en caso de incumplimiento, se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito con anexo, signado por la quejosa Paz García de la Cruz, a través del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que en fecha tres del mes y año en curso, le fue entregado por las autoridades señaladas con el carácter de responsables el dictamen de invalidez ST-4, con número de folio 42917070232448001; por tanto, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el libelo de cuenta. En virtud de lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al resultar manifiesta e indudable, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, atento a las siguientes consideraciones. El citado precepto legal establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Ello es así, pues conforme al texto legal preinserto, el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho del Tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, al haber reclamado la quejosa Paz García de la Cruz, en esta vía constitucional, la omisión de fijar fecha y hora para que se le haga entrega del dictamen de invalidez correspondiente respecto de los padecimientos que le fueron diagnosticados, en su ocurso de cuenta, refiere que el tres de los actuales, se le hizo entrega por parte de las autoridades señaladas con el carácter de responsables del mismo, adjuntando copia en que sustenta su dicho. De lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, reponiendo a la quejosa en el mismo estado en que se encontraba antes de que se decretara, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si los actos jamás hubieran nacido. Ahora bien, la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, en virtud de que la emisión del auto por el cual se señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen, restituye a la quejosa en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de ordenar su emisión, precisamente porque ese acto ya no invade su esfera jurídica; de ahí que, con tal evento se surta una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el precitado numeral 64, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 103, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resuelve la contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia número 23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 991, Tomo XXVI, Noviembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría desahogar dicha actuación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Sustenta a lo anterior, por las consideraciones que contiene, la tesis de jurisprudencia, I.7o.P. J/3, visible en la página 1600 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, cuyo rubro y texto dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. De igual forma, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Déjese sin efectos la audiencia constitucional que estaba programada para las diez horas con veintitrés minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista de acuerdos, a la parte quejosa, el proveído dictado el auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, toda vez que no se presentó a recibir la notificación respectiva de manera personal...

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