Pavel Osiris Orozco Enriquez

Expediente 639/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
639/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Pavel Osiris Orozco Enriquez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Coordinador Penal de la Defensoría Pública Estatal Zona Costa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al proveído dictado el nueve de septiembre del año en curso, informa que nombró a Ana Elizabeth Montaño Dueñas y Mirna Alicia Briseño Gómez, como asesores jurídicos del quejoso, en la tramitación del presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones, que conforman el presente juicio de amparo, a los asesores jurídicos antes mencionados, para que, vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Por consiguiente, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios adscritos, a fin de que se sirva notificar el contenido del presente proveído y el auto de dos de septiembre de la presente anualidad, a los defensores adscritos a la Coordinación Penal Zona Costa de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, respecto de quienes, el remitente señala como domicilio para notificarlos el sitio ubicado en Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno, locales 41-43, fraccionamiento San José, código postal 22226, de esta ciudad; asimismo, se le tiene designando como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y a sus asesores jurídicos.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Pável Osiris Orozco Enríquez, contra actos del Comandante General del Cereso La Mesa Tijuana, Baja California y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico bajo el número de registro 639/2022-F. Ahora, de su análisis integral, se advierte que el directo quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social La Mesa de esta ciudad; y, que se señala como actos reclamados: "Que me sean devueltas todas mis pertenencias, mismas pertenencias que no me permiten llevar conmigo el oficial Jefe en turno, conocido como "Piñata", cuando fui reubicado el día veintiséis de mayo del año que transcurre; consistiendo dichas pertenencias en: Un bolsa que contenía una malta de tela y unas piezas de ajedrez color azul y blanco, de papel "artesanal", hechos por el aquí quejoso. Bolsa con 23 paquetes de galletas, así como (5) gaseosas. Dos tomos completos de expediente del Juzgado Primero de lo Penal bajo la causa penal 102/2011 y acumuladas, misma que se encuentra en periodo de instrucción, no omito señalar que los (2) tomos del expediente en mención, me fueron enviados a mi estancia por el antes aludido H. Juzgado, con el objeto de poseerlo para su estudio- De la autoridad señalada como responsable con el número (4) se reclama: Girar las indicaciones pertinentes, a fin de lograr la localización y entrega de las pertenencias que me fueron quitadas el día 26 de mayo del año en curso, mismas que señalo con antelación." Desechamiento. Precisado lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Asentado lo anterior, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: ... En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. ... De la interpretación sistemática de los numerales invocados, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquier omisión que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Ésta tiene por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no, una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación. Asimismo, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada y otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real de que el acto de ser positivo sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. El citado mecanismo también prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues la ley relativa establece que si la solicitud es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes. Además, contempla la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez correspondiente a demandar esta omisión. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación, en caso de que considere que la resolución emitida por el Juez vulnera sus derechos. Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Así, el Máximo Tribunal del País ha reconocido que el mecanismo de control aludido constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2018548, que es del tenor que se transcribe: ... En tal tenor, el promovente manifestó que formuló controversia ante el juez de ejecución, sin que se advierte la respuesta realizada a su petición, o en su caso que hubiere apelado dicha determinación; por lo que se considera que si el interno promovió la acción constitucional respecto de cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin agotar previamente los citados mecanismos de control, se acredita la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. ... Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. ... Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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