Paulo Cesar Salazar Bojorquez
Expediente 386/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 46 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 28/10/2022
Partes del expediente
- Paulo Cesar Salazar Bojorquez
- Z. S. O.
- Z. S. O. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, contra del auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el aludido sobreseimiento ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos de los artículos 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), ambos de dicho Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo 18 del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Asimismo, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo otorgado en proveído de nueve de septiembre del año en curso, en la que se le dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, ello tomando en consideración de que el mismo se les notificó de la manera siguiente manera: tercero interesado doce de septiembre del año en curso, parte quejosa en trece de septiembre del año en curso y a la representante de la menor de iniciales Z.S.O., en veinte de septiembre del año en curso, siendo que la última notificación realizada surtió efectos al día siguiente en que fue hecha por lo que el plazo transcurrió del veintidós de septiembre al tres de octubre del presente año. Ahora, de las actuaciones que obran en el presente asunto, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que Paulo César Salazar Bojorquez, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales Z.S.O., promovió la presente demanda contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en la que reclamó lo siguiente: "[.]1.-Actuación de oficio y eficacia coercitiva para hacer cumplir sus determinaciones, concretamente el régimen de visitas y convivencias entre la menor ZOE SALAZAR OSUNA y su progenitor PAULO CÉSAR SALAZAR BOJORQUEZ, así como el resto de su familia paterna, entendida bajo un contexto de familia ampliada, decretado en el juicio de divorcio voluntario 1798/2016, del índice de la responsable, establecido mediante convenio judicial suscrito en fecha 23 de julio de 2016, aprobado en sentencia definitiva de 07 de octubre siguiente, la cual causó ejecutoria el 14 de ese mismo mes y año. Mediante el cumplimiento de sus facultades y obligaciones como Juez especializado en materia familiar, para intervenir de oficio en la salvaguarda de los derechos fundamentales e interés superior de la menor ZOE SALAZAR OSUNA, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos internacionales suscritos por nuestro País, en el juicio de divorcio voluntario 1798/2016 de su índice, pues se le ha venido dejando en estado de incertidumbre jurídica, respecto al cumplimiento del régimen de visitas y convivencias con su progenitor, así como el resto de su familia paterna, entendida bajo un contexto de familia ampliada. Asimismo, se reclaman todas y cada una de las consecuencias jurídicas que traen aparejadas, que se traducen en perjuicios de imposible reparación en su entorno social, familiar, emocional y psíquico. 2.- La vulneración del derecho de convivencia de ZOE SALAZAR OSUNA y de su interés superior, al consentir el incumplimiento del régimen de visitas y convivencias entre la menor en cita y su progenitor, así como el resto de su familia paterna, entendida bajo un contexto de familia ampliada. 3.- El dictado de medidas eficaces y urgentes para garantizar el cumplimiento del régimen de visitas y convivencias entre ZOE SALAZAR OSUNA y su padre PAULO CÉSAR SALAZAR BOJORQUEZ así como el resto de su familia paterna, entendida bajo un contexto de familia ampliada. 4. La negativa reiterada de recibir solicitudes de carácter urgente en el juicio de divorcio voluntario 1798/2016." Que posteriormente, en proveído de nueve de septiembre del año en curso, se adjuntaron a los presentes autos, diversas constancias que remitió la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, entre las que se desprende que en el juicio de origen, en veintinueve de agosto del año en curso, por escrito signado por Paulo César Salazar Bojórquez, comunicó lo relativo al cumplimiento del régimen de convivencias con su menor hija, además le informó los domicilios donde reside la menor y atendiendo al interés superior de la niña se ordenaron diversas diligencias entre ellas entrevista con la misma, exámenes psicológicos a ambas partes procesales, a la niña, abuelos maternos y paternos y demás familiares que convivan directamente con la menor; asimismo, la madre Mary Carmen Osuna Osuna, por conducto de su abogado procurador en fecha veintinueve de agosto pasado, desahogó la vista en el sentido de que el régimen de convivencia se está cumplimiento a cabalidad e informó los domicilios donde reside la niña y quienes comparten su domicilio. Con lo anterior, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera siendo el caso que ninguna de éstas hizo uso de su derecho. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, por tanto, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional ya que como se advierte las omisiones reclamadas a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, han dejado de afectar el derecho que la parte quejosa consideró vulnerado, lo anterior al haber proveído en el juicio de origen lo conducente en relación a las medidas cautelares y precautorias urgentes para lograr el cumplimiento del convenio en relación al régimen de convivencia entre la parte quejosa Paulo César Salazar Bojórquez y su menor hija; y se han realizado diversas gestiones buscando la estabilidad de la menor respecto al domicilio que habita y las partes han manifestado que actualmente se encuentran dando cumplimiento al régimen de convivencia previamente establecido, actualizándose de esta manera la hipótesis contemplada en la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos lo de cuenta. Ahora bien, en relación al oficio firmado por la Juez Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos comunica que a la fecha el incidente de ejecución forzosa y cumplimiento de convenio 1798/2016, promovido por Mary Carmen Osuna Osuna, se encuentra en suspenso la ejecución del segundo resolutivo de la sentencia interlocutoria de fecha treinta de junio de dos mil veinte, con motivo de que no ha tenido conocimiento si ha quedado firme la resolución dictada en el juicio de amparo 497/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Paulo César Salazar Bojórquez, para el efecto de que dejará insubsistente todo lo actuado dentro del referido incidente, ello toda vez de que se encuentra pendiente la resolución del amparo en revisión 195/2022, interpuesto por Mary Carmen Osuna Osuna, en contra de la misma; para lo cual, remite copias certificadas que obran dentro de la expediente de origen 1798/2016; por tanto, con el contenido de ellas, dese vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los numerales 119 y 123, ambos de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las documentales remitidas por la que autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En otro orden, visto lo asentado en la certificación secretarial de cuenta se advierte que en esta data, dentro del incidente de suspensión 371/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, se tuvo a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad, remitiendo diversas constancias relativas al expediente de origen 1798/2016, en las que se desprende que en veintinueve de agosto del año en curso, el quejoso Paulo César Salazar Bojórquez, comunicó que el régimen de convivencias con su menor hija han sido de forma parcial por parte de la señora Mary Carmen Osuna Osuna, además se informaron los domicilios donde reside la menor y que atendiendo al interés superior de la niña se ordenaron diversas diligencias entre ellas entrevista con la misma, exámenes psicológicos a ambas partes procesales a la niña, abuelos maternos y paternos y demás familiares que convivan directamente con la menor; las cuales se invocan como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que ante la información proporcionada éstas son trascendentales para el resultado de la determinación que en su caso se emita en este asunto. En consecuencia y toda vez que con la información obtenida en las constancias de cuenta pudiera actualizarse una causa de improcedencia en este asunto, con fundamento en los artículos 62 y 117 de la Ley de Amparo, dese vista con las mismas a la parte quejosa y tercero interesada, por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo, por el criterio que la sustenta, la jurisprudencia I.5o.C.2 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 594 del Tomo II (Agosto de 1995) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 204616, de epígrafe y contenido: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional sin embargo, de la certificación secretarial que antecede se desprende que de las constancias que remitió el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, relativas al diverso juicio de amparo 497/2021 de su índice, registradas con folio 7937, obrantes en este juicio en copia certificada, se advierte que dictó sentencia en relación a las actuaciones reclamadas, derivadas del incidente de ejecución forzosa y de cumplimiento de convenio promovido en el expediente 1798/2016, del índice de la autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar de esta ciudad, en la cual resolvió: "[.] Único. Se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a Paulo Cesar Salazar Bojórquez, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales Z.S.O., contra los actos reclamados en el considerando quinto y para los efectos que se precisan en el considerando sexto de este fallo. [.]." Concesión de Amparo otorgada para los siguientes efectos: "[.] Deje insubsistente todo lo actuario (sic) en el incidente de ejecución forzosa y de cumplimiento de convenio promovido en el expediente 1798/2016 relativo al juicio de divorcio voluntario, a partir del emplazamiento realizado al hoy quejoso y todas sus consecuencias, en el sentido de que, en su caso, deberá tomar las medidas pertinentes para que queden sin efectos la totalidad de los actos ejecutados con motivo del trámite de dicho incidente. Siempre prevalenciendo el interés superior de la menor de edad. [.]." En tal virtud y toda vez que las actuaciones emitidas en el expediente de origen (relativas al incidente de ejecución forzosa y de cumplimiento de convenio), pudieran trascender al resultado del fallo que en su caso se emita en este asunto; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computados, informe el estado procesal en que se encuentra el incidente de ejecución forzosa y cumplimiento de convenio 1798/2016 y remita las constancias relativas a éste, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización. Por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, señalando como nueva fecha para su celebración las doce horas con treinta minutos del seis de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese.
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